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Código de Buenas Prácticas Bancarias: protege a los deudores hipotecarios

El Código de Buenas Prácticas es un conjunto de medidas diseñadas para ayudar a los deudores que atraviesan dificultades económicas y cumplen ciertos requisitos. Estas medidas permiten acceder a soluciones como la reestructuración de la deuda hipotecaria o el alquiler social, protegiendo así la vivienda principal ante situaciones de impago.

¿Qué es el umbral de exclusión en el Código de Buenas Prácticas?

El umbral de exclusión determina qué deudores pueden acogerse a las medidas del Código de Buenas Prácticas. Estar dentro de este umbral permite a la banca ofrecer alternativas en caso de impago.

Requisitos de ingresos y condiciones familiares

Un deudor puede encontrarse dentro del umbral de exclusión si cumple alguna de las siguientes condiciones:

  1. Ingresos familiares bajos:
  • No superar 3 veces el IPREM anual de 14 pagas.
  • Hasta 4 veces el IPREM si hay un miembro con discapacidad mayor al 33%, dependencia o enfermedad incapacitante.
  • Hasta 5 veces el IPREM si el deudor tiene una discapacidad psíquica superior al 33%, física mayor del 65%, o enfermedad incapacitante.

    2. Cuota hipotecaria elevada:

  • Cuando la cuota supere el 50% de los ingresos netos familiares, o el 40% si hay un miembro con discapacidad, parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual.

    3. Cambios económicos recientes:

  • Alteraciones significativas en la economía familiar durante los últimos 4 años.

Otros factores de vulnerabilidad

Se consideran también situaciones como:

  • Familias numerosas o monoparentales con menores a cargo.
  • Presencia de menores en el hogar.
  • Miembros con discapacidad, dependencia o enfermedad incapacitante.
  • Víctimas de violencia de género.
  • Parientes hasta tercer grado del titular con problemas de salud o discapacidad.
  • Deudores mayores de 60 años.

Cómo analiza el banco cada solicitud

Cuando un deudor enfrenta dificultades para pagar su hipoteca, puede presentar una solicitud al banco para acogerse al Código de Buenas Prácticas.

Durante la evaluación:

  • El banco no podrá cobrar intereses de demora superiores al 2% sobre el capital pendiente.
  • Se pueden considerar medidas como:
  • Reducción del tipo de interés.
  • Período de carencia.
  • Ampliación del plazo de amortización.

El banco tiene un plazo máximo de un mes para responder a la solicitud. Puede denegarla si el solicitante no cumple con los requisitos o si la hipoteca ya está en ejecución y la vivienda ha sido anunciada para subasta.

Reestructuración del préstamo hipotecario

Si la solicitud es aprobada, el banco ofrecerá un plan de reestructuración de la deuda, que puede incluir:

  • Pago solo de intereses durante 5 años (Euribor + 0,25).
  • Ampliación del plazo de la hipoteca hasta 40 años.

Si las cuotas resultantes superan el 50% de los ingresos familiares, el plan se considera inviable.

Medidas subsidiarias cuando la reestructuración es inviable

Si la reestructuración no es posible, el banco puede considerar:

  1. Quita de deuda: Reducción parcial del total pendiente, por ejemplo, un 25%.
  2. Dación en pago: El deudor entrega la vivienda a cambio de la cancelación total de la deuda.
  3. Dación + alquiler social: Entrega la vivienda, pero puede vivir en ella como inquilino hasta 2 años pagando una renta anual máxima del 3% de la deuda pendiente.

Alquiler social según la Ley 1/2013

La Ley 1/2013, del 14 de mayo, permite que deudores cuya vivienda haya sido ejecutada puedan optar por un alquiler social por hasta 5 años, pagando el 3% anual del valor de la vivienda al momento del remate. Esta medida refuerza la protección de los deudores hipotecarios en situaciones de vulnerabilidad.

Conclusión

El Código de Buenas Prácticas es una herramienta clave para proteger a los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social. Ofrece alternativas de reestructuración, dación en pago y alquiler social, adaptándose a cada caso según los ingresos y la situación familiar.

Si estás enfrentando problemas con tu hipoteca, es recomendable consultar a un abogado especializado en derecho bancario para evaluar tus opciones y garantizar que tus derechos estén protegidos.

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