Concurso de acreedores. Trabajadores y otros efectos laborales.
La insolvencia de una empresa puede producir muchos afectados al acogerse al concurso de acreedores. Trabajadores, suministradores y otras personas vinculadas a la compañía concursada pueden ver cómo sus créditos se ponen en riesgo.
En este artículo vamos a centrarnos en los efectos del concurso de acreedores sobre los trabajadores de la empresa. Recordemos que los empleados se convierten en acreedores privilegiados una vez declarado el concurso, lo que implica que tendrán prioridad para cobrar los créditos laborales.
Pero la igualdad de condiciones entre los acreedores en un concurso establece ciertos límites a sus derechos de cobro. Entramos a analizar la cuestión.
Cómo afecta la declaración del concurso de acreedores a los trabajadores
El primer impacto que puede tener el concurso de acreedores para los trabajadores es la continuidad de la relación laboral.
Lo cierto es que el proceso concursal trata de garantizar la continuidad de la actividad económica y de los contratos laborales. De modo que en principio el trabajador debería seguir prestando sus servicios y cobrando su salario.
En este sentido podemos diferenciar dos escenarios:
Que el concurso cumpla su función y la plantilla no se vea afectada. En este caso también puede ocurrir que se establezcan algunas condiciones particulares, sin llegar a extinguir la relación laboral.
O que el concurso implique el cese de relaciones laborales e incluso del pago de créditos laborales.
Cuando el concurso de acreedores no extingue las relaciones laborales
En caso de que los trabajadores no reciban la correspondiente carta de despido tendrán que continuar con la prestación de sus servicios. Lo cierto es que la relación laboral se podría mantener en vigor pero con ciertas modificaciones.
Así, la tesitura económica podría llevar a la empresa a adoptar medidas como la reducción de jornada e incluso la suspensión de algunos contratos. En este caso nos encontraríamos ante un ERTE.
La declaración del ERTE requerirá la participación de los representantes de los trabajadores, negociándose bajo la vigilancia de la autoridad laboral. Los trabajadores afectados tendrán derecho a complementar su salario con la correspondiente prestación de desempleo, en su caso.
Cuando el concurso de acreedores extingue las relaciones laborales
Si el concurso de acreedores extingue las relaciones laborales, el empresario deberá despedir a sus empleados. En este caso se procederá a:
Un despido objetivo por causas económicas (art. 52 del Estatuto de los Trabajadores).
O colectivo, si afecta a parte de la plantilla (art. 51 del Estatuto de los Trabajadores).
Cada una de estas vías tiene su propia forma de impugnación. Además, ambas ubican al trabajador en situación legal de desempleo, por lo que podrá pedir el paro.
En cualquier caso, la extinción de relaciones laborales puede implicar el impago de cantidades laborales. Nos referimos, en concreto, al salario y las eventuales indemnizaciones por despido.
En estos casos los empleados afectados deberán presentar su reclamación de cantidad. Si la empresa no tuviera liquidez para abonar estas cuantías salariales, los trabajadores deberán reclamar al FOGASA.
Cómo ayuda el FOGASA en el concurso de acreedores a los trabajadores
La función del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) es pagar parte de las deudas salariales de las empresas insolventes. Se trata de una institución financiada mediante las cotizaciones sociales mensuales.
El problema del FOGASA es que su intervención tiene ciertos límites:
A nivel temporal, suele tardar mucho en pagar. Esto se debe a una saturación del sistema, ya que teóricamente debería realizar sus abonos en pocos meses.
A nivel económico, las cuantías cubiertas por el FOGASA están limitadas:
Solo abonará salarios por valor máximo del doble del SMI multiplicado por el número de jornadas impagadas, con un máximo de 20 días. Es decir, actualmente el FOGASA paga un máximo de 1.200 €.
Solo abonará indemnizaciones por valor máximo del doble del SMI, con un máximo de un año. Es decir, actualmente el FOGASA paga un máximo de 10.800 euros.
¿Qué pasa con el resto de las deudas laborales en el concurso?
Todas las deudas laborales (incluidas las cubiertas por el FOGASA) se incluirán en la masa pasiva del concurso. Estas deudas se consideran créditos privilegiados, por lo que se deben abonar antes que los ordinarios.
En concreto, se considera:
Que el salario correspondiente a las últimas 30 jornadas trabajadas tiene privilegio especial. Esto supone que se pagará al principio de la liquidación.
Que el resto de deudas salariales, con un límite del triple del SMI (2.700 € actualmente) tiene privilegio general. Esto supone que se pagará una vez cubiertos los créditos con privilegio especial y aquellos contra la masa.
Si persiste alguna deuda laboral, esta se clasificará como crédito ordinario, por lo que será más difícil de cobrar si la situación patrimonial de la empresa concursada es delicada.
Tras la declaración del concurso, ¿el trabajador puede extinguir su contrato de trabajo?
Evidentemente, el trabajador puede abandonar la empresa voluntariamente cuando lo desee. Sin embargo, si lo que quiere es presentar una demanda de extinción del contrato de trabajo para poder cobrar su indemnización y el paro se enfrentará a un límite.
Desde la declaración del concurso, las modificaciones sustanciales del contrato de trabajo quedan protegidas hasta que se emita el informe de la administración concursal. Además, las correspondientes reclamaciones se deberán tramitar ante el juez concursal y no ante el juez laboral.
En cualquier caso, el artículo 64.9 de la Ley Concursal determina que no podrá ejercitarse el derecho de rescisión de contrato con indemnización durante la tramitación del concurso, con el límite máximo de un año.
Por tanto, la situación de insolvencia de la empresa despliega efectos frente a numerosos implicados, siendo los empleados los más afectados por el concurso de acreedores. Trabajadores que tienen una serie de derechos (de cobro, principalmente) que pueden garantizar con la ayuda de un abogado laboralista. De ahí que sea importante que los trabajadores contacten con estos profesionales desde el mismo instante en que conozcan la situación de insolvencia de su empresa.