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¿Qué es una concesión administrativa? Guía completa y actualizada

La concesión administrativa es una figura del Derecho Administrativo mediante la cual una Administración Pública otorga a una empresa privada el derecho de explotar o gestionar un bien o servicio público durante un tiempo determinado y bajo condiciones contractuales específicas.

Este tipo de contrato permite que se presten servicios públicos o se ejecuten obras sin que la Administración pierda la titularidad del bien o servicio.

Características principales de la concesión administrativa

Las concesiones administrativas presentan una serie de rasgos comunes:

  • La Administración mantiene el control y la supervisión durante toda la vigencia del contrato.
  • Solo con el contrato se originan derechos y obligaciones para el concesionario.
  • La titularidad del bien o servicio sigue siendo pública, en manos del Estado.

Partes que intervienen en una concesión administrativa

En toda concesión administrativa intervienen dos partes:

Concedente

Es la Administración Pública (local, autonómica o estatal) que otorga los derechos de uso o explotación del bien o servicio.

Concesionario

Es la empresa privada o persona jurídica que recibe la concesión y asume las responsabilidades de operación, gestión o ejecución.

Derechos y obligaciones en la concesión administrativa

Derechos y deberes del concesionario

Derechos:

  • Percibir retribuciones por el servicio prestado (tarifas, tasas u otras formas).
  • Recibir compensaciones si corresponde.
  • Utilizar otros bienes públicos necesarios para la actividad.

Obligaciones:

  • Cumplir los plazos y condiciones del contrato.
  • Garantizar el acceso al servicio conforme a la normativa.
  • No ceder la concesión a terceros.
  • Responder por los daños que puedan derivarse de su gestión.

Derechos y deberes del concedente

Derechos y funciones de la Administración:

  • Seleccionar al concesionario según el procedimiento legal.
  • Establecer las condiciones contractuales.
  • Supervisar y controlar el desarrollo del servicio u obra.
  • Sancionar, modificar o extinguir la concesión si es necesario.
  • Indemnizar al concesionario en determinados casos (supresión injustificada, rescate, etc.).

Fases del proceso de concesión administrativa

El procedimiento para otorgar una concesión administrativa se compone de varias etapas fundamentales:

1. Estudio de viabilidad

Se realiza una evaluación que incluye:

  • Objetivos y beneficios del proyecto.
  • Análisis del impacto ambiental y normativo.
  • Estimación de riesgos y costes.
  • Propuesta técnica y financiera.

2. Redacción y publicación del contrato

El contrato debe incluir:

  • Objeto y alcance de la concesión.
  • Requisitos técnicos y financieros para los licitadores.
  • Condiciones de ejecución, plazos, retribución y penalizaciones.
  • Posibilidad de propuestas alternativas o mejoras por parte de los licitadores.

3. Ejecución de la obra o prestación del servicio

El concesionario ejecuta la obra o presta el servicio bajo supervisión pública. En algunos casos, podrá recibir asistencia técnica o financiera del concedente.

4. Verificación y puesta en marcha

Una vez finalizado el proyecto, la Administración verifica su correcta ejecución. Si todo está conforme, se autoriza su apertura o inicio operativo.

¿Cuándo se extingue una concesión administrativa?

La concesión administrativa se extingue en los siguientes casos:

Por finalización del plazo

Se termina automáticamente en la fecha acordada en el contrato. Puede prorrogarse si las partes lo acuerdan.

Por causas extraordinarias

  • Impago prolongado por parte del concesionario.
  • Razones de interés público que exigen su supresión.
  • Intervención administrativa o secuestro de la obra.

Consecuencias de la extinción

  • Finalizan los derechos del concesionario.
  • Si la Administración es responsable, debe indemnizar al concesionario.
  • Si la culpa es del concesionario, este debe resarcir los daños a la Administración.

Conclusión

La concesión administrativa es una herramienta clave para garantizar la prestación de servicios públicos de forma eficiente, combinando la capacidad de gestión privada con el control público. Se formaliza mediante contrato y está sujeta a una normativa rigurosa que protege el interés general.

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