Procedimiento sancionador administrativo: fases, garantías y recursos

El procedimiento sancionador administrativo es el mecanismo que utiliza la Administración Pública para imponer sanciones a quienes cometen infracciones administrativas. Se regula principalmente en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

A continuación te explicamos de forma clara y resumida las fases del procedimiento sancionador, los derechos del sancionado y los errores más habituales de la Administración.

¿Cómo funciona el procedimiento sancionador administrativo?

Fases del procedimiento sancionador

El procedimiento sancionador consta de varias fases claramente delimitadas, que garantizan tanto la correcta actuación administrativa como los derechos del sancionado.

1. Inicio del procedimiento

El procedimiento se inicia siempre de oficio por alguna de estas vías:

• Por denuncia.
• Por orden superior.
• Por iniciativa del propio órgano administrativo competente.
• Por petición razonada de otro órgano.

El primer acto formal es la notificación de incoación del expediente sancionador al presunto infractor, informándole de los hechos que se le imputan.

2. Instrucción del procedimiento

Esta es la fase central del procedimiento y tiene como objetivo comprobar los hechos mediante:

• Práctica de pruebas.
• Alegaciones por parte del interesado.
• Propuestas de resolución por el instructor.

El periodo de prueba, si se acuerda, debe durar entre 10 y 30 días hábiles.

3. Resolución del procedimiento

Finalizada la instrucción, se dicta una resolución que debe:

• Declarar si existe o no infracción.
• Identificar al responsable.
• Tipificar la infracción cometida.
• Determinar la sanción aplicable.

La resolución puede ser sancionadora o absolutoria. Si es sancionadora, debe respetar siempre el principio de proporcionalidad.

Garantías y derechos del sancionado

El procedimiento sancionador debe respetar en todo momento los derechos del ciudadano, garantizando:

• Derecho a ser informado del expediente, de los hechos y del tipo de infracción.
• Derecho a formular alegaciones y aportar pruebas.
• Derecho a la presunción de inocencia.
• Derecho a la asistencia jurídica.
• Derecho a recurrir la resolución por la vía administrativa y, en última instancia, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Recursos contra las sanciones administrativas

El sancionado puede recurrir la resolución por las siguientes vías:

• Recurso de reposición (si procede).
• Recurso de alzada (si no ha agotado la vía administrativa).
• Recurso extraordinario de revisión (en casos muy concretos).
• Recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.

Errores frecuentes de la Administración en procedimientos sancionadores

Algunas actuaciones erróneas por parte de la Administración son habituales y pueden dar lugar a la anulación del expediente:

• Falta de motivación suficiente en la resolución.
• Plazos incumplidos o caducidad del procedimiento.
• Notificaciones mal realizadas o incompletas.
• No permitir correctamente la formulación de alegaciones.
• Sanciones desproporcionadas en relación a la infracción.

Conclusión

El procedimiento sancionador administrativo está diseñado para proteger tanto los intereses públicos como los derechos de los ciudadanos. Conocer sus fases, garantías y recursos es clave para poder defenderse correctamente ante cualquier sanción impuesta por la Administración.

Si te han notificado un expediente sancionador, lo más recomendable es contar con un abogado experto en Derecho Administrativo para asegurar que se respetan todos tus derechos.