Necesitas un abogado especializado en compliance penal si tu empresa puede responder penalmente por delitos cometidos por sus administradores o empleados, algo que el Código Penal permite en España desde 2010. Un buen programa de cumplimiento (compliance) puede eximir a la sociedad de responsabilidad o atenuar la pena, pero solo si está bien diseñado, se aplica de verdad y se puede probar ante un juez. El abogado de compliance penal ayuda a diseñarlo, a revisarlo y, si llega el caso, a defender a la empresa en el procedimiento.
De dónde viene: el auge del compliance officer
En 2016, cuando publicamos la primera versión de este artículo, LexGoApp anunció que incorporaba el compliance penal como nueva especialidad de su directorio, junto a otras como startups, nuevas tecnologías, protección de datos o inmobiliario. Era el momento en que la figura del compliance officer o responsable de cumplimiento normativo, encargado de velar por que las políticas y procedimientos de las empresas se ajusten a la ley, empezaba a extenderse en España.
Tal y como informaba entonces La Vanguardia:
Tanta es la fuerza de esta figura que la consultora Hays lo señala como el perfil jurídico más buscado en la última edición de la Guía del Mercado Laboral 2016. En España la necesidad de contar con este tipo de profesionales se ha acentuado tras la última reforma del Código Penal, que agrava las responsabilidades y contempla el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Pero ¿en qué consiste el trabajo del Compliance Officer? Estos profesionales identifican mapas de riesgos penales, elaboran los planes de cumplimiento normativo, los implantan y cruzan sus recomendaciones con las actividades diarias de la empresa. Abordan temas de privacidad, medioambientales, fiscales, de blanqueo de capitales, fraude y delitos contra la Seguridad Social, entre otros.
Diez años después, el compliance penal ha dejado de ser una novedad. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre responsabilidad penal de las empresas se ha consolidado y, desde 2023, muchas empresas están además obligadas por ley a tener un canal interno de denuncias, que encaja de lleno en cualquier programa de cumplimiento.
Qué es el compliance penal
El compliance penal es el conjunto de medidas que una persona jurídica adopta para prevenir, detectar y reaccionar ante los delitos que puedan cometerse en su seno o en su beneficio. No es un documento, sino un sistema: análisis de riesgos, normas internas, controles, formación, un órgano que vigila y un régimen de sanciones internas.
Su importancia viene del artículo 31 bis del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 5/2010 y reformado por la Ley Orgánica 1/2015. Según ese artículo, las personas jurídicas son penalmente responsables:
- de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por quienes están autorizados a tomar decisiones en su nombre u ostentan facultades de organización y control; y
- de los delitos cometidos por empleados y otras personas sometidas a la autoridad de los anteriores, en el ejercicio de actividades sociales y en beneficio de la empresa, cuando han podido cometerlos porque aquellos incumplieron gravemente sus deberes de supervisión, vigilancia y control.
La responsabilidad de la empresa es independiente de la de la persona física: según el artículo 31 ter, puede exigirse aunque no se haya identificado al autor concreto o no se le pueda juzgar.
Qué delitos pueden cometer las empresas
No todos. La persona jurídica solo responde de los delitos en los que el Código Penal lo prevé expresamente. Entre ellos están, por ejemplo:
- estafa, insolvencias punibles y corrupción en los negocios;
- blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;
- delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social;
- cohecho y tráfico de influencias;
- descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos;
- delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente;
- delitos contra la propiedad intelectual e industrial y relativos al mercado y los consumidores;
- delitos urbanísticos, trata de seres humanos o tráfico de drogas, entre otros.
El primer paso de cualquier programa de compliance es precisamente identificar cuáles de estos riesgos afectan a la actividad concreta de la empresa. Una constructora, una empresa tecnológica y una gestoría no tienen el mismo mapa de riesgos.
Qué penas puede sufrir una empresa
El artículo 33.7 del Código Penal enumera las penas aplicables a las personas jurídicas, todas ellas consideradas graves:
- multa por cuotas o proporcional;
- disolución de la persona jurídica;
- suspensión de actividades o clausura de locales hasta cinco años;
- prohibición, temporal o definitiva, de realizar las actividades en las que se cometió el delito;
- inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social, hasta quince años;
- intervención judicial para proteger los derechos de trabajadores o acreedores, hasta cinco años.
Además, la suspensión de actividades, la clausura temporal y la intervención judicial pueden acordarse como medidas cautelares durante la instrucción. Para muchas empresas, sobre todo las que trabajan con la Administración, la inhabilitación para contratar con el sector público es tan grave como la propia multa.
Cuándo un programa de compliance exime de responsabilidad
El Código Penal permite que la empresa quede exenta de responsabilidad si, antes de cometerse el delito, había adoptado y ejecutado con eficacia un modelo de organización y gestión adecuado para prevenir delitos de esa naturaleza o reducir de forma significativa el riesgo. Si el delito lo cometen directivos o administradores, el artículo 31 bis.2 exige además que:
- la supervisión del modelo esté confiada a un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control (el compliance officer o comité de cumplimiento);
- los autores hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente el modelo; y
- ese órgano no haya omitido ni ejercido de forma insuficiente sus funciones de vigilancia.
Si estos requisitos solo se pueden acreditar en parte, la ley prevé que se valore como atenuante.
Requisitos mínimos del modelo de prevención
El artículo 31 bis.5 fija lo que debe contener cualquier modelo:
- Identificar las actividades en las que pueden cometerse los delitos que deben prevenirse.
- Establecer protocolos o procedimientos sobre cómo se toman y se ejecutan las decisiones en relación con esas actividades.
- Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir esos delitos.
- Imponer la obligación de informar de riesgos e incumplimientos al órgano que vigila el modelo.
- Establecer un sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de las medidas.
- Verificar periódicamente el modelo y modificarlo cuando haya infracciones relevantes o cambios en la organización o en la actividad.
La Fiscalía General del Estado explicó en su Circular 1/2016 cómo valoran los fiscales estos programas: lo que cuenta no es tener un manual, sino que el modelo sea eficaz y refleje una cultura real de cumplimiento en la empresa. Un programa copiado de una plantilla, que nadie conoce ni aplica, difícilmente servirá para eximir a la sociedad.
Empresas pequeñas
Las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, que la ley define como las autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, pueden encomendar la supervisión del modelo directamente al órgano de administración (artículo 31 bis.3). No necesitan crear un comité de cumplimiento, pero sí el resto del sistema: análisis de riesgos, controles, canal para comunicar incumplimientos y revisión periódica.
Si el delito ya se ha cometido
Aunque no hubiera programa, el artículo 31 quater recoge atenuantes si, después del delito, la empresa confiesa la infracción antes de saber que el procedimiento se dirige contra ella, colabora aportando pruebas nuevas y decisivas, repara o disminuye el daño antes del juicio oral, o establece antes del juicio oral medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos futuros. Implantar un programa de compliance a tiempo, incluso con el procedimiento abierto, puede reducir la pena.
El canal de denuncias de la Ley 2/2023
La Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas, obliga a disponer de un sistema interno de información (el canal de denuncias) a las empresas privadas con 50 o más trabajadores, a las que operan en ámbitos como servicios financieros o prevención del blanqueo con independencia de su tamaño, y a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que gestionen fondos públicos. El órgano de administración debe designar a un responsable del sistema y comunicar su nombramiento a la Autoridad Independiente de Protección del Informante o al órgano autonómico competente.
Incumplir esta ley tiene sanciones administrativas propias: para las personas jurídicas, multas de hasta 1.000.000 de euros en las infracciones muy graves (artículo 65). El canal de denuncias, además, es una pieza que la ley penal ya exigía de forma indirecta, porque el modelo de prevención debe imponer la obligación de informar de riesgos e incumplimientos.
¿Necesito un abogado especializado en compliance penal?
Conviene contar con uno en estas situaciones:
- Para implantar el programa: el análisis de riesgos penales exige conocer bien qué delitos pueden imputarse a la empresa y cómo los interpretan los tribunales.
- Para revisar uno existente: tras cambios de actividad, fusiones, nuevas normas o incidentes internos, el artículo 31 bis.5 obliga a verificarlo.
- Para gestionar el canal de denuncias: muchas empresas externalizan la recepción o la investigación de comunicaciones en despachos especializados.
- Cuando la empresa es investigada: la defensa de la persona jurídica en un procedimiento penal debe demostrar que el modelo existía y funcionaba antes del delito, y a veces su interés no coincide con el del directivo investigado.
Un compliance penal bien hecho combina conocimientos de derecho penal, mercantil, laboral y de protección de datos. Pregunta al abogado por su experiencia en programas similares y en defensa de personas jurídicas, y pide un presupuesto que detalle qué incluye: diagnóstico, documentación, formación, revisiones periódicas o asistencia en caso de procedimiento. Si una persona de la empresa ha sido llamada a declarar, te puede interesar también nuestra guía sobre qué significa que te citen como investigado, o consultar el directorio de abogados penalistas.
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Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio tener un programa de compliance penal?
El Código Penal no obliga a tenerlo, pero sin él la empresa no puede beneficiarse de la exención del artículo 31 bis. Lo que sí es obligatorio para muchas empresas, por la Ley 2/2023, es el canal interno de denuncias, que suele integrarse en el programa de compliance.
¿Puede una pyme o una sociedad pequeña ser condenada penalmente?
Sí. La responsabilidad penal alcanza a las personas jurídicas en general, no solo a las grandes empresas; quedan fuera el Estado, las administraciones públicas y otros organismos que ejercen potestades públicas (artículo 31 quinquies). Las sociedades pequeñas pueden simplificar el modelo, dejando la supervisión en manos del órgano de administración.
¿El compliance officer responde penalmente si hay un delito en la empresa?
Depende del caso. Su función es supervisar el modelo; si no la ejerce o la ejerce de forma insuficiente, la empresa pierde la exención. Si su posible responsabilidad personal te preocupa, consúltalo con un penalista, porque dependerá de sus funciones concretas y de lo que supiera.
¿Basta con tener un manual de compliance?
No. La ley exige que el modelo se haya adoptado y ejecutado con eficacia antes del delito. Sin formación, controles reales, registro de incidencias y revisiones periódicas, el manual tiene poco valor ante un tribunal.
Fuentes
- Código Penal (Ley Orgánica 10/1995), artículos 31 bis a 31 quinquies y 33.7
- Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas
- Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
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