El 61% de las compañías españolas reconoce que la crisis ha propiciado que preste más atención a la gestión de impagos.
9 de cada 10 encuestadas creen que podrían pasar hasta dos años para llegar a un contexto en el que la crisis de la Covid-19 deje de tener un impacto financiero negativo en su negocio.
Pese a que cada vez son más los indicadores que anuncian un rebrote de la economía tras la crisis del coronavirus, una amplia parte del tejido empresarial teme que sus negocios no consigan seguir abiertos cuando se complete la recuperación económica.
En este escenario en el que la moratoria concursal se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de este año, mucha empresas tienen problemas de solvencia y ya están haciendo reestructuraciones para evitar que el concurso acabe en liquidación.
Por otro lado la prórroga los ERTES hasta el próximo 28 de febrero ayuda también a que muchas empresas puedan gestionar mejor su tesoreria y aguantar estos meses previos a la recuperación económica-
En este escenario, los abogados laboralistas expertos en la gestión de plantillas y optimización de modelos de trabajo y los propios expertos en derecho concursal que ayudan a las empresas a dicha reestructuración se han convertido en claves en la mayor parte de las compañías, porque las ayudas dadas por el Gobierno y administradas por las CCAA aún no han llegado en su totalidad.
Según el último Informe Europeo de Pagos de Intrum, las empresas españolas cada vez están más concienciadas de la necesidad de prevenir retrasos en el abono de facturas. Según los datos extraídos por la compañía líder en gestión de impagos, a raíz de la crisis sanitaria, mejorar la gestión de deuda se ha convertido en la prioridad de 3 de cada 10 empresas españolas (26%), en línea con la media europea (26%).
Y no es para menos, ya que, en el último año, casi la mitad de las entidades ha aceptado plazos de pago más largos de lo que le gustaría para no dañar la relación con sus clientes, y el 36% de las encuestadas les ha permitido pagar más tarde para evitar la quiebra.
Sin embargo, estas nuevas prácticas de la era Covid-19 no han sido suficientes para mantener el flujo de caja del tejido empresarial y la mayoría de las compañías españolas han decidido adoptar un enfoque más proactivo a la hora de gestionar su liquidez. Un reflejo de ello es que el 61% de las encuestadas afirma que la crisis les ha ayudado a gestionar mejor los impagos en su negocio.
Atendiendo a los datos de Intrum a nivel europeo, se puede concluir que la pandemia ha impulsado las estrategias de gestión de cobro en las compañías de los 29 países analizados para este estudio, especialmente en Eslovaquia (66%). Este país encabeza el ranking como el lugar en el que la crisis ha motivado que más empresas gestionen mejor los retrasos en los pagos.
Seguidamente, con puntuaciones similares a las de España, se sitúan Polonia, Noruega, Dinamarca, Bulgaria y Bélgica (62%); y por debajo del ranking quedarían países como Reino Unido (55%), Suecia, Italia o Hungría, las tres con un 56%.
Ayuntamientos morosos
Por otro lado, la Plataforma Multisectorial contra la morosidad (PMcM) denuncia que 96 consistorios de nuestro país tardan de media más de un año en pagar, según datos extraídos del Ministerio de Hacienda.
A este respecto, según dicha información el Ayuntamiento de Jaén tendría una deuda superior a 61 millones de euros y una forma de pago de 624 días y Parla, en Madrid, 39 millones de euros pendientes y un plazo de pago de 384 días.
Junto con ellos, Jerez de la Frontera, una deuda pendiente de 42 millones de euros y unos pagos que realiza en 302 días; Puerto de Santa María (Cádiz) más de 11 millones de euros pendiente y una forma de pago en 211 días, por citar algunos ejemplos.
Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda indican que los ayuntamientos pagan a una media de 69 días, en vez de a un máximo de 30 como marca la ley. Todo ello puede hacer empeorar la situación financiera de pymes y autónomos en las próximas semanas.
En este contexto, la PMcM calcula que si no se implementan medidas para atajar la morosidad en España podrían llegar a tener que echar el cierre unas 500.000 empresas, entre el 15% y el 20% del tejido empresarial español.
Ante estos datos, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, exige que se implementen de una vez por todas medidas eficaces para atajar la lacra de la morosidad, tanto en el sector privado como en el público.
Los dos retos de los próximos meses: impacto financiero negativo y riesgo de impago
Para Intrum, Los efectos de la crisis sanitaria en los márgenes de beneficio empresarial son un hecho. Concretamente, el 48% de las entidades españolas manifiesta que, mensualmente, sus ingresos se han reducido o son inferiores a los de antes de la pandemia.
Pero esto no es todo. Un cuarto de las encuestadas confirma que sus beneficios mensuales se han mantenido estables durante estos meses, pero esperan que se reduzcan en el corto plazo.
Esta situación hace que las entidades no sean muy optimistas con el futuro empresarial y casi 9 de cada 10 apuntan que podrían pasar hasta dos años para llegar a un contexto en el que la crisis de la Covid-19 deje de tener un impacto financiero negativo en su negocio. Un periodo en el que, además, tanto grandes como pequeñas organizaciones, están seguras de que tendrán que hacer frente a las dificultades financieras de sus deudores.
De hecho, 2 de cada 3 empresas españolas (65%) prevén un aumento del riesgo de impago por parte de los deudores en los próximos 12 meses; lo que supone un incremento de 17 puntos respecto a 2020 y de 55 en comparación con 2019. Por eso, cada vez más organizaciones toman conciencia de la necesidad de diseñar estrategias de gestión de cobro con las que prevenir impagos y controlar su flujo de caja.
Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico
