En el último año, 9 de cada 10 pymes españolas se han visto en la obligación de aceptar plazos de pago más largos.
España es el país de Europa donde la demora en los pagos de los clientes está repercutiendo más negativamente en el crecimiento de las compañías.
En concreto, las empresas españolas encuestadas reconocen que los impagos reducen las posibilidades de ampliar su oferta de servicios (64%), expandirse (63%) o aumentar su inversión en digitalización (60%).
La crisis de la Covid-19 ha aumentado la presión sobre las organizaciones, que luchan por mantener un flujo de caja sostenible mientras sus ingresos disminuyen.
Junto a la caída de la actividad y de la demanda, otra de las principales causas de este descenso de liquidez es el retraso en los plazos de pago de los clientes, que también está afectando gravemente a la estrategia de negocio de las entidades.
Los impagos están generando que muchos abogados expertos en reestructuración de empresas o insolvencias estén asesorando a las empresas de cara a evitar que la situación económica de su compañía se agrave.
Pese a que la moratoria concursal se ha ampliado al 31 de diciembre, algunos expertos señalan que es necesario presentar concurso lo antes posible para asi evitar que la situación se deteriore de forma continuada.
De forma paralela, en este contexto las empresas están muy pendientes de la normativa actual y de los consejos de sus asesores jurídicos para poder optar a las ayudas directas aprobadas recientemente en Consejo de Ministros para pymes y autónomos por montante de 11.000 millones de euros
Unas ayudan que han generado polémica porque según asociaciones de autónomos como ATA o UPTAE, o de pymes como PIMEC no se entregan de forma uniforme a todos los sectores afectados.
Habrá que estar pendiente si esas ayudas se agilizan lo antes posible para evitar la destrucción de empleo y de puestos de trabajo que se está generalizando en sectores como turismo, hostelería, entre otros.
Tal y como muestra el Informe Europeo de Pagos de Intrum, compañía líder en gestión y prevención de impagos, 6 de cada 10 empresas españolas (62%) reconocen que este aumento de la morosidad está impactando directamente en su capacidad de crecimiento.
Hay que recordar que nuestro país está pendiente de acabar de tramitar en el Parlamento una normativa contra la morosidad y un régimen sancionador que frene estas malas prácticas, tanto de las administraciones públicas como de empresas del IBEX que dilatan sus pagos de forma notable. De momento se sigue con la tramitación pese a que desde colectivos como Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad: PMcM se ha pedido a todas las fuerzas políticas que agilicen este trámite legal.
Intrum es el proveedor líder en servicios de gestión de crédito y activos con presencia en 25 países de Europa y Latinoamérica. Intrum ayuda a las empresas a crecer cuidando de sus clientes, ofreciendo soluciones diseñadas para mejorar los flujos de efectivo y la rentabilidad a largo plazo. Garantizar que tanto las empresas como las personas reciben el apoyo necesario para liberarse de sus deudas es una parte esencial de la misión de la compañía.
De hecho, según se desprende de este análisis, realizado a partir de 10.000 encuestas a entidades europeas de todos los tamaños, España es el país comunitario donde los impagos están repercutiendo más negativamente en el desarrollo de sus organizaciones.
Unos datos nada sorprendentes si tenemos en cuenta que el 90% de las pymes españolas se ha visto este último año en la obligación de aceptar plazos de pago más largos de lo que le gustaría, tanto de otras pequeñas y medianas empresas (58%) como de grandes corporaciones (56%). No obstante, el 23% de las entidades encuestadas también manifiesta haber recibido demandas en este sentido por parte de organizaciones del sector público.
En cuanto a las empresas de mayor tamaño, el 89% se ha visto en esta tesitura. En este caso, el 55% indica que provienen de grandes entidades, y el 53% de pymes. Por su parte, el 19% afirma haber aceptado aplazamientos de organizaciones públicas.
La ampliación de la oferta de servicios, la expansión geográfica y la digitalización, especialmente afectados por los impagos.
En concreto, tal y como reconocen las compañías consultadas, la dificultad de sus clientes para cumplir con las obligaciones de pago está limitando las posibilidades de ampliar su cartera de productos y servicios (64%) y establecerse en otros mercados (63%).
En este sentido, España se sitúa entre los tres países europeos cuyas empresas están viendo más afectada su expansión geográfica como consecuencia de la demora en los pagos, al mismo nivel que Reino Unido (63%) y solo por debajo de Suiza (64%).
Junto a la reducción de posibilidades de establecerse en otros mercados o incrementar su oferta de productos, las compañías españolas afirman que el aplazamiento de pagos pendientes está influyendo, asimismo, en otro elemento clave para el crecimiento y supervivencia de cualquier empresa: la innovación.
El estudio realizado por Intrum refleja que el 60% de las organizaciones aumentaría su inversión en digitalización si recibiese los pagos a tiempo. Algo fundamental para adaptarse al contexto actual, donde el trabajo, las comunicaciones y las transacciones se realizan en gran parte a distancia, y en el que la transformación tecnológica y la presencia digital juegan un papel primordial.
Así, el impacto de la Covid-19 estaría generando un efecto dominó que no solo afecta a aquellas compañías que han visto reducida la demanda, también al resto de integrantes del entramado empresarial español, generando una importante pérdida de ingresos, la desaparición de un gran número de compañías y la dificultad de crecimiento de las ya existentes.
Según las últimas estimaciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la caída de la facturación en el sector empresarial en 2020 se podría aproximar a los 287.000 millones de euros.
Un descenso que ha originado el cierre de muchas organizaciones hasta el momento. Sin ir más lejos, en febrero de 2021, la cifra de entidades inscritas en la Seguridad Social ha vuelto a decaer, siendo un 3,6% inferior a un año antes.
Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico
