Escuela de Paralegals en España, con el objetivo de formar a paralegals o profesionales de apoyo a abogados, y cubrir una necesidad del mercado legal.

Carlos Guerrero, CEO de Attolón afirma que, “La misión de Satturno es crear los mejores programas de especialización para que los paralegals puedan prestar servicios para departamento jurídicos de empresas, otros despachos de abogados o incluso en otras ALSP. Los paralegals son recurso esencial para cualquier empresa de servicios jurídicos y con una gran demanda en el mercado actual. Los programas que hemos lanzado son en remoto, presenciales y mediante Bootcamps, con el objetivo que los alumnos aprendan trabajando”.

Algunos de los programas que Satturno ha confeccionado son los relacionados con los servicios de societario o secretarías jurídicas, contratación mercantil, concursal, compliance penal y litigios. La metodología de la formación se caracteriza por aprendizajes prácticos, microlearnings con herramientas legaltech enfocados a las necesidades reales del sector y dirigidos a personas que quieran desarrollar su carrera profesional en el sector legal.

Cursos ya disponibles en Satturno, escuela de paralegals

Curso de secretarías jurídicas de sociedades mercantiles

Curso de derecho concursal y ley de la segunda oportunidad

Curso compliance penal

Bolsa de Trabajo para paralegals

Las empresas y despachos de abogados ya pueden inscribirse en la Bolsa de Trabajo de Satturno, escuela de paralegals. Y si ya eres paralegal, inscríbete en nuestra comunidad de paralegals para que recibas Alertas de Empleos para Paralegals.

Más información:

Satturno, Escuela de Paralegals

info@satturno.es

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 Esta es la pregunta que aún muchos empresarios expertos y otros que arrancan su negocio se preguntan tres años después de que entrase en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (publicada en el Boletín Oficial del Estado de 21 de febrero de 2019).

En este escenario, muchas de las empresas han definido en sus estrategias de compliance la protección de estos secretos empresariales.

De hecho, uno de los delitos por los que las compañías pueden responder penalmente es el relacionado con el espionaje industrial y la violación de secretos empresariales tipificados en el Código Penal (artículos 278 y 279).

Si se desea garantizar el cumplimiento normativo en la gestión integral del secreto empresarial, los programas actuales de compliance deben contemplar medidas para prevenir y detectar la comisión del delito de secreto empresarial, así como incorporar procesos y controles para evitar la comisión de ilícitos civiles

De este modo, no sólo lograr la exoneración o atenuación de responsabilidad penal, sino preservar la reputación e imagen de la compañía, respetando el deber de reserva de cuantos secretos empresariales sean generados o gestionados en la organización.

El papel del compliance officer es, por tanto, importante. Entre las labores de este profesional se encuentran definir el mapa de riesgos de la compañía y la minimización de riesgos a nivel de secretos empresariales. A este respecto tendrá que implementar las medidas de seguridad adecuadas, conforme a la dirección de la firma

Otra tarea suya “será la de tener definido un protocolo empresarial muy claro que explique los pasos a seguir si se vulnera cualquier secreto empresarial para evitar cualquier problema reputacional de la compañía frente a terceros y al mercado.

En este apartado es fundamental tener cuidado con los datos personales porque la nueva LOPD obliga a comunicar la brecha de seguridad en 72H a la propia AEPD”.

En casos de violación de secretos empresariales, cuando un tercero ha tenido acceso a los mismos sin consentimiento de su titular, apropiándose, copiando documentos o revelando su contenido, se articulan acciones de defensa civil que comprenden además de la cesación, prohibición y remoción de los actos, la indemnización por los daños y perjuicios que el ilícito ha ocasionado.

 La prescripción para el ejercicio de acciones se fija en tres años desde que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que materializó la violación.

Tres años de normativa

Con esta novedosa norma se trasponía la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

Hasta que entró en vigor la citada Ley de Secretos empresariales, los expertos en propiedad industrial coinciden en destacar que había un vacio legal notable sobre esta materia, con escasa presencia en el Código Penal y en el articulo 13 de la Ley de Competencia Desleal de enero de 1991.

La propia norma define al secreto empresarial como ““cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero”. Al mismo tiempo señala tres requisitos

1.- Que sea secreto, en el sentido de que no sea generalmente conocido ni fácilmente accesible para las personas que normalmente utilicen ese tipo de información o conocimiento.

2.- Que tenga un valor empresarial precisamente por ser secreto.

3.- Que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

Sobre los secretos empresariales hay toda una hoja de ruta a poner en marcha para que realmente sea un activo de nuestra empresa y este al margen de terceros

1. Identificar el secreto y definir su protección:

Más allá de estas “medidas razonables”, el elemento básico para la protección del secreto empresarial es su identificación. Separarlo de cualquier otro elemento de la propia compañía

A este respecto siempre se recomienda el uso de auditoría externa, independiente a la empresa ayuda a identificar lo que es secreto de lo que no es, es bastante frecuente

Tras la identificación se plantea desarrollar políticas formativas en el seno de la empresa son adecuadas para dotar a la empresa de la mentalidad adecuada de protección de los secretos empresariales.

Esta formación hay que hacerla en diferentes niveles, desde la dirección al último trabajador. De esa forma se minimizan los riegos de que pueda haber una conducta irregular sobre un secreto empresarial

2-Designar quien se ocupará de su custodia

En este momento tras la auditoria interna hay que aclarar qué profesional se va a encargar del mantenimiento de los secretos profesionales

Perfiles como el del abogado encargado de la parte tecnológica o el director de I+D en la firma pueden ser los candidatos a este puesto. Desde este punto de vista todas las áreas de la compañía deben estar coordinadas en este proceso de gestión de los secretos de empresa.

3.Concretar su clasificación como secreto empresarial

En todas las empresas hay dos tipos o categorías, los que son implícitos a todas las empresas, como puede ser proteger el plan de negocio o la estrategia de expansión de la firma, y otros más relacionados con la actividad de la firma por el hecho de estar posicionada en ese sector

Los secretos se registran en un medio físico y se comunican a todos los responsables de la empresa y al margen de terceros que entren nuevos en la propia compañía.

4- Restringir el acceso a los secretos en la empresa

Se trata sobre todo de limitar el acceso a la información de los empleados, por ejemplo, a través de un sistema de permisos adicional a las medidas que ya pudieran existir en la empresa para el tratamiento de la información que no se considera secreta”

5- Protección de los secretos con medidas técnicas:

Uso de medidas técnicas para protección del secreto empresarial. En este caso podemos reforzar la seguridad de la información en la compañía para evitar fugas o robo de información y espionaje industrial.

Al mismo tiempo se puede definir un Integración de todas las medidas señaladas en un protocolo de secreto empresarial para la compañía desarrollado por expertos y adaptado a las necesidades particulares de cada empresa.

6-Protección de los secretos con medidas legales:

Es bueno que sean complementarias a las técnicas. Se puede registrar ante notario y al mismo tiempo definir cláusulas de confidencialidad específicas con los empleados, en las que se ponga de relieve que el empleado es consciente de encontrarse ante un secreto empresarial

Otra medida legal puede ser la firma del Código Ético de la compañía donde queda reflejado el buen comportamiento de los profesionales de esta firma y la política de compliance de la compañía en cuanto a la prevención de esas conductas irregulares

 Si los profesionales suscriben todos estos documentos es complicado que puedan decir que desconocía la política de la compañía.

7-Concretar penalización en acuerdos de confidencialidad

En esos acuerdos suscritos se suele incluir algunas penalizaciones que pueden ser de carácter económico para cuantificar el lucro cesante

En la salida de un trabajador a otra compañía se pueden establecer cláusulas de no competencia, recomendable en contratos específicos de alta dirección. En ese caso, la ley obliga a pagar dos años de salarios para mantener dicha cláusula

En función de la gravedad de la acción a la hora de infringir ese secreto y la repercusión que tiene se puede plantear un despido disciplinario de ese profesional.

8-Uso del blockchain para su identificación:

Gracias a esta tecnología se ha logrado tener una de las maneras más efectivas, rápidas y baratas de identificar los secretos empresariales es haciendo uso de la tecnología ‘blockchain’.

Una consultora como Clarke, Modet & Cº y Minsait (Indra) lanzaron recientemente la primera aplicación del mercado con este fin, que permite registrar la evidencia de la existencia de un archivo digital.

Además, empleando esta aplicación, el secreto empresarial no se “mueve” de la empresa propietaria, sino que mediante la tecnología de hash y blockchain la herramienta permite identificar los archivos y certificar la fecha en la que fueron creados.

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Ahorra tiempo y dinero en la fase de diagnóstico legal.

· Propone soluciones ante la detección de brechas legales.

· Está permanentemente actualizada para trabajar 24×7.

“Si les hubiera preguntado, hubieran pedido un caballo más rápido” dijo una vez Henry Ford. La gente no esperaba un coche, ni sabían siquiera lo que era o podían hacer con él. Funcionaban a caballo. Pero la tecnología se abrió paso y dio lugar a toda una nueva era de movilidad.

Es a lo que aspira MIA, ser la evolución digital del asesoramiento legal. No es un sustituto del abogado o asesor legal, es un complemento, una herramienta con la que prestar su servicio. Mediante soluciones de Inteligencia Artificial se puede agilizar enormemente la fase de diagnóstico legal, permitiendo que los abogados presten un servicio más centrado en dar valor añadido en las siguientes fases de asesoramiento.

¿A qué reto se enfrenta la Inteligencia Artificial en el ámbito legal?

Las organizaciones están sometidas al cumplimiento de distintos marcos normativos. Desde el laboral, hasta el fiscal tributario, pasando por la protección de datos, todos ellos requieren de medidas y evidencias de cumplimiento por parte de las empresas. 

Además, la actividad inspectora está en ascenso y las multas son importantes, no sólo en lo económico, sino también en lo reputacional. En este último año se han visto algunas sanciones realmente elevadas y sobretodo se ha constatado incrementos de más del 300% anual en la actividad sancionadora.

La necesidad de asesoramiento legal en las diferentes decisiones de la empresa es creciente y los volúmenes de documentación a analizar se hacen pesados y costosos. Desde la propia adecuación a estos marcos normativos hasta el impacto legal de nuevos negocios fruto de los procesos de transformación digital, precisan de cumplimiento y están sujetos a marcos normativos.

Para ello las matemáticas se unen al derecho y mediante Inteligencia Artificial nace, fruto de una colaboración público/privada, MIA Breach Hunter. El objetivo es el mismo que persigue un abogado, defender a su cliente y en esta situación, ahorrarle multas y sanciones. Lo que se llama Seguridad Jurídica.

Cientos de reuniones entre abogados y matemáticas en la facultad de matemáticas de la Universidad Complutense que dieron como fruto un algoritmo capaz de diagnosticar el riesgo de una empresa ante un marco normativo. 

La fórmula primigenia es sencilla, la probabilidad de sanción es igual de la amenaza por la vulnerabilidad. Por un lado MIA controla el nivel de amenaza, que no es otro que el comportamiento de los diferentes órganos sancionadores. Monitoriza todas las sentencias a personas jurídicas y de esta manera es capaz de saber qué es lo que más se multa y qué es lo que menos.

Un algoritmo que no descansa

Por otro lado MIA analiza el grado de vulnerabilidad interno de la organización al analizar los controles, políticas, procedimientos, actas, manuales… Basta con indicarle la carpeta o repositorio para que MIA, como cualquier abogado, analice la documentación, eso sí, la diferencia es que MIA ni se cansa, ni descansa.

MIA lee los documentos en diferentes formatos y los clasifica por marco normativo, nivel de control y artículo al que hace referencia. Mediante su algoritmo, que tiene en cuenta el grado de amenaza y el de vulnerabilidad, MIA otorga un nivel de riesgo para la organización. Parece sencillo, sino fuese por los más de 50.000 documentos que lleva analizados para su aprendizaje y calibrado.

Una vez efectuado el diagnóstico si se quiere reducir el nivel de riesgo de la empresa, MIA ofrece la posibilidad de acceder a cada documento para el que lleva a cabo un análisis individual de calidad. 

Este análisis destaca, para cada documento, aquellos aspectos que debe incluir y aquellos que faltan en el documento para ser un documento legal completo. Para llevar a cabo esta funcionalidad, MIA ha tenido que aprender la totalidad de documentos legales que puede tener una compañía y hacer un análisis minucioso de todas sus partes.

Por último y fruto de todo el proceso de aprendizaje, MIA ofrece los textos y/o documentos completos que puedes usar para mejorar la documentación existente y mitigar el riesgo. En la actualidad MIA cuenta con más de un 94% de acierto, pero no es infalible al 100% y en algunas ocasiones da algún falso positivo, por lo que siempre se hace necesaria la intervención del abogado experto en la materia.

MIA ofrece sus servicios para el RGPD, Compliance Penal, así como Seginfo (Seguridad de la información) que incluye ISO27001, ENS, SWIFT y NIS2. Se encuentran en el roadmap de desarrollo incorporar otros marcos como el laboral, blanqueo de capitales,… así desarrollarlo en otros idiomas (inglés y portugués).

Cualquier empresa es susceptible de usar MIA. Mientras que un antivirus protege de posibles ciberataques, MIA sirve para proteger la empresa a nivel legal. Sus usuarios más habituales son Compliance Officer, DPO y Asesoría Jurídica de las empresas, pero se espera demanda en otras áreas conforme se incorporen nuevos marcos normativos.

También se incluyen empresas que contratan MIA para prestar un asesoramiento legal más ágil a sus clientes. En estos casos MIA constituye un ahorro muy importante por todas las horas hombre a emplear en las fases de diagnóstico. A mayores, MIA cuenta con una funcionalidad que emite informes de forma automática, con lo que agiliza bastante la prestación de un servicio legal a pymes.

Adaptado al marco legal

Por último, y además del evidente ahorro de costes, MIA se encuentra permanentemente actualizada en los diferentes marcos normativos. Esto hace que repite aquellos análisis donde la Inteligencia Artificial sabe que ha habido una actualización normativa detectando el nuevo Riesgo existente y permitiendo una rápida actualización de la documentación legal de las compañías. 

Para dar este servicio MIA se encuentra ubicada en la nube de Amazon en Irlanda, cumpliendo todas las medidas de seguridad y niveles de servicio para rendir 24×7 en todos sus clientes. 

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico

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Esta jornada de trabajo organizada por Lefebvre fue  inaugurada por Juan Pujol, presidente de Lefebvre, y Gonzalo Barettino, director de Asesoría Jurídica de Banco Sabadell y secretario del Patronato de la Fundación Banco Sabadell, y tuvo  como objetivo analizar de forma exhaustiva los principales aspectos que marcan el cumplimiento normativo de una fundación poniendo especial hincapié en el régimen jurídico y su funcionamiento.

Para introducir al régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica en España y dar a conocer la línea seguida en la Sala Segunda del Tribunal Supremo en esta materia, han intervenido como ponentes  Antonio del Moral,. Magistrado del Tribunal Supremo; Juan Antonio Frago, fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña; y Mª Ángeles Villegas, Ilma. Sra. Magistrada del Tribunal Supremo.

La responsabilidad penal de la persona jurídica en España se introduce en el año 2010 y, en 2015, se añade la posibilidad de que las personas jurídicas, incluidas las fundaciones, queden exentas de responsabilidad penal, siempre y cuando hayan diseñado e implementado eficazmente un modelo de organización y gestión.

A este respecto Antonio del Moral,  Magistrado del Tribunal Supremo, afirmaba que enfocar el plan de cumplimiento normativo en los Tribunales es un mal planteamiento, dado que hay que poner medios para evitar el delito. “El mejor plan de cumplimiento es el que jamás llega a un juzgado”, subrayaba.

Mientras que la magistrada Mª Ángeles Villegas insistía en que son las empresas las que están obligadas a detectar ilícitos y por tanto, debería existir la posibilidad de que esto vaya en su función. Añadiendo que es necesaria “una regulación que complemente el canal de denuncias interno”.

De esta forma, en su opinión, “la regulación daría a las investigaciones internas un valor en el proceso penal”. Por su parte, el fiscal Juan Antonio Frago se refería a la Directiva ‘whistleblowing’ que obliga a incorporar canales de denuncia en las empresas en las entidades jurídicas de 50 o más trabajadores, matizando que “los canales de denuncias no son obligatorios si no se cumplen estas condiciones”.

En su intervención, Villegas afirmaba que debería valorarse la incorporación de la Fiscalía permitiendo que “juegue un papel fundamental en el cumplimiento normativo”. Su propuesta doctrinal se completaba con la introducción de instrumentos de fidelización y recompensas a aquellas empresas que tengan un programa de cumplimiento normativo.

 Tanto Villegas como Frago resaltaron  la necesidad de evitar el daño reputacional en las fundaciones gracias a los modelos de cumplimiento normativo.

Esta primera mesa de ponencias se cerraba con la mención al compliance officer. Una figura de la que Antonio del Moral resaltó  que “no tiene un plus de responsabilidad mayor que cualquier otro empleado de la fundación”.

Obligaciones legales de una Fundación

Tras el descanso, Dolores García Villaverde, compliance officer de Fundación Telefónica; Isabel Serrano Sánchez, responsable de Compliance Fundación Repsol; y Ana Berengena Collantes, directora de Áreas Corporativas de Fundación Endesa, debatían sobre las obligaciones legales de una fundación y el compliance.

En esta mesa los temas abordados han ido desde el régimen jurídico de una fundación, el patronato y la relación de las fundaciones con la Administración Pública, hasta las subvenciones y donaciones así como la prevención del blanqueo de capitales.

 En opinión de María Isabel Serrano “lo importante es que el programa de cumplimiento esté bien diseñado e integrado en la organización. Primero, “será necesario realizar el análisis de riesgos inherentes a la actividad de la fundación y la concurrencia de los mismos”.

Por último, el análisis se centraba en el compliance en una fundación, en concreto, el debate incluía una exposición sobre los requisitos mínimos del compliance en un fundación, la relación de la fundación con la sociedad matriz y la diferencia a efectos de Compliance entre fundación dependiente de PYME y grandes empresas.

A la hora de exponer las experiencias de los compliance officer en las fundaciones, Laura Gonzalvo Diloy, Chief Compliance Officer de Fundación Ayuda en Acción, era la encargada de dar unas pautas sobresalientes para el ejercicio de esta función.

 Para Gonzalvo, “Compliance se traduce en dos palabras: sostenibilidad y confianza. Es importante contar lo que estamos haciendo tanto en el interior como el exterior de la organización”. En esta última ponencia además ha intervenido José Luis Barcelona, director de la Asesoría Jurídica de Ilunion.

Todos los ponentes han coincidido en que para la implantación eficaz de un plan de cumplimiento en las fundaciones debe existir el compromiso por parte de la alta dirección que garantice la formación y a su vez, el compromiso de todos los empleados. En suma, han concluido en que “el trabajador es el responsable del cumplimiento”.

Las ponencias fueron  moderadas por la directora académica de la jornada Berta Aguinaga, Socia de Ontier España; Isabel Peñalosa, Directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la Asociación española de fundaciones; y Adolfo Menéndez, Secretario General de la Asociación Española de Fundaciones y Abogado de Ontier.

 La I Jornada sobre responsabilidad penal y compliance en fundaciones ha contado con el apoyo del Banco Sabadell y la Asociación Española de Fundaciones.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.

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Las compañías españolas aún presentan ciertas carencias en la incorporación y desarrollo de sistemas de compliance en sus respectivos sectores de actividad. En un momento en el que es imprescindible contar con un sistema de gestión de cumplimiento penal con independencia del tamaño o de la actividad de una compañía, gran parte de los empresarios reconocen no contar con un modelo integrado conforme a la normativa española y demás estándares internacionales de referencia.

Es una de las principales conclusiones del nuevo informe de compliance penal “Hacia sistemas de cumplimiento avanzados”, que la firma de servicios profesionales Grant Thornton ha elaborado a partir de 400 entrevistas a altos directivos de empresas de entre 50 y 500 empleados con sede en España.

En la actualidad, y siguiendo los resultados de la investigación, dos tercios de las empresas consultadas manifiestan carencias graves en materia de compliance penal, solo una de cada diez dispone de un verdadero sistema para su gestión y, en general, los empresarios muestran un alto grado de desconocimiento sobre los riesgos penales que pueden derivar para la empresa y sus administradores.

El estudio acredita también que las empresas españolas muestran una gran variedad de aproximaciones al compliance, que solo una de cada cuatro cuenta con un presupuesto específico para la materia, y que la mitad destinan a la misma menos de 10.000 euros anuales.

Para Ignacio Ripol, Director de Compliance de Grant Thornton, “el reto de las empresas españolas es pasar de una visión negativa del compliance, consistente en evitar potenciales responsabilidades, a establecer una verdadera cultura de cumplimento que consolide los principios éticos de la organización”.

Baja percepción de riesgo por parte de los empresarios

Aunque, solo en los últimos cinco años, se han producido en nuestro país 10 procesos sancionadores contra personas jurídicas con multas superiores a los 900.000 euros, el estudio de Grant Thornton revela que el 45% de los empresarios españoles no son conscientes de que carecer de un programa adecuado de compliance puede acarrear responsabilidades a los administradores.

Según Ripol, “un tercio de las acciones contra administradores sociales en nuestro país se fundamentan en incumplimientos legales, de modo que la falta de desarrollo de la función de compliance en nuestro tejido empresarial es una importante amenaza”.

Preguntados sobre qué riesgos legales podrían dañar más a sus compañías, los empresarios consideran como aquellos que podrían tener un mayor impacto las sanciones administrativas por incumplimiento de obligaciones legales (54%), seguidas de los cambios legislativos en su actividad y de las conductas delictivas de sus empleados o directivos, empatados en un 44%.

Consultados por cuáles son los riesgos legales que consideran son más probable que afecten a sus empresas, los cambios legislativos en su actividad pasan a la primera posición (50%) seguidos de las sanciones administrativas (28%), y, en cambio, solo un 15% considera probable una conducta delictiva de alguno de sus empleados o directivos.

Sobre las áreas en que ven más probable que se produzca una responsabilidad penal, la reciente aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos (GDRP) ha derivado en una toma de conciencia generalizada sobre los riesgos penales del ámbito tecnológico y del específico de la protección de datos, que es en el que la mitad de los encuestados cree que podría incumplir la ley. Le siguen el ámbito laboral (42%) y preocupan también el medioambiental (38%) o el de la corrupción (23%).

Un mal modelo de compliance daña la reputación

Para ocho de cada diez empresarios encuestados por Grant Thornton, la pérdida de credibilidad o reputación es el principal impacto de la comisión de delitos por parte de sus organizaciones. Un 71% se muestra preocupado por el coste de las sanciones por esos incumplimientos, y un 57% teme que provoquen distorsiones operativas en su empresa.

Ignacio Ripol afirma sin embargo que “existen grandes diferencias entre sectores a la hora de determinar qué impactos les preocupan más ante la hipotética comisión de un delito. Al hilo por ejemplo de los escándalos que se produjeron en 2015 en torno a los controles técnicos de emisiones contaminantes de vehículos, el sector de la automoción muestra una preocupación mucho mayor por el impacto en su reputación al de otras actividades como el comercio o la hostelería”.

El estudio de Grant Thornton revela asimismo que, en los últimos cinco años, el 4% de las empresas encuestadas reconocen haber hecho frente a algún procedimiento por la comisión de delitos. Dos tercios de las mismas han recibido reclamaciones por cuestiones laborales, y la mitad por temas tributarios.

Ventajas de una buena función de compliance

Preguntados por las principales ventajas de contar con programa de compliance, los empresarios sitúan en primer lugar evitar sanciones económicas (22%), daños reputacionales y de imagen (15%) e implantar una cultura ética y de integridad en sus organizaciones (10%). Por detrás de estos beneficios, se sitúan la mejora del servicio al cliente, la credibilidad en el mercado y la responsabilidad con la sociedad.

Ripol añade asimismo que “una política de compliance adecuada permite afrontar serias ineficiencias en las empresas, hace más atractivo el proyecto empresarial, y atrae y retiene talento. Además, involucra a los empleados en la construcción de la reputación e integridad de la compañía””. Así lo acreditan los propios empresarios encuestados, en tanto que siete de cada diez correlacionan disponer de políticas y normas éticas con suscitar comportamientos adecuados entre sus empleados.

Sobre los motivos que conducen a las empresas españolas a adoptar programas de prevención de delitos, ocho de cada diez de las que ya cuentan con uno sitúan en primer lugar las motivaciones éticas, seguidas del temor a demandas o sanciones (59%) y las exigencias de sus matrices (49%). En cambio, solo tres de cada diez afirman haberse dotado de un sistema de compliance tras detectar que sus competidores ya contaban con uno.

¿Cómo es el sistema de compliance?

Constatado que solo una de cada diez empresas españolas dispone de un verdadero sistema de compliance, el estudio de Grant Thornton ha profundizado en cómo articula esta función nuestro tejido empresarial.

El 75% de los directivos encuestados, por ejemplo, manifiesta que su sistema de gestión cuenta con un órgano encargado de garantizar el cumplimiento normativo. En tres cuartas partes de los casos, ese órgano es además independiente, repartiéndose en el resto de las ocasiones en las áreas de administración, legal o de recursos humanos.

Siete de cada diez empresas incorporan a su sistema de compliance bien un código de conducta o un código ético: un instrumento mucho más generalizado a los documentos-resumen de la estrategia y política de compliance (54%), los canales éticos o de denuncias (46%) o a las políticas anticorrupción (42%).

En materia presupuestaria, solo dos de cada diez empresas encuestadas afirman disponer de un presupuesto específico para cuestiones de ética y compliance, y más de la mitad destinan a esta área menos de 10.000 euros.

Pese a esa dotación presupuestaria relativamente baja, el 70% de las empresas analizadas revisan por lo menos periódicamente sus riesgos.

 Alrededor de la mitad lo hace con carácter anual, pero todavía hay un 40% que no tiene una periodicidad fija para esas evaluaciones de su modelo de prevención de delitos, imprescindibles según Ripol porque «resulta tan importante desplegar un sistema avanzado de compliance como analizar periódicamente su funcionamiento y mejorarlo»

Por último, las empresas españolas también presentan margen de mejora a la hora de brindar a sus empleados formación específica sobre ética, integridad y compliance. Una de cada cuatro no lo ha hecho nunca, por bien que el 40% sí lo hace de forma ocasional y el 30% las realizada anualmente.

Además, las que sí llevan a cabo este tipo de formaciones reciben una buena puntuación por parte de sus empleados –en concreto, de 7,6 puntos sobre 10–, y, tras las mismas, el 31% de esas plantillas declara que sus organizaciones están muy preparadas para prevenir delitos

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.

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El director general de ISDE, Juan José Sanchez Puig, fue el encargado de presentar el Seminario Permanente de Derecho Penal dentro de la Cátedra Santander Justicia que acaba de inaugurar la institución docente. Gregorio García Torres, director de Banco Santander Justicia, se refirió al sentido especial de la Cátedra, que forma en materia jurídica de alto nivel, mientras que Enrique Arnaldo, director de la Cátedra Santander Justicia, explicó la importancia de la vinculación de Banco Santander con la justicia y la seguridad. 

Enrique Arnaldo hizo especial hincapié en los cuatro objetivos que se plantean desde la Cátedra: el primero, la fundación de un seminario permanente para tratar en debate el derecho penal. El segundo, un seminario en el que se debatirá el derecho europeo, liderado por Ignacio Ulloa, juez español y miembro del Tribunal Justicia de la Unión Europea. El tercero, la traducción del best-seller «El abogado del futuro», del escritor británico Richard Suskind, que servirá como materia de formación. Por último, se dedicará un premio al mejor trabajo de fin de máster en derecho público y derecho privado a nivel nacional. 

Alejandro Abascal, magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, coordinador del seminario y cuya tesis doctoral trató sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, presentó al juez Marchena, invitado especial a la Cátedra.  

Por su parte, Manuel Marchena abrió el debate bajo el lema «la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una novedad verdaderamente revolucionaria». Trató dos concepciones divergentes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas: la primera en la que habló de los sectores de dogmática y explicó que “Es un cuento chino”, porque la persona jurídica es una ficción.

 “Cuanto más acentuemos el papel de la responsabilidad de las personas jurídicas, lo que estamos haciendo es liberar a los que verdaderamente toman las decisiones colectivas, las decisiones de personas físicas”, añadió. 

“Dios creo al hombre a su imagen y semejanza y todo lo que sea alterar la obra de Dios, atribuyéndole conciencia y voluntad a un ente ficticio no se sostiene. Por consiguiente, todo lo que tú me cuentes, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no tiene ningún sentido y tenemos que asimilarlo”, explicó.  

La otra concepción del juez Marchena es la desideologización. Explica que “no es posible tratar de condicionar un análisis de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir de la idea de que es una tontería en la que no se cree en absoluto”. 

“Este es un sistema jurídico que el legislador con acierto, o sin él, ha querido. Y lo que tenemos que hacer es adaptar y modular los grandes principios de la dogmática penal, la propia práctica jurisprudencial, a esta realidad. Siempre cito una frase de Zugaldía, que ha sido el introductor del sistema alemán de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que a mí me parece demoledora y que refleja la realidad”. Decía, “si la teoría general del delito no puede explicar el problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, peor para la teoría general del delito. Hay que cambiarla. Busque usted la fórmula”, afirmó.

“El problema fundamental y que late en las últimas sentencias del Supremo es, ‘mire usted la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿es una responsabilidad derivada, es una heterorresponsabilidad, o es un problema de autorresponsabilidad?‘”.

“Dicho con otras palabras, cuando se condena penalmente a una persona jurídica, ¿esa condena se basa en la propia culpabilidad de la persona jurídica o, por el contrario, se basa exclusivamente en la transferencia, en la contaminación que el delito del consejero delegado o del representante legal, o de la persona que lleva la empresa, transmite a la persona jurídica?”, planteó.

Empresario y persona jurídica, en entredicho

“Este es el problema. A partir de la respuesta a esta duda inicial vienen condicionadas todas las alternativas posibles. Y vienen condicionadas las soluciones. Hasta donde puede vigilar el empresario para vigilar que en su empresa no se cometa el delito, cuál es el papel del ‘compliance’, qué sucede en los casos de fusión o sucesión de empresas. ¿Hay una transferencia automática o no la hay?”, relató.

Entre los asistentes, se encontraban Ángel Calderón, vicepresidente en funciones del Tribunal Supremo y presidente de la Sala de lo Penal, su antecesor, Ángel Juanes, expresidente del Tribunal Supremo –recién jubilado–; Mario Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN); Ángel Hurtado, magistrado de la Sala de Apelación de la AN; Jesús Alonso, fiscal jefe de la AN; Carlos Bautista, fiscal de ese mismo órgano judicial; 

Junto a ellos Gabriel María de Diego Quevedo, decano del Colegio de Procuradores de Madrid; José Palazuelos, secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Adolfo Prego, exmagistrado del Supremo y abogado en ejercicio; Nicolás González-Cuéllar, catedrático de derecho procesal y abogado; y Javier San Martín, expresidente del Consejero General del Colegio de Graduados Sociales, abogado y aspirante a magistrado del Supremo.  

El acto concluyó con un consejo que Manuel Marchena dio a los alumnos de Derecho de ISDE: “Apasionaros e ilusionaros con el derecho. Estudiar sobre problemas que no se han planteado, lo que no ha sido hasta ahora objeto de atención, como la robótica o la justicia internacional. Estudiar sobre unos buenos cimientos y una buena formación que luego os permita ser competentes”.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.

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Su Perfil Profesional;

“Al finalizar la carrera de Derecho en la Universidad de Barcelona, me especialicé en Derecho Penal y empecé a trabajar en Morales Abogados Penalistas. En el año 2010 con la reforma del Código Penal y la introducción de la responsabilidad penal de la empresa empezó a inquietarme y decidí profundizar en ello.

En el año 2015 nacieron los Modelos de Prevención de Delitos, Programas de cumplimiento, Compliance Penal o Corporate Compliance. Mi inquietud y curiosidad junto con la vertiente creativa que siempre he tenido, me llevaron a constituir en el año 2015 Asesoría Penal Corporativa (APC), una empresa de servicios jurídicos especializada en Programas de Compliance Penal.

Desde entonces, me dedico a asesorar jurídicamente en materia penal a empresas de todos los sectores, actividad que combino con el Procesal Penal, cuestión que considero indispensable para poder asesorar correctamente a una empresa en esta materia”

¿Cómo valora el desarrollo del compliance penal en nuestro país tras nueve años de reformas?

Creo que la implementación del compliance en España desde el año 2010 hasta el momento ha sido gradual y no ha tenido mal acogida. Las grandes empresas se sensibilizaron los primeros años e iniciaron las tareas de implementación tempranamente; por su parte, las empresas medianas y pequeñas empezaron más tarde, sobre todo tras la reforma operada en el Código Penal en el año 2015 que introdujo formalmente la exigencia del compliance penal en las entidades para que puedan optar a la exención de responsabilidad penal.

En todo caso, el legislador está siendo muy claro con las reformas que está llevando a cabo del Código Penal: el compliance viene para quedarse. Muestra de ello es la última reforma del Código Penal operada por LO1/2019 de 20 de febrero que entrará en vigor el día 13 de marzo, pues realiza una ampliación del catálogo de delitos que pueden generar responsabilidad penal en la empresa.

¿Qué papel están haciendo los jueces de la Sala Penal en este sentido?

Lo cierto es que los procedimientos penales en España son muy lentos. Para analizar esta cuestión debemos centrarnos en procedimientos penales en los que estén personas jurídicas investigadas y que hayan llegado a su término para poder tener una sentencia que trate el asunto.

No tenemos jurisprudencia relevante respecto al valor de los compliance penales o programas de cumplimiento,  sobre cómo deben ser, qué deben integrar y cómo deben funcionar.

La mayoría de las sentencias en las que se absuelve a personas jurídicas es por vulneración de garantías a la persona jurídica durante el procedimiento. Lo que nos lleva a concluir que hay un gran desconocimiento sobre la materia en los tribunales.

¿Dondé está la clave para que un programa de compliance sea eficiente?

La eficiencia es la capacidad para cumplir adecuadamente una función. La función del programa de cumplimiento es la prevención de la comisión de delitos, o su detección a tiempo y reacción adecuada. Para ello no basta con contratar a un asesor externo y tener un mapa de riesgos junto con una serie de protocolos.

Un programa de compliance eficiente requiere un alto grado de compromiso por parte de la cúpula de las empresas, principalmente por parte del órgano de administración y la dirección de la entidad.  Que se traduzca en una verdadera implementación e interiorización de la estructura organizativa para prevenir delitos.

De lo contrario, todo queda en una mera declaración de intenciones y en un montón de papel acumulado en una estantería. Hay que crear una verdadera cultura de cumplimiento en la entidad.

¿Qué rasgos definen a un buen compliance officer?

Llevo varios años trabajando día a día con compliance officers, alguno de ellos más profesionales otros menos, pero me atrevería a decir que entre los muchos rasgos que pueden definir a un buen compliance officer sin duda está el de la organización. La gestión de un sistema de compliance requiere sin duda una buena organización, planificación y ejecución del trabajo.

¿Qué debe hacer un compliance officer ante una brecha de seguridad?

Hablando en términos generales, dado que una brecha de seguridad podría revestir diversas modalidades con sus especialidades y diversas formas de actuación, los principales pasos a llevar a cabo son los siguientes:

En primer lugar, abrir un expediente/informe del incidente en el que se deje constancia de toda la información de la que se disponga y acciones que se vayan ejecutando.

Asimismo, se debe documentar absolutamente todo lo relativo al incidente y acciones que se ejecuten.

A continuación, habría que realizar un análisis del incidente, ya sea solo, con personal interno o asesores externos, del motivo de la brecha, de su consistencia y consecuencias.

El Compliance Officer debe realizar una propuesta de actuación sobre las acciones a ejecutar, que deberá ser aprobada por el órgano de gobierno de la entidad.

Por último, hay que reportar al órgano de gobierno el incidente y la propuesta de actuación. Tras su aprobación proceder a la ejecución de la propuesta que deberían principalmente consistir en: contener el incidente, frenar los daños colaterales y establecer las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a producir.

Según el tipo de incidencia será necesario notificarlo a organismos oficiales y contratar a asesores o especialistas externos.

¿Qué papel juega la tecnología como herramienta que un compliance officer utiliza?

La tecnología juega un papel importante en la medida que le permita gestionar el programa de compliance, los riesgos detectados y los procesos y controles existentes para prevenir los riesgos penales. En especial para controlar y verificar la existencia de los controles transversales y específicos existentes en la entidad y su cumplimiento por las distintas áreas.

La tecnología puede facilitar su labor de otras muchas maneras, como por ejemplo las plataformas formativas para los empleados, la gestión del canal de denuncias, los reportes al órgano de administración o la gestión del repertorio de evidencias.

En definitiva, tener un CMS (Compliance Management System) siempre será positivo para la entidad que tenga cierto tamaño o complejidad.

¿Es la puesta en marcha del canal de denuncias interno en las empresas, una de las tareas más complicadas para un compliance officer?

Más que la puesta en marcha del canal de denuncias, creo que es tarea difícil hacer entender al personal de la empresa por qué debe denunciar cuando detecte incumplimientos de la normativa interna o ilícitos de otros trabajadores y que se acostumbren a hacerlo.

Nadie quiere ser el chivato de la empresa y, además, creen que no les beneficia en nada. A esta cuestión hay que darle la vuelta y hacer entender que todos son los principales interesados en que en la empresa exista un programa de cumplimiento y una normativa interna que funcione correctamente.

Hay que darse cuenta que si se comete un delito en la entidad que genere responsabilidad penal para la empresa las consecuencias penales que prevé el Código Penal son relevantes y podrían llegar a afectar a los trabajadores (multas económicas graves, disolución de la empresa, cierre de locales, suspensión de actividades…).

¿Cómo valora las plataformas de abogados como LexGoAPP?  ¿Qué le aporta a su despacho?

A mí como abogada me aporta CLIENTES y entiendo que a los clientes les aporta SOLUCIONES rápidas y efectivas.

Considero que LEXGOAPP es una plataforma esencial para los tiempos actuales en los que la inmediatez y lo digital forman parte de nuestro día a día. LEXGO ofrece a los clientes la posibilidad de plantear consultas que son respuestas al poco tiempo y contratar servicios jurídicos accediendo a todo tipo de abogados en un tiempo que podríamos catalogar como ínfimo.

A los despachos de abogados les ofrece la posibilidad de llegar a clientes sin necesidad de hacer grandes estrategias de comunicación o venta.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico

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El supuesto oligopolio que forman las compañías telefónicas, hacen que contrates con la compañía que contrates tengas penalizaciones similares.

La sentencia que analizamos a continuación, crea jurisprudencia, advirtiendo a las compañías de telefonía que no todo vale para obtener beneficios y que no todas las penalizaciones son legales o exigibles.

La sentencia también regula la inclusión de los consumidores a los registros de morosidad, aclarando que no todo lo que facturan las compañías es correcto y por tanto, exigible.

Los puntos fundamentales de la Sentencia del Tribunal Supremo 962/2018 y que todo consumidor tiene que saber, son:

• No se incluirán en ficheros de morosidad a aquellos consumidores que discrepan con la empresa, siempre que éstos hayan manifestado su disconformidad, aunque ésta no haya sido dotada de profesionalidad, como por ejemplo, haber enviado un burofax.
• La inclusión en los registros de morosos, no tiene que ser un método de presión para obtener el pago.
• El pago parcial de la deuda no constituye el reconocimiento de la deuda.
• Aunque la deuda sea vendida no tiene porque ser veraz.

La realidad cotidiana es que para conseguir esta victoria judicial, el consumidor ha tenido, primero que desembolsar los honorarios de abogado y procurador y estar litigando y recurriendo durante tiempo; además de estar más de un año, reclamando a la compañía la facturación conforme a la contratación realizada.

Todo ello agravado por la situación en la que se enfrentó el consumidor cuando su entidad bancaria le denegó un producto financiero, a causa de su inclusión en el registro de morosidad.

Enfrentarse a una compañía como Vodafone no habrá sido fácil, se trata de David contra Goliat, es de suponer que habrá sido un camino duro para el consumidor que había visto dañado su honor, por causa de no querer hacer frente a un pago que él consideraba inaceptable e incorrecto.

Os dejo como final una reflexión en forma de pregunta:

¿Cuántos hubiéramos pagado los 200 euros para que nos dejaran tranquilos, sabiendo que somos nosotros los que tenemos razón?

Menos mal que siempre hay gente valiente que no tiene miedo a las grandes empresas y que gracias a ellos, obtenemos el resto derechos que de otra forma no tendríamos, por tanto, solo podemos darles las GRACIAS.

Marisa Civera Silla

Abogada

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Ha sido uno de los eventos más destacados en estos últimos meses, la celebración del III Congreso de Cumplimiento Normativo organizado desde la asociación profesional Cumplen, de la que Miquel Fortuny, abogado y experto en estos temas es socio desde hace años. En esta entrevista analiza el estado del cumplimiento normativo en las organizaciones y destaca el papel del Compliance Officer en ellas, como garante de ese sistema preventivo activo.  Sobre la innovación en el sector legal revela que “El Legaltech provocará en un futuro, y en mi opinión, una generación de abogados que ejercerán de paralegales, como ya ocurre en USA”.

Quién es…

“Soy abogado penalista, especialista en delitos económico-corporativos, con 20 años de ejercicio profesional, dentro de los cuales ha dirigido y desarrollado diversos proyectos de Corporate Compliance, así como ha asumido la defensa penal corporativa de empresas y directivos ante los Tribunales.

También ejerzo Profesor de Corporate Compliance de varias Universidades (Universitat Abat Oliba CEU en el curso de especialización en Compliance, Universidad Complutense de Madrid en el Máster para el Diploma de Compliance Officer, Universidad Carlos III de Madrid en el Máster de Acceso a la Abogacía en materia de Compliance y Derecho Penal Económico).

¿Qué conclusiones extrae del III Congreso Cumplen celebrado recientemente en Madrid?

Ha sido un congreso en el cual se han tratado temáticas diversas e interesantes, de última actualidad, con un gran nivel de ponentes y una muy alta concurrencia de público a las dos jornadas.

A nivel de conclusiones me quedo con una de principal: la gradual consideración del Compliance como una auténtica herramienta de gestión empresarial, con un enfoque basado en considerar el riesgo de incumplimiento legal dentro de la estrategia de la empresa, como herramienta propia del nuevo concepto de Gobierno Corporativo.

Otra conclusión, derivada de la anterior, es el viraje observado en las principales novedades legislativas en materia de Compliance, enfocas al riesgo y a la proactividad en la gestión del mismo. Un botón de muestra puede ser el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos.

 Da la sensación de que las empresas se han dado cuenta de la importancia del cumplimiento normativo…

Correcto, poco a poco la empresa, sea PYME o multinacional, se da cuenta de la importancia de implantar un programa de cumplimiento normativo en el sí de su organización. Las múltiples ventajas, no sólo legales, sino también procedimentales y organizativas, hace que el diseño e implantación de planes de Compliance sea no sólo una necesidad sino una ventaja competitiva que permite a las organizaciones diferenciarse y ser más eficientes en el mercado.

También está coadyuvando el hecho de que las grandes compañías empiezan a estar certificadas por la norma UNE 19601 de sistemas de gestión de Compliance penal, y ello ayuda a la permeabilización del Compliance, debido a los requisitos y exigencias que en materia de Compliance empiezan a requerir a los proveedores para poder ser homologados.

¿En el debate sobre si las administraciones deben contar o no con políticas de cumplimiento, con qué tendencia se decanta usted?

Me decanto por políticas de cumplimiento en las administraciones. Considero que es una forma de interiorizar que la cultura de cumplimiento normativo no es sólo un aspecto que deben considerar las entidades privadas, sino que las políticas de cumplimiento deben estar integradas en todo tipo de organizaciones. Inclusive, y con más énfasis si cabe, en las administraciones.

De hecho, una empresa pública no deja de ser el reflejo de una sociedad. Si conseguimos integrar la cultura ética en las administraciones podremos dar (y de hecho deberíamos dar) el mejor ejemplo, para así trasladarlo también al entorno privado. La cuestión es: ¿cómo podemos exigir al sector privado si no damos el mejor ejemplo desde la administración pública?

¿Qué valor añadido ofrece Fortuny Legal para sus clientes desde el cumplimiento normativo?

Desde Fortuny Legal desarrollamos planes de Compliance a medida para cada cliente, según su actividad, sector, tamaño y estructura, con un enfoque nacional e internacional, debido a nuestra capacidad de actuación en diversas jurisdicciones.

Además, en materia de Compliance penal tenemos un equipo de abogados penalistas y de auditores de primer nivel que nos permite ofrecer una visión de 360º a la hora de diseñar, implementar y desarrollar planes de Compliance en todo tipo de organizaciones.

Por otra parte, realizamos también auditorías internas UNE 19601 y acreditamos al cliente para su certificación posterior. En los últimos años, hemos asesorado múltiples clientes de sectores, actividades y tamaños diversos. Asimismo, también vemos un incremento de nuestra actividad en materia de defensa penal en Tribunales a personas jurídicas, tanto como acusación como defensa.

 Sobre la tecnología, ¿Qué utilidad tiene para una empresa en el desarrollo de políticas de cumplimiento normativo?

Las políticas de cumplimiento permiten establecer una metodología concreta para operar dentro de la organización y permiten integrar poco a poco la cultura corporativa entre todos sus miembros. La tecnología permite desarrollar la comunicación de la política de cumplimiento normativo de una forma mucho más fácil, rápida y eficaz para todos los miembros de la organización, inclusive para los stakeholders de la misma.

Por otro lado, la formación, la generación de evidencias, y en general la gestión del modelo de Compliance, si se realiza desde herramientas tecnológicas permiten dejar trazabilidad y prueba preconstituida al respecto. En materia de Compliance penal, la Circular 1/2016 de la FGE establece que tendrá en consideración como evidencia del control interno la existencia de herramientas tecnológicas robustas.

“La tecnología permite desarrollar la comunicación de la política de cumplimiento normativo de una forma mucho más fácil, rápida y eficaz para todos los miembros de la organización”

¿Cómo cree que va a impactar el desarrollo tecnológico en la gestión de cualquier despacho de abogados, realmente?

Totalmente, de ello no me cabe la menor duda y es una cuestión de debe ocuparnos a todos. Si ahora le tuviera que aconsejar a alguien que estudiar, le aconsejaría a ser posible hacer a la vez dos carreras: derecho e ingeniería informática. El desarrollo tecnológico cambiará radicalmente la forma de cómo gestionamos, entendemos y organizamos nuestro trabajo.

El Legaltech provocará en un futuro, y en mi opinión, una generación de abogados que ejercerán de paralegales, como ya ocurre en USA. Por otro lado, generará una multidisciplinariedad en el mundo legal nunca vista, entraran otros actores como ingenieros, economistas, inversores, etc. Es difícil prever exactamente cómo nos impactará y qué tipo de áreas se verán mayormente afectadas. Sea como sea, queda claro que como abogados nos deberemos adaptar al cambio para poder seguir ofreciendo el mejor servicio, con la máxima profesionalidad y estándar de excelencia posible que tan bien define nuestra profesión.

¿Qué es lo más complicado a la hora de definir para una empresa a nivel de política de cumplimento?

Debemos analizar la esencia de la organización, conociendo su interior con el máximo detalle. La política de Compliance debe adaptarse no sólo al contexto de la propia organización, sino también a su visión, misión, valores y principios, adaptándose a sus necesidades y siendo coherente con sus objetivos operacionales y estratégicos.

Por este motivo, no podemos desarrollar políticas de cumplimiento normativo genéricas. Cada política deber ser única e irrepetible, y la única forma de hacerlo posible es a través del estudio, el análisis y la dedicación exclusiva y personalizada para cada cliente y tipo de proyecto. Un titular al servicio de esta idea diría: “Mida bien sus políticas, porque de cuantas más cosas diga, de cuantas más cosas tendrá que retractarse sino las cumple”

Respecto al Compliance Officer ¿Qué rasgos destaca en este profesional para que pueda realmente hacer su trabajo?  ¿Cree que necesita un marco jurídico propio para que pueda hacer su trabajo con independencia?

Efectivamente, la figura del Compliance Officer requerirá que se regule con mayor profundidad el alcance de sus funciones y responsabilidades, así como, su implicación en el desarrollo y ejecución de los programas de cumplimiento normativo, pues a fecha de hoy es todavía muy difuso.

Por ello, es de especial relevancia que la propia entidad en la que el Compliance Officer preste sus servicios desarrolle un reglamento o documento similar para regular dicha figura. Estrechamente vinculado con ello serán los rasgos que han de definir al Compliance Officer en su actividad diaria como son la independencia, la libertad, la autonomía, la dignidad, la integridad y la confidencialidad, pero, sobre todo, saber decir NO.

“Es de especial relevancia que la propia entidad en la que el Compliance Officer preste sus servicios desarrolle un reglamento o documento similar para regular dicha figura”

¿Cómo encajan en las empresas y organizaciones que exista un canal de denuncias interno?  ¿Realmente es operativo y funciona?

En general lo ven inicialmente como un requisito legal derivado del artículo 31.5 Bis CP. Posteriormente, y por nuestra experiencia, el canal de denuncias o canal ético es una herramienta muy útil para ver las acciones correctivas que deben realizarse al programa de Compliance.

Pero para ello es necesario no solo crear un canal ético, sino también un canal de consultas, de manera que el empleado diferencia muy claramente entre consultas y denuncias. Bien usado, por tanto, puede ser una herramienta eficaz para la mejora del modelo.

Lo fundamental para que sea operativo es que se garantice la no represalia al denunciante, la confidencialidad, así como que se toma seriamente. Por ejemplo, de las consultas o denuncias recibidas se puede mejorar la formación, así como los directivos pueden hacer sesiones de concienciación comentando las principales consultas y dudas que afectan a su área, etc.

Volviendo a la tecnología ¿Qué le diría al bufete que aún cree que la tecnología y la transformación digital no va con él?

Voy a ser un poco brusco en la respuesta, pero le diría que despierte del letargo en el que vive nuestra profesión. Desde mi punto de vista sólo hay dos opciones: adaptarse o morir.

Twitter/@MiquelFortuny1

Linkedin/fortunymiquel

Por @LuisjaSanchez periodista jurídico

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Reconoce que desde hace veinte años observa con atención el mundo jurídico y su evolución. Para Francesc Domínguez, uno de los pioneros en marketing jurídico y formador en habilidades directivas del país, la profesión de abogado ha tenido que abrir los ojos «Quien manda es el cliente en un mercado hipercompetitivo».

Por este motivo cree que «hay que conseguir que los clientes perciban que nuestro despacho es el adecuado para solucionar o prevenir sus problemas. Es esencial saber diferenciarse positivamente y conseguir fidelizar clientes que nos recomienden activamente”.

Francesc Domínguez es autor del libro De despacho competente a despacho competitivo: Cuéntame cómo conseguirlo (Aranzadi), una obra que ofrece pistas a los despachos de cómo afrontar el momento de cambio que vive la abogacía de los negocios.

Da la sensación de que lo que más le cuesta a un abogado es vender sus servicios.

Sí, en los despachos faltan abogados “expertos en el proceso de contratación”. Por ejemplo, frente al cliente ¿cuántos abogados dominan “herramientas” prácticas para evitar la erosión de márgenes en los honorarios?

Por nuestra experiencia, la mayoría de abogados, con independencia de si ejercen en grandes, medianos o pequeños despachos, carecen de formación específica, y adecuada, en habilidades comerciales. Si la tienen, no la han consolidado como hábito. Eso afecta a la rentabilidad del despacho.

¿Es cierto que ahora los despachos bonifican a aquellos abogados que tienen habilidades comerciales respecto a otros?

Sí, en algunos casos. Suele tratarse de despachos con una política explícita de gestión de personas. Es normal que se bonifique, que se incentive a quien aporta negocio al despacho. No obstante, hay que hacerlo de una manera que se evite cualquier atisbo de egoísmo y competencia insana entre compañeros.

¿Cuál es la mejor manera de convencer a un cliente de que uno es buen abogado?

Ayudándole a que se convenza a sí mismo.

En las interacciones con el cliente potencial, el abogado suele hablar demasiado. Le suele encantar argumentar y no se da cuenta que, en un contexto de posible contratación de los servicios, así aumenta la probabilidad de que el cliente plantee más objeciones. Conviene que el protagonista en el proceso de contratación sea el cliente; no el abogado. Dirijamos la conversación mediante preguntas oportunas y argumentemos en el momento conveniente.

Los abogados “venden” lo mismo, sus servicios y saber hacer. ¿Cómo hay que diferenciarse para ser el mejor de cara al cliente?

Más que de ser el mejor, prefiero hablar de ser el abogado más adecuado para el cliente.

Para ser percibido así, conviene que el abogado gestione bien su posicionamiento en el mercado, su reputación, es decir su marca personal. La gestión correcta de la marca personal (tanto off-line como online) atrae clientes potenciales y facilita el proceso de contratación.

¿Es cierto que los clientes ya no buscan al mejor abogado, sino al que tenga una mejor relación calidad y precio?

Es normal que pueda existir esa tendencia. Ahora bien, ¿qué entiende el cliente por “calidad”?

Más importante que la calidad, que se presupone en un buen abogado, es la utilidad, que el cliente perciba la utilidad de los servicios del despacho o del abogado. Una marca personal o corporativa bien gestionada también reduce la sensibilidad al precio.

¿Por qué es tan complicada la relación entre despacho y cliente?

A menudo porque no existe una política de atención al cliente en el despacho, consensuada y compartida por todos los profesionales. Desde la primera interacción con el despacho, el cliente se crea unas expectativas y muchas veces el abogado no las conoce o las gestiona mal.

Por ello la insatisfacción del cliente puede ser debida al trato recibido. Los clientes siempre recuerdan cómo les hicimos sentirse.

¿Con este cambio tecnológico mejorará la forma de trabajar entre despacho y cliente?

La tecnología puede mejorar la información y la comunicación con el cliente. Es una ventaja a la hora de tomar decisiones y avanzar con más celeridad en los casos. Lo mismo pasa entre abogado y Administración. El tiempo se ha reducido gracias a la tecnología.

También es importante tener en cuenta que la automatización de procesos simplifica el trabajo, dejando para los “bots” (robots de software) los trabajos pesados y repetitivos.

“Es fundamental que exista una política de atención al cliente en el despacho, consensuada y compartida por todos los profesionales. Así, el cliente se crea unas expectativas y corresponde al abogado satisfacerlas”

Entrevista hecha por el periodista jurídico Luisja Sánchez, a Francesc Domínguez, consultor de marketing jurídico y formador en influencia y habilidades.

Si tú también tienes un artículo relacionado con la abogacía y el mundo legal, escríbenos a info@lexgoapp.com para que sea publicado en nuestro blog.

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