Qué es el compliance penal

Se denomina compliance penal a los planes de cumplimiento normativo elaborados para prevenir la comisión de delitos societarios. Las empresas que implementan estos sistemas pueden verse exoneradas de su eventual responsabilidad penal, conforme estipula el artículo 31 bis del Código Penal.

Esta ventaja ha conllevado que cada vez más empresas se sumen a la sana práctica de contar con planes de compliance. Y es que estos planes, que funcionan sobre el principio de responsabilidad proactiva, no solo ayudan a evitar la comisión de delitos. También son muy útiles a la hora de optimizar la operativa de la compañía y elaborar una buena imagen corporativa.

Qué entendemos por compliance penal

Podemos traducir compliance como “cumplimiento normativo”. Si se emplea el nombre en inglés es, sobre todo, porque es una técnica nacida en los Estados Unidos y muy extendida en los países anglosajones.

Así, el compliance nació como una forma de combatir los sobornos y la corrupción empresarial. Los Estados Unidos introdujeron las Organizational Guidelines, que eran herramientas que permitían moderar la responsabilidad penal de aquellas empresas que incorporaran programas de prevención de delitos.

Dos principios legislativos consiguieron que este modelo se globalizara:

En primer lugar, el progreso hacia la responsabilidad proactiva. Denominamos responsabilidad proactiva a aquel modelo en que es el propio obligado quien adopta medidas suficientes y efectivas para garantizar su sometimiento a Derecho.

En segundo lugar, la progresiva penalización de las personas jurídicas. Así, la Sociedad Internacional ha ido asumiendo la posibilidad de que las personas jurídicas sean susceptibles de condenas penales. Esta posibilidad se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico en 2010, cuando la reforma del Código Penal permitió por primera vez que una empresa fuera castigada por sus delitos.

Actualmente, en un marco jurídico que ha dejado de lado el aforismo “societas delinquere non potest”, las empresas pueden ser sancionadas no solo a nivel administrativo, sino también a nivel criminal. Por eso los programas de compliance penal se han expandido durante la última década.

Qué clase de penas se pueden aplicar a las personas jurídicas

Las personas jurídicas (empresas, asociaciones, fundaciones…) pueden cometer diferentes delitos. Los más frecuentes están relacionados con la corrupción, la administración desleal, la financiación irregular o el blanqueo de capitales.

En cualquier caso, siempre que el Código Penal lo prevea, se podrá imponer condenas penales a las personas jurídicas responsables del delito. El catálogo de penas incluye:

Multas, que pueden ser proporcionales o por cuotas.

Disolución, que afecta incluso a las actividades lícitas de la empresa.

Suspensión de actividades por un plazo de hasta 5 años.

Clausura de locales y establecimientos por idéntico plazo.

Prohibición de realizar algunas actividades, por plazo de hasta 15 años o definitiva.

Inhabilitación para contratar con el sector público u obtener ayudas y subvenciones por un plazo de hasta 15 años.

Intervención judicial por el tiempo que se estime necesario, con un máximo de 5 años.

En definitiva, si se considera que la sociedad ha cometido un delito puede tener que afrontar importantes sanciones, restricciones en su actividad e incluso la disolución. Sin embargo, el artículo 31 bis.2 del Código Penal permite que la sociedad quede exenta de responsabilidad penal siempre que:

Haya adoptado un plan de compliance penal.

Atribuya la supervisión del funcionamiento y cumplimiento de su plan de compliance a un órgano autónomo.

Los autores del delito hayan eludido el plan de cumplimiento normativo.

Y no se haya producido omisión en las funciones de vigilancia y control.

Incluso en los casos en que no concurran plenamente estos requisitos, su apreciación parcial puede servir para atenuar la condena.

Cómo se elaboran los planes de compliance penal

La elaboración de un plan de compliance penal requiere observación y conocimiento del ordenamiento jurídico. Por eso es recomendable dejarla en manos de abogados especializados en esta materia.

La primera tarea del abogado será analizar la operativa empresarial para comprobar qué partes del ordenamiento jurídico pueden verse conculcadas. Gracias a este proceso de observación se podrán seleccionar las normas jurídicas aplicables a la actividad de la sociedad.

Conociendo el marco regulatorio donde se mueve la compañía, el abogado deberá realizar un análisis de riesgos. Las medidas de compliance penal deben ser lo suficientemente estrictas como para evitar el incumplimiento normativo pero, a la vez, lo suficientemente flexibles como para no restringir la operativa corriente de la empresa.

La elaboración del plan de compliance suele requerir la intervención de varios operadores de la empresa. Esto es particularmente importante, ya que cuando se elabore el plan deberá someterse a control y revisión. De modo que las aportaciones de los diferentes stakeholders resultarán imprescindibles para mantener un programa actualizado y efectivo.

Tras elaborar el programa de cumplimiento normativo deberá nombrarse a un compliance officer, que es el encargado de vigilar el cumplimiento del mismo. Aunque en su origen se trataba de un órgano consultivo, actualmente suele participar en todo el proceso de toma de decisiones, a fin de evitar riesgos innecesarios.

Como hemos anticipado, una vez el programa de compliance penal esté en marcha deberá someterse a un proceso de control y actualización. El compliance officer debe proponer todas las modificaciones que requieran las nuevas necesidades de la empresa, además de estar atento a las novedades en el ordenamiento penal.

Beneficios asociados al plan de compliance penal

Aunque la mayoría de las firmas adopten estos programas para evitar la responsabilidad penal si alguno de sus componentes comete un delito, pronto se percatan de las ventajas asociadas a un plan de compliance penal.

En primer lugar, los programas de cumplimiento normativo pueden extender sus sistemas de protección a otras áreas fuertemente reguladas. Los casos más típicos son los sectores fiscal y laboral, donde aparece un denso entramado de normas cuyo incumplimiento puede acarrear consecuencias indeseables para la empresa.

En segundo lugar, es habitual que se aproveche la preparación de estos instrumentos para introducir otros sistemas de optimización en la empresa. El cumplimiento normativo no solo se produce ad extra. Es decir, incluye normas de cumplimiento externo e interno.

Esto permite que el mismo sistema garantice el cumplimiento de los Códigos Éticos, del compromiso social, los planes de Prevención de Riesgos Laborales y de Igualdad, las normativas relativas al mercado de valores…

Por tanto, el plan de compliance puede servir para obtener un mayor control de la empresa y mejorar su compromiso social. Además puede introducir medidas como los canales de denuncias internos, que ayudarán a detectar irregularidades en cualquiera de los campos en los que trabaje la empresa.

En definitiva, un plan de compliance penal puede librar a la empresa de las consecuencias de que alguno de sus miembros cometa un delito. Pero también puede mejorar su imagen, su cultura empresarial y su gobierno corporativo.

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