¿Qué es el impuesto sobre el patrimonio y cómo se declara?
El Impuesto sobre el Patrimonio (IP) es un tributo directo que grava el valor neto del patrimonio de las personas físicas. Se trata de un impuesto personal, general y periódico, complementario al IRPF, que se declara cada año.
¿Quién debe pagar el Impuesto sobre el Patrimonio?
Este impuesto afecta a personas cuyo patrimonio neto supera los 700.000 euros (mínimo exento estatal). Además, están obligadas a presentar declaración las personas cuyo patrimonio bruto (sin deudas ni vivienda habitual) supere los 2.000.000 de euros.
¿Cómo se calcula el Impuesto sobre el Patrimonio?
El cálculo se basa en el valor total de los bienes y derechos de una persona al 31 de diciembre de cada año. A este total se le restan:
- 300.000 € por la vivienda habitual.
- El valor de las deudas vigentes.
- El mínimo exento, que varía según la comunidad autónoma.
Después de calcular la base liquidable, se aplica una escala progresiva estatal que va desde el 0,2% hasta el 3,5%, aunque las comunidades autónomas pueden modificar estos tramos.
¿Qué bienes se incluyen en la declaración?
Entre los bienes que forman parte del patrimonio tributable están:
- Bienes inmuebles.
- Cuentas bancarias y depósitos.
- Acciones y participaciones.
- Seguros de vida.
- Vehículos, embarcaciones y aeronaves.
- Joyas, arte, antigüedades y derechos de propiedad intelectual.
Declaración del Impuesto: modelo 714
La declaración se presenta online mediante el modelo 714, en el mismo periodo que el IRPF: entre abril y junio.
Diferencias autonómicas y exenciones
Aunque es un impuesto estatal, está cedido a las comunidades autónomas, que pueden establecer sus propios mínimos exentos. Por ejemplo:
- Aragón: 400.000 €
- Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura: 500.000 €
- Navarra: 550.000 €
- Euskadi: 800.000 €
- Resto de comunidades: 700.000 € (mínimo estatal)
También están exentos los negocios familiares y las participaciones en empresas familiares.
Un impuesto controvertido
El Impuesto sobre el Patrimonio ha sido objeto de debate en España. Aunque estuvo suspendido entre 2008 y 2010, se reactivó con carácter temporal y sigue vigente hoy. En 2019 afectaba a más de 200.000 contribuyentes, generando solo un 0,5% del total de la recaudación estatal.
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