Fin de la incapacitación judicial en España: ¿Qué son las medidas de apoyo?
Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, el ordenamiento jurídico español ha dado un giro fundamental en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. La incapacitación judicial desaparece y se reemplaza por un sistema de medidas de apoyo, centrado en el respeto a la voluntad, dignidad y autonomía de las personas.
¿Qué significa la desaparición de la incapacitación judicial?
Hasta 2021, una persona podía ser declarada judicialmente incapacitada debido a una discapacidad psíquica, intelectual o física, limitando su capacidad para tomar decisiones. Este modelo era considerado restrictivo y poco acorde con los derechos humanos.
Con la Ley 8/2021, se reforma profundamente el Código Civil y otras leyes, eliminando la figura de la incapacitación y promoviendo un sistema más inclusivo, adaptado a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Medidas de apoyo: un nuevo enfoque legal
Las medidas de apoyo tienen como finalidad facilitar el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Estas pueden ser de origen voluntario, legal o judicial, y siempre deberán basarse en los principios de necesidad y proporcionalidad.
¿Quién puede solicitar medidas de apoyo?
Están legitimados para presentar la solicitud:
- La propia persona con discapacidad.
- El cónyuge no separado legalmente.
- Ascendientes y descendientes.
- Hermanos.
- El Ministerio Fiscal (si no actúan los anteriores).
Curatela: la figura que sustituye a la tutela
Con la nueva normativa, la curatela reemplaza a la antigua tutela, que ahora queda reservada exclusivamente a menores no emancipados en situación de desamparo o que no estén bajo patria potestad.
¿Qué es la curatela?
Es una medida de apoyo que se adapta a las necesidades concretas de la persona, atendiendo siempre a su voluntad, deseos y preferencias. Puede ser asistencial o representativa, esta última solo en casos excepcionales.
¿Quién puede ser curador?
- Personas mayores de edad con capacidad adecuada.
- Fundaciones u organismos sin ánimo de lucro con fines asistenciales.
- No podrán ser curadores:
- Personas expresamente excluidas por quien requiere apoyo.
- Quienes hayan sido privados de la patria potestad.
- Personas que hayan sido removidas de funciones similares anteriormente.
Procedimiento para solicitar medidas de apoyo
El proceso judicial se inicia en el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la persona con discapacidad. La solicitud debe ir acompañada de:
- Informes periciales con sugerencias de apoyo.
- Propuesta de pruebas.
- Documentación que respalde la petición.
Durante la comparecencia judicial, se escucha a todas las partes implicadas, incluida la persona con discapacidad, y se define si procede o no el establecimiento de medidas. Si hay acuerdo, se inscriben en el Registro Civil y se fijan límites, plazos y funciones.
Curatela representativa: ¿cuándo se aplica?
Se emplea solo en casos excepcionales y permite al curador actuar en nombre de la persona. Exige una resolución judicial motivada e incluye restricciones, como:
- Necesidad de autorización judicial para ciertos actos personales o patrimoniales.
- Realización de inventario en un plazo de 60 días.
- Prohibición de recibir liberalidades o actuar en conflictos de interés.
Prohibiciones a los curadores y apoyos
Quienes ejerzan funciones de apoyo no podrán:
- Aceptar regalos o donaciones sin autorización judicial.
- Comprar o vender bienes de la persona apoyada.
- Actuar en situaciones de conflicto de intereses.
¿Qué pasa con los casos anteriores a la ley?
Las situaciones previas de incapacitación judicial deben revisarse para adaptarse al nuevo modelo. Los jueces evaluarán cada caso para transformar las medidas anteriores en apoyos ajustados a la normativa actual.
Conclusión
La reforma del sistema de incapacitación judicial en España pone el foco en la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad. Las medidas de apoyo sustituyen a figuras obsoletas como la tutela o la curatela rígida, reconociendo el derecho a tomar decisiones con la asistencia necesaria, sin anular la voluntad individual.
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