Capacidad jurídica en el Código Civil español
En el ámbito del Derecho Civil, la capacidad jurídica se erige como un pilar fundamental que reconoce la aptitud de toda persona para asumir derechos y obligaciones por sí misma. Este concepto, inherente desde el nacimiento, ha experimentado significativas transformaciones en la normativa española, particularmente con la modificación introducida por la Ley 8/2021 de 2 de junio.
La Evolución Normativa
Con la última reforma legal, se consagra la igualdad de condiciones en la capacidad jurídica para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades. Este cambio paradigmático busca garantizar que el ejercicio de las aptitudes sea guiado por las preferencias individuales, respaldado por medidas de apoyo cuando sea necesario.
El artículo 255 del Código Civil refleja esta concepción al eliminar la incapacitación judicial, otorgando a cualquier persona, independientemente de su condición, la facultad de ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones.
Objetivos de las Medidas de Apoyo
La reforma de 2021 tiene como norte fundamental el respeto a la dignidad, la tutela de los derechos fundamentales, el reconocimiento de la libre voluntad y el derecho a la igualdad. Para alcanzar estos objetivos, se destacan dos principios fundamentales:
Principio de Necesidad y Proporcionalidad: Las medidas de apoyo deben ser proporcionales a las necesidades específicas de cada individuo, asegurando un equilibrio adecuado.
Medidas Voluntarias: Se promueve la autonomía al permitir que las personas designen quienes les prestarán apoyo, estableciendo así un marco que respeta sus deseos y preferencias.
Medidas Voluntarias para el Ejercicio de la Capacidad Jurídica
Las medidas voluntarias, como la autocuratela, la guarda de hecho, y el otorgamiento de poderes y mandatos, otorgan a las personas con discapacidad la posibilidad de decidir sobre su propio destino legal. El artículo 250 del Código Civil reconoce la guarda de hecho como una institución que no requiere designación judicial, fomentando la flexibilidad y adaptabilidad a las circunstancias familiares.
Medidas Judiciales de Apoyo
Aunque se privilegian las medidas voluntarias, en ciertos casos la intervención judicial puede ser necesaria. La curatela, destinada a casos que requieren asistencia continua, y el defensor judicial, para situaciones concretas y ocasionales, son ejemplos de medidas judiciales contempladas en el artículo 256 del Código Civil.
Diferencia entre Capacidad Jurídica y Capacidad de Obrar
Es crucial distinguir entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. La primera es inherente a la condición humana y establece los derechos y obligaciones, mientras que la segunda se refiere a la aptitud para realizar actos jurídicos. La normativa española reconoce y delimita estas capacidades, ajustándolas a factores como la edad, estado civil o discapacidad.
Conclusión
En conclusión, la capacidad jurídica, un derecho universal desde el nacimiento, ha evolucionado hacia un paradigma de igualdad y autonomía. La normativa española, especialmente con la Ley 8/2021, destaca la importancia de respetar la dignidad y las preferencias individuales, estableciendo un marco legal que garantiza el ejercicio pleno de la capacidad jurídica para todos, independientemente de sus circunstancias. Este enfoque equitativo refleja la evolución social y jurídica hacia una sociedad inclusiva y respetuosa con la diversidad.