Los accionistas del Banco Popular perdieron toda su inversión el 7 de junio de 2017, cuando la Junta Única de Resolución europea acordó la resolución del banco y su venta al Banco Santander por un euro. Casi diez años después, la vía judicial para recuperar ese dinero está prácticamente cerrada: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en 2022 que, tras una resolución bancaria, no se pueden ejercer contra el banco o su sucesor las acciones de nulidad o de responsabilidad por el folleto. En esta guía explicamos qué pasó, qué se intentó, qué dicen hoy los tribunales y en qué casos concretos todavía tiene sentido consultar a un abogado.

Qué ocurrió con el Banco Popular en junio de 2017

En la madrugada del 7 de junio de 2017 el Banco Popular fue declarado inviable. La Junta Única de Resolución (JUR), autoridad europea competente, aprobó un dispositivo de resolución que ejecutó en España el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Sus elementos principales fueron:

  • Se amortizaron todas las acciones del banco: los accionistas perdieron el 100 % de lo invertido.
  • Los instrumentos de capital adicional (bonos convertibles y contingentes) y la deuda subordinada se convirtieron en acciones, de modo que sus titulares también perdieron su inversión.
  • El banco se vendió al Banco Santander por un euro, y el Santander pasó a ser el titular del negocio.

Los depositantes no perdieron nada: cuentas corrientes, depósitos y el resto de clientes siguieron operando con normalidad, primero como Popular y después integrados en el Santander.

Ese mismo día, en LexGo lanzamos la campaña «Accionistas afectados por el Banco Popular», con 100 abogados especialistas en derecho bancario a disposición de los pequeños inversores para resolver sus dudas sobre la posible reclamación por la pérdida de su inversión en acciones, bonos o deuda del banco.

¿Quiénes son los afectados por el Banco Popular?

La resolución afectó a tres grupos de inversores:

  1. Accionistas, la mayoría pequeños inversores. Dentro de este grupo hay una distinción que fue clave en los tribunales: quienes compraron acciones en la ampliación de capital de 2016 (con folleto aprobado por la CNMV) y quienes las tenían de antes o las compraron en bolsa.
  2. Tenedores de deuda subordinada, que se convirtió en acciones y se perdió.
  3. Bonistas de instrumentos de capital adicional (los llamados bonos convertibles o contingentes).

Por qué los accionistas lo perdieron todo: el marco legal de la resolución

La resolución de un banco no es un concurso de acreedores ordinario. Se rige por la Directiva 2014/59/UE y, en España, por la Ley 11/2015, de recuperación y resolución de entidades de crédito. Su artículo 4 establece que los accionistas son los primeros en soportar pérdidas, después los acreedores por orden de prelación, y fija un límite: ningún accionista ni acreedor debe soportar pérdidas superiores a las que habría sufrido si el banco se hubiera liquidado en un concurso.

Ese límite es el que justificaba una valoración posterior. La JUR encargó una valoración independiente para comprobar si los accionistas y acreedores habrían recibido algo en una liquidación. En marzo de 2020 concluyó que no habrían salido mejor parados en un concurso y que, por tanto, no les correspondía compensación.

Las vías de reclamación que se intentaron

1. Recurso contra la resolución ante la justicia europea

Miles de accionistas e inversores recurrieron la decisión de la JUR ante el Tribunal General de la Unión Europea. En 2022 el Tribunal General desestimó los primeros recursos que se resolvieron, considerando válida la decisión de resolución. Era la vía para anular la resolución en sí, y no prosperó.

2. Nulidad de la compra de acciones o responsabilidad por el folleto

Fue la vía más utilizada en España por quienes compraron en la ampliación de capital de 2016: pedir la nulidad del contrato de suscripción por error en el consentimiento (artículo 1301 del Código Civil) o la responsabilidad por la información del folleto, alegando que la situación real del banco era peor de lo que se publicó. Era la misma estrategia que funcionó con la salida a bolsa de Bankia en 2011.

Esta vía quedó cerrada con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de mayo de 2022 (asunto C-410/20), dictada a raíz de una cuestión prejudicial planteada en un pleito contra el Banco Santander. El TJUE declaró que la Directiva 2014/59/UE se opone a que, después de una resolución en la que se amortizan todas las acciones, un accionista ejerza contra el banco o contra quien le suceda una acción de responsabilidad por la información del folleto o una acción de nulidad del contrato de suscripción. El argumento de fondo es que la resolución ya reparte las pérdidas y no puede deshacerse caso por caso con restituciones a cargo de la entidad. Los tribunales españoles, incluido el Tribunal Supremo, vienen aplicando desde entonces esta doctrina y desestiman este tipo de demandas.

3. La oferta comercial del Santander en 2017

Tras la compra, el Santander ofreció a una parte de los clientes minoristas afectados unos «bonos de fidelización» a cambio de renunciar a reclamar. Fue una oferta voluntaria, con condiciones y plazo, que se cerró hace años. Quien la aceptó firmó la renuncia a acciones judiciales frente al banco por esas inversiones.

4. Vía penal

En la Audiencia Nacional se tramitó una causa penal por la gestión del banco y la información de la ampliación de capital. Un procedimiento penal sirve para depurar posibles delitos; no es una vía rápida ni segura para recuperar la inversión, y los particulares que no se personaron en su momento difícilmente pueden obtener algo de él hoy. Si fuiste parte en esa causa, tu abogado es quien puede informarte de su estado.

¿Qué sigue siendo reclamable en 2026 y qué no?

Con la doctrina del TJUE y el tiempo transcurrido, la situación es la siguiente:

  • No es viable demandar al Banco Santander (como sucesor del Popular) por la nulidad de la compra de acciones de la ampliación de 2016 ni por la responsabilidad del folleto. Esa es la conclusión de la sentencia C-410/20.
  • Los plazos también juegan en contra. La acción de anulabilidad por error caduca a los cuatro años (artículo 1301 del Código Civil) y la acción de responsabilidad por el folleto prescribe a los tres años desde que el inversor pudo conocer la falsedad u omisión (hoy artículo 38 de la Ley 6/2023, de los Mercados de Valores, que mantiene ese plazo). Quien no reclamó en su momento difícilmente puede hacerlo ahora.
  • Casos muy concretos que conviene revisar con un abogado: pleitos ya iniciados antes de 2022 cuyo resultado o ejecución está pendiente; inversiones comercializadas por una entidad distinta del Popular (la sentencia se refiere a acciones contra el emisor o su sucesor, y las reclamaciones frente a terceros dependen del caso); o quien quiera saber si su renuncia firmada con el Santander es válida. Ninguno de estos supuestos garantiza un resultado; lo razonable es que un especialista revise tu documentación antes de gastar dinero en un pleito.

Qué puedes hacer hoy si eras accionista o bonista del Popular

  1. Reúne la documentación: órdenes de compra, extractos de la cuenta de valores, folleto de la ampliación (si compraste en 2016), cualquier comunicación del Popular o del Santander y, si existe, la renuncia firmada con los bonos de fidelización.
  2. Comprueba si tienes algún procedimiento abierto (civil, europeo o penal) y pide a quien te representó que te informe de su situación.
  3. Pide una valoración sincera de viabilidad antes de pagar honorarios. Un abogado serio te dirá si tu caso encaja en alguna excepción o si no merece la pena litigar, y te informará por escrito del presupuesto y del riesgo de condena en costas.
  4. Desconfía de promesas de recuperación garantizada. A estas alturas, cualquier oferta que te asegure que vas a recuperar tu inversión del Popular debe ser examinada con mucha cautela.

Si tienes dudas sobre una inversión en el Popular o en otro producto bancario, puedes plantearla gratis y de forma anónima en nuestro foro de preguntas al abogado. Si quieres que un especialista estudie tu caso, en LexGoApp te ponemos en contacto con hasta tres abogados especialistas en derecho bancario para que compares presupuestos sin compromiso.

Preguntas frecuentes

¿Puedo recuperar el dinero de mis acciones del Banco Popular?

En la gran mayoría de casos, no. La resolución amortizó todas las acciones, la JUR concluyó en 2020 que no correspondía compensación y el TJUE cerró en 2022 las demandas de nulidad y de responsabilidad por folleto contra el banco o su sucesor. Solo situaciones muy concretas, como procedimientos ya en curso, justifican una revisión por un abogado.

¿Qué pasó con la deuda subordinada y los bonos del Popular?

Se convirtieron en acciones dentro de la propia resolución, por lo que sus titulares también lo perdieron todo. Los argumentos para reclamar chocan con el mismo marco legal de resolución.

¿Prescriben las reclamaciones por el Banco Popular?

Sí. La anulación por error caduca a los cuatro años y la responsabilidad por folleto prescribe a los tres años desde que se pudo conocer el problema. Puedes ver cómo funcionan los plazos en general en nuestro artículo sobre cuándo prescriben las deudas en España.

Si acepté los bonos de fidelización del Santander, ¿puedo reclamar?

Aceptarlos implicaba renunciar a acciones judiciales frente al banco por esas inversiones. Discutir la validez de esa renuncia es posible en teoría, pero exige un análisis individual del documento firmado.

Fuentes