Un contrato de colaboración entre empresas es el acuerdo por el que dos compañías independientes unen esfuerzos para un fin común (vender un producto de la otra, ofrecer un servicio conjunto, compartir clientes o canales) sin crear una sociedad nueva. La ley no lo regula como tal: es un contrato atípico que se rige por lo que las partes pacten y por las normas generales del Código Civil. Por eso lo que no esté escrito suele acabar en discusión. Estas son las cláusulas que conviene revisar antes de firmar.
Un ejemplo real: el acuerdo de LexGo con Lexness (2017)
En abril de 2017, LexGo llegó a un acuerdo con Lexness, un comercio electrónico de documentos jurídicos, para que los abogados registrados en LexGo pudieran vender sus documentos (contratos, demandas, escritos, dictámenes) a través de Lexness. El funcionamiento era sencillo: el abogado enviaba el documento a través de LexGo, Lexness lo analizaba y fijaba el precio de venta, cobraba una comisión del 30 % sobre lo vendido y cada mes liquidaba al abogado sus ingresos.
En pocas líneas aparecen casi todos los elementos de un contrato de colaboración: qué aporta cada parte, quién fija el precio, cómo se reparte el ingreso, cada cuánto se liquida y qué se puede comercializar. Lo que la nota de entonces no contaba, porque no era su objeto, es lo que suele generar conflictos: exclusividad, propiedad de los contenidos, datos personales y qué pasa cuando la relación termina.
Marco legal: libertad de pactos con límites
El artículo 1255 del Código Civil permite a las partes establecer los pactos que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. El artículo 1256 añade que la validez y el cumplimiento del contrato no pueden dejarse al arbitrio de una sola de las partes. Y el artículo 1124 permite resolver el contrato si la otra parte incumple, con indemnización de daños.
Hay que comprobar además si el acuerdo encaja en algún contrato regulado. El caso más frecuente es la agencia: si una empresa se obliga de forma continuada y a cambio de una remuneración a promover operaciones por cuenta de la otra como intermediario independiente, la Ley 12/1992 del Contrato de Agencia se aplica «cualquiera que sea su denominación», aunque el documento se titule «colaboración». Sus preceptos son imperativos salvo que ellos mismos digan otra cosa (artículo 3). Entre ellos:
- Preaviso para terminar un contrato indefinido de un mes por cada año de vigencia, con un máximo de seis meses (artículo 25).
- Indemnización por clientela al terminar el contrato si el agente aportó clientes que siguen beneficiando al empresario (artículo 28).
- Pacto de no competencia posterior por escrito y de duración máxima de dos años (artículo 20).
Calificar bien el contrato desde el principio evita sorpresas el día que se rompe la relación.
Cláusulas que no pueden faltar
1. Partes y objeto
Identifica a las sociedades (denominación, NIF, domicilio, quién firma y con qué poder) y describe con precisión qué hace cada una. «Colaborar en la comercialización» es demasiado vago; «la empresa A incluirá los productos de B en su plataforma y B atenderá los pedidos en un plazo de X días» permite saber después si alguien ha incumplido.
2. Aportaciones y obligaciones
Qué pone cada parte: clientes, tecnología, personal, marca, financiación. Incluye niveles de servicio medibles cuando la colaboración dependa de ellos (plazos de respuesta, disponibilidad de una plataforma, calidad mínima de los contenidos).
3. Precio, comisiones y liquidación
Cómo se calcula la contraprestación (porcentaje, cantidad fija, reparto de márgenes), sobre qué base (ventas brutas, netas de devoluciones o de impuestos), cada cuánto se liquida, con qué documentación y qué derecho tiene cada parte a revisar las cifras de la otra. En el ejemplo de Lexness, una comisión del 30 % con liquidación mensual; en el contrato conviene precisar también quién fija el precio de venta y si puede cambiarlo unilateralmente, teniendo en cuenta el límite del artículo 1256.
4. Exclusividad y no competencia
Si una parte no puede trabajar con competidores de la otra, el contrato debe decirlo de forma expresa, con ámbito territorial, productos afectados y duración. Las exclusividades amplias o muy largas pueden tener problemas con la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, cuyo artículo 1 prohíbe los acuerdos que restrinjan la competencia, sobre todo si las partes son competidoras entre sí. Si no se quiere exclusividad, también conviene escribirlo para evitar discusiones.
5. Confidencialidad y secretos empresariales
Define qué información es confidencial, para qué se puede usar, quién puede acceder a ella y cuánto dura la obligación después de terminar el contrato. Esta cláusula tiene un efecto añadido: la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales solo protege la información que haya sido objeto de «medidas razonables» por parte de su titular para mantenerla en secreto (artículo 1). Un buen pacto de confidencialidad es una de esas medidas.
6. Propiedad intelectual e industrial
Quién es titular de las marcas, contenidos, software o documentos que aporta cada parte, qué licencia de uso concede a la otra (alcance, territorio, duración) y, sobre todo, de quién es lo que se cree en común. En un acuerdo como el de Lexness, por ejemplo, habría que precisar si el abogado conserva los derechos sobre su documento y solo cede su explotación, y qué ocurre con las copias ya vendidas si el contrato se extingue.
7. Protección de datos
Casi toda colaboración implica compartir datos personales de clientes o usuarios. Hay que determinar el papel de cada empresa: si una trata datos por cuenta de la otra, es encargada del tratamiento y el Reglamento General de Protección de Datos (artículo 28) exige un contrato con contenido mínimo (instrucciones, confidencialidad, seguridad, subencargados, devolución o borrado de los datos al final). Si ambas deciden conjuntamente los fines del tratamiento, son corresponsables y deben fijar sus obligaciones respectivas. Si cada una trata los datos para sus propios fines, hay una comunicación de datos que necesita base jurídica e información a los interesados.
8. Responsabilidad y seguros
Quién responde frente a terceros y frente a la otra parte, con qué límites, y si alguna de las partes debe tener un seguro de responsabilidad civil. Las limitaciones de responsabilidad son válidas entre empresas dentro de lo que permite el Código Civil, pero no cubren el dolo.
9. Duración, terminación y efectos
Plazo inicial, prórrogas, preaviso para no renovar y causas de resolución anticipada (incumplimiento no subsanado en un plazo, cambio de control, concurso). Fija también qué ocurre al terminar: liquidación final, pedidos en curso, devolución de información y datos, uso de marcas y, si procede, indemnizaciones. En contratos indefinidos sin preaviso pactado, la terminación brusca puede dar lugar a reclamaciones de daños.
10. Ley aplicable y solución de conflictos
Ley aplicable (relevante si una parte es extranjera), juzgados competentes o arbitraje, y un procedimiento previo de negociación. Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 exige con carácter general en el orden civil haber intentado antes un medio adecuado de solución de controversias (negociación entre las partes o sus abogados, mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial…) para que se admita la demanda. Prever ese paso en el contrato facilita cumplirlo.
Errores frecuentes
- Firmar un modelo genérico sin adaptar el objeto ni las cifras.
- Pactar la colaboración por correo electrónico sin un documento que recoja lo esencial.
- Olvidar la terminación: muchas disputas no surgen durante la relación, sino al acabar.
- No revisar si el acuerdo es en realidad una agencia o una distribución, con reglas propias.
- Dejar fuera la protección de datos, que es lo primero que pedirá un cliente grande o una inspección.
Si la otra parte deja de pagar las comisiones, ten en cuenta los plazos de prescripción de las deudas y no dejes pasar el tiempo. Para revisar o redactar el contrato puedes comparar presupuestos de hasta tres abogados especialistas en derecho civil y contratos, o plantear una duda concreta en el foro gratuito «Pregunta al abogado».
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio hacer por escrito un contrato de colaboración entre empresas?
Como regla general no, porque rige la libertad de forma, pero sin documento escrito es muy difícil probar lo pactado. Algunas cláusulas sí exigen forma escrita, como el pacto de no competencia en la agencia o el contrato con un encargado del tratamiento de datos.
¿Se puede romper un contrato de colaboración en cualquier momento?
Depende de lo pactado. Si hay plazo, terminar antes sin causa puede obligar a indemnizar. Si es indefinido, se puede terminar con un preaviso razonable; si el contrato es en realidad de agencia, se aplican los plazos mínimos del artículo 25 de la Ley 12/1992. Ante un incumplimiento grave, el artículo 1124 del Código Civil permite resolver y reclamar daños.
¿Qué diferencia hay entre un contrato de colaboración y uno de agencia?
En la agencia una parte promueve operaciones por cuenta de la otra a cambio de una remuneración, de forma estable e independiente, y la ley le reconoce derechos como el preaviso mínimo o la indemnización por clientela. La colaboración en sentido amplio puede ser más equilibrada (ambas aportan y ambas ganan), pero lo que cuenta es lo que se hace en la práctica, no el nombre del contrato.
Fuentes
- Código Civil (BOE)
- Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia (BOE)
- Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (BOE)
- Reglamento (UE) 2016/679, general de protección de datos (BOE)
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