En su opini\u00f3n, \u201ccomo todos los partidos\npol\u00edticos han venido realizando declaraciones de apoyo a la mejora de la\nmorosidad y a un r\u00e9gimen sancionador, ahora\nes el momento de pasar de las promesas a los hechos,<\/strong> porque nuestra\neconom\u00eda y nuestras empresas no pueden esperar m\u00e1s; nos consta que los plazos\nde pago han empezado a empeorar, haci\u00e9ndose su implementaci\u00f3n m\u00e1s necesaria que\nnunca\u201d.<\/p>\n\n\n\n Esta plataforma agrupa a entidades estatales,\nauton\u00f3micas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 mill\u00f3n de\nempresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y\nque dan empleo a m\u00e1s de 4,5 millones de trabajadores y aut\u00f3nomos (www.pmcm.es).\nAsimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15\/2010 su legitimaci\u00f3n\nactiva en este \u00e1mbito<\/p>\n\n\n\n \u201cDesde la PMcM esperamos que tanto el nuevo Gobierno<\/strong> de coalici\u00f3n progresista<\/strong> como los partidos de la oposici\u00f3n<\/strong> hagan que en esta nueva legislatura la lucha contra la morosidad<\/strong> sea una realidad efectiva<\/strong>. Para ello el \u00fanico\ncamino es darle continuidad en el\nCongreso al tr\u00e1mite de la Proposici\u00f3n de Ley de Refuerzo de Lucha contra la\nMorosidad<\/strong>, que aprob\u00f3 el Pleno de la C\u00e1mara por\nunanimidad hace dos a\u00f1os\u201d, solicita Ca\u00f1ete. <\/p>\n\n\n\n Esta\nnormativa contempla las medidas\nantimorosidad<\/strong> \u201cnecesarias para\nacabar con esta lacra<\/strong>: promoci\u00f3n de c\u00f3digos de buenas pr\u00e1cticas<\/strong> e\nimplantaci\u00f3n de un sistema arbitral<\/strong>\nde morosidad y un r\u00e9gimen sancionador<\/strong>,\nque multar\u00e1 a las empresas morosas\u201d, explica el\npresidente de la PMcM.<\/p>\n\n\n\n La situaci\u00f3n realmente es compleja Antoni Ca\u00f1ete, presidente de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM), ha denunciado la magnitud de los datos que las empresas del \u00cdbex35 han ido comunicando a la CNMV (Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores) en sus balances del ejercicio de 2018: las firmas del selectivo tienen cautivos 60.409 millones de euros en impagos a proveedores y subcontratas con retrasos superiores a los 60 d\u00edas que la legislaci\u00f3n da para liquidar esas facturas.<\/p>\n\n\n\n La cifra se eleva en otros 18.418 millones de euros, hasta los 78.827,\nsi el c\u00e1lculo se amplia a todo el mercado continuo, una situaci\u00f3n que est\u00e1\nprovocando la asfixia de miles de peque\u00f1as y medianas empresas, y de\nprofesionales independientes, que suministran bienes y servicios a las grandes\nempresas espa\u00f1olas.<\/p>\n\n\n\n En ambos\ncasos ha habido una mejora, aunque de escasa cuant\u00eda. La deuda cautiva se ha\nreducido en 400 millones en el \u00cdbex35 y en casi 2.000 en el conjunto de las\nfirmas del mercado continuo, vol\u00famenes que porcentualmente se quedan en el\n0,61% y en el 1,68%.<\/p>\n\n\n\n Desde esta entidad empresarial se insiste en que \u201cno hay ninguna\njustificaci\u00f3n para que se est\u00e9 abusando de esta circunstancia. La gran empresa\nest\u00e1 haciendo negocio con la peque\u00f1a\u201d, que comienza a sufrir ese\nestrangulamiento de la liquidez causado por la morosidad.<\/p>\n\n\n\n \u201cUna de cada\ntres empresas que cerraron y uno de cada tres puestos de trabajo que se\nperdieron en la crisis desaparecieron como consecuencia de la insolvencia\u201d,\nrecuerda Ca\u00f1ete, para quien \u201cestamos volviendo a cometer los errores de hace\nm\u00e1s de una d\u00e9cada\u201d.<\/p>\n\n\n\n En el caso espa\u00f1ol, la situaci\u00f3n en nuestro pa\u00eds est\u00e1 sin resolver desde\nque en 2004 fue aprobada la Ley por la\nque se Establecen Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones\nComerciales, reformada seis a\u00f1os m\u00e1s\ntarde sin que ninguno de los textos incluya un r\u00e9gimen sancionador que obligue\na cumplir sus reglas.<\/p>\n\n\n\n La normativa establece limitar a\n\u201csesenta d\u00edas despu\u00e9s de la fecha de recepci\u00f3n de las mercanc\u00edas o prestaci\u00f3n\nde los servicios\u201d el plazo para pagar la factura de un proveedor (30 para\nproductos de alimentaci\u00f3n frescos y perecederos), proh\u00edben ampliarlo \u201cpor\nacuerdo entre las partes\u201d para evitar abusos y cargan al moroso (siempre que\nsea \u201cresponsable del retraso del pago\u201d) un inter\u00e9s de demora de hasta el 15%\nanual, adem\u00e1s de tener que asumir los gastos de gesti\u00f3n del cobro, pero\n\u00fanicamente para las deudas superiores a 30.000 euros, lo que ya de entrada\nlimita notablemente la aplicaci\u00f3n de una norma para cuyo cumplimiento no\nexisten medios coercitivos.<\/p>\n\n\n\n La propuesta\nde Ciudadanos para establecer ese r\u00e9gimen sancionador, que s\u00ed existe en pa\u00edses\ncomo Francia y Reino Unido, naufrag\u00f3 la pasada legislatura en la Comisi\u00f3n de\nEconom\u00eda del Congreso, que finalmente desisti\u00f3 de tramitar lo que amenazaba,\npara la banca y la gran empresa, con convertirse en un cambio disruptivo en un\nsistema que a fecha de hoy provoca consecuencias muy distintas en funci\u00f3n de si\nuno es emisor o destinatario de las facturas.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/lexgoapp.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/DSC4702-min-1024x576.jpg\")