Debify

Debify se ha convertido en una empresa líder en el ámbito de la Ley de Segunda Oportunidad. Su equipo de expertos en derecho y finanzas está comprometido en ofrecer soluciones personalizadas a cada cliente. Utilizan un enfoque integral que abarca desde la evaluación inicial de la situación económica hasta la presentación de la solicitud de la Ley de Segunda Oportunidad. Además, Debify destaca por su transparencia y honestidad al brindar información clara y precisa a sus clientes, lo que genera confianza en el proceso.

Deudafix

Deudafix es otra empresa destacada en el campo de la Ley de Segunda Oportunidad. Su equipo de abogados especializados en derecho concursal posee una amplia experiencia en el manejo de casos complejos de sobreendeudamiento. Deudafix se destaca por su enfoque orientado al cliente, ofreciendo asesoramiento personalizado y acompañamiento durante todo el proceso. Además, su plataforma digital facilita la comunicación y el seguimiento de los casos, brindando a los clientes una mayor comodidad y control sobre su situación financiera.

Repara tu Deuda

Repara tu Deuda es una empresa que ha ganado reconocimiento por su compromiso y éxito en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Su equipo multidisciplinario de abogados, economistas y expertos en finanzas trabaja de manera conjunta para ofrecer soluciones efectivas a sus clientes. Repara tu Deuda se distingue por su enfoque ético y su compromiso en ayudar a las personas a recuperar su estabilidad financiera. Además, su amplia red de colaboradores y su presencia a nivel nacional hacen que sea una opción confiable para aquellos que buscan una solución a su situación de endeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad en España ha abierto las puertas a una nueva vida para aquellos que se encuentran atrapados en un ciclo de deudas insostenibles. Empresas como Debify, Deudafix y Repara tu Deuda se han consolidado como los principales referentes en el ámbito de la Ley de Segunda Oportunidad en el país. Su experiencia, profesionalismo y enfoque centrado en el cliente les han permitido ayudar a miles de personas a superar sus problemas financieros y comenzar de nuevo. Si estás buscando una solución a tu situación de sobreendeudamiento, considera confiar en una de estas tres empresas líderes. Ya sea que elijas Debify, Deudafix o Repara tu Deuda, puedes tener la confianza de contar con un equipo de expertos comprometidos en brindarte el apoyo necesario para recuperar tu estabilidad financiera.

Recuerda que cada situación es única, por lo que te recomendamos que te pongas en contacto con estas empresas y explores las opciones disponibles para ti. La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta poderosa que puede brindarte un nuevo comienzo económico, y estas empresas están aquí para acompañarte en cada paso del camino.

No importa cuán abrumadora pueda parecer tu situación financiera en este momento, siempre hay esperanza y soluciones disponibles. Las empresas especializadas en la Ley de Segunda Oportunidad en España están listas para brindarte el asesoramiento y la ayuda necesaria para superar tus dificultades y construir un futuro financiero sólido.

¡No esperes más y toma el control de tus deudas! Contacta a Debify, Deudafix o Repara tu Deuda, las tres mejores empresas de la Ley de Segunda Oportunidad en España, y da el primer paso hacia una nueva vida financiera llena de oportunidades.

Recuerda que siempre es recomendable investigar y comparar diferentes opciones antes de tomar una decisión final. Consulta opiniones de otros clientes y evalúa cuál de estas empresas se ajusta mejor a tus necesidades y objetivos.

¡No pierdas más tiempo y comienza tu camino hacia la libertad financiera hoy mismo!

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Escuela de Paralegals en España, con el objetivo de formar a paralegals o profesionales de apoyo a abogados, y cubrir una necesidad del mercado legal.

Carlos Guerrero, CEO de Attolón afirma que, “La misión de Satturno es crear los mejores programas de especialización para que los paralegals puedan prestar servicios para departamento jurídicos de empresas, otros despachos de abogados o incluso en otras ALSP. Los paralegals son recurso esencial para cualquier empresa de servicios jurídicos y con una gran demanda en el mercado actual. Los programas que hemos lanzado son en remoto, presenciales y mediante Bootcamps, con el objetivo que los alumnos aprendan trabajando”.

Algunos de los programas que Satturno ha confeccionado son los relacionados con los servicios de societario o secretarías jurídicas, contratación mercantil, concursal, compliance penal y litigios. La metodología de la formación se caracteriza por aprendizajes prácticos, microlearnings con herramientas legaltech enfocados a las necesidades reales del sector y dirigidos a personas que quieran desarrollar su carrera profesional en el sector legal.

Cursos ya disponibles en Satturno, escuela de paralegals

Curso de secretarías jurídicas de sociedades mercantiles

Curso de derecho concursal y ley de la segunda oportunidad

Curso compliance penal

Bolsa de Trabajo para paralegals

Las empresas y despachos de abogados ya pueden inscribirse en la Bolsa de Trabajo de Satturno, escuela de paralegals. Y si ya eres paralegal, inscríbete en nuestra comunidad de paralegals para que recibas Alertas de Empleos para Paralegals.

Más información:

Satturno, Escuela de Paralegals

info@satturno.es

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“El movimiento LegalTech ha encontrado en España y en sus profesionales vinculados a esta tecnología un ecosistema alternativo al modelo anglosajón que sigue liderando esta actividad, aunque las distancias se han reducido notablemente”, comenta Albert Ferré, vicepresidente del Global Legal Tech Hub.

En su opinión, “nuestro mercado es enorme, frente a los entornos alemán, francés o italiano que son más reducidos. En nuestro caso tenemos la salida natural a América Latina, con trescientos millones de usuarios, explica quien cree que el salto cualitativo será cuando esta tecnología irrumpa en el B2C y surjan plataformas como reclamador.es o LexGoApp”.

De esta forma “los ciudadanos tendrán claro que la justicia no es solo el procedimiento tedioso de pasar por un juzgado, sino que hay otros sistemas de acceso a la justicia gracias al uso de la tecnología que ayudara a que los asuntos se resuelvan antes. No podemos olvidar que la justicia es el pilar de la democracia”.

Global Legal Tech Hub creada hace cuatro años que aglutina cerca de 300 operadores del sector legal, organiza el próximo 30 de noviembre un evento que convierte a Madrid en la capital mundial del LegalTech con la celebración del Global LegalTech Hub Day 2022 (GLTHDay), el mayor evento híbrido mundial del sector legal que se ha celebrado en España hasta la fecha.

La cita, que contará con mesas redondas y conferencias de los profesionales internacionales más destacados en la materia, tendrá un formato presencial y online con la emisión internacional de contenido durante 24 horas de forma ininterrumpida.

“El objetivo del GLTHDay 2022 es conectar con profesionales de todos los continentes para visibilizar el gran momento que atraviesa el LegalTech. Se trata de crear un ecosistema a nivel mundial.  Queremos marcar los hitos de 2023 en tecnología aplicada a la empresa y dedicar el día a lo que será el futuro”, comenta

En su opinión “hay que darse cuenta que en el concepto de LegalTech, ese Legal es local y esa Tech tiene carácter internacional. Necesitamos un Globa Legal Tech Hub que junte todo el conocimiento que hay en el mundo para evolucionar más rápido en este entorno tecnológico”.

“El éxito de las organizaciones dependerá, en gran medida, de qué hacen con las personas cuando llega la tecnología y hablaremos de soluciones. Hoy ponemos la primera piedra de lo que será el mayor evento que se ha celebrado España hasta la fecha en esta materia”, apunta Ferré, vicepresidente del Global LegalTech Hub.

Hay un LegalTech español

Albert Ferré se muestra convencido de que hay un LegalTech español que está definido por “esta centrado ahora en el B2B, comercio electrónico, en dar soluciones a despachos medianos o grandes y sobre todo en campos muy especializados de este sistema jurídico uno de los más complejos que existen en la actualidad.  Asi tenemos desde gestores de conocimiento, editoriales jurídicos o sistemas para tomar mejor decisiones”.

En su opinión este LegalTech español “tiene una gran posibilidad en el mercado latinoamericano por lengua y cultura que tendrá que aprovechar. Frente a ello está un incipiente sector de B2C en nuestro país donde hay plataformas interactivas que conectan los abogados con sus clientes”.

A su juicio “sin el uso de estas herramientas LegalTech un despacho o cualquier organización jurídica no puede ser competitivo y a medio plazo no va a sobrevivir”.

La cita contará con ponencias internacionales online de más de 50 profesionales reputados de todo el mundo que debatirán sobre la evolución del sector en Europa, Latinoamérica, Norteamérica, África, Oriente Medio y Asia-Pacífico.

Para Ferré en estos cuatro años el entorno LegalTech ha cambiado de forma notable “la velocidad de los cambios ha sido notable y la pandemia, junto con el esfuerzo de muchos profesionales han ayudado a crear un ecosistema LegalTech que se está consolidando”.

En esos dos años de restricciones provocadas por el Covid19 “la tecnología fue el elemento clave para los operadores jurídicos siguieran operativos, tanto a nivel de teletrabajo como del desarrollo de herramientas tecnológicas para ser más eficientes y mejorar la relación con los clientes”.

Este jurista, con formación tecnología, volcado en el mundo de la responsabilidad civil a través de su propio despacho de abogados, al que ha ido incorporando herramientas LegalTech para hacerlo más competitivo desde el 2016 con tecnología para automatizar contratos y realizar presupuestos.

En este Global Legal Tech Hub coexisten todo tipo de operadores jurídicos en el que los despachos de abogados ya son un porcentaje importante “cerca de un centenar que son de todo el mundo, tanto de Europa como de otros continentes. El inicio de la plataforma fue con 19 socios españoles. Actualmente el 60% del hub tiene carácter internacional.

Saber elegir herramientas LegalTech

Desde su punto de vista explica que a nivel de herramientas hay dos grandes corrientes “una primera que tiene que ver con las herramientas que se pueden conectar con otras, las que se llaman Open IT y que buscan que se puedan conectar con el resto de herramientas que uno tiene”.

Al mismo tiempo advierte que “hay otras herramientas que siguen en el concepto de estar cerradas, como si fueran más seguras en la realidad. Ambas son utilizadas por diferentes operadores jurídicos y despachos de abogados “.

A su juicio “vamos a asistir a una labor de curación de las soluciones LegalTech. Porque el sector va a seguir evolucionando, asi lo han hecho las firmas digitales y asi están evolucionando las herramientas y así van a seguir su desarrollo para lograr pruebas en el entorno digital. Todo eso evoluciona a un ritmo increíble. El tema de la prueba va a ser uno de los elementos claves en los próximos meses”.

Para este experto “es fundamental elegir la tecnología adecuada para tu despacho o actividad legal que uno va a poner en marcha. Esa elección hay que hacerla viendo nuestras necesidades, sin que tengamos que estar influenciados por lo que haga nuestra competencia”.

Desde su punto de vista el primer paso en muchas organizaciones del uso de la herramienta LegalTech “tiene que ver con la digitalización de la firma y la eliminación del papel de las mesas de los abogados. En mi despacho ya hicimos este esfuerzo en el 2018”, aclara Albert Ferré.

Un evento dinamizador del LegalTech

El evento, cuyo comité organizador está formado por las expertas en la materia, Laura Fauqueur (Legal Shake), Sara Molina (Deloitte Legal) y Raquel García (Clifford Chance), se centrará en dos pilares fundamentales: las personas y los departamentos jurídicos internos de las grandes corporaciones.

 Otra de las novedades para este año será la introducción del sector legal en el metaverso, las ventajas únicas que ofrece este nuevo entorno virtual para las firmas y los nuevos nichos de mercado que abre.

Los organismos aliados de este evento son Women in a Legal World y la Fundación Mutualidad de la Abogacía. Durante la rueda de prensa de presentación, Marlén Estévez, Socia en Roca Junyent y presidenta y fundadora de Women in a Legal World (WLW) señaló que “nuestro sector se está transformando profundamente y esa transformación pasa por las personas y la tecnología.

 No solo está pasando en España, sino también a nivel global. Este evento no puede ser mejor por el momento y por su objetivo. Nosotras, en WLW, como impulsoras del talento en el sector legal, estaremos allí para fomentar cuatro pilares esenciales para nuestra organización: visibilidad, educación, influencia y liderazgo”.

Por su parte, Iván Jiménez Rivero, responsable de Transformación e Innovación de Mutualidad de la Abogacía, recalcó durante el encuentro que “nuestro país está siendo referente en el mundo startup y el sector legal, con tan buena materia prima, tiene que estar ahí. La innovación es la siguiente palanca para hacer una transformación total. Estamos por y para los abogados autónomos, legal counsel y despachos que necesiten servicios tecnológicos en su día a día que les hagan más competentes y, por eso, sin duda, estaremos en esa transformación”.

Además, en esta edición se estrenará la Global Legaltech Hub Week (GLTHweek), evento inédito que se desarrollará en Madrid del 23 de noviembre al 2 de diciembre. Igualmente, será híbrido con un formato presencial y online.

Durante una semana llena de eventos y conferencias, los asistentes conocerán las últimas tendencias del LegalTech de la mano de socios estratégicos y expertos internacionales, gracias a los más de 300 partners internacionales que actualmente tiene por todo el mundo el Global Legal Tech Hub.

Para Ferré la elección de Madrid como piedra angular del GLTHday y de la GLTHweek responde a su liderazgo como capital mundial para el sector legal nacional e internacional. Además, su privilegiada posición geográfica sitúa a la ciudad como un hub de conexión global y la puerta de entrada a Latinoamérica.

Por @LuisjaSanchez, periodista jurídico

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Los datos revelan que a medida que el país entra en recesión el número de despidos se van incrementando en nuestro país, tanto a nivel individual como colectivo. En este contexto Estela Martin, abogada y directora de comunicación de SincroGo, analiza los principales focos que ya se visualizan a nivel de extinción de contrato.

“En primer lugar, a nivel individual, se incrementan dichas extinciones en los contratos indefinidos por no superar el periodo de prueba, vamos a acabar viendo sentencias sobre esta cuestión sobre un posible uso fraudulento o torticero del periodo de prueba, aunque en principio estas extinciones se presumen lícitas, la subida está siendo fuerte. De momento no hay pronunciamientos judiciales”.

Esta experta recuerda que en pandemia hubo una sentencia del Supremo que consideró que computan a efectos del ERE las extinciones por no superar el periodo de prueba al entender que se habían extinguido para eludir el trámite del ERE, Ahí el Supremo (TS 23 de septiembre de 2021) sentenció que las extinciones por no superar el periodo de prueba computan a efectos de un ERE si se usan de modo fraudulento. “No descarto que este criterio se aplique a las extinciones individuales, pero habrá que estar muy pendientes de las resoluciones que pueda haber”.

Estela también recuerda las últimas declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo Yolanda Díaz que apuesta por recuperar el control de los ERES por parte de la inspección de trabajo y seguridad social en el caso que se incrementen los despidos colectivos.

” Esta ya fue una actividad que tuvimos antes de la reforma laboral del 2012. El problema es que los medios de la inspección no son ilimitados con lo cual habrá que ver si realmente pueden hacer ese control que la ministra reclama”.

Nuestra interlocutora señala que la actual reforma laboral en materia de despidos no introduce grandes cambios “habrá que ver cómo entienden los tribunales las extinciones de los nuevos contratos temporales y cuáles se consideran que esa extinción equivale a un despido improcedente por fraude de ley. Es el caso de las causas previsibles versus imprevisibles en estos contratos temporales”.

Para esta jurista “otro foco de problemas será la extinción de los contratos fijos discontinuos, ahora el contrato más importante en esta reforma laboral. No quedan claros los límites entre el contrato fijo ordinario y el fijo discontinuo y habrá que ver cómo se calculan las indemnizaciones de estos nuevos contratos que va a ser problemática. En el caso que no se produzca llamamiento se entenderá que hay despido”.

Un manual necesario

Estela Martin forma parte del grupo de juristas que ha publicado “Tratado práctico del despido”.  El libro aborda desde una perspectiva integral todos los aspectos relativos a la extinción del contrato y sus posibles causas tras la Reforma Laboral (RD-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo).

El libro, dirigido por el profesor de la Universidad Jaume I de Castellón, Francisco Trujillo, ha contado con la participación de distintos expertos en los ámbitos laboral, fiscal y de Seguridad Social y tiene como objetivo convertirse en el manual de referencia para todos los interesados (sean o no expertos) en el ámbito laboral.

Cuestiones como la extinción de los contratos temporales tras la Reforma Laboral, los problemas derivados de la extinción del contrato por no superación del periodo de prueba al no modificarse su regulación, los tipos de despido y su problemática y otras cuestiones como la reclamación al Estado de los salarios de tramitación, la vigilancia en el lugar de trabajo y especialidades por el nivel de protección y por tipo de actividad se abordan de una manera rigurosa y exhaustiva.

Para el profesor Trujillo “Este obra se compone de ocho partes diferenciadas (divididas a su vez en diecisiete capítulos), donde podrá encontrar respuestas jurídicas a multitud de problemas que se derivan de la imperfección técnica que, en ocasiones, se deriva del conjunto de la normativa laboral española que regula el despido.

El contrato de trabajo puede extinguirse pero no existe una causa unívoca para extinguir el contrato, de ahí que la obra se adentre en una panorámica general de todas ellas, marcando claramente la diferencia a los supuestos en que la ruptura del vínculo contractual proviene de un hecho con relevancia jurídica pero ajeno a la relación laboral en sentido estricto, así como de aquellos en los que el cese de la relación proviene de la decisión de las partes, ya sea unilateral o tomada de mutuo acuerdo. .

 Con apoyo a múltiples referencias jurisprudenciales y, a su vez, de formularios prácticos para todo interesado en la gestión y tratamiento del despido, el elenco de autores, expertos en la materia, analizan pormenorizadamente a lo largo de las ocho partes esta problemática.

Así abordan: el despido disciplinario, el despido objetivo, el despido colectivo, la extinción en el procedimiento concursal, las obligaciones y efectos comunes de la institución, otras formas por las que el contrato de trabajo se puede extinguir, determinadas particularidades del despido para colectivos especiales y el régimen fiscal del despido.

Prohibido despedir, cuestionado

Al mismo tiempo esta jurista recuerda una sentencia reciente de la Sala Social del Supremo sobre la prohibición de despedir durante la etapa del COvid19 “era algo complicado de ejecutar en la práctica. Desde que entró en vigor el RDLey 9/2020 desde SincroGo señalamos, como lo ha hecho ahora el Supremo que estos despidos deberían declararse improcedentes porque su jurisprudencia ya había señalado que los despidos sin causa eran improcedentes, pero no nulos”.

Esta jurista recuerda que hemos tenido sentencias dispares “tanto de los juzgados de lo social como de los propios TSJ; ahora el fallo de la Sala Social no nos sorprende y viene a reforzar nuestras tesis en esta materia. Si querían que los despidos fueran nulos, lo lógico es que lo hubieran establecido expresamente en el propio RDLey antes citado. Lo que hizo fue proteger el despido y convertirlos en improcedentes, pero al no disponer expresamente que conllevaban la declaración de nulidad, era lógico entender que no cabría tal declaración

Sobre la problemática de los despidos en nuestro país, Estela recuerda que “si no hay causa será declarado improcedente, solo seria nulo en el caso de trabajadores especialmente protegidos para el despido, como por ejemplo trabajadores embarazadas, con guarda legal, de baja por paternidad…  Las empresas que despidan sin causa verán que esos despidos son improcedentes”.

En este contexto “hay un mecanismo que utilizan muchas empresas cuando la causa no esta acreditada de pactar la improcedencia en conciliación, un paso obligatorio cuando se produce un despido. De hecho, muchos despidos disciplinarios se zanjan en conciliación donde la empresa reconoce el despido improcedente”.

A su juicio “no hay una especial dificultad en realizar estas extinciones de contrato, otra cosa es que a la empresa le resulte algo más caro de lo habitual. Si hablamos de un trabajador blindado ante el despido, como en los casos antes citados, este solo puede ser declarado nulo o procedente; no cabe la improcedencia. Y si no hay causa será declarado nulo”.

Tipología de despidos

Este despido nulo “tiene la misma indemnización que si fuera improcedente, es decir a razón de 45 días antes de la reforma laboral del 2012 y de 33 días por año para trabajadores contratados a partir de esa fecha. Al mismo tiempo la nulidad comporta el pago de salarios de tramitación que en muchos casos su importe puede ser superior a la indemnización por despido y la readmisión del trabajador”.

Respecto al despido improcedente “la indemnización es la misma que en el despido nulo, lo único es que aquí la empresa elige entre indemnizar o readmitir al trabajador salvo que hablemos de los representantes de los trabajadores que en ese caso eligen entre esa indemnización o la propia readmisión. Aquí no hay salarios de tramitación (salvo que se trate de representantes de los trabajadores)”.

En cuanto a los despidos objetivos “se producen por causas económicas, técnicas u organizativas o productivas, que si superan determinados umbrale hay que recurrir al ERE (despido colectivo). Este despido tiene aparejada una indemnización de 20 días por año trabajado. Hay que acreditar las causas de dicho despido que puede ser incluso una mezcla de varias causas”, aclara.

Sobre el despido disciplinario “se debe a un incumplimiento por parte del trabajador. Las causas están tasadas en la normativa, se habla de haber quebrado la buena fe contractual, embriaguez en el trabajo, por falta de asistencia al puesto de trabajo de forma injustificada…. Ahí el trabajador puede recurrir ante el despido en la vía judicial. El paso previo es la conciliación para saber si se va a juicio o no”.

En este supuesto Estela señala que “cuando la empresa no tiene causa para despedir muchas veces en conciliación la empresa ofrece la indemnización de un despido improcedente para así resolver este asunto”.  El despido disciplinario no lleva aparejada indemnización. Para poder cobrar indemnización, el trabajador tiene que recurrir el despido.

“Cuestión distinta es que en conciliación se pacte la improcedencia del despido. Y si no hay acuerdo en conciliación (sin avenencia) el trabajador deberá recurrir a los tribunales. Si el juez, en su caso, considera que la causa no está acreditada, el despido será declarado improcedente (a salvo de los supuestos donde quepa declarar la nulidad) y el trabajador tendrá derecho a percibir la indemnización correspondiente”, indica

Despedir la última medida

Esta jurista recuerda que los empresarios utilizan el despido en sus diferentes modalidades cuando los problemas de la empresa son notables y las medidas de flexibilidad, ya comentadas en este blog no son suficientes

 “Nadie despide por capricho. Para realizar un despido tiene que haber unas causas y hay que acreditarlas. El trabajador siempre podrá recurrir. En el caso de que sea improcedente o nulo la empresa tendrá que asumir las consecuencias”.

A su juicio las claves para una buena gestión de un despido pasan por “en primer lugar, cumplir los requisitos formales al redactar la carta de despido tanto en un despido objetivo como disciplinario. En el caso que no se logre ese despido será declarado como improcedente”.

Otro elemento que ve clave es “el proceso de comunicación de ese despido al trabajador y sus requisitos formales. En el caso de despido colectivo es importante la comunicación interna de ese ERE porque puede impactar en el clima laboral de la compañía. Se trata de explicar las causas y de dejar claro que la empresa seguirá operativa. Esta comunicación es clave en todo el proceso del ERE”.

En el caso de empresas grandes, esta jurista recuerda que” también habrá que gestionar la comunicación externa de muchas de ellas. Ahora con las redes sociales que todo se hace viral es importante esa comunicación hacia terceros”.

Al mismo tiempo en los despidos colectivos “en el caso que existan representantes de los trabajadores, la empresa tiene la obligación de negociar de buena fe, cumplir todos los requerimientos de dichas negociaciones que suelen ser complejas. Son procesos largos que no se toman de un día para otro y que las empresas deben asesorarse bien. El ERE es la última alternativa para las empresas que han estudiado otras posibilidades de reestructuración interna”.

La entrada Gestión de despidos: Algunas claves para que no se conviertan en un quebradero de cabeza para las empresas se publicó primero en LexGoApp Blog.

“Es importante dedicarle tiempo a tus clientes y asumir aquellos proyectos que realmente puedas asumir. El trabajo se ha incrementado estos años con la entrada en vigor del RGPD Europeo y la nueva LOPDGDD española. Ahí les decimos a nuestros clientes que no bajen la guardia y que mantengan la proactividad de demostrar que respetan la normativa actual”.

Para esta abogada experta en privacidad “los clientes tienen cierto temor ante lo que se avecina.  Es posible que asistamos a una ralentización del mercado. Es muy peligroso tener esa mentalidad negativa, aunque a nivel de cumplimiento normativo en materia de privacidad no puedes bajar los brazos”.

A su juicio, tras la entrada en vigor del RGPD en mayo del 2016 “ya tenemos un camino recorrido para saber qué realmente piden los reguladores de protección de datos en España la AEPD en materia de protección de datos. Hasta el momento nuestro regulador ha sabido imponer sanciones proporcionadas a las pymes y más cuantiosas a las grandes compañías”.

Paz nos aclara que “la exigencia de cumplimiento es la misma pero el contexto es diferente y la sanción igual. Esto implica que las organizaciones no se puedan relajar ni siquiera en verano en este tipo de actividad. Todas están obligadas a seguir la ley y a demostrar el principio de proactividad del RGPD que habla de que podemos demostrar que seguimos la normativa vigente de privacidad”.

Una de las primeras cosas que hay que saber es que la AEPD en nuestro país actúa por denuncia que recibe “las reclamaciones que recibe aumentaron un 35 por cien en el 2021, unas 14000. Las más planteadas con mayor frecuencia por los ciudadanos corresponden a servicios de internet, videovigilancia, recepción de publicidad e inserción indebida en ficheros de morosidad”.

Por sectores esta jurista nos aclara que “las áreas de actividad con mayor importe de multas impuestas son la publicidad, telecomunicaciones, entidades financieras/acreedoras, ficheros de morosidad, contratación fraudulenta y asuntos laborales, que aglutinan más del 90% de la cifra global de sanciones”.

En cuanto a los motivos de denuncia más habitual “se centran en realizar tratamientos de datos sin el consentimiento del afectado que luego denuncia a la AEPD; o un mal tratamiento de datos; las pérdidas de confidencialidad lo que supone que hayan aparecido los datos en cualquier lugar, bien porque la entidad sufrió una brecha de seguridad o un descuido en ese tratamiento y en tercer lugar las comunicaciones o falta de transparencia. Se recogen los datos para finalidades concretas, pero no le dice al cliente que le está haciendo un perfilado exhaustivo de mis hábitos de compra”.

Al final, nuestra interlocutora señala que “el ciudadano tiene conciencia de sus propios datos y lo que quiere es transparencia absoluta. Quiere saber que se hacen con sus datos. Lo que no queremos es que sin conocerlo nos hagan, como muchas entidades financieras lo hacen, análisis de solvencia, trajes a medida o pronósticos de si somos merecedores de un seguro. Todo eso nos lo tienen que contar. Eso hace que se generen muchas denuncias”.

Respetar un derecho fundamental

Para esta jurista “es evidente que hay mayor conciencia por parte de los ciudadanos de respetar este derecho fundamental. La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental reconocido en los artículos 18.4 de la Constitución española, 8.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europa”.

Este derecho fundamental implica a juicio de esta jurista “que somos soberanos de nuestros datos. Las empresas deben cumplir con la normativa vigente, una cuestión que tampoco es demasiado complicada si cuentan con los medios y los profesionales adecuados que gestionen esos datos. Eso no quita que en determinadas ocasiones se produzcan fallos en la organización y tengamos que afrontar un requerimiento de la AEPD”.

Desde su punto de vista, “recibir un requerimiento de la AEPD, habitualmente por sede electrónica, que es el mismo camino que siguen las notificaciones de la AEAT requiere un tratamiento especial en su gestión. Si la empresa tiene un Delegado de Protección de Datos (DPD) lo recibirá ese profesional en su dirección electrónica. Todavía es sorprendente que haya empresas que no contesten a dicho requerimiento lo que abre la puerta directamente a que seamos sancionados”.

Sobre dichos requerimientos “son muy parecidos en su estructura y redacción. Normalmente te dicen lo que ha pasado y que tienes una denuncia de alguien externo que se queja que sus datos personales no se han utilizado de la forma adecuada. Desglosan en el comunicado una serie de cuestiones que te reclaman para comprobar si has cometido esa infracción”.

A este respecto, recuerda que “pueden pedirte el registro de actividades de tratamiento que debes tener operativo, sobre la actividad que versa la denuncia en cuestión. Si la persona se queja que no se han garantizado ciertos derechos como el de supresión, te piden que expliques lo que ha sucedido, aunque puede convertirse en un procedimiento de tutela de derechos”.

Al final, con este tipo de requerimientos “la empresa puede demostrar que tiene la documentación al dia y que está haciendo las cosas conforme a lo que marca la normativa de protección de datos, que hacemos nuestra labor de informar a nuestros trabajadores de que tenemos una política activa de privacidad y respetamos su derecho a la intimidad”.

Habitualmente la respuesta de la AEPD “en el caso que recibas un requerimiento tienes un plazo de un mes para contestar al mismo, con posterioridad nuestro regulador contesta de nuevo en un plazo detallado parecido. Ahí sabremos si esas investigaciones se archivan o si se abre un procedimiento sancionador donde volveremos a plantear alegaciones”.

Paz es partidaria de “contestar de forma detallada a lo que nos pidan. Es muy importante en este tipo de situaciones que estemos asesorados por un abogado/a experto en privacidad que entienda lo que nos piden desde el regulador para que la respuesta sea lo más precisa posible”.

Precisamente “si la respuesta es lo suficientemente adecuada podremos desmontar esa denuncia y previsiblemente esa reclamación se archivará. En muchos casos si hay indicios es posible que tengamos una infracción, lo importante será que ese impacto sea el menor posible para nuestra compañía”.

De alguna manera el contestar a ese requerimiento de la AEPD “supone demostrar ese principio del RGPD que es el de responsabilidad proactiva o de accountability. Se trata de demostrar nuestra proactividad antes citada porque nuestra empresa cuenta con su plan de seguridad; con un DPD que gestiona la política de privacidad y podemos demostrar que a la persona que nos denuncia le contestamos adecuadamente en su momento”.

Gestionar bien relaciones con la AEPD

“En el caso que haya un incumplimiento se trata de minimizar dicho impacto en la privacidad de las personas. Todavía no hay procedimiento sancionador y nos piden información por algo que ha sucedido. Tenemos la oportunidad de ratificar que no hemos hecho nada malo, pero si realmente cometimos un error hay que procurar minimizarlo al máximo”.

Tras esa fase de investigación previa “desde la propia AEPD se decide si hay que abrir un procedimiento sancionador o se archiva realmente. En otro sentido, la AEPD suele contestar a esa investigación que se puso en marcha en su momento, por tanto, nunca nos encontraremos con ningún tipo de silencio administrativo que nos confunda”, apunta.

“En el caso que siga el asunto adelante se inicia un expediente sancionador donde la empresa podrá presentar sus alegaciones al tema en cuestión. Esas alegaciones tienen que ir en la dirección de que no ha habido incumplimiento que la propia AEPD señala y si hay incumplimiento minimizar la sanción con distintas justificaciones. Todo depende del caso en cuestión y de la gravedad de los hechos y del volumen de los datos tratados”.

Cuando se tiene la notificación de la sanción “hay un periodo voluntario de pago que como todas las sanciones administrativas supone un descuento del 20% del importe total de dicha sanción.  Al mismo tiempo El apartado 4 del artículo 76 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de

Protección de Datos garantiza que aquellas sanciones de más de un millón de euros a personas jurídicas se publiquen en el BOE”.

Frente a este escenario, “la empresa puede recurrir en recurso de reposición a la AEPD sobre dicha sanción que no suele tardar mucho en resolver.  Hay un plazo de un mes para interponer ese recurso y dos para ir a la Audiencia Nacional, vía judicial. Lo normal es interponer casi de forma simultánea los dos recursos a la vez para que no se pase el plazo”.

Paz señala que “habitualmente la AEPD se mantiene en sus criterios y el recurso no se suele estimar. Sirve para poco reclamar.  La última solución es acudir a la Audiencia Nacional y su jurisdicción contenciosa que más o menos en el plazo de un año confirmará o no la sanción. De momento tiene un porcentaje elevado de confirmar las sanciones de la AEPD”.

Esta jurista nos aclara que “en el recurso que se plantea ante la Audiencia Nacional se puede aportar nuevas pruebas. Es un procedimiento donde se vuelve analizar todos los hechos que se han producido y plantear pruebas e informes periciales que puedan ayudar a defender la tesis de la empresa de que no hubo la infracción que la AEPD plantea”.

Sobre la reincidencia de la compañía en determinadas cuestiones, esta experta señala que “las multas podrán ser elevadas porque se demuestra que la empresa no tiene un mecanismo eficaz para garantizar los derechos de terceras personas. Si es la misma reclamación es evidente que algo estamos haciendo mal y que la sanción de la AEPD será más cuantiosa”.

Por @LuisjaSanchez, periodista jurídico y Paz Martin, experta en privacidad y socia y directora de Legal Things Abogados.

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Para Francisco Perez Bes, socio de derecho digital de Ecix Group y exsecretario general de INCIBE, “es muy difícil poder prevenir un intento de suplantación de nuestra identidad en Internet, siendo un riesgo al que todos estamos expuestos. Lo importante es actuar con rapidez cuando nos enteramos de que se está produciendo un intento de suplantación, al objeto de evitar las consecuencias para nuestra reputación y, en ocasiones, para nuestras finanzas”.

Existen indicios que pueden alertarnos de un intento de suplantación, tanto a nuestra persona como a nuestra empresa. Así, por ejemplo, “si detectamos que se da de alta una cuenta en redes sociales similar a la que tenemos, o que usa nuestro nombre o imagen, deberemos estar alerta, pues puede tratarse de un intento de usarla ilícitamente  por ejemplo, para intentar contactar con nuestros clientes con fines fraudulentos”.

Gestionar una situación de este tipo suele, también, ser complicado. “Afortunadamente cada vez hay más tecnología que nos permite imagen sin consentimiento, o que intentan confundir a los usuarios en cuanto a su verdadera identidad”.

Para reconducir este tipo de situaciones “lo más efectivo es contactar con la plataforma que aloja esa cuenta, en la confianza que tengan un protocolo de gestión de este tipo de situaciones”.

“En la mayoría de los casos, dado que esas plataformas no son españolas, se incrementa la dificultad de ese proceso de cierre de cuentas suplantando la identidad de terceros, y es, desgraciadamente, cada vez más habitual que sus algoritmos rechacen la existencia de cuentas fraudulentas, alegando que no incumplen sus términos y condiciones”, comenta

En este contexto recomienda “denunciar tal suplantación ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fiscalía si es delictivo o si se trata de actos preparatorios, como pudiera ser un phishing”.

Desde su punto de vista “el factor tiempo es clave para evitar que cualquier suplantación de identidad nos genere un daño irreparable. Una de las claves es el rastrear y monitorizar lo que se dice de ti en Internet”.

Hay sectores que, desde hace tiempo, vienen usando este tipo de tecnologías para evitar riesgos de suplantación, por ejemplo, las compañías financieras, que también registran nombres de dominio con variedades del original para tratar de dificultar el uso inconsentido de su marca. “Eso le permite actuar de forma preventiva”, comenta.

Para este jurista “se trata de utilizar esas herramientas tecnológicas que permiten identificar, en tiempo real, que alguien está intentando suplantarte para evitar que logre su objetivo. Es una de las maneras más eficaces que existen actualmente para poder frenar este tipo de prácticas”, añade.

En su opinión “siempre es recomendable registrar defensivamente tu nombre o marca en distintas plataformas, y realizar búsquedas en redes sociales como twitter o linkedin, por ejemplo, para identificar si hay cuentas que usan tu nombre o tu   imagen sin consentimiento, o que intentan confundir a los usuarios en cuanto a su verdadera identidad”.

Para reconducir este tipo de situaciones “lo más efectivo es contactar con la plataforma que aloja esa cuenta, en la confianza que tengan un protocolo de gestión de este tipo de situaciones”.

“En la mayoría de los casos, dado que esas plataformas no son españolas, se incrementa la dificultad de ese proceso de cierre de cuentas suplantando la identidad de terceros, y es, desgraciadamente, cada vez más habitual que sus algoritmos rechacen la existencia de cuentas fraudulentas, alegando que no incumplen sus términos y condiciones”, destaca.

En este contexto recomienda “denunciar tal suplantación ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fiscalía si es delictivo o si se trata de actos preparatorios, como pudiera ser un phishing”.

Desde su punto de vista “el factor tiempo es clave para evitar que cualquier suplantación de identidad nos genere un daño irreparable”.

Un problema de difícil solución

Este jurista reconoce que estamos ante un problema complejo que no es fácil de solventar “las redes sociales no han mostrado mucha colaboración ante esta lacra. Ahora hay esperanzas renovadas con la nueva directiva aprobada por la Comisión Europea, la Digital Services Act  (DSA) y la Digital Markets Act (DMA) que, en cierta manera, puede ayudar a que los market places o plataformas digitales asuman una mayor responsabilidad ante este tipo de supuestos. O, incluso, la nueva directiva NIS2 si este tipo de actuaciones pueden estar relacionadas con intentos de ciberataques”.

En su opinión la normativa en preparación quiere regular la nueva problemática que hay en Internet, entre ellos este tipo de situaciones “Se trata de reclamar a las plataformas una mayor diligencia en este tipo de actuaciones. Europa les va a exigir mayores requisitos de prevención y cumplimiento, al objeto de dotar de mayor protección a los usuarios y a las propias empresas”.

Al final esta regulación “trata de mejorar la actividad del comercio electrónico y dificultar la comisión de posibles fraudes; mejorar las relaciones de los consumidores con las plataformas y, en cierta manera, tratar de dar solución a toda una serie de demandas que los profesionales del derecho digital venimos exigiendo desde hace tiempo”.

“En cierto modo se reabre el viejo debate sobre la responsabilidad de las plataformas por no cerrar este tipo de cuentas irregulares, y se vuelve a hablar de otras vías de identificación en Internet. Sin embargo, no debemos olvidar que la otra cara de este debate es, desde un punto de vista jurídico, los límites a la libertad de expresión, asunto éste siempre complejo pero imprescindible”.

A su juicio “también el debate de la suplantación ha tomado más fuerza por culpa de las campañas de desinformación y la proliferación de cuentas bot, cuyo nivel de extensión de ha puesto de manifiesto con la controversia suscitada durante la oferta de compra de Twitter por parte de Elon Musk”.ç

 Todo ello ha vuelto a poner sobre la mesa la responsabilidad de las plataformas a la hora de disponer de canales adecuados para luchar contra las cuentas que incumplen la normativa de un determinado país.

En cuanto al uso de cuentas para acosar o calumniar a personas, este profesional reconoce las dificultades añadidas de lograr evidencias de quién es el responsable detrás de esas cuentas. Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se esfuerzan en su investigación, pero sin la colaboración de las plataformas, su tarea se torna muy difícil.

En cualquier caso, “hay que estar sensibilizados de la importancia y gravedad potencial de este tipo de prácticas, y estar preparados para poderlas gestionar lo antes posible, actuando con diligencia para evitar las eventuales responsabilidades y consecuencias negativas que genera este tipo de prácticas”

“Las empresas y os personajes famosos lo saben, y ya cuentan con profesionales que les asesoran y ayudan en la gestión de su reputación y de la protección de su marca. No obstante, no siempre son infalibles: “es evidente que la libertad de expresión ampara abrir cuentas similares a la de un tercero, o cuentas parodia. Pero debe quedar claro que son cuentas de titulares distintos, con una intención no delictiva”, destaca.

Otra cuestión “es que si bien la suplantación propiamente dicha no está penalmente reconocida, sí lo están las actuaciones que se desarrollen a través de esa cuenta, por lo que hay que estar muy atento a la actividad de tales cuentas, aclara”

Debate jurídico interesante

Este experto reconoce que hay un debate jurídico interesante ya que en España “la normativa de protección de la imagen y del honor, así como la de protección de datos personales, en ocasiones pueden ser herramientas eficaces en la lucha contra la suplantación de identidad”.

“Lo que sucede es que estas leyes son de aplicación territorial limitada, que determinadas plataformas no respetan porque aplica su normativa local, y sus términos y condiciones de uso”. No esperemos, por tanto, que, por ejemplo, la plataforma china Tik Tok vaya a ser un modelo de protección de la identidad de nuestros ciudadanos.

Este jurista insiste en la necesidad de gestionar bien la situación y resolverla lo antes posible “el factor tiempo es fundamental. La suplantación de identidad puede tener muchas consecuencias negativas sino se pone freno de manera conveniente. Hay que seguir luchando para evitar la actual sensación de impunidad, y tomar conciencia de que se trata de proteger nuestra imagen, reputación y marca personal, que es un activo cada vez más importante”

Pérez Bes recuerda que estas controversias ya las vivimos con las marcas y los nombres de dominio. La gente registraba como nombre de dominio marcas de terceros para intentar hacerse pasar por esa empresa o vender esa cuenta. Esa picaresca siempre ha existido, y en parte se resolvió con procesos extrajudiciales para la recuperación de dominios.

La suplantación también se ha convertido en un problema grave para el sector financiero, especialmente con el robo de credenciales de clientes En situaciones concretas “gracias a la ley de servicios de pago y a la jurisprudencia actual, en muchas ocasiones la entidad financiera responde del robo del dinero de esa cuenta, aunque sólo en determinadas circunstancias”. El seguro de la entidad, posteriormente, se hace cargo de dichos siniestros.

Responsabilidad de los bancos

Este jurista recuerda que “la entidad financiera tiene la obligación de diligencia de identificar a los clientes de una manera adecuada. Ahí entra todo lo que conocemos sobre la identificación del cliente durante el proceso de onboarding y el Know Your Client, la firma digital, las medidas de doble factor de autenticación, etc. Si las medidas fallan, el banco puede ser legalmente responsable y exigirle la reparación de los daños causados”.

Sin embargo “si mediante engaños, el titular de la cuenta es quien, voluntariamente, traspasa su dinero a la cuenta de un ciberdelincuente, la ley exime de responsabilidad al banco y será el titular de la cuenta quien deba asumir ese fraude”.

El debate social, político y jurídico sobre la identidad digital ha vuelto con más fuerza. Y, dentro de este, el de la lucha contra la suplantación de identidad.

Este jurista se pregunta si “¿Debería regularse en el código penal? ¿Deberían buscarse nuevas fórmulas de resolución de controversias en esta materia?

En su opinión, “habrá que esperar a la aplicación de las soluciones de las nuevas normativas europeas y, en su caso, a si el problema se torna socialmente más complejo y se requieren nuevas soluciones, similares al canal prioritario creado por la Agencia Española de Protección de Datos”.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico y Francisco Pérez Bes, socio de Derecho Digital de Ecix Group.

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En este compás de espera la actividad de esta boutique jurídica se ha centrado en resolver las dudas de muchos clientes, presentación de concursos de microempresas, así como resolver procedimientos de Segunda Oportunidad en los que en muchos de ellos había propiedades de por medio.

“No hemos parado porque la normativa actual de Segunda Oportunidad aún vigente es más beneficiosa en general para el deudor que la que acaba de aprobarse en el Congreso. Habrá que ver realmente cómo queda el texto publicado en el BOE y su aplicación práctica” comenta esta jurista

Otra cuestión que destaca esta experta es que “muchos de nuestros clientes tienen el anhelo de volver a empezar con un nuevo proyecto empresarial, sobre todo en autónomos y micro pymes. Quieren tener la garantía de que pueden volver a poner en marcha otro negocio”.

Como ya comento para este blog otro experto como es José Maria Puelles en esta materia había ciertos aspectos que había que mejorar en el proyecto de ley para potenciar la Segunda Oportunidad.

Por desgracia, estas cuestiones como son la sobreprotección del crédito público y la limitación del acceso a este mecanismo de exoneración de deudas, se han mantenido y va a hacer más restrictivo que muchos deudores puedan acogerse a este mecanismo para volver a empezar a hacer negocios.

“El proyecto de ley se aprobó el pasado 25 de agosto sin aceptar ninguna de las enmiendas que propuso el Senado. Ahora hay que esperar a la publicación en el BOE y a partir de ahí contar veinte días hábiles para que entre en vigor. Si se publicase el 1 de septiembre entraría en vigor la reforma concursal el 1 de octubre”, apunta Martin.

Para esta experta “la norma elimina el acuerdo extrajudicial de pagos que antes existía y se acude directamente a la vía judicial. La nueva ley modifica el plan de pagos de forma sustancial, ahora son tres años y en ocasiones se puede extender a cinco siempre y cuando el juez lo permita”.

Desde su punto de vista “esta es una reforma bastante restrictiva que limita las posibilidades del cliente. Para muchos expertos es una decepción porque muchos deudores pueden verse abocados a la economía sumergida si no pueden exonerar sus deudas como realmente tienen intención”.

El día después de la reforma

Esta jurista nos da las pautas para aclarar cuál va a ser el impacto de la reforma concursal en este régimen de Segunda Oportunidad, pese a que el texto normativo aun no se ha publicado “desde el final de la moratoria concursal se han precipitado las consultas y actividad de deudores”.

Nuestra interlocutora recuerda que este procedimiento de Segunda Oportunidad va dirigido “a empresarios, autónomos, particulares que se encuentran en una situación extrema por su fracaso empresarial para acogerse a este régimen. Buscan exonerar sus deudas por un proyecto que no funcionó por diversas circunstancias”.

Recuerda que el procedimiento se trataba “de buscar un calendario de pagos a través de un administrador concursal solicitando una quita y una espera, y, posteriormente, bajo la tutela del juez, lograr el BEPI. Los requisitos de acceso a la deseada exoneración eran más sencillos que lo que ahora se quiere poner en marcha y eso restringe el acceso”, apunta.

Este endurecimiento se observa en los conceptos de buena fe y temeridad “se modifica el concepto de plan de pagos, así como hay restricciones en la exoneración de deuda pública, ahora solo 10.000 euros de Hacienda y Seguridad Social, lo que hace que sea insuficiente”.

Buena fe y temeridad, elementos restrictivos

Para Martin “ahora se va a mirar con detalle el nivel social, la profesión y las circunstancias del endeudamiento. Son cuestiones que llaman la atención y habrá que ver como se plasma con cada demanda que hay que presentar en el juzgado individualizando cada caso de cliente”.

Sobre la temeridad “se ha hecho mucho ahínco en este tema por parte del legislador, esto nos obliga a nosotros como abogados de los deudores a preguntar realmente cuál es el origen de esa deuda y porqué solicita el nuevo (B)EPI. En este punto, esta mala fe y temeridad endurece el acceso al citado mecanismo de Segunda Oportunidad”.

Respecto a las mejoras constatables en esta reforma, Martín destaca que “se reducen mucho los tiempos, se limita la duración a 12 meses un procedimiento de este tipo, bajo la amenaza de posibles multas para los intervinientes en el procedimiento”.

Desde su punto de vista “esta iniciativa presupone que habrá una avalancha de concursos de personas físicas. Ya los últimos datos señalan que este tipo de concursos han superado al de las personas jurídicas”.

En la actualidad, la nueva reforma plantea “coexiste el concurso sin masa, rápido y aquel otro que conserva el patrimonio del deudor con el plan de pagos antes descrito que ahora será de tres años extensible a cinco”.

Hay que seguir pagando la hipoteca

Sobre el mantenimiento de la vivienda esta jurista recuerda que “al legislador ya no le vale que paguemos un par de cuotas, hay que llevarla siempre al corriente. Tanto en una vía como en otra se endurecen los requisitos que se demuestra mediante la demostración de la buena fe”.

En la actualidad “hay dos itinerarios”, aclara esta jurista

“Uno, más directo, donde se liquida toda la deuda existente incluido el crédito hipotecario, con lo cual se puede acceder a la exoneración del pasivo vía Segunda Oportunidad.”, comenta

“Luego, un segundo impulsado por el plan de pagos, sin necesidad a priori de liquidar el patrimonio del deudor acompañado de un calendario de pagos más acotado en el tiempo.”, destaca

“En este segundo escenario, lo mejor es no dejar de pagar el préstamo hipotecario si no se quiere liquidar la propiedad. En otros países como Francia o EEUU la vivienda no es ejecutable por deudas derivadas de la actividad empresarial”, comenta

La duda que queda por esclarecer es ese juego de la inembargabilidad, en relación a si “la Agencia Tributaria podría embargar la vivienda del deudor sabiendo que no se puede exonerar todo el crédito público con esta nueva reforma concursal. Habrá que ver como queda el texto y su aplicación práctica”.

En este nuevo escenario la presentación telemática va a ser clave y se plantea como una novedosa alternativa “el problema es que ya conocemos las deficiencias informáticas de la administración de justicia. En el caso de las micro pymes se estima que no estará operativo el sistema hasta el próximo 1 de enero del 2023”.

Ahora se espera la publicación del texto normativo aprobado en el BOE” es evidente que todos los abogados, tanto lo que representamos a deudores como los que trabajan en entidades bancarias o defienden a algunos acreedores tienen sus dudas sobre la aplicación de la norma”.

Por @LuisjaSanchez Periodista jurídico.

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 No hay día que bufetes como el que dirige Delia Rodriguez, Vestalia Abogados de Familia, tenga una consulta sobre qué opciones hay de cambios en el convenio regulador o sentencia de una pareja divorciada.

Para esta jurista “hay consultas que plantean simplemente la posibilidad real de divorciarse o separarse. La verdad es que hay familias que se lo piensan dos veces antes de separarse o divorciarse de su pareja en este escenario de recesión económica. Este proceso acarrea gastos importantes que no todo el mundo se puede permitir en la actualidad”.

Al mismo tiempo la letrada destaca que el papel del abogado de familia en este tipo de contextos es el de advertir a su cliente de lo que puede avecinarse en un futuro más o menos inmediato.

“Un buen abogado de familia procura asesorar para evitar, en la medida de lo posible, problemas futuros. Muchas veces me encuentro con convenios reguladores que se han firmado “deprisa y corriendo”, obligando a una de las partes a cumplir unas condiciones por encima de las posibilidades”.

A este respecto señala Delia que “en algunos de estos convenios hay pago de pensiones de alimentos o compensatorias que no son realistas, ni justas. Cada paso que se da en un divorcio hay que hacerlo con cabeza fría y asesorado por un especialista. Cada día la sociedad toma más conciencia de la importante el asesoramiento preventivo en materia de familia y se multiplican este tipo de consultas”.

Sobre los gastos directos o indirectos vinculados a un proceso de divorcio o separación “todo depende de cada caso, sabiendo que los honorarios de abogados son fijados libremente por el profesional en cuestión, y pactados entre este y el cliente”.

“Orientativamente podríamos hablar de unos honorarios, en un procedimiento contencioso, dentro de una horquilla que oscila entre los 2.000 a 6.000 euros. En el mutuo acuerdo los precios son más reducidos, sobre los 1.200 y 1.800 euros, pudiendo incrementarse si existe la liquidación de gananciales”.

A estos costes debemos añadir los que Delia llama gastos colaterales tras conformarse dos nuevas unidades familiares “que pueden suponer, por ejemplo, duplicar los gastos de vivienda y suministros”, a pesar de que los ingresos familiares se ven reducidos al separarse los progenitores”

“ Esto puede generar que algunos divorcios se paralicen forzosamente. Este es uno de los dramas silenciados del derecho de familia, el tener que convivir en el mismo techo con otra persona con la que ya no hay un vínculo afectivo, incluso, a veces, existe un malestar o enemistad manifiesta”.

El problema de los paros forzosos

Para esta experta en derecho de familia “este tipo de situaciones de parón forzoso, o las derivadas por el tiempo de espera de los juzgados, pueden llegar a convertir una separación en un auténtico infierno, generando situaciones de conflicto o violencia de género o doméstica que podrían haberse evitado en su momento”.

Delia Rodríguez aclara que “las familias pueden esperar hasta cinco o seis meses hasta tener unas medidas paternofiliales provisionales en un auto o sentencia judicial”, “esto hace que el nivel de conflicto en el hogar pueda elevarse, primeramente, en cotas de violencia verbal que pudieran derivar en violencia física entre las partes, lo que genera situaciones dramáticas en las que los menores muchas veces están presentes”.

Nuestra interlocutora destaca que “el hecho de que la principal fuente de ingresos de la unidad familiar (y obligada al pago de pensiones) se quede sin empleo supone un cambio sustancial que puede desembocar en un cambio de las medidas paternofiliales”

“De ser una situación que se mantiene en el tiempo, podría ser causa de una reducción de la pensión de alimentos por una reducción notoria de su capacidad adquisitiva” comenta

A su juicio “lograr esa reducción puede ser viable de acreditarse que existe ese cambio en detrimento de la economía del obligado al pago de las pensiones”, si bien conseguir la extinción total de las pensiones, cuando existe menores, es muy complicado, debiendo demostrarse que existe una situación de precariedad extrema por parte del progenitor”.

Si verdaderamente viene una crisis económica, señala la letrada, “los progenitores que pasen a peor fortuna podrán solicitar una revisión de las medidas paternofiliales, teniéndose en cuenta también otros recursos y rentas, su capacidad de conseguir un nuevo empleo o los ahorros o el patrimonio inmueble con el que cuenten”

También destaca  Delia que “existe la falsa creencia de que si estás desempleado no tienes que pasar esa pensión de alimentos. Pero la deuda se acumula y hay un plazo para reclamarla de cinco años; por eso lo primero que hay que hacer urgentemente si estás en esta situación es solicitar que se modifiquen las medidas paternofiliales vigentes adaptándolas a la actual situación económica de ambos progenitores”.

En estos procedimientos de modificación de medidas “tenemos la opción de solicitar medidas provisionales coetáneas a la demanda, si bien los tiempos de espera pueden alargarse seis o siete meses, ya que no se consideran procesos tan urgentes como otros. Todo depende de la carga del juzgado donde se turne cada asunto en concreto”.

Cuidado con las dilaciones

La jurista recuerda que “se creó un procedimiento ex novo cuando tuvo lugar la pandemia, con procedimientos de familia express. Uno de ellos tuvo que ver con el ajuste de las pensiones a la situación económica que vivían muchas familias. Pero a día de hoy, las dilaciones son extensas, mientras que la deuda no deja de crecer, sumiendo a algunas personas en situaciones económicas críticas”.

Respecto a la reducción de la cuantía de la pensión “habrá que analizar cada caso concreto, valorando la situación de la persona que solicita la revisión. Si lleva desempleada pocos meses, por ejemplo, el juez puede entender que tiene capacidad de volver al mercado laboral, y que no existe un cambio lo suficientemente sustancial.”

“Recomiendo acreditar que se está en búsqueda activa de empleo. También se comprobará en el proceso si tiene otros recursos o rentas, ahorros o patrimonio mueble o inmueble”, comenta

Para Delia Rodríguez “a la hora de reducir el statu quo de los menores se mira con lupa por parte del juez que verdaderamente no existen más opciones con la situación económica de ambos progenitores. La pensión de alimentos debe fijarse en función de las necesidades de los menores, y del caudal de los progenitores. Si bien tras muchos divorcios no queda otra que “ajustarse el cinturón” y bajar el nivel de vida”.

“Los gastos escolares, por ejemplo, los cuales van incluidos en las pensiones de alimentos como ordinarios que son, pueden ser motivo de reducción de las mismas. Hay niños que acuden a colegios privados con cuotas que superan los 1.000 euros mensuales. Si el progenitor con mayores recursos económicos queda desempleado, se plantea la necesidad de un cambio de centro educativo a un concertado o público, para reducir costes”.

Este tipo de cambios de colegios suelen realizarse mediante “expedientes de jurisdicción voluntaria por desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad; un proceso distinto al de modificación de las pensiones de alimentos”.

“Es una de las primeras acciones que se puede efectuar si realmente no se puede mantener el pago de la cuantía de las pensiones. Aquí la mediación sería ideal para resolver este tipo de asunto, por acortar tiempos de espera y restar tensiones entre los progenitores que acaban salpicando a los niños”, aclara.

Anticiparse a los cambios

Otro asunto importante que destaca esta abogada experta en derecho de familia tiene que ver con que “hay muchos progenitores que llevaban tiempo rondando la idea de solicitar la extinción de las pensiones de alimentos de los hijos mayores de edad”.

“Hablamos de casos de hijos que llevan años repitiendo curso, no rinden cuentas sobre sus resultados académicos o no hacen nada por encontrar un oficio, a pesar de haber acabado sus estudios de ciclo profesional. Muchos de ellos no han dado el paso, a pesar de poder legalmente, porque tienen cargo de conciencia al sentir que dejan de apoyarles”, subraya

Sin embargo, en estos momentos de crisis económica, si el progenitor se ve en la necesidad al quedar desempleado, “es el momento de solicitar la modificación de medidas a nivel económico, concretamente la extinción de las pensiones cuando se den las circunstancias para ello”.

“Lo recomendable es enviar un burofax a la otra parte para llegar un acuerdo y, si en un plazo razonable no hay respuesta, interponer una demanda”.

En cuanto a la extinción del uso de la vivienda familiar, Delia destaca que “cuando en las medidas paternofiliales se ha adjudicado de manera temporal el uso del domicilio a una de las partes, por ser el interés más necesitado de protección, podría solicitarse esto mismo si el otro progenitor pasa a peor fortuna.”

“En este tipo de situaciones la venta de la vivienda podría ayudar a recuperarse a los dos cónyuges a medio plazo”, subraya.

Otra cuestión susceptible de cambios es cuando conviven en el domicilio familiar terceras personas. “Ante una crisis económica que podría acontecer, algunos clientes preguntan sobre si pueden solicitar la extinción del derecho de uso del domicilio a favor de la progenitora custodia, quien convive con un tercero. Aquí es imprescindible acreditar que se trata de una relación de convivencia estable, siendo la mejor herramienta el detective privado”.

En este contexto Delia Rodríguez nos advierte que pueden generarse situaciones de fraude. “sobre todo en casos de profesionales autónomos que justifican con sus declaraciones de IVA que no tienen ingresos suficientes”.

“En estos casos, nuevamente nos vemos obligados a utilizar los servicios de detectives para acreditar el verdadero nivel de vida de quienes emplean la economía sumergida para eludir sus obligaciones familiares. Los jueces atienden a los documentos oficiales (Renta, IVA), por lo que, si no das más pruebas de parte, se quedarán con estos datos”.

Planificar en tiempo de crisis

Para esta jurista “es muy importante poder planificar de la mano de tu abogado de familia, con tiempo suficiente, un nuevo escenario estratégico para poder anticiparte a estos cambios forzosos que vienen por crisis económicas. Hay personas que dejan crecer la bola de nieve, y acuden con deudas de miles de euros, cuando ya no podemos hacer mucho”.

Desde su punto de vista “va a ser clave el último trimestre del año; debemos tener en cuenta que los procesos judiciales llevan un tiempo y si ya estamos inmersos en una situación de precariedad económica, conviene anticiparnos y, cuando menos, asesorarnos con un abogado de familia”.

En su opinión, “el asesoramiento preventivo es imprescindible. Gracias a acudir a tiempo a un abogado de familia puedes, no solo ahorrar dinero, sino también preservar la relación con tus hijos. Es una inversión que siempre es rentable, porque los profesionales del derecho de familia protegemos los intereses más importantes de las personas”.

En esas consultas legales, Delia Rodríguez subraya que al final de lo que se trata es de tener claro los pasos que debes dar: “saber qué tipo de obligaciones existen, qué derechos tienen, y que pasos puede dar esta persona para conseguir los mejores resultados en un procedimiento judicial.”

Esta jurista pone el énfasis en que “el abogado de familia, como el médico de cabecera, es un profesional al que conviene acudir incluso antes de que nos duela algo, como un chequeo rutinario para comprobar que todo está bien en nuestras vidas”.

Por @LuisjaSanchez Periodista jurídico.

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“Su papel se ha convertido en relevante”, explica Eva Bruch PhD. Profesor en ESADE. Socia de LOIS – Legal Operations Institute Studies,  consultora de Transformación Digital para el sector legal y asesorías jurídicas de empresa, con quien ya analizamos el desarrollo digital de los despachos de abogados.

Esta experta nos aclara que “los abogados de empresa o general counsel están sufriendo una evolución importante, tanteo en el seno de la empresa donde tienen un mayor reconocimiento de su trabajo, como en la gestión de su propio departamento legal”.

A este respecto el desarrollo de las Legal Operations, ha sido clave. Esta jurista señala que las legal operations (o legal ops) han obtenido un rol fundamental en la adaptabilidad y supervivencia de las empresas durante la cuarentena por la covid-19.

De acuerdo con el Legal Department Operations (LDO) Index 2020, para el 2020 el 81% de los departamentos legales ya contaba con personal destinado a las operaciones legales, en contraste al 57% registrado en el año 2019.

Eva nos indica que, en términos generales, las legal operations u operaciones legales son actividades de naturaleza multidisciplinaria destinadas a optimizar los servicios que presta un departamento legal. Dichas actividades requieren combinar habilidades como la planificación estratégica, gestión financiera, gestión de proveedores, gestión de tecnología y análisis de datos, entre otros.

“En este contexto, es fundamental conocer y entender totalmente las necesidades y objetivos del negocio, pues las operaciones legales estarían diseñadas específicamente para agregar valor al departamento jurídico e impulsar su eficiencia a fin de responder a las demandas y metas de toda la organización”, comenta

Desde su punto de vista “estas actividades han dado un giro importante a los departamentos legales de las empresas. Sus profesionales empiezan a formarse, de esta forma el papel que están tomando los abogados de empresa está siendo muy activo para estructura bien el departamento que gestionan. Junto con estas Legal Operations también han tomando conciencia de la necesidad de mejorar las relaciones con sus abogados externos”.

Nuestra interlocutora destaca que la voz de estos profesionales “es cada vez más importante en los procesos de transformación digital que ponen en marcha sus propias compañías. Ellos tienen un pequeño hándicap y es que ese proyecto debe ser aprobado por la dirección general o el Consejo de administración, algo más de burocracia que en los despachos donde el socio director es quien toma esa decisión importante de cambio digital”.

En este contexto reconoce que “los general counsel tienen que vender este proyecto. Ahí hay una lucha interna para definir el presupuesto de este proyecto de digitalización. Hay que justificarlo bien “.

En su opinión “estos abogados in house tienen la doble motivación, no solo se trata de impulsar esa transformación digital porque es necesaria sino también lograr que la empresa la atienda y se pueda poner en marcha con el presupuesto y los recursos necesarios que se asigne para esta actividad””

“Una vez superado este escollo, el papel de consultoras como Lois es el de trabajar con estos departamentos jurídicos para ayudarles a implementar ese cambio digital que les va a hacer más competitivos a estos profesionales”.

Cambio digital necesario

Eva recuerda que “al mismo tiempo que la empresa impulsa su proceso de cambio digital, el propio departamento legal de esta compañía tiene que también hacerlo. Es evidente que en muchas ocasiones la empresa no acaba de ver esa transformación digital y el tener que apoyar a ese departamento jurídico en ese cambio digital que les hará más competitivos y eficaces”.

A su juicio “son los abogados de empresa los que empujan para que esto se produzca realmente. Este es un proceso en el que hay muchas empresas inmersas y donde la opinión de sus abogados internos es fundamental. Su evolución en las empresas ha sido notable, ya no son los abogados del no, que lo paran todo. Sin embargo, su papel es importante como se está viendo ahora”.

En este contexto “los abogados internos han conseguido trabajar de otra forma, con procesos claros y estableciendo métricas a muchas actividades que realizan. Eso es lo que da más fiabilidad de su trabajo tanto a la dirección de la empresa como a otros departamentos afines.  Su papel es el de detectar los riesgos de cualquier actividad empresarial y minimizarlo”.

De hecho, la evolución de la percepción de la actividad de estos juristas de empresa ha sido importante “han pasado de ser los abogados del no al abogado que forma parte del equipo desde el principio. Están implicados desde el principio de la operación para ver realmente su viabilidad a corto y medio plazo”.

Esta jurista es consciente del gran cambio que se está experimentando en el abogado de empresa y en su consideración dentro de su propio entorno empresarial “estamos viendo el empoderamiento de estos profesionales asi como del departamento jurídico. A partir de aquí se lo tienen que creer que tienen un papel destacado. Han estado muchos años en un segundo plano y solo se les veía como centro de coste”.

Sin embargo, el cambio en las empresas está siendo imparable “están desarrollado todo tipo de estrategias en su trabajo tanto a nivel de métricas, como de comunicación o procesos. Lo primero que tienen que hacer es vender internamente el proyecto. Ahí una consultora como la nuestra les puede ayudar en ese cometido. A partir de ahí se desarrolla toda una estrategia para que se den cuenta de la importancia del cambio digital y del papel que juegan en él”:

Eva nos advierte que por el momento “son poco los departamentos jurídicos en nuestro país que tengan un tamaño importante. La gran mayoría son asesorías jurídicas internas de tamaño pequeño. Tienen poco tiempo y necesitan delegar todo esto en una consultora que les ayude a definir este tipo de proyectos”.

El liderazgo de los abogados inhouse

En este contexto “las empresas invierten lo justo en sus asesorías jurídicas de empresa. De hecho, hay una tendencia asentada en las compañías de que sea el departamento de sistema o IT quien lidere el cambio digital y los proyectos de transformación digital. Esto es un error. Es importante que sistemas y la asesoría jurídica de la empresa trabajen muy de la mano en estos temas”.

De hecho, esta jurista cree que “si hay un liderazgo que se deba establecer, éste tiene que ser del propio departamento jurídico, coordinado siempre con IT, pero no al revés, como está pasando en muchas compañías en la actualidad”.

Otro elemento que nos aclara esta experta es que “los procesos de transformación digital en las empresas son un traje a medida. Lo que vale para una firma no tiene que servir para su competencia. Por eso tenemos que evitar copiar lo que hacen nuestros rivales y buscar un asesoramiento previo, sobre todo si vamos a adquirir tecnología. Ahí el papel de los abogados externos o consultoras es de gran ayuda para la gestión de ese cambio”.

“Lo importante es tener claro qué tiene que hacer la tecnología para nuestra en general, y nuestro departamento jurídico interno en particular. A este respecto no hay dos empresas iguales porque sus necesidades legales y tecnológicas suelen ser diferentes. Cada modelo de negocio requiere de una implantación diferente como luego los hechos nos lo corroboran”.

Eva es consciente que implementar este tipo de proyectos digitales puede suponer un coste importante “que hay que verlo como una inversión a corto y medio plazo que amortizamos realmente. Es una inversión económica y de tiempo. La implicación de los abogados inhouse con el área de IT es clave para que esta iniciativa se desarrolle en los plazos previstos”.

Sobre la puesta en marcha de estos proyectos “lo primero es hacer un diagnóstico de la empresa; ver que tecnología existe en la empresa si realmente es útil o si hay que cambiarla por otra. En algunas ocasiones se han tomado decisiones precipitadas, sin valorar todo lo que hay en el mercado”.

Después de esa fase de diagnóstico “que puede durar un par de meses es el momento de la implementación de las herramientas, para luego supervisar la actividad de las mismas y realizar diferentes evaluaciones. En este escenario como antes comentamos, la relación entre el área legal de la firma y el departamento de IT o sistemas debe ser fluida.  Se hacen pruebas de forma continuada y eso dura varios meses. Por otro lado, la labor de seguimiento es fundamental en este tipo de desarrollos tecnológicos”.

En este contexto “el siguiente paso es que las empresas usen la tecnología que se va a implementar en su organización. A veces cuando realizas una labor de asesoramiento te encuentras con compañías que hicieron un desembolso importante, pero que han utilizado poco esas herramientas tecnológicas. Es importante que queden claro los beneficios de la empresa cuando se utilice este tipo de herramientas digitales”.

Por @LuisjaSanchez Periodista jurídico.

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Esta boutique legal, con sede en Santiago de Compostela, se ha convertido en una referencia dentro del mundo del emprendimiento en nuestro país porque da asesoramiento legal a cualquier tipo de empresa.

“El pacto de socios siempre es necesario. Se trata de alguna forma de predecir lo que va a pasar en nuestra empresa. Si hemos notado que los términos legales de este pacto de socios dan un poco de miedo, pero nuestro trabajo es convencerles para que lo suscriban”, aclara.

Siempre les ponemos el mismo ejemplo y la misma pregunta “si te casarías con alguien con el que no has hablado de la hipoteca, de cómo vas a organizar tu vida en común. Eso pretende cubrir el pacto de socios que debe actualizarse e de forma periódica”.

Desde Nolegaltech, Bárbara y su equipo de mujeres juristas “ofrecemos el diseño de este servicio, que debe ser lo más detallado posible incluyendo incluso situaciones de qué va a pasar si hay alguna separación de uno de los socios o uno de ellos fallece por cualquier circunstancia”.

Esta experta nos aclara que “hay que perder el miedo al pacto de socios y a lo que significa, Hay que darse cuenta que es un documento flexible, como nuestra propia empresa que se puede modificar o negociar las veces que hagan falta. Es importante que exista para prevenir cualquier tipo de situación”.

Nuestra interlocutora subraya que la cuestión principal es que las startups o empresas emergentes viven en el ahora, de ahí que no consideren necesario suscribir ese pacto de socios. Pero es fundamental tenerlo en cuenta y por escrito para definir realmente la situación de los socios en la empresa”.

Bárbara recuerda que “quién podría predecir hace tres años que íbamos a estar inmersos en una pandemia con notables restricciones como la que hemos vivido en nuestro país. Al final hay que darse cuenta que hay tantos pactos de socios como empresa. Es importante que elijamos bien cómo vamos a plasmar la situación de nuestra compañía “.

Desde su punto de vista “ese trate a medida es muy específico. Cuando vienen a vernos al despacho muchos de los emprendedores vienen con documentos que se han bajado de Internet. Eso denota que tienen interés por formalizar la situación. Nosotras lo que hacemos es revisarlo y adaptarlo mejor a sus circunstancias profesionales”.

¿En qué momento se suscribe un pacto de socios?

Sobre su puesta en marcha “creo que hay que hacerlo lo antes posible, por lo menos el primero que suscribimos. Antes de constituir la empresa en la notaria debes tener claro lo que vas a hacer y quiénes son tus compañeros en este proyecto empresarial. Se trata de saber en qué punto estamos ahora y a qué punto se quiere llegar a corto y medio plazo”.

“Habitualmente sus prioridades pasan por la ronda de financiación. Se trata de definir qué va a pasar con los nuevos socios cuando entren en la empresa; que va a pasar con los socios actuales si alguno de ellos lo deja. Estas cuestiones hay que tenerlos previstas con cierta antelación porque si no hay soluciones se puede bloquear la compañía”.

Para Bárbara “el documento del pacto de socios tiene que ayudarnos a prevenir muchas situaciones que se pueden dar en la empresa. Esto al final te da cierta seguridad a todos los miembros de la compañía, sobre todo en un entorno tan incierto como el que ahora estamos viviendo”.

Desde Nolegaltech se diseñan estos pactos de socios “lo más ligeros posibles. No se trata de regularlo todo al detalle, se trata de que quede claro desde el principio cuál es la situación de los profesionales que entra en la empresa y de los que salen”.

El despacho también ha creado una web paralela  Ofaro.gal con mucha información  y recursos para emprendedores y startups que tiene un tráfico notable de visitas.

 En otra fase siguiente hay otras cláusulas a tener en cuenta el llamado Derecho de arrastre y la cláusula Drag along: Derecho del socio mayoritario de obligar a los minoritarios a vender en caso de recibir una oferta de compra por la totalidad (o mayoría) de la sociedad.

Junto a ella la que regula el tag along o derecho de acompañamiento: Derecho de los socios minoritarios a vender en las mismas condiciones que el socio mayoritario en el caso de que éste venda sus participaciones a un tercero.

Resolver los conflictos

“Todo depende de la sociedad y de la participación que tengan los socios en la misma, en el caso que haya socios minoritarios si se necesita alguna cláusula que refuerce el papel de esa minoría, por una cuestión práctica. Se trata de que todas las partes se vean implicadas en el proyecto y que el pacto prevenga algún mecanismo de desempate a la hora de tomar las decisiones”.

A juicio de esta jurista “tenemos que dejar previsto cómo vamos resolver los conflictos que surjan en la sociedad. Ahí el uso del arbitraje y/o la mediación como métodos extrajudiciales son muy útiles tanto por su rapidez como por su carácter que el conflicto se resuelva y sigamos contando con nuestros socios”.

Bárbara es consciente de que “este tipo de soluciones pueden ayudar a desbloquear la sociedad cuando surja un conflicto de calado. Acudir a los tribunales sería un error y convertiría en crónico ese conflicto hasta que el juez resolviera en los próximos veinticuatro meses. No se puede vivir con un conflicto. Hay que buscar soluciones prácticas que nos ayuden a seguir avanzando”.

En su opinión “gestionar bien un conflicto puede ser clave para que la empresa siga operativa. Es una cuestión de responsabilidad hacerlo bien y de forma rápida. Se trata de evitar tensiones internas que pueden minar la convivencia. Por nuestra experiencia es mejor acudir a un arbitraje, donde ese árbitro es especialista en cuestiones que nos afectan que a un juzgado donde la preparación del juez es muy general en este tipo de asuntos”.

En el caso de que se produzca algún incumplimiento del pacto de socios, esta jurista señala que “hay que evitar el conflicto. Es el momento de convocar una Junta de Socios para resolver el problema. En ese momento el diálogo es clave para resolverlo. A veces no se cumple por motivos ajenos a los socios, como el no llegar a los objetivos previstos”.

Desde esta perspectiva “si vemos que el problema persiste quizá sea el momento de llamar a abogados especialistas en estos temas para que nos ayuden a buscar una solución. Luego podríamos acudir a los métodos extrajudiciales antes comentados y solo en último lugar, si la cuestión es grave, acabar en el juzgado, por todo lo comentado antes”.

Gestionar entrada nuevo inversor

En este contexto empresarial, también nos aclara que otro momento importante en el seno de cualquier empresa es la llegada de un nuevo inversor  “Hay que atar muy bien su llegada, sobre todo si estamos ante un inversor profesional”

A este respecto destaca que “habitualmente los fondos de inversión o los business angels realizan la due dilligence para conocer la situación de la empresa. Lo primero que analizan son los potenciales riesgos de nuestra empresa. En nuestro caso nos contratan para que podamos responder a las demandas de los abogados de esos potenciales inversores”.

Esta jurista recuerda que “en Europa y en EEUU muchos fondos ahora tienen claro que deben garantizar en las empresas que invierten que tengan sus propios abogados para resolver sus cuestiones legales, de ahí que destinen una parte de su inversión a que esa empresa tenga su equipo de letrados y una opinión imparcial sobre ciertos temas. Es algo que vendría muy bien a las empresas españolas”.

En este tipo de situaciones “lo más importante es gestionar bien la entrada del nuevo socio y si es inversor con mucho detalle. Se trata de evitar que tome el control de la empresa y que a medio plazo nos pueda sacar de la empresa. Es importante dejar todo aquello que vincula su presencia por escrito para evitar sorpresas desagradables”.

Sobre los acuerdos y las mayorías que se toman en la sociedad, nos aclara que “los más habitual es ir a la Ley de Sociedades de Capital, estamos hablando casi siempre de sociedades de responsabilidad limitada y respetar las mayorías, en algunos casos reforzadas, que se establecen en dicha ley. Con el pacto de socios puedes adaptar la situación normativa a tu entorno”.

En cuanto a la revisión del pacto de socios, Bárbara destaca que “lo más recomendable es su revisión cuando se produzcan hitos importantes en nuestra empresa; como nuestra primera financiación, la entrada de un nuevo socio externo, los primeros empleados que se contratan o la vez primera que alcanzamos una facturación importante”.

Desde su punto de vista “el pacto de socios es un documento que debe estar vivo, como nuestra propia entidad empresarial. Debe haber un compromiso de revisarlo con cada hito por parte de todos los socios”.

Otras cuestiones que se dejan claro en el pacto de socios es el régimen de incompatibilidades que se crea “no es lógico trabajar para dos negocios muy parecidos y todo lo relacionado con la propiedad industrial e intelectual. Puede ser un foco de discusiones importante”.

“A este respecto, debe quedar claro que si aportas un desarrollo tecnológico a la empresa, ese desarrollo no es tuyo, sino que es de la empresa. En el caso de que sea tuyo y lo utilizas en otra empresa eso hay que aclararlo también mediante una licencia de uso o una cesión que lo aclare”, subraya.

Por @LuisjaSanchez Periodista jurídico.

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