Sin embargo, conviene saber realmente cuál es su aplicación práctica en estos momentos. De ahí que esta conversación con Ricardo Oliva, socio director de la boutique jurídica Algoritmo legal, sea interesante para centrar el tema y saber realmente de qué estamos hablando.

“Aun no se ha logrado un uso generalizado de estos contratos inteligentes como se cree que se podrá logar en los próximos cinco años. Habrá que ver como se adapta con las formalidades notariales y registrales que existen. El debate está en si se podría sustituir al notario por una blockchain. Su papel de fé publica por el momento ahora es insustituible”.

A juicio de este experto “un smart contract ni es un contrato ni es inteligente técnicamente. Estamos hablando de un código informático que representa un contrato que previamente se ha acordado por las partes. Una vez que se ha acordado, se representa de forma digital y virtual en una blockchain”.

De las blockchain que existen a día de hoy “la que permite mayores aplicaciones es Ethereum para que el smart contract funcione bien.”

Las aplicaciones actuales se centran en el sector del seguro “donde ya hay alguna compañía que lo que hace para tema de siniestros, compras un seguro para un viaje y por determinadas circunstancias se retrasa, en la póliza se incorpora ese smart contract y unas condiciones que dejan claro que si hay ese problema, el asegurado recibe su indemnización”.

“Eso significa que ya no tiene que hacer reclamaciones ni llamar a la atención al cliente, sino que automáticamente a esa cuenta bancaria del contrato inteligente se produce la transferencia sin ningún impedimento”.

También ha visto su aplicación en las ICO y en los crowdfunding, en este sistema de búsqueda de financiación “hay una plataforma que es el soporte de las aportaciones de interesados a ese proyecto. Así se recolecta ese dinero para luego entregarlo al inversor asegurando al anunciante que se recibido el dinero. El smart contract permite estas transacciones y que se paguen algunas comisiones en criptoactivos al titular del proyecto”.

Ora aplicación de estos contratos inteligentes se observa en las ICO “es una forma de financiarse que tienen las empresas. Estuvo de moda hace un par de años. Se trata que el publico financie esa operación. La inversión mínima es uno o dos bitcoins. Toda esta operación se hace vía smart contract que garantiza que se está haciendo”.

Oliva aclara que “de momento lo podemos utilizar para operaciones de tracto sucesivo, se paga y hay una contraprestación. Tiene todo el sentido del mundo, pero sobre todo se emplea para la entrega de bienes y suma de dinero”.

Este experto recuerda que “a nivel de derecho de consumo cuando se compra un bien tienes el derecho de desistimiento que son catorce días. Ahora ya se habla de la aplicación de los smart contracts, pero habría que garantizar ese derecho y que se puede programar realmente en el futuro”.

Aplicaciones de los contratos inteligentes

Para este jurista queda un trecho para su implementación masiva. En su opinión este tipo de contratos ayudarán a almacenar  y mantenimiento de registros. Por ejemplo, los millones de historiales médicos confidenciales de los pacientes que deben almacenarse y actualizarse de forma segura.

También es posible que los dispositivos del Internet de las Cosas podrán utilizarse en toda la cadena de suministro para registrar cada paso que da un producto y mejorar su trazabilidad. De este modo, podrán eliminarse errores, robos y extravíos.

En el futuro a nivel hipotecario se espera que las transacciones hipotecarias basadas en contratos inteligentes serán más baratas, rápidas y seguras. Esto permitirá a los compradores acceder antes a la propiedad y actualizar los registros automáticamente.

También es previsible que los contratos inteligentes pueden utilizarse para registrar la propiedad de los inmuebles de forma más eficiente. Además, su uso puede extenderse más allá de pisos, edificios o terrenos y registrar todo tipo de bienes.

Otra aplicación que se espera es en el campo de los Recursos humanos- El uso de contratos inteligentes que registren los títulos académicos, los certificados y la experiencia de una persona puede evitar el fraude en los currículum y facilitar así la contratación de personas, también de empresas, de cara a la prestación de un servicio.

También en el terreno de la propiedad intelectual, donde muchas empresas se ven arrastradas a años de disputas en los tribunales por el uso de patentes en el desarrollo de proyectos. Los contratos inteligentes pueden mantener el registro de qué parte pertenece a cada compañía.

En el plano de salud, además del registro de los datos sanitarios mencionado anteriormente, su aplicación en este sector puede ir desde la trazabilidad de los medicamentos hasta la gestión de la cadena del frío, el pasaporte sanitario o la investigación clínica.

Otra aplicación de estos contratos inteligentes se va a ver en el campo electoral. Se trata de evitar el fraude en cualquier elección. Según algunos expertos los contratos inteligentes permiten validar la identidad de un votante y registrar su voto de forma fehaciente.

Mayor transparencia desde el blockchain

Para este experto jurídico “los contratos inteligentes prometen reforzar la confianza, la seguridad y la transparencia entre las partes”.

También destaca que estos contratos inteligentes se ejecutan en blockchain, lo que implica que los términos se almacenan en una base de datos distribuida y no pueden modificarse. Las transacciones también son procesadas en blockchain, lo que automatiza pagos y contrapartidas.

 A partir de la aparición de la moneda digital Ethereum, se simplificó la creación y ejecución de smart contracts, ya que en su protocolo se pueden programar transacciones complejas.

En cuanto al funcionamiento de un contrato inteligente es similar al de otras transferencias en blockchain. Estos son los pasos necesarios:

1. Un usuario inicia una transacción desde su monedero en blockchain.

2. La transacción llega a la base de datos distribuida, donde se confirma la identidad.

3. Se aprueba la transacción, que puede ser una transferencia de fondos.

4. La transacción incluye el código que define qué tipo de transacción debe ejecutarse.

5. Las transacciones se añaden como un bloque dentro del blockchain.

6. Cualquier cambio en el estado del contrato sigue el mismo proceso para actualizarse.

Sobre los beneficios de su uso, Oliva destaca varias ventajas a las partes implicadas como son

Independencia: los participantes realizan las gestiones por sí mismos, es decir, se puede prescindir de la participación de los intermediarios.

Fiabilidad: el contrato se almacena de forma segura en una red distribuida y es virtualmente imposible de alterar o falsificar.

Seguridad: al estar en una red distribuida, el contrato se encuentra duplicado en todos los nodos de la red y no puede perderse.

Ahorro: al prescindir de intermediarios y de comisiones, se produce una reducción de los costes para todos los implicados.

Precisión: este tipo de contratos reducen a cero la posibilidad de que se produzcan errores en los términos o en la tramitación.

Sostenibilidad: los contratos eliminan el uso de papel en oficinas, notarios y registros, y al minimizar los desplazamientos se reduce la contaminación.

Desde su punto de vista el mayor uso de estos contratos inteligentes “pasa por un mayor conocimiento de la tecnología blockchain que aún no es tan sencilla de entender. Para tener un contrato inteligente te lo tiene que programar alguien y hay que utilizar ciertos estándares técnicos lo que hace más complejo.”

En su opinión, “es previsible que en un escenario de tres años se reduzcan la posibilidad de errores en estos contratos inteligentes. Si hay un error en la programación podría generarse un problema judicial innecesario”.

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La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) y el despacho de abogados Pinsent Masons han elaborado una guía práctica para ayudar a las start-ups a proteger sus proyectos, en sus diferentes fases de implantación.

Esta guía intenta definir las guidelines que deben tener en cuenta y aborda cuestiones dirigidas a identificar los principales activos, materiales o inmateriales, que una start-up debe proteger. Su publicación viene motivada por la necesidad que tienen las pequeñas e innovadoras empresas, que desarrollan modelos disruptivos, de protegerse frente a fuertes y grandes actores del mercado.

La Asociación de Fintech e Insurtech de España, que nació con la misión de crear un entorno favorable para el desarrollo de Startups y empresas Fintech e Insurtech en España, representa a las Fintech mediante grupos verticales liderados por coordinadores especializados.

Esta entidad trata de colaborar, innovar y situar a España como un foco pionero de FinTech e InsurTech; construir puentes en el ecosistema FinTech español, promocionando la interacción entre los principales players del mercado. En la actualidad, AEFI cuenta con 126 empresas asociadas y 28 alianzas internacionales

La mala praxis, el plagio de una idea o la apropiación indebida de un proyecto son acciones que han sufrido muchas start-ups y que han propiciado el recelo en la creación de sinergias en la industria, absolutamente necesarias para la creación de negocio, empleo y atracción de inversión y talento.

¿Necesitas un especialista en materia de propiedad intelectual? No dudes en contactarnos

Rodrigo García de la Cruz, presidente de la Asociación de Fintech e Insurtech, destaca que este documento “no solo ayudará proteger la innovación, sino también las ideas, que es lo que da más valor a las start-ups”.

Al mismo tiempo, Paloma Bru, del departamento de TMT de Pinsent Masons, comenta que “las Fintech son los motores del desarrollo empresarial y la sociedad y por esa razón es de suma importancia protegerlas”. Por este motivo, “hay ciertas medidas genéricas que hay que considerar cómo guía inicial a la hora de abordar un nuevo proyecto”.

En primer lugar, la guía especifica los diferentes tipos de proyectos o activos y qué protección jurídica se puede aplicar a los componentes de los proyectos

. Entre los tipos de proyectos se incluyen las obras artísticas, literarias o científicas, y los derechos de propiedad intelectual (también llamados «derechos de autor») desde su propia creación; los programas informáticos o software, de los cuales se tienen derechos de propiedad intelectual desde el momento de su creación

Otra cuestión es recomendar  su inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual; las bases de datos que supongan creación intelectual y/o una inversión sustancial de dinero, tiempo, esfuerzo o energía; las marcas y los nombres comerciales; así como las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales, derechos de propiedad industrial que deberán ser registrados para su protección frente a terceros; los dominios web; y el know how y los secretos empresariales al hilo de la reciente legislación al respecto.

Consejos jurídicos preventivos

Además, esta guía analiza algunos aspectos fundamentales que todo emprendedor debería tener en cuenta a la hora de desarrollar una idea innovadora o poner en marcha una start-up.

En primer lugar, es esencial proteger jurídicamente el nuevo proyecto empresarial y sus distintos componentes.

Otra cuestión importante es lograr que la piedra angular de toda start-up debe ser la suscripción de acuerdos de confidencialidad o NDA (por sus siglas en inglés), con el objeto de garantizar los elementos básicos del proyecto empresarial novedoso a la hora de participar en una incubadora, evento o foro o de alguna otra forma compartir la información con terceros. Adicionalmente, se debe prestar especial atención a las bases aplicables a las convocatorias, eventos y foros en los que se participa.

Al mismo tiempo los promotores de esta Guía señalan que la utilización de tecnologías disruptivas, como la blockchain o la inteligencia artificial, puede ser un mecanismo muy efectivo para proteger los elementos de un proyecto empresarial y se recomienda que estas tecnologías se implementen como un método complementario, pero nunca sustitutorio de lo que ofrece la ley y los organismos pertinentes.

También recomiendan que si se pretende dar licencia de uso a terceros, se recomienda delimitar con claridad las condiciones de esa licencia: qué, cómo y hasta cuándo tiene vigencia.  

Por último, sea cual sea la clase de proyecto y los elementos que lo compongan, se recomienda consultar con un abogado especialista, ya que estos pueden ahorrar costes de todo tipo y evitar una multitud de problemas en el futuro. Recuerda que en LexGoApp tienes muchos abogados expertos en este tipo de cuestiones

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico

Si buscas un especialista en propiedad intelectual, en LEXGOApp podemos ayudarte a encontrarlo

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La propiedad intelectual es un conjunto de derechos de exclusividad sobre las creaciones propias. Su importancia en estos días es radical. Según el último informe de la EUIPO:

• El 28 % de los empleos europeos se relacionan directamente con las industrias intensivas en derecho de propiedad intelectual (DPI). Porcentaje que asciende al 38 % cuando lo que se toma en consideración es la vinculación indirecta.
• El 42 % de la actividad económica europea se relaciona con estas industrias, que representan el 39 % del PIB europeo.
• El 90 % del comercio exterior europeo se da en sectores intensivos en DPI.

Aunque la publicación es de 2016 los datos dan vértigo. Por eso es muy importante que empresas tecnológicas, startups digitales y diseñadores conozcan el concepto y la extensión de la propiedad intelectual. Por ello, en Lexgoapp contamos con un amplio directorio de abogados especialistas en Propiedad Intelectual, que puede visitar sin compromiso. 

Diferencias entre la propiedad intelectual e industrial

La propiedad intelectual puede desdoblarse en dos vertientes.

• La propiedad industrial regula el campo de las ideas concebidas como soluciones a problemas técnicos. Incluye patentes, dibujos y modelos industriales, marcas e indicaciones geográficas. En definitiva, la propiedad industrial protege las ideas registradas.
• Los derechos de autor se dedican a las obras artísticas. También se aplican a bases de datos y programas informáticos. Suelen denominarse “propiedad intelectual”, en contraste a la industrial. La propiedad intelectual protege la forma de expresión de las ideas.

El momento del nacimiento de estos derechos es distinto. Y es que la propiedad industrial requiere un trámite administrativo para existir, mientras que la propiedad industrial nace espontáneamente, con la mera creación-expresión. Es decir, la idea queda protegida por un registro (con un plazo de “monopolio” más corto), mientras que su expresión está protegida desde el momento de producirse.

Concepto de la propiedad intelectual o copyright

La propiedad intelectual se regula en el RDLeg 1/1996 (LPI), y se define como un conjunto de derechos personales y patrimoniales que permiten al autor disponer y explotar en exclusiva su obra. Esta exclusividad se prolonga a lo largo de la vida del autor y dura setenta años más tras su muerte.

Los objetivos de esta “privatización” de la forma de expresión son poder explotarla económicamente y fomentar la creatividad.

Contenido de la propiedad intelectual

La propiedad intelectual no solo se configura como un derecho de monopolio, sino que incluye un haz de derechos personales y patrimoniales.

Derechos patrimoniales

Su objetivo es retribuir al autor cuando otras personas exploten su obra. Y es que un tercero puede explotar la propiedad intelectual de otra persona con la debida autorización o licencia. Los derechos que pueden cederse incluyen:

• Reproducción de la obra.
• Distribución e importación de ejemplares.
• Interpretación pública.
• Radiodifusión y comunicación.
• Traducción.
• Adaptación.

Derechos morales

Los derechos morales son personales y protegen la integridad moral del autor. Incluyen:

• Divulgación: permite autorizar o prohibir la divulgación de la obra. También determinar el modo de divulgación, incluyendo si se firma bajo nombre del autor, bajo seudónimo o se distribuye anónimamente.
• Paternidad: permite reivindicar la autoría de la obra.
• Integridad: permite impedir modificaciones de la obra que perjudiquen a los intereses del autor o menoscaben su reputación.
• Modificación: permite modificar la obra.
• Retirada: permite retirar la obra del mercado.
• Acceso: permite acceder al ejemplar único.

El ejercicio de estos derechos puede conllevar la necesidad de indemnizar a quien, gozando del derecho de explotación, se vea perturbado en el mismo. Cabe destacar que se trata de derechos irrenunciables e inalienables.

Derechos conexos o afines

Protegen los intereses de las personas físicas o jurídicas que ayudaron a la creación, producción o puesta a disposición de la obra. Estas personas son los productores de fonogramas, los organismos de radiodifusión y los artistas e intérpretes.

Defensa de la propiedad intelectual

La LPI pone a disposición del autor una serie de mecanismos de defensa de su propiedad intelectual.

Acciones en defensa de la propiedad intelectual

La LPI permite al autor solicitar a los tribunales que impidan la divulgación ilícita de su obra. Además, puede exigir una indemnización por daños personales y morales.

Esta indemnización incluye los conceptos de daño emergente y lucro cesante, así como los gastos de investigación. La acción indemnizatoria tiene un plazo de ejercicio de cinco años.

También se pone en manos del autor la capacidad de solicitar determinadas medidas cautelares cuando la infracción se esté cometiendo o vaya a cometerse inminentemente.

Registro de propiedad intelectual

El Registro General de la Propiedad Intelectual se regula en el RD 281/2003. Su objetivo es inscribir y anotar derechos de propiedad intelectual, así como actos, hechos y títulos que afecten a los mismos.

Con ello, busca dar publicidad a los derechos en él inscritos, pudiendo emitir certificados. De modo que inscribir los derechos de propiedad intelectual en este registro sirve para gozar de un medio de prueba privilegiado.

Cabe recordar que el hecho generador de la propiedad intelectual es la mera creación. De modo que, al contrario de lo que ocurre con la propiedad industrial, el autor no está obligado a realizar ninguna gestión para gozar de su propiedad.

Efectos de la inscripción de la obra en el Registro

Como dijimos, el hecho generador de la propiedad intelectual es la creación. De modo que, como ocurre con el Registro de la Propiedad, la inscripción es “meramente” una forma de dar publicidad a la titularidad de ese derecho.

Dicho de otro modo, no es necesario inscribir la creación en el Registro para que se ponga en marcha el sistema de protección derivado de la LPI. Sin embargo, puede ser recomendable a efectos de gozar de cierto privilegio probatorio.

Conclusión

El derecho de propiedad intelectual, en su sentido de derechos de autor, representa un importante volumen de las economías desarrolladas. Por eso resulta fundamental conocer la institución.

Desde el mismo momento en que un autor expresa su obra, esta queda automáticamente protegida. Y ello le autoriza para ejercitar todos los derechos patrimoniales y morales aparejados a la misma. El Registro no es más que la expresión pública de la titularidad de la obra, pero resulta irrelevante para ejercitar la mayoría de las facultades derivadas de tal titularidad.

Por tanto, lo determinante a la hora de defender los derechos de autor es demostrar en qué momento se produjo la primera expresión.

Esto hace recomendable que los creadores y emprendedores cuenten con un asesor especialista en propiedad intelectual que les ayude a defender sus derechos de autor.

Por Adrián Garzón Ximénez

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La importancia del software en la economía europea es indudable. El informe The Economic and Social Impact of Software and Services on Competitiveness and Innovation de la Comisión Europea señala que en 2020 el crecimiento del sector habrá alcanzado los 290 mil millones de euros.

Ante este dato no debe extrañarnos que uno de los caballos de batalla del Derecho de Propiedad Intelectual (DPI) sea el software. Tendencias como el cloud computing, software as a service, Internet of the things y big data representan un reto para el sector jurídico, que debe ofrecerles cobertura y protección mientras evolucionan a ritmos vertiginosos.

Este escenario augura un futuro prometedor para los Abogados especializados en propiedad intelectual, a la vez que empuja a desarrolladores, programadores y emprendedores a adquirir algunas nociones jurídicas. En Lexgoapp contamos con un amplio directorio de abogados especialistas en Propiedad Intelectual. 

Por eso desglosamos algunos de los elementos básicos sobre la protección del software por la ley de propiedad intelectual española.

Cómo patentar o registrar software y programas informáticos

El carácter técnico de los programas informáticos propició que tradicionalmente se defendiera su carácter industrial. Sin embargo, tras el Convenio de Berna se estableció que la legislación encargada de proteger el software iba a ser la de propiedad intelectual.

El art. 4 de la Ley 24/2015 de Patentes (LP), reguladora de la propiedad industrial, parece admitir la posibilidad de patentar aplicaciones informáticas “incrustadas” en el hardware patentado, posición que confirma el art. 96.3 LPI. Sin embargo, excluye expresamente la patentabilidad de los “programas de ordenadores”.

En sentido contrario, El RDLeg 1/1996, que regula la Propiedad Industrial (LPI) incluye un Título VII específicamente dedicado a los programas de ordenador. Además, estas aplicaciones constituyen el objeto de la ley según su art. 10.1.i).

Por tanto, no cabe duda de que la ley de propiedad intelectual es la que protege el software en España.  

Esto somete los programas informáticos a un régimen de protección cuyos rasgos principales son los propios de los derechos de autor.

1. Nacimiento espontáneo de la protección

Como en cualquier obra literaria, artística o científica, el hecho generador de la propiedad del software es la creación. Esto implica que el propietario puede ejercitar o ceder sus derechos desde el momento en que se completa el código en el que se basa el programa.

Esto ahorra a los autores de código la asunción de los costes y trámites que se exige a las ideas patentables.

Es decir, el software no se patenta y tampoco es necesario registrarlo. Sin embargo, puede inscribirse en el Registro de la Propiedad Intelectual si se desea obtener un medio probatorio privilegiado de su titularidad.

2. Duración de la protección

El autor de un programa informático puede ceder, explotar y ejercitar sus derechos durante toda su vida. Ademas, sus causahabientes podrán seguir disponiendo de tales derechos durante setenta años más.

En los casos en que el propietario de los derechos es una persona jurídica, el plazo de setenta años comienza a computar desde el día 1 de enero siguiente a la divulgación del programa o a su creación si no se divulgara.

3. Determinación de la titularidad

Tal vez el aspecto más complejo relacionado con el software sea la determinación del titular de la propiedad intelectual. Y es que las obras creadas colaborativamente, como ocurre en ocasiones con el código, constituyen una cotitularidad a favor de todos los contribuyentes. Estos no podrán perjudicar la explotación común, y deberán concurrir para divulgar y modificar el programa.

Un elemento diferente es la obra colectiva. Ésta se produce por un grupo de personas que actúan bajo dirección y coordinación de una persona natural o jurídica. En estos casos y salvo pacto en contrario, los derechos corresponderán al editor.

Además, cuando se trabaje para una empresa (salvo que el contrato estipule lo contrario), los derechos de propiedad intelectual corresponderán al empresario salvo pacto en contrario.

4. Reutilización de fragmentos de código y límites al derecho de explotación

Mientras las patentes protegen ideas registradas, los derechos de autor solo protegen una expresión de tales ideas. De hecho, el artículo 96.4 LPI declara expresamente:

«No estarán protegidos mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador […]».

La noción puede parecer abstracta, pero tiene consecuencias muy palpables. Básicamente deja desprotegidos determinados elementos que pueden tener un importante valor comercial. Por ejemplo, permite el desarrollo de un segundo programa que satisfaga una necesidad similar a la de la primera aplicación.

Esto produce cierto desasosiego en los creadores de software, pues en palabras de la OMPI (que desarrolla el tema extensamente en este artículo) el derecho de autor desprotege:

«[…] las “ideas” subyacentes a dichos sistemas o aplicaciones, ideas que suelen tener un alto valor comercial».

Conclusión: la protección del software mediante derechos de autor

Es cierto que la imposibilidad de patentar programas informáticos puede parecer inapropiada. Sin embargo, el software queda automáticamente protegido por los derechos de autor en todos los países que forman parte del Convenio de Berna (151, en total).

Esto no impide que se patente el programa en determinados Estados, aunque los costes asociados a las patentes suelen hacer recomendable otras estrategias de defensa, como las marcas o los acuerdos de confidencialidad.

Por tanto, patentar un software puede carecer por completo de sentido. Sin embargo, ante la duda lo mejor es acudir a un abogado especialista en Derecho de Propiedad intelectual e inudustrial.

Por Adrián Garzón Ximénez

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