La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) celebra la nueva formación de Gobierno y con ello espera que “por fin pueda desbloquearse la tramitación del régimen sancionador que multa a las empresas morosas y protege al más débil”, señala su presidente, Antoni Cañete. Hay 60.000 millones pendientes de pago de las empresas del IBEX a sus proveedores según un informe de esta entidad de septiembre del 2019.

En su opinión, “como todos los partidos políticos han venido realizando declaraciones de apoyo a la mejora de la morosidad y a un régimen sancionador, ahora es el momento de pasar de las promesas a los hechos, porque nuestra economía y nuestras empresas no pueden esperar más; nos consta que los plazos de pago han empezado a empeorar, haciéndose su implementación más necesaria que nunca”.

Esta plataforma agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito

“Desde la PMcM esperamos que tanto el nuevo Gobierno de coalición progresista como los partidos de la oposición hagan que en esta nueva legislatura la lucha contra la morosidad sea una realidad efectiva. Para ello el único camino es darle continuidad en el Congreso al trámite de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, que aprobó el Pleno de la Cámara por unanimidad hace dos años”, solicita Cañete.

Esta normativa contempla las medidas antimorosidad “necesarias para acabar con esta lacra: promoción de códigos de buenas prácticas e implantación de un sistema arbitral de morosidad y un régimen sancionador, que multará a las empresas morosas”, explica el presidente de la PMcM.

La situación realmente es compleja Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM), ha denunciado  la magnitud de los datos que las empresas del Íbex35 han ido comunicando a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) en sus balances del ejercicio de 2018: las firmas del selectivo tienen cautivos 60.409 millones de euros en impagos a proveedores y subcontratas con retrasos superiores a los 60 días que la legislación da para liquidar esas facturas.

La cifra se eleva en otros 18.418 millones de euros, hasta los 78.827, si el cálculo se amplia a todo el mercado continuo, una situación que está provocando la asfixia de miles de pequeñas y medianas empresas, y de profesionales independientes, que suministran bienes y servicios a las grandes empresas españolas.

En ambos casos ha habido una mejora, aunque de escasa cuantía. La deuda cautiva se ha reducido en 400 millones en el Íbex35 y en casi 2.000 en el conjunto de las firmas del mercado continuo, volúmenes que porcentualmente se quedan en el 0,61% y en el 1,68%.

Desde esta entidad empresarial se insiste en que “no hay ninguna justificación para que se esté abusando de esta circunstancia. La gran empresa está haciendo negocio con la pequeña”, que comienza a sufrir ese estrangulamiento de la liquidez causado por la morosidad.

“Una de cada tres empresas que cerraron y uno de cada tres puestos de trabajo que se perdieron en la crisis desaparecieron como consecuencia de la insolvencia”, recuerda Cañete, para quien “estamos volviendo a cometer los errores de hace más de una década”.

En el caso español, la situación en nuestro país está sin resolver desde que  en 2004 fue aprobada la Ley por la que se Establecen Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, reformada  seis años más tarde sin que ninguno de los textos incluya un régimen sancionador que obligue a cumplir sus reglas.

La normativa establece limitar  a “sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios” el plazo para pagar la factura de un proveedor (30 para productos de alimentación frescos y perecederos), prohíben ampliarlo “por acuerdo entre las partes” para evitar abusos y cargan al moroso (siempre que sea “responsable del retraso del pago”) un interés de demora de hasta el 15% anual, además de tener que asumir los gastos de gestión del cobro, pero únicamente para las deudas superiores a 30.000 euros, lo que ya de entrada limita notablemente la aplicación de una norma para cuyo cumplimiento no existen medios coercitivos.

La propuesta de Ciudadanos para establecer ese régimen sancionador, que sí existe en países como Francia y Reino Unido, naufragó la pasada legislatura en la Comisión de Economía del Congreso, que finalmente desistió de tramitar lo que amenazaba, para la banca y la gran empresa, con convertirse en un cambio disruptivo en un sistema que a fecha de hoy provoca consecuencias muy distintas en función de si uno es emisor o destinatario de las facturas.

Todos los puntos claves de esta futura  Ley, aun pendiente por aprobar,  se encuentran en las recomendaciones que ya realizó la Comisión Europea para luchar en los estados miembros contra la lacra morosidad, que es especialmente grave en España, según sus análisis más recientes.

Cañete recuerda que tras la conformación del nuevo Ejecutivo, “el régimen sancionador debería entrar en vigor en el primer paquete de medidas que apruebe la actual ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, compromiso que la propia ministra adoptó a finales de 2019 con las organizaciones del sector de cara al inicio de la próxima legislatura”.

“La PMcM se pone a disposición del nuevo Gobierno para asesorarle en materia de morosidad, tal y como la entidad ha venido haciendo desde sus orígenes a todos los niveles”, recuerda Cañete. 

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.

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