No hay día que bufetes como el que dirige Delia Rodriguez, Vestalia Abogados de Familia, tenga una consulta sobre qué opciones hay de cambios en el convenio regulador o sentencia de una pareja divorciada.

Para esta jurista “hay consultas que plantean simplemente la posibilidad real de divorciarse o separarse. La verdad es que hay familias que se lo piensan dos veces antes de separarse o divorciarse de su pareja en este escenario de recesión económica. Este proceso acarrea gastos importantes que no todo el mundo se puede permitir en la actualidad”.

Al mismo tiempo la letrada destaca que el papel del abogado de familia en este tipo de contextos es el de advertir a su cliente de lo que puede avecinarse en un futuro más o menos inmediato.

“Un buen abogado de familia procura asesorar para evitar, en la medida de lo posible, problemas futuros. Muchas veces me encuentro con convenios reguladores que se han firmado “deprisa y corriendo”, obligando a una de las partes a cumplir unas condiciones por encima de las posibilidades”.

A este respecto señala Delia que “en algunos de estos convenios hay pago de pensiones de alimentos o compensatorias que no son realistas, ni justas. Cada paso que se da en un divorcio hay que hacerlo con cabeza fría y asesorado por un especialista. Cada día la sociedad toma más conciencia de la importante el asesoramiento preventivo en materia de familia y se multiplican este tipo de consultas”.

Sobre los gastos directos o indirectos vinculados a un proceso de divorcio o separación “todo depende de cada caso, sabiendo que los honorarios de abogados son fijados libremente por el profesional en cuestión, y pactados entre este y el cliente”.

“Orientativamente podríamos hablar de unos honorarios, en un procedimiento contencioso, dentro de una horquilla que oscila entre los 2.000 a 6.000 euros. En el mutuo acuerdo los precios son más reducidos, sobre los 1.200 y 1.800 euros, pudiendo incrementarse si existe la liquidación de gananciales”.

A estos costes debemos añadir los que Delia llama gastos colaterales tras conformarse dos nuevas unidades familiares “que pueden suponer, por ejemplo, duplicar los gastos de vivienda y suministros”, a pesar de que los ingresos familiares se ven reducidos al separarse los progenitores”

“ Esto puede generar que algunos divorcios se paralicen forzosamente. Este es uno de los dramas silenciados del derecho de familia, el tener que convivir en el mismo techo con otra persona con la que ya no hay un vínculo afectivo, incluso, a veces, existe un malestar o enemistad manifiesta”.

El problema de los paros forzosos

Para esta experta en derecho de familia “este tipo de situaciones de parón forzoso, o las derivadas por el tiempo de espera de los juzgados, pueden llegar a convertir una separación en un auténtico infierno, generando situaciones de conflicto o violencia de género o doméstica que podrían haberse evitado en su momento”.

Delia Rodríguez aclara que “las familias pueden esperar hasta cinco o seis meses hasta tener unas medidas paternofiliales provisionales en un auto o sentencia judicial”, “esto hace que el nivel de conflicto en el hogar pueda elevarse, primeramente, en cotas de violencia verbal que pudieran derivar en violencia física entre las partes, lo que genera situaciones dramáticas en las que los menores muchas veces están presentes”.

Nuestra interlocutora destaca que “el hecho de que la principal fuente de ingresos de la unidad familiar (y obligada al pago de pensiones) se quede sin empleo supone un cambio sustancial que puede desembocar en un cambio de las medidas paternofiliales”

“De ser una situación que se mantiene en el tiempo, podría ser causa de una reducción de la pensión de alimentos por una reducción notoria de su capacidad adquisitiva” comenta

A su juicio “lograr esa reducción puede ser viable de acreditarse que existe ese cambio en detrimento de la economía del obligado al pago de las pensiones”, si bien conseguir la extinción total de las pensiones, cuando existe menores, es muy complicado, debiendo demostrarse que existe una situación de precariedad extrema por parte del progenitor”.

Si verdaderamente viene una crisis económica, señala la letrada, “los progenitores que pasen a peor fortuna podrán solicitar una revisión de las medidas paternofiliales, teniéndose en cuenta también otros recursos y rentas, su capacidad de conseguir un nuevo empleo o los ahorros o el patrimonio inmueble con el que cuenten”

También destaca  Delia que “existe la falsa creencia de que si estás desempleado no tienes que pasar esa pensión de alimentos. Pero la deuda se acumula y hay un plazo para reclamarla de cinco años; por eso lo primero que hay que hacer urgentemente si estás en esta situación es solicitar que se modifiquen las medidas paternofiliales vigentes adaptándolas a la actual situación económica de ambos progenitores”.

En estos procedimientos de modificación de medidas “tenemos la opción de solicitar medidas provisionales coetáneas a la demanda, si bien los tiempos de espera pueden alargarse seis o siete meses, ya que no se consideran procesos tan urgentes como otros. Todo depende de la carga del juzgado donde se turne cada asunto en concreto”.

Cuidado con las dilaciones

La jurista recuerda que “se creó un procedimiento ex novo cuando tuvo lugar la pandemia, con procedimientos de familia express. Uno de ellos tuvo que ver con el ajuste de las pensiones a la situación económica que vivían muchas familias. Pero a día de hoy, las dilaciones son extensas, mientras que la deuda no deja de crecer, sumiendo a algunas personas en situaciones económicas críticas”.

Respecto a la reducción de la cuantía de la pensión “habrá que analizar cada caso concreto, valorando la situación de la persona que solicita la revisión. Si lleva desempleada pocos meses, por ejemplo, el juez puede entender que tiene capacidad de volver al mercado laboral, y que no existe un cambio lo suficientemente sustancial.”

“Recomiendo acreditar que se está en búsqueda activa de empleo. También se comprobará en el proceso si tiene otros recursos o rentas, ahorros o patrimonio mueble o inmueble”, comenta

Para Delia Rodríguez “a la hora de reducir el statu quo de los menores se mira con lupa por parte del juez que verdaderamente no existen más opciones con la situación económica de ambos progenitores. La pensión de alimentos debe fijarse en función de las necesidades de los menores, y del caudal de los progenitores. Si bien tras muchos divorcios no queda otra que “ajustarse el cinturón” y bajar el nivel de vida”.

“Los gastos escolares, por ejemplo, los cuales van incluidos en las pensiones de alimentos como ordinarios que son, pueden ser motivo de reducción de las mismas. Hay niños que acuden a colegios privados con cuotas que superan los 1.000 euros mensuales. Si el progenitor con mayores recursos económicos queda desempleado, se plantea la necesidad de un cambio de centro educativo a un concertado o público, para reducir costes”.

Este tipo de cambios de colegios suelen realizarse mediante “expedientes de jurisdicción voluntaria por desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad; un proceso distinto al de modificación de las pensiones de alimentos”.

“Es una de las primeras acciones que se puede efectuar si realmente no se puede mantener el pago de la cuantía de las pensiones. Aquí la mediación sería ideal para resolver este tipo de asunto, por acortar tiempos de espera y restar tensiones entre los progenitores que acaban salpicando a los niños”, aclara.

Anticiparse a los cambios

Otro asunto importante que destaca esta abogada experta en derecho de familia tiene que ver con que “hay muchos progenitores que llevaban tiempo rondando la idea de solicitar la extinción de las pensiones de alimentos de los hijos mayores de edad”.

“Hablamos de casos de hijos que llevan años repitiendo curso, no rinden cuentas sobre sus resultados académicos o no hacen nada por encontrar un oficio, a pesar de haber acabado sus estudios de ciclo profesional. Muchos de ellos no han dado el paso, a pesar de poder legalmente, porque tienen cargo de conciencia al sentir que dejan de apoyarles”, subraya

Sin embargo, en estos momentos de crisis económica, si el progenitor se ve en la necesidad al quedar desempleado, “es el momento de solicitar la modificación de medidas a nivel económico, concretamente la extinción de las pensiones cuando se den las circunstancias para ello”.

“Lo recomendable es enviar un burofax a la otra parte para llegar un acuerdo y, si en un plazo razonable no hay respuesta, interponer una demanda”.

En cuanto a la extinción del uso de la vivienda familiar, Delia destaca que “cuando en las medidas paternofiliales se ha adjudicado de manera temporal el uso del domicilio a una de las partes, por ser el interés más necesitado de protección, podría solicitarse esto mismo si el otro progenitor pasa a peor fortuna.”

“En este tipo de situaciones la venta de la vivienda podría ayudar a recuperarse a los dos cónyuges a medio plazo”, subraya.

Otra cuestión susceptible de cambios es cuando conviven en el domicilio familiar terceras personas. “Ante una crisis económica que podría acontecer, algunos clientes preguntan sobre si pueden solicitar la extinción del derecho de uso del domicilio a favor de la progenitora custodia, quien convive con un tercero. Aquí es imprescindible acreditar que se trata de una relación de convivencia estable, siendo la mejor herramienta el detective privado”.

En este contexto Delia Rodríguez nos advierte que pueden generarse situaciones de fraude. “sobre todo en casos de profesionales autónomos que justifican con sus declaraciones de IVA que no tienen ingresos suficientes”.

“En estos casos, nuevamente nos vemos obligados a utilizar los servicios de detectives para acreditar el verdadero nivel de vida de quienes emplean la economía sumergida para eludir sus obligaciones familiares. Los jueces atienden a los documentos oficiales (Renta, IVA), por lo que, si no das más pruebas de parte, se quedarán con estos datos”.

Planificar en tiempo de crisis

Para esta jurista “es muy importante poder planificar de la mano de tu abogado de familia, con tiempo suficiente, un nuevo escenario estratégico para poder anticiparte a estos cambios forzosos que vienen por crisis económicas. Hay personas que dejan crecer la bola de nieve, y acuden con deudas de miles de euros, cuando ya no podemos hacer mucho”.

Desde su punto de vista “va a ser clave el último trimestre del año; debemos tener en cuenta que los procesos judiciales llevan un tiempo y si ya estamos inmersos en una situación de precariedad económica, conviene anticiparnos y, cuando menos, asesorarnos con un abogado de familia”.

En su opinión, “el asesoramiento preventivo es imprescindible. Gracias a acudir a tiempo a un abogado de familia puedes, no solo ahorrar dinero, sino también preservar la relación con tus hijos. Es una inversión que siempre es rentable, porque los profesionales del derecho de familia protegemos los intereses más importantes de las personas”.

En esas consultas legales, Delia Rodríguez subraya que al final de lo que se trata es de tener claro los pasos que debes dar: “saber qué tipo de obligaciones existen, qué derechos tienen, y que pasos puede dar esta persona para conseguir los mejores resultados en un procedimiento judicial.”

Esta jurista pone el énfasis en que “el abogado de familia, como el médico de cabecera, es un profesional al que conviene acudir incluso antes de que nos duela algo, como un chequeo rutinario para comprobar que todo está bien en nuestras vidas”.

Por @LuisjaSanchez Periodista jurídico.

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En este contexto el papel de los abogados de familia especializados como es el caso de Carmen Varela. Con ella ya comentábamos que se puede evitar que una separación no sea un campo de batalla.

A este respecto es clave gestionar el futuro de la vivienda que fue de los dos y ver ahora qué gastos paga cada uno.

El pago de los gastos de la casa tras el divorcio es uno de los motivos de conflicto en las crisis familiares. 

El artículo 87 de nuestro Código Civil recoge que “el matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio”. 

Pero la disolución del matrimonio no implica que desaparezca de un plumazo todo lo construido durante los años de duración del mismo, ni mucho menos.

Puede decretarse bien por sentencia judicial o a través de Convenio Regulador de mutuo acuerdo que el uso de la vivienda común se atribuya a los hijos. Y con ellos, al progenitor al que se le otorgue la custodia. 

Ambos progenitores siguen siendo propietarios de esa vivienda, pero sólo uno de ellos puede usarla. Por tanto, debe distinguir entre propiedad y uso, que son dos derechos diferentes.

Esta experta recuerda que el uso de la vivienda y sus gastos “va ligado al tema de la custodia de los hijos. Ahí nos encontramos que una pareja podría estar de acuerdo en una custodia compartida pero cuando les dices que pueda suponer la no atribución del uso de la vivienda, muchas veces se solicita la custodia para tener el uso”.

Desde su punto de vista “el día que se desligue el uso de la vivienda y las cuestiones económicas de la guarda y custodia, como sucede en Inglaterra que hay un juzgado que decide sobre los menores y otro sobre la parte económica y la vivienda habrá muchos menos conflictos que en la actualidad”.

Nuestra interlocutora recuerda que la regulación nacional y la catalana es diferente “cuando uno se divorcia lo más importante es definir bien ese convenio regulador donde deberemos dejar claro quién y cómo se reparten los gastos de esa vivienda que hasta ese momento era única para ambos cónyuges”.

“Habitualmente si ese divorcio es de mutuo acuerdo es bastante previsible que en ese convenio de divorcio incluyamos esos datos claves relacionados con la vivienda y sus gastos”.

En ese convenio se puede pactar lo que se quiera, “Que un propietario no pague el IBI  y lo pague quien lo utiliza, que la comunidad de propietarios se pague entre los dos, entre otras posibilidades”.

Varela recuerda que el artículo 1255 del Código Civil “permite pactar lo que queramos sobre vivienda, sobre todo si el divorcio es de mutuo acuerdo. Lo importante es que ese convenio regulador sea claro y defina todos los pormenores de ese divorcio”.

En el caso que no se incluya nada sobre la vivienda y sus gastos “la situación se complica aún más de lo que seria aconsejable. Se puede entender que esos gastos se pagan por mitades o desde la sociedad de gananciales y luego la liquidación ya se arreglará la deuda”.

Esta jurista destaca que “es absolutamente recomendable que en ese convenio regulador se deje claro a quién se atribuye el uso de la vivienda y quién paga los gastos de la vivienda. Habitualmente los suministros, luz, agua o gas lo paga el que lo usa, porque es el que los utiliza y vive allí”.

En caso de que no haya acuerdo “aquí está la diferencia entre el Código Civil español y el catalán, En el primero hasta hace poco decía el Tribunal Supremo decía que los gastos de los suministros iban para quien usaba la vivienda,  con independencia de quien sea el propietario, pero IBI, comunidad de propietarios o tasa de basuras, eso sería propiedad de la sociedad de gananciales, un pago por mitades”.

Sentencia del Supremo que lo cambia todo

Sin embargo una sentencia del Supremo de 13 de septiembre del 2021 de la que ponente el magistrado Francisco Javier Arroyo, siguiendo la estela del derecho catalán ya se modificó en el 2015 y se dijo que el que usaba la vivienda no solamente pagaba los suministros, sino también la comunidad de propietarios y el IBI.

“Con esta sentencia tan importante, los juzgados de familia pueden dictaminar que pese a que el bien sea común, la comunidad de propietarios ordinaria lo pague uno de ellos. Ahí permite siguiendo el código catalán es que el pago de esa comunidad de propietarios lo pague quien tenga el uso de la vivienda, pero si el juzgado de familia no dice nada se seguirá pagando por mitades”.

En cuanto a las derramas extraordinarias “tanto en derecho común como en derecho catalán siempre se pagan por mitades, nunca lo paga el que lo usa. De esta manera si se mejora la fachada del inmueble o se instala un ascensor, está beneficiando a la propiedad y ese bien ganará más dinero a partir de ese momento que se sujeta a algunas reparaciones”.

En cuanto a la hipoteca “con independencia de quién viva en la vivienda, como suelen ser dos hipotecantes, porque un banco no deja solo a uno, este es un pago que se hace por los dos en la proporción que se haya pactado. Y si uno de ellos no lo paga, al final el banco ejecuta el banco el lanzamiento de esa vivienda. En ese caso el que vive puede pagarlo todo y luego reclamárselo al otro o a la sociedad de gananciales”.

Dicha reclamación “habría que hacerla por vía judicial, lo que puede complicar el futuro de ese divorcio y la relación entre ambos cónyuges que puede empezar a estropearse y a generar problemas de convivencia importantes”.

Sobre estos procedimientos judiciales, esta experta señala “que no es especialmente largo, depende de la cantidad, puede ser un juicio monitorio o un juicio ordinario. El primero es relativamente rápido y en cuanto al segundo se puede alargar, todo depende del colapso que tenga el juzgado y ese retraso puede ser de siete a ocho meses, aproximadamente”.

Varela recuerda que “al banco le da igual cómo se pague esa cuota hipotecaria, y quien viva o no viva ahí. La deuda es de los dos y se reclama a los dos. Ahí el que juega con desventaja es el que está viviendo porque si ejecutan la hipoteca se irá fuera”.

Venta de la vivienda a veces necesaria

Esta experta recuerda que “ambos cónyuges tienen un bien que es la vivienda que bien gestionada su venta puede arreglar los problemas económicos que tengan estas personas cuando no pueden pagar la hipoteca. Ahí de nuevo es clave la presencia de abogados especializados en familia para gestionar esa venta y procurar que la relación entre los divorciados no se estropee”.

“Con esta venta de la vivienda, tras un acuerdo entre las partes, se liquida la deuda que pueda existir entre ambos y se evita que el banco ejecute el desahucio del que se encuentra viviendo en ella. Si no hay acuerdo se corre el peligro de que el banco se quede con la hipoteca y se queden sin ese inmueble”.

Sobre la venta de la vivienda “en divorcios de mutuo acuerdo se puede llegar a un acuerdo más o menos rápido sobre las condiciones en las que se va a vender dicho inmueble. En muchas ocasiones uno se lo compra al otro porque al final tener una vivienda en común que se atribuye el uso pero no se vende, es un problema a futuro. Ese uso se acabará y se tendrá que vender”.

Para Varela “si esa adjudicación se hace en el convenio de divorcio uno para el otro tiene muchos beneficios fiscales, no se pagan impuestos y no se necesita escritura. Sino que el mismo convenio de divorcio llevado al juzgado, donde se homologa judicialmente servirá para inscribir en el Registro de la Propiedad ese bien”.

Evitar los procesos judiciales

En el caso que no se pongan de acuerdo “el asunto puede desembocar en un proceso judicial que se llama división de la cosa común. No lo aconsejamos porque es un proceso muy lento, caro, porque existen periciales y además el problema es que si uso tiene el uso de la vivienda aunque el otro inste la división de la cosa común al final esta división se hará respetando el uso de la vivienda, con lo cual quien va a querer comprar algo que tiene un uso”, aclara Varela.

Esta jurista señala que “en este tipo de situaciones lo que se recomienda  es llegar a un acuerdo con la otra parte, pagando ese uso de la vivienda o se espera a que se extinga el uso para solicitar la división de la cosa común”.

En cuanto a la extinción del uso, ”en muchos casos depende de la mayoría de edad de los hijos, excepto que se haya fijado por un tiempo más corto. Esa extinción se produce cuando el último de los hijos alcanza la mayoría de edad. En el caso de que no haya hijos, ese uso será más difícil que se atribuya”.

A este respecto esta jurista indica que “ya las últimas sentencias del Supremo igual que también pasa en la legislación catalana, cuando no hay hijos, en Cataluña se establece que son tres años el uso de la vivienda. En la legislación española no hay nada establecido, pero se concretan periodos más cortos para no perjudicar al otro propietario. Ahí debe ser el juez quien establece la duración de ese uso”.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico y Carmen Varela, Abogada experta en Derecho de Familia.

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Llega el verano y muchas parejas ponen a prueba su estabilidad matrimonial. Para Carmen Varela, abogada experta en temas de familia,   los meses de junio y julio se tantea al abogado sobre qué es lo que tienen que hacer. “Es la última oportunidad que se dan hasta que llega septiembre y la pareja deja de convivir”.

Para esta abogada, curtida en mil batallas, “es importante no convertir esa separación o divorcio  en un campo de batalla y con el apoyo de un abogado/a experto en derecho de familia buscar una separación de mutuo acuerdo”.

Este tipo de asuntos “suelen ser rápidos, hay negociaciones antes de la firma del convenio que suelen durar dos o tres meses. Luego la homologación judicial se puede tardar entre mes y medio y tres meses, depende si en esa ciudad hay un juzgado de familia”.

También recuerda que “dicho convenio entra en vigor desde su firma. Se trata de consensuarlo con la otra parte y de incluir todo lo relevante.

Esta experta aconseja a muchas parejas que unen sus vidas, que “realicen pactos en previsión de la ruptura cuando se casen. Estará todo muy claro y evitaremos mucha litigiosidad, en capitulaciones o por cualquier otra medida”.

En el caso que no se haga esto “ lo primero que debe hacerse es ir a un abogado especializado en familia para que nos ayude a tomar esa decisión. Hay que hacerlo así, y no al revés, porque a veces el tema se complica mucho. Cada vez hay más consultas previas para tomar esa decisión. Nosotros les podemos decir si es el momento oportuno de hacerlo”.

Tomada la decisión “es muy importante que hablen entre ellos y centrarse  en los temas de los niños y su reparto de tiempo para buscar ponerse acuerdo sobre la custodia de ellos y su régimen de visitas.  No es difícil que lleguen a este punto de encuentro”.  

A partir de ahí “gracias a las negociaciones o a la ayuda de la mediación es el momento de revisar el resto de cuestiones a nivel de bienes, dinero o vivienda”.

Al igual que con la separación de mutuo acuerdo, este procedimiento de divorcio amistoso es relativamente rápido, sencillo y económico.

No exige la celebración de juicio, bastando con la presentación de la demanda de divorcio y del convenio y su posterior ratificación en el Juzgado por ambos cónyuges.

Además supone un menor coste al permitir que ambos cónyuges actúen representados por un mismo procurador y defendidos por un único abogado.

Si existen hijos menores se cita al Ministerio Fiscal para emitir informe sobre si el acuerdo adoptado por los cónyuges salvaguarda correctamente el interés de los menores. 

Una vez emitido el informe por el Ministerio Fiscal, si resulta favorable; o una vez realizadas las modificaciones que en dicho informe se indiquen, con nueva ratificación por los cónyuges, el juez dicta sentencia por la que decrete la separación de los cónyuges y apruebe el contenido del convenio regulador presentado.

Estos acuerdos reflejados en la sentencia pueden ser modificados judicialmente cuando se alteren sustancialmente las circunstancias.

Uso de la vivienda, conflictivo

El tema de la vivienda y su uso es muy conflictivo. Como suele estar ligado a la custodia, puede generar problemas en ese acuerdo final, eso hace que las custodias compartidas que se habían pactado se frustren por esta situación de uso de la vivienda”, aclara esta experta.

Desde su punto de vista “el día que se desvincule el tema de la custodia del uso de la vivienda, como se hace en otros países como Inglaterra, lograremos más acuerdos, al menos sobre los menores. El uso de la vivienda siempre es un problema”.

Carmen Varela lo tiene claro “los abogados en este papel somos claves en este proceso de negociación. Tenemos una responsabilidad que es importante destacar de cara a aplacar la situación emocional y no añadir más fuego al tema.  Se trata que ellos hablen de los niños y nosotros llevamos el resto de temas con el otro abogado”.

Para esta jurista “es importante que cada cónyuge tenga un abogado. Así cada uno se siente más seguro de lo que le están diciendo. Solo se recomienda un abogado para los dos si realmente hay ya un acuerdo y solo hay que plasmar ese pacto en un documento, no hace falta que haya más de un abogado”.

Otra cuestión que nos aclara que “no es cierto que los abogados de familia ganemos más dinero si el asunto pasa por un juzgado y se convierte en contencioso. No es la norma general. Son casos puntuales. En EEUU  obtener un acuerdo es más caro que un proceso porque consideran que si solucionas con un coste emocional y menos tiempo, eso es más valioso que resolver el problema en un juzgado”.

Varela reconoce que hay un cambio de mentalidad “ahora la gente se acostumbra a ir a especialistas  en derecho de familia. “Los especialistas sabemos que son temas emocionales, delicados, no es un tema mercantil que se arregla y ya no ves a la otra parte. Al final dejan de ser matrimonio pero no dejan de ser familia”. 

Para esta jurista “nosotros como profesionales intentamos apaciguar el conflicto. Las soluciones que hay en el juzgado nunca son buenas para ninguno de los dos. Lo de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito sigue estando vigente”.

El factor tiempo es clave

Esta experta recuerda que el factor tiempo es clave, “en ciudades como Madrid y Barcelona con juzgados especializados, antes se tenían medidas urgentes en dos meses, ahora se habla de tres o cuatro y un proceso definitivo de un año”.

La vía contenciosa supone mucho tiempo e invertir más dinero y un desgaste emocional muy importante para ese matrimonio que ahora quiere separarse porque la convivencia ya no funciona.  

Nuestra interlocutora subraya que “después del Covid19 “la gente está más  irritada y tiene más prisa. Es más difícil, llegar a un acuerdo sin tener que acudir al juzgado”.

Sobre cómo llegar a un acuerdo, Carmen Varela recalca que “ellos deben centrarse en lo importante que son sus hijos y poner de su parte.   No hagan del otro el enemigo porque seguirá siendo durante toda la vida el padre o la madre de sus hijos, y al mismo tiempo contar con un buen abogado que negocie bien y aplaque los ánimos”.

En este contexto “es bueno desmitificar el hecho de que la persona que ha sido abandonada o ha sido infiel va a conseguir que se le escuche en el juzgado. Es importante centrarse en lo esencial. Si han tomado la decisión es mejor que no se maree la perdiz y solucionen la separación lo antes posible”.

A este respecto Varela recuerda que “en un proceso mutuo se incluye una cláusula en el convenio que empieza a regir desde la firma del convenio. Este convenio se puede redactar en quince días, se trata de que el tiempo que pasen juntos sea lo menor posible”.

El papel del convenio regulador es clave “debe prever todos los problemas porque la idea de dicho convenio es evitar futuros problemas. El objetivo de este convenio que es muy detallado es tener que ir a un juzgado para discutir. Debe ser lo más completo posible. Contemplar casi todo para evitar problemas en el futuro”.

Homologar el convenio en el juzgado

Para esta jurista “es fundamental que ese convenio se homologue judicialmente. Es fundamental que se homologue. Si se incumple, como documento judicial, podemos acudir a la vía de ejecución de sentencias que es más rápido para el cumplimiento”.

Al mismo tiempo recuerda que “un convenio privado tiene efectos entre ellos, sin embargo, si algo no lo cumplen no se puede ejecutar al ser un documento privado. Tendríamos que ia poner una demanda contenciosa de divorcio para tener una sentencia, Siempre recomendamos que se haga y se homologue judicialmente”.

Sobre el grado de cumplimiento de esos convenios, esta abogada cree que se cumplen bastante “podríamos estar en ratios del 70  u 80 por ciento. Los dos ceden algo y es aceptado por ellos de forma voluntaria y es más fácil de cumplir. Al final el incumplimiento de la sentencia es mayor que el de los convenios”.

Respecto a qué elementos influyen en no cumplir ese convenio, Varela subraya “que hay varios elementos, entre ellos podemos destacar son el impago de pensiones alimenticias, uno de ellos deja de pagar porque puede haber perdido su trabajo”.

Otra cuestión que genera el impago “tiene que ver con el régimen de visitas, ahí en ocasiones las entregas y devoluciones de los menores se hacen tarde y se quejan de falta de comunicación en esa relación”.

A este respecto, Varela aclara que “ahora pasa bastante que a uno de ellos lo trasladan de ciudad por el trabajo. Ahí el convenio tiene que cambiarse porque hay medidas que adoptaron en su día que ahora no pueden llevarse a cabo. Siempre es bueno actualizar el convenio en función de la realidad de los dos cónyuges que puede cambiar”.

Desde su punto de vista “es imposible hacer un convenio para siempre con los mismos términos. La realidad fluye y hay que estar pendiente a los cambios de esa familia que pueden obligar a modificar su contenido”.

“Sin un buen convenio regulador estamos abocados a la vía contenciosa. El paso previo puede ser la separación de hecho no regulada que puede generar muchos problemas si no la encauzan unos abogados expertos en la materia”.

Para Varela “se entra en una tierra de nadie peligrosa, en principio los dos tienen derecho a los niños y la situación puede complicarse a corto plazo y convertirse en una batalla campal de insospechados resultados”.

Esta situación antes comentada se da bastante “en Cataluña pasa mucho. Las parejas bajan convenios de Internet intentando que los firme la otra parte. Esos convenios tipos no son la solución. En muchas ocasiones se quiere utilizar el del Código Civil común sabiendo que en Cataluña se aplica el Código civil catalán. No sirve de nada”.

Varela recuerda que “cada asunto debe tener su convenio específico. No hay un convenio regulador tipo y eso es fundamental que la pareja que ha tomado la decisión de divorciarse lo tenga claro. Cualquier convenio que se suscriba luego es complicado delante de un juez justificar que lo queremos cambiar por diversos motivos”.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.

La entrada Separarse de mutuo acuerdo es posible: no conviertas tu divorcio en una batalla judicial costosa y sin sentido se publicó primero en LexGoApp Blog.

Un divorcio contencioso supone iniciar un proceso más largo y complejo que si se opta por el acuerdo. Y es que en esos supuestos, es el juez quien decide las condiciones de la disolución de ese matrimonio, que podrá tramitarse por iniciativa de ambos cónyuges o de uno solo.

En España gana por mayoría el divorcio de mutuo acuerdo, también considerado divorcio express porque se soluciona de forma más rápida.

En 2020 hubo en España 77.200 divorcios según el  Instituto Nacional de Estadística -INE-  y aproximadamente 62.750 se resolvieron mediante negociación entre las partes, lo que supone que otros 14.450 tuvieron que acudir a la justicia.

Y para muestra de lo que supone una u otra opción, un análisis de la duración del procedimiento de divorcio. En 2020 la mayor parte de quienes rompieron de mutuo acuerdo, el 53,5%, tardaron menos de tres meses en tener resuelta su situación (unos 33.570 casos) mientras que por vía judicial el tiempo medio de resolución está entre 6 y 11 meses.

En esta situación de divorcio contencioso, son las esposas en un 70% las que tomaron la iniciativa.

En cualquier caso, el divorcio implica dar por finalizado el matrimonio. Pero, si hablamos de un divorcio contencioso, nos referimos al que tiene lugar sin que los cónyuges hayan sido capaces de ponerse de acuerdo.

Es, en otras palabras, todo lo contrario de un divorcio de mutuo acuerdo o amistoso, en el que la pareja pacta de forma conjunta todas las condiciones.

El Artículo 81 del Código Civil, en relación al divorcio contencioso, indica que podrá ser solicitado por uno sólo de los cónyuges, sin necesidad de conocimiento del otro.

Para divorciarse, amistosa o contenciosamente, la ley exige que hayan transcurrido más de tres meses desde la celebración del matrimonio. 

Salvo que se aprecie un riesgo cierto para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad sexual de quien interpone la demanda de divorcio o de los hijos. En estos supuestos, no es necesario cumplir ningún plazo.

Según los expertos el divorcio contencioso encaja en varias situaciones concretas como pueden ser:

1) El primer caso pasaría por cuanto uno de los cónyuges no se quiere divorciar del otro.

2) El segundo caso, se establece cuando uno de los cónyuges no deja ver al otro a los hijos comunes del matrimonio.

3) El tercer caso, hace referencia cuando el nivel económico de uno de los cónyuges se ve perjudicado por la separación de los cónyuges.

4) El cuarto caso, es cuando existe una relación tensa entre un cónyuge con el otro cónyuge que hace que sea difícil la guarda y custodia con los hijos,al igual que las relaciones entre ellos y terceras personas.

Costes elevados

Esta es la opción más cara y lenta de divorciarse al no haber acuerdo entre los cónyuges.

En primer lugar, al haber un enfrentamiento, cada miembro de la pareja tendrá que pagar su propio abogado y procurador, en lugar de compartirlo. 

Además, también es necesario ir a juicio. El precio del abogado, en este caso, oscila entre los 1.000 y los 2.000 euros más IVA en función de muchos factores, pudiendo cobrarse un porcentaje de las ganancias obtenidas por el divorcio. 

A esto hay que sumarle el gasto de 500 euros por apoderar al procurador (o unos 50 euros si se entregan a la notaría), más otros posibles gastos, por ejemplo, averiguación patrimonial o informe pericial, que pueden llegar a alcanzar los 1.500 euros. 

Entre los gastos probables que también engrosarán el coste del divorcio se encuentran otros 900 euros si uno de los cónyuges no está de acuerdo con la sentencia dictada y decide recurrir, y el coste de la intervención de un psicólogo infantil o perito, que cobrará alrededor de 1.000 euros por la mera intervención y unos 300 euros más si hubiere de declarar en el juicio.

No hay un tiempo establecido. En caso de tratarse de mutuo acuerdo siempre es más fácil y rápido, en aproximadamente tres meses puede haber terminado el proceso.

La única manera de acelerarlo es que las partes lleguen a acuerdos cuanto antes. Al ser contencioso, además de la lentitud de la justicia, entran en juego otros factores y suele tardar aproximadamente entre 8 meses y 18 meses.

¿Cómo se desarrolla un divorcio contencioso?

El procedimiento del divorcio contencioso está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Comienza con la presentación de la demanda en el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se encuentre el domicilio conyugal o donde resida el cónyuge demandado. Cuando hay hijos menores, la demanda debe enviarse también al Ministerio Fiscal.

Hay que acompañar esta demanda con los siguientes documentos:

Certificado de matrimonio.

Certificado de nacimiento de los hijos.

Documentos que reflejen la situación económica del demandante, si proceden. Por ejemplo, para solicitar una pensión compensatoria.

El cónyuge demandado dispone de un plazo de 20 días hábiles, desde que se le notifica la demanda, para responder.

Posteriormente, se celebra la vista ante el juez, donde las partes exponen sus pretensiones y se llevan a cabo las pruebas que el juez considere oportunas. Tras la vista, se dicta sentencia, estableciendo detalladamente las medidas que van a regir después del divorcio.

Hay que tener en cuenta que, en cualquier momento del proceso contencioso, los cónyuges pueden ponerse de acuerdo. En ese caso, solicitarán que el procedimiento continúe, pero ya bajo las condiciones de un divorcio de mutuo acuerdo.

Divorcio contencioso con hijos

Cuando hay hijos mayores de edad:

La guarda y custodia de los hijos desaparece al cumplir éstos los 18 años. A partir de esa edad, los padres no son responsables de sus actos ni podrán tomar decisiones trascendentes sobre ellos. Ellos podrán decidir con qué progenitor viven, etc.

Cuando los hijos son menores de edad:

Cuando los hijos son menores de edad la cosa cambia. Si no han llegado los progenitores a mutuo acuerdo, será un Juez el que decida quién tiene la custodia, la patria potestad y otras medidas como las pensiones alimenticias, el régimen de visitas. 

Tu abogado redactará una demanda de divorcio con un convenio regulador y como decimos, será un Juez el que decida. A partir de ahí, ambos cónyuges tendrán que seguir las directrices del convenio regulador que se les marque bajo sentencia.

La opción de Custodia Compartida:

La guardia y custodia hace referencia a con quién viven los hijos tras el divorcio. En España históricamente se daba la custodia monoparental, es decir, la ejercía un solo progenitor, teniendo el otro un régimen de visitas para disfrutar de los hijos.

Actualmente muchos jueces están dando la custodia compartida. Viviendo los hijos al mismo tiempo con ambos progenitores.

El convenio regulador y la modificación de medidas

Es un acuerdo concertado por los cónyuges por el que regulan todas las relaciones entre ellos tras su divorcio. Se trata de un acuerdo de mínimos en que (salvo para lo que afecte a menores) podrán pactar lo que consideren oportuno siempre que no sobrepase dos límites:

Tiene que estar aprobado por el juez. Debe tener un contenido mínimo que fija el Código Civil:

a) El cuidado de los hijos sujetos a patria potestad de ambos.

b) El ejercicio de la patria potestad. Es decir, fijar la vida diaria de los hijos, con quien lo pasan, fijar horarios, fijar situaciones concretas como qué días lo va a buscar al colegio o quien pasa el cumpleaños, etc.

c) Régimen de comunicación e interés de los abuelos con los nietos.

d) Atribución de la vivienda y el ajuar doméstico. En este caso sólo se negocia el uso de la vivienda y el ajuar no la propiedad de la misma. Puede ser que la vivienda sea propiedad de un cónyuge pero se atribuya al otro por el motivo que fuere.

e) El sostenimiento de la familia y de los hijos, tanto económicamente como el tiempo dedicado a esta como el trabajo en la vivienda.

f) La liquidación, cuando proceda, del régimen jurídico del matrimonio.

g) La pensión compensatoria en caso de ser preciso fijarla.

h) Tanto la Sentencia que en su día se dicte como el convenio que se acuerde están sujetos a modificación en caso de necesidad de las partes; no obstante, los trámites para la modificación de medidas serán los mismos que para su fijación inicial y siempre con ratificación de la autoridad competente.

En todos ellos es bueno contar con abogados especializados. A este respecto consultar a entidades como Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA); la Asociación Madrileña de Abogados de Familia e Infancia -AMAFI-  o incluso en los Servicios de Orientación Jurídica (SOJ) de cualquier colegio de Abogados ayuda a buscar a estos profesionales

Recuerda también que desde LexGo App puedes encontrar tu abogado especialista en divorcio que te ayudará a gestionar ese asunto con profesionalidad, tanto si es de mutuo acuerdo como si es contencioso.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.

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En los últimos meses, cuestiones como si se vacunan o no los hijos de parejas separadas ante la Covid19, que en algunos casos los letrados han interpuesto ya ante los tribunales demandas de jurisdicción voluntaria para dirimir esta cuestión ante la imposibilidad de los padres de llegar a un acuerdo, han generado debate en nuestra sociedad.

Desde AEAFA se insiste en que «esta situación se agrava ante la falta de una jurisdicción especializada en Familia, Menores y Discapacidad en España, que permitiría agilizar estos procesos»; una reivindicación histórica de esta asociación que preside la letrada María Dolores Lozano, «para garantizar la igualdad ante la ley y promover la protección de los niños y adolescentes».

También desde esta entidad se han dado algunos consejos para gestionar el divorcio y que no sea traumático:

Cuestiones como no utilizar a los hijos como arma arrojadiza contra el otro progenitor y saber que el impacto de la ruptura sea menor si los padres cooperan, es importante.

Junto a ello los expertos de AEAFA recomiendan que no se delegue en los niños y adolescentes la toma de decisiones esenciales en un entorno en que hay que racionalizar la situación y evitar dejarse llevar por los sentimientos.

Lo ideal sería lograr un divorcio de mutuo acuerdo. Es más económico que un procedimiento contencioso y ahorra sufrimiento emocional y tiempo. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 78,9% de los divorcios en España son de mutuo acuerdo.

En este contexto hay que buscar agilizar la situación. Parece demostrado que cuanto más se alargue una situación complicada, peor para todos.

Es fundamental lograr cerrar un buen convenio regulador, que perdura en el tiempo y merma el conflicto. Un convenio regulador es el documento en el que los cónyuges acuerdan las consecuencias personales y patrimoniales de una separación o divorcio. Su contenido se pacta de mutuo acuerdo y es de obligado cumplimiento después de la ruptura matrimonial.

En el caso de que haya patrimonio, como la vivienda, hay que repartirlo. No es bueno mantener bienes en común una vez divorciados. “Es foco de conflicto”, aseguran desde la asociación.

Magistrados del Supremo, ponentes

En estas jornadas que arrancan mañana jueves comenzará con la mesa del Tribunal Supremo, en la que intervendrán los magistrados José Luis Seoane y Ángeles Parra Lucán.

El primero abordará el contenido y la determinación del principio del interés del menor, mientras Parra Lucán centrará su ponencia en los recientes cambios normativos sobre la protección de las personas con discapacidad.

También sobresale la participación del director del primer Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de España. El magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez dirige este proyecto piloto en Gran Canaria y explicará su experiencia tras seis meses de funcionamiento.

La iniciativa promovida desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desde el pasado mes de octubre en las islas supone arrancar el primer Juzgado de Violencia contra la Infancia de España, concebido para que los jóvenes víctimas de delito sufran el menor trauma posible; incluso permite que presten su primera y única declaración en sede judicial acompañados por sus mascotas.

De esta forma, Las Palmas de Gran Canaria es la primera capital de España en contar con un Juzgado especializado en la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, el Juzgado de Instrucción número 3 del partido judicial capitalino para atender por presuntos delitos en los que las víctimas sean niños, niñas o adolescentes de entre 0 y 18 años.

Un juez específico y experimentado

El magistrado que esta afrontando la dirección del proyecto piloto al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria es Tomás Luis Martín Rodríguez, magistrado de carrera desde 1997, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca en 1992.

Es titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria desde julio de 2003, y cuenta con una amplia experiencia en materia de la lucha contra el maltrato a la infancia y adolescencia.

Su objetivo es lograr la mayor operatividad, eficiencia y eficacia posibles y con la pretensión de alcanzar criterios de máximos desde las exigencias de la justicia adaptada a niñas, niños y adolescentes, con la creación por parte del Instituto de Medicina Legal de la primera Unidad Integral de Valoración Forense de Violencia Contra la Infancia y Adolescencia de la que formarán parte dos médicos forenses, y profesionales de la psicología forense.

Esta iniciativa impulsada por la Junta de Jueces de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria y avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se implanta en el desarrollo del proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, para la especialización de la jurisdicción penal y civil, como en su día se hizo con la puesta en marcha de los juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Otros ponentes destacados de esas Jornadas serán la magistrada del juzgado de Primera Instancia 10 de Familia y Protección del Menor en Pamplona, Margarita Pérez-Salazar Resano, quien analizará las reformas legales en guarda, estancias, comunicaciones y atribución del derecho de uso de la vivienda.

También intervendrán el catedrático de Derecho Internacional Privado, Andrés Rodríguez Benot, que expondrá las claves del nuevo reglamento europeo sobre regímenes matrimoniales; el abogado Kepa Ayerra Michelena, cuya ponencia versará sobre la pensión de alimentos en la guarda y custodia compartida; y el magistrado de Juzgado de 1ª Instancia n.º 7 de Córdoba, Antonio Javier Pérez Martín, quien revisará las causas más habituales de inadmisión en los procesos de Familia.

Durante este Congreso AEAFA presentará dos informes de calado para los profesionales que se dedican a esta práctica del derecho de familia.

El viernes 4 de febrero se presentará uno: La comparecencia de los menores en los juzgados en los litigios de divorcio. ¿Es un ambiente hostil?, un tema del que se ha debatido bastante y que aún sigue generando dudas, sobre cómo debe hacerse dicha comparecencia para que no sufran un trauma en dicha comparecencia.

Y el sábado 5 de febrero a mitad de mañana se dará a conocer lo que es el funcionamiento de la Oficina Judicial en España, uno de los proyectos estrella de este Ministerio de Justicia.

En este evento también en la ponencia que impartirán las abogadas Sonia Álvarez y Sabina Galdeano tratarán en sus comunicaciones de la abogacía colaborativa y los equipos psicosociales, respectivamente.

Por Javier Escolano.

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La custodia compartida es uno de los regímenes de convivencia que pueden acordarse tras una separación o divorcio con hijos comunes. Implica un reparto del tiempo en que los menores conviven con sus padres. Por ello, la mayoría de los estudios lo señalan como el preferible para el bienestar del menor.

Vamos a explicar en qué consiste este régimen y cómo se declara. Para ello es fundamental que no se confundan los conceptos de patria potestad y guarda y custodia. Contamos con un directorio de abogados especialistas en derecho de familia, que puedes comprobar sin compromiso. 

En pocas palabras, la patria potestad es un haz de derechos-deberes centrados en la representación del menor y la administración de su patrimonio. Sin embargo la custodia conlleva la convivencia con el menor, sin perjuicio de que haya un régimen de visitas.

La patria potestad suelen mantenerla ambos progenitores. Por el contrario, la custodia suele limitarse a uno de ellos una vez rota la convivencia.

¿Qué pasa con los hijos tras el divorcio?

Probablemente la primera consecuencia de un proceso de separación o divorcio sea la ruptura de la convivencia. Por tanto, si existen hijos menores hay que decidir con quién van a vivir.

A falta de acuerdo será el Juez quien determine el régimen de guarda y custodia, lo que suele tener el inconveniente de satisfacer poco a una parte y nada a la otra.

El artículo 92 del Código Civil es muy claro al respecto. “La separación, la nulidad y el divorcio no eximen a los padres de sus obligaciones para con los hijos”.

Regímenes de guarda y custodia

En nuestro país empleamos dos modelos de guarda y custodia: la exclusiva y la compartida.

La custodia exclusiva consiste en la determinación de cuál de los progenitores convivirá con el menor. El progenitor que no convive con los hijos menores suele tener derecho a un régimen de visitas. Además, es frecuente que deba abonar una pensión de alimentos para contribuir al sustento del hijo común.

Aunque la custodia exclusiva sigue siendo el régimen general, la custodia compartida va ganándole terreno. Este segundo régimen consiste en la distribución de la convivencia con el menor. De modo que se pactan días, semanas o meses alternativos que el menor pasa con cada progenitor.

Cómo declarar la custodia compartida

El art. 92.5 CC estipula que el régimen de custodia será compartido siempre que así se proponga de mutuo acuerdo. Este régimen no es aplicable en determinados casos en que el Juez advierta indicios de violencia doméstica o exista causa criminal abierta contra uno de los progenitores.

Por tanto, no habrá problema para solicitar una custodia compartida cuando ambos progenitores estén de acuerdo en ello. Sin embargo, conseguir la custodia compartida contra la voluntad de uno de los cónyuges requiere la intervención del Ministerio Fiscal, que velará por el interés superior del menor.

El Juez tendrá la última palabra para determinar el régimen de guarda y custodia. Para ello debe escuchar los argumentos, ver el informe del fiscal y analizar las pruebas que estime oportunas (incluyendo informes forenses).

En definitiva, a falta de acuerdo, la custodia compartida se vuelve “excepcional”. Aunque no lo entiende así el Tribunal Supremo que en Sentencia n.º 194/2018, de 6 de abril de 2018 (entre otras), insistió en que:

«Consecuencia de lo expuesto es que se haya de partir de que el régimen de guarda y custodia compartida debe ser el normal y deseable […], señalando la Sala (SSTS de 29 de abril de 2013 , 25 abril 2014 , 22 de octubre de 2014) que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en cuanto lo sea».

Cabe destacar que, siendo el derecho de familia susceptible de desplegar particularidades regionales, hay Comunidades Autónomas donde es más frecuente el establecimiento de custodias compartidas. Valgan por ejemplo Aragón, Baleares o Cataluña.

Las ventajas de la custodia compartida

Todos los estudios que se han realizado han acreditado que el régimen de custodia compartida es mucho más favorable para el desarrollo del menor. Tal vez por eso vaya ganándole terreno al de custodia compartida.

Señalan los psicólogos que evitar la ruptura con una de las figuras de autoridad del menor facilita su transición hacia el nuevo modelo de familia. Además de lograr mayor estabilidad y bienestar, el menor retiene el apoyo de ambos progenitores. Gracias a ello, los menores entienden más fácilmente que no son el centro de un problema conyugal.

De modo que la custodia compartida es una solución que ayuda a disminuir la ansiedad y culpabilidad de los hijos comunes. Sin embargo, los especialistas no lo recomiendan en edades muy tempranas, pues el menor está más unido a la madre biológica, de haberla.

Por supuesto, este régimen tiene sus complicaciones. Especialmente cuando el progenitor aspira al mismo para evitar el abono de pensiones alimenticias o cuando existen indicios de negligencia o de violencia en las relaciones familiares.

En definitiva, parece que el régimen de custodia compartida va a convertirse en poco tiempo en el genérico. Pero no hay que olvidar que las medidas relacionadas con nuestros hijos deben seguir el principio favor filii. Dicho de otro modo, siempre se debe respetar el interés superior del menor.

Si necesitas profundizar en estos conceptos u obtener recomendaciones de un especialista para solicitar la custodia compartida, no dudes en aprovechar los servicios de LexGoapp. El mejor modo de defender tus derechos es estar bien asesorado desde el principio.

Por Adrián Garzón Ximénez

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