Las nuevas obligaciones de información sobre los créditos y tarjetas ‘revolving’ entraron en vigor este pasado jueves 6 de octubre, cuando se cumplen seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Circular 3/2022, de 30 de marzo, del Banco de España desarrolló una serie de obligaciones de información que las entidades deberán facilitar a sus clientes al comercializar productos de crédito ‘revolving, tanto antes de la contratación como durante la vida del contrato.

Para Rosana Pérez Gurrea, abogada, profesora de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) y Vocal de la Subcomisión sobre Derechos de los Consumidores del CGAE, forma parte de la plataforma LexGoApp desde hace ya tiempo, desde su punto de vista estas nuevas obligaciones son necesarias para dotar de más transparencia a este producto financiero y proteger mejor los derechos de los consumidores.

“Estas obligaciones que plantea el Banco de España son necesarias. Otra cuestión es que realmente las cumplan. Será importante ver cómo supervisa el regulador la actividad de las entidades financieras y si se establecen sanciones que creemos necesarias en el caso de que por algún motivo hagan caso omiso al contenido de esta nueva circular que ya conocen desde hace meses, con lo cual han tenido tiempo de adaptarse a su contenido”.

Esta experta recuerda que el Tribunal Supremo consideró en una sentencia de marzo  2020 que los contratos de las tarjetas revolving realizados por entidades de crédito que aplicasen tipos de interés superiores al precio normal del dinero y manifiestamente desproporcionados suponen usura y hay que anularlas. 

El Alto Tribunal se pronunció así sobre una sentencia referida a una tarjeta comercializada por WiZink Bank con una TAE inicial del 26,82%, sentando así jurisprudencia sobre el tema. Esta sentencia además fue ratificada en marzo de 2021 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

“Sin embargo, no hay una uniformidad en los fallos judiciales, pese a que el Tribunal Supremo se pronunció en marzo del 2020 no aclaró que era interés usurario. Muchos de esos fallos dieron la razón al consumidor tras procesos judiciales muy largos, pero todavía no está claro cuando una tarjeta revolving es usuraria. El consumidor no sabe nunca cuál es el importe adecuado por el uso de dicha tarjeta”.

La sentencia de 2020 tuvo dos efectos: que el Gobierno regulara más la actividad y que las entidades autofijarán precios medios del 20% a estos productos a futuro, y que siguiera habiendo una avalancha de demandas con ‘revolving’ a tipos de entre el 20% y el 30%. 

Esto llevo  a los nuevos pronunciamientos de 4 mayo y de 4  octubre de este año del Supremo , en los que el sector financiero ha logrado que el Alto Tribunal deje claro que, para ser usurarias, estas tarjetas deben compararse con el precio de mercado en el momento de la firma de contrato, que no debería ser ni el índice TEDR ni el del crédito al consumo.

Fijar tipo máximo de interés

Desde su punto de vista, “con independencia de estos fallos judiciales, el legislador debería haber establecido un tipo máximo de interés que debería haber quedado regulado. A partir de ahí, quedaría más claro cuando ese interés hay que considerarlo usurario. Al mismo tiempo habría que mejorar la información precontractual como durante la vigencia del contrato de esa revolving para una mayor protección de los derechos de los consumidores”.

Y es que miles de consumidores se han visto perjudicados por esta situación debido, entre otros, a la falta de transparencia en la comercialización de este producto. Eso ha llevado al Banco de España a emitir la Circular 3/2022, de 30 de marzo, donde se incluyen nuevas obligaciones de transparencia informativa.

La nueva normativa establece que la entidad proporcionará «un ejemplo representativo» del préstamo antes de que el cliente contrate el crédito ‘revolving’, en el que se incluya información sobre el límite del crédito, el importe total adeudado, el tipo de interés aplicado, la TAE, el plazo de amortización y la cuota a pagar.

Para Rosana, es fundamental que “esos ejemplos representativos que plantea el banco sea sobre escenarios reales y no maquillados por las entidades financieras. Ello ayudará a mejorar la transparencia de la comercialización de las tarjetas revolving, uno de los elementos por los que los abogados interponemos demandas en los tribunales. Y es que no siempre recibe el consumidor toda la información de dicha tarjeta”.

El ejemplo presentado por los bancos y entidades de crédito debe mostrar, al menos, dos alternativas de financiación. Cuando el contrato de crédito incluya dos o más modalidades de pago aplazado con interés y al menos una de ellas sea la modalidad ‘revolving’, deberá incluir un ejemplo de financiación para cada modalidad.

Para los ejemplos de créditos con pago aplazado mediante cuotas periódicas flexibles, se deberá indica expresamente la palabra ‘ revolving’. Asimismo, los ejemplos de financiación se determinarán en función de la cuota mínima establecida en el contrato para esa modalidad de pago y, calcular el ejemplo, se utilizará un límite de crédito de 1.500 euros con carácter general, salvo que el cliente haya solicitado otro importe.

Nuestra interlocutora advierte que son tarjetas con un funcionamiento complejo “genera muchos problemas y riesgos y genera a la larga sobreendeudamiento del consumidor que acude a un abogado especializado en derecho bancario cuando ve que ha pagado muchos intereses y que la cantidad que debe por el préstamo pedido se mantiene intacta”.

Pocas reclamaciones por revolving

A su juicio “sólo algo más de un tercio de los consumidores afectados llegan a plantear estas demandas judiciales. Unos por desconocimiento, otros porque siguen pensando que su banco no les puede engañar como les está engañando,  y un tercer grupo que no litiga por la disparidad de criterios que hay en las resoluciones judiciales de las Audiencias Provinciales, por lo menos por el momento”.

En este escenario, “al final las reclamaciones judiciales son escasas. Primero se suele interponer una reclamación extrajudicial que la entidad financiera no atiende, eso obliga a la vía judicial. Son pleitos largos porque la entidad que comercializa la tarjeta tiene capacidad para litigar”.

Desde su punto de vista, “parece claro que la mayor parte de los consumidores no sabe cómo funciona una tarjeta revolving como producto financiero. Permite aplazar el pago de las compras que se realizan con el abono que se realiza con cuotas mensuales. Y esas cuotas mensuales generan intereses. Es una especie de crédito pequeño donde ese fraccionamiento de los pagos genera intereses. A medida que utilizas la tarjeta genera más intereses”.

Los últimos datos disponibles, consultados por Europa Press, reflejan que el saldo vivo de los créditos con pago aplazado y tarjetas ‘revolving’ se situó en 11.604 millones de euros en agosto, lo que supone un aumento del 15,3% desde que comenzó el año 2022.

El dato del mes de agosto es un 2% superior al de julio y un 19% mayor que el de un año antes. Algunos expertos atribuyen el aumento de solicitudes de tarjetas ‘revolving’ a la escalada de la inflación, que se situó en agosto en el 10,5%, elevando el coste de la vida de los hogares españoles.

“Lo estamos viendo que con la inflación muchas familias acuden a este tipo de producto para tener un mínimo de liquidez y disponer de ese dinero. Además de los intereses hay que darse cuenta que a medida que vas amortizando deuda la cantidad vuelves a tenerla disponible para gastar. Esto genera muchos riesgos que los consumidores no conocen. De ahí que sea importante que las entidades financieras informen ahora al detalle de ello”, aclara.

Inflación incrementa uso de estas tarjetas

La nueva normativa también obliga a las entidades a enviar comunicaciones periódicas a sus clientes de créditos ‘revolving’ que incluyan ejemplos de escenarios de ahorro.

En concreto, si la cuota de amortización es inferior al 25%, la entidad tiene que facilitar información sobre tres posibles escenarios de ahorro que simularán el importe de las cuotas que se tendrían que abonar si se incrementase la cuota de amortización en un 20%, un 50% y un 100%.

Los tres escenarios también indicarán la cuantía total que se acabaría pagando en cada uno de ellos, desglosando principal e intereses, así como la fecha en la que se terminaría de abonar el crédito.

El problema actual es que “cuando el consumidor contrata una revolving en muchos casos desconoce cuál es el funcionamiento. Esperemos que ahora se informe al cliente de forma adecuada con simulaciones reales. Hay que darse cuenta que lo que se está aplicando es intereses sobre intereses y no sobre el principal. Es fundamental que haya una mayor información en la comercialización de estas tarjetas”, comenta Rosana.

A su juicio, “todo pasa porque la información del banco sea la adecuada. El Banco de España debe supervisar la actividad de estas entidades y ver que cumplen con dichas obligaciones para evitar estas situaciones que generan el sobreendeudamiento de muchas familias y que muchos de ellos acaban en los juzgados”.

También declara “habitualmente las entidades financieras ofrecen este tipo de producto sin conocer el perfil financiero ni el de solvencia del consumidor. Son datos fundamentales para poder dar este tipo de productos complejos que no debería darse a cualquier consumidor que lo reclame. Hasta ahora la transparencia existente ha sido más bien poca”.

Esta experta recuerda que muchas de las demandas que se interponen es por esa falta de información que sufre el consumidor y que en muchos casos estiman los jueces. Un asunto de este tipo solo en primera instancia puede llevar cerca de ocho meses, el problema es que la entidad bancaria recurre hasta el final en muchos asuntos con lo cual el fallo judicial se dilata. Habrá que ver qué efecto tiene esta Circular del Banco de España en la práctica”.

Por @LuisjaSanchez, periodista jurídico y Rosana Pérez Gurrea, abogada experta en derecho de consumo y bancario.

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En estos asuntos se pretende que el consumidor acuda sin letrado, lo que ha generado las críticas de algunos colectivos relacionados con el mundo de la abogacía que señalan la necesidad de un abogado especializado para asesorar a los clientes en estos temas.

A este respecto, contar con un asesoramiento independiente y especializado previo a la contratación es fundamental. Con ello sí que se evitarán mayores costes y quebraderos de cabeza para los propios clientes.

Recuerda que en LExGOApp puedes encontrar con abogados expertos en reclamaciones bancarias que te ayuden en tu reclamación

Hasta la fecha, los intentos de solventar la resolución de las controversias existentes entre los clientes financieros y las entidades bancarias, había pasado tanto por la creación de sistemas de resolución alternativa, como es el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo; como por la creación de juzgados especializados en materia de cláusulas abusivas que no han funcionado bien.

En esta situación, la creación de esta nueva Autoridad Financiera se recibe con recelo, aunque con buenos ojos, la pretensión del Gobierno de potenciar la resolución extrajudicial de conflictos y evitar la excesiva judicialización de conflictos en el ámbito financiero que han tenido lugar en los últimos años.

La nueva figura unificará los servicios de reclamaciones que existen del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para aumentar la eficiencia en el funcionamiento de estas entidades de resolución de conflictos.

Junto con esta medida, algunos expertos creen que ha llegado el momento que el Gobierno potencie, la educación financiera de los consumidores, una necesidad clara que ayudaría a medio plazo a reducir las reclamaciones de clientes a las entidades financieras porque podrían evitar que fueran engañados en muchos momentos.

Ese límite de los 20.000 euros puede ser suficiente para las reclamaciones de los consumidores finales de crédito, pero no para las personas consumidoras contratantes de seguros o instrumentos de ahorro e inversión, por lo que se prefiere que no se pusiera límite cuantitativo a la reclamación.

Casi cinco años de estudios

El Consejo de ministros aprobaba el anteproyecto de ley que previsiblemente se adoptará en la segunda mitad de 2022. Esta iniciativa fue planteada por el Gobierno del Partido Popular y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la recogió en 2018 con la intención de ponerla en práctica en 2019

Ahora queda la tramitación parlamentaria de una iniciativa que ha tenido un periodo de consultas para su mejora y que ha generado cierto escepticismo entre las organizaciones de consumidores.

Los litigios contra la banca han sido notables, cláusulas suelo, gastos hipotecarios y aún queda el IRPH sin resolver. Miles de asuntos han llegado a los tribunales y a esos juzgados especializados que tuvo que crear el Gobierno, algunos de los cuales se colapsaron por el aluvión de demandas.

Ahora según nos explica un abogado experto en estos temas podríamos hablar de obligaciones. subordinadas o swaps; cláusulas abusivas de todo tipo: suelo, gastos hipotecarios, intereses de demora, vencimiento anticipado, multidivisa, redondeo al alza,

A las que habría que añadir reclamaciones por comisión de apertura, de posiciones deudoras; operaciones bursátiles irregulares como las de Bankia o Banco Popular; o los crecientes casos de phishing sobre los que se desentienden las propias entidades suplantadas por la debilidad de sus sistemas de seguridad suman cientos de miles de afectados.

En principio de lo que se conoce es que esta entidad estará adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Además, contará con un Comité Consultivo del que formarán parte representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, de las patronales sectoriales del ámbito financiero y de las Comunidades Autónomas.

Al parecer su financiación se basará en una dotación presupuestaria anual del Gobierno, pero dependerá también de las tasas a abonar por las mismas entidades financieras.

Resoluciones vinculantes

Uno de los avances de esta Autoridad Financiera Independiente es que sus resoluciones serán de carácter vinculante una exigencia elemental de la tutela pública de los intereses de los usuarios financieros que hasta el momento eran “toreados” por las entidades bancarias en muchas ocasiones.

Se establece un plazo máximo de 90 días para la resolución de estos asuntos, aunque no queda claro si son días naturales o hábiles, que parece razonable aunque debería acortarse ofrecer tutelar la defensa de los consumidores, como preconiza el art. 51 de la Constitución al referirse a “procedimientos eficaces”

Lo que algunos expertos en consumo han reclamando es que se pudiera poner en marcha un sistema de daños punitivos en nuestro país para los supuestos de conductas dolosas generalizadas frente a los consumidores, que la experiencia constata siguen saliendo rentables a las entidades desleales

La iniciativa de estar esta Autoridad Independiente que proteja al consumidor financiero es una iniciativa que las asociaciones de consumidores y el propio Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) habían pedido hace años atrás. El proyecto es complejo y otra cuestión es que se defina bien para que no choque con otros reguladores ya existentes como Banco de España o CNMV

Para otro jurista serie bueno que se establezca un procedimiento para unificar criterios que permitirá que las reclamaciones masivas se simplifiquen. En el supuesto que haya reclamaciones reiteradas, se establecerá un criterio igual que se adopte en todas las reclamaciones que se reciben del mismo tema.

En cuanto a las mejoras del procedimiento no se menciona para nada el sistema arbitral de consumo, ni a la circunstancia que los bancos no se adhieren a ese sistema. En ese aspecto, este sistema para ser obligatorio para los bancos vendría a suplir las carencias del sistema arbitral de consumo

Un dato que preocupa a los expertos es que el someterse a la actuación de dicha autoridad a una prejudicialidad, supone que debe hacer una previa declaración de nulidad en sentencia firme, una cuestión que podría ir contra la jurisprudencia del Supremo que en una sentencia de 21 de mayo del 2019 recuerda que las autoridades administrativas pueden ver la abusividad de la cláusula sin sentencia previa.

Si esta medida se mantuviera, reduciría bastante la actuación de esta Autoridad Independiente que quiere ponerse en marcha antes de que acabe este año.

Desde el CCU que preside Carlos Ballugera se recuerda que en cuanto a los  principios que regula el procedimiento se señalan una serie de principios de que la actuación de la autoridad debe ser independiente, objetiva e imparcial, pero se olvida que esta autoridad está sujeta al principio de protección de los consumidores de los artículos 9,2 y 50 de la Constitución Española.

“Debe ser imparcial, pero actúa en un mercado desigual, por eso debe ser proconsumidora”.

Otra mejora que alguna entidad de consumo ha planteado en el periodo de alegaciones es que la citada Autoridad Independiente actúe de oficio frente a las cláusulas abusivas. Lo contrario podría ser restrictivo y contrario a la jurisprudencia del TJUE que se diga que los vocales y la autoridad solo podrán entrar en asuntos sometidos expresamente a su resolución.

De alguna manera la puesta en marcha de esta Autoridad Financiera pretende complementar el sistema actual de resolución de reclamaciones en el ámbito financiero, que está articulado actualmente en distintas fases: los servicios de atención al cliente de las propias entidades financieras; los servicios de reclamaciones de los organismos supervisores; y, finalmente los órganos judiciales.

La eficacia ultra partes

A nivel de criticas a esta iniciativa se insiste en resolver los problemas individuales cuando afectan a una pluralidad de clientes de manera parecida no puede hacerse caso por caso, sin intervención de oficio, sin eficacia «ultra partes» de las resoluciones, sin ejecuciones sencillas de resoluciones favorables al cliente.

De hecho, se echa en falta que la resolución favorable al cliente, cuando la misma se base en una infracción de las buenas prácticas no obligue al banco a cesar en su conducta no sólo respecto del reclamante sino respecto de los demás clientes que estén en la misma situación.

Tampoco se entiende que cuando la resolución favorable se funde en la existencia de una cláusula abusiva no se obligue (en el dicho sentido de obligación contractual) a la entidad a retirar la cláusula no sólo del contrato del reclamante sino también del de los demás clientes que tengan una cláusula semejante.

Si esto no se dice respecto del reclamado, menos aún se dice respecto de otras empresas que hacen lo mismo que el banco condenado.

Tenemos delante un anteproyecto con sus déficits y con sus remedios, un anteproyecto lleno de buenos propósitos, pero también de contradicciones.

Los expertos en derecho de consumo quieren que ese anteproyecto salga adelante para ello serán necesarios distintos medios humanos y técnicos para ponerlo en marcha.

De ello depende que puedan frenar los abusos de las entidades financieras que llenan el mercado y siguen perjudicando a sus clientes en esa relación desigual existente.

Luisja Sánchez

Periodista Jurídico

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La previsión de gastos es esencial en verano. Para ello, se recomienda fijar un presupuesto en el que se establezca previamente la cantidad económica que se va a destinar a viajes, hoteles, actividades de ocio, restaurantes o compras.

El fin de las restricciones, unido al fuerte aumento de la inflación y la ralentización en la evolución de los ingresos, están ocasionando que el consumo de los hogares se acerque cada vez más a los niveles pre pandemia y que, por primera vez en tres años, la tasa de ahorro de los españoles se sitúe en negativo.

En una época como verán, en la que previsiblemente el gasto familiar en ocio y viajes aumentará de manera considerable, estos factores podrían estar retrasando la estabilización económica de aquellas familias que todavía no se han recuperado del impacto de la crisis sanitaria, llegando, incluso, a asumir altos niveles de endeudamiento. 

Es muy importante que te asesores con abogados relacionados del mundo financiero que te aconsejen de qué gastos puedes hacer y qué tipo de tarjetas o créditos puedes cerrar.  

Al mismo tiempo, también  encontrarás en plataformas como LEXGOApp, abogados que te ayuden a recuperar ese dinero que te deben terceros.  

Según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, ya sea por el aumento del gasto en bienes de consumo o por el crecimiento de los precios, el 21% de los españoles afirma tener más deudas ahora que nunca. 

De hecho, tal y como muestra este estudio, el 28% de los encuestados ha tenido que pedir dinero prestado o ha incrementado el límite de su tarjeta de crédito al menos una vez en los últimos meses. 

Un porcentaje que, comparado con los otros 23 países europeos analizados por la firma de servicios de gestión de crédito y activos, sitúa a España ligeramente por encima de la media europea (26%). 

En concreto, la población española ocuparía el octavo puesto, por encima de países como Francia y Alemania, ambos con un 27%. Por su parte, los rumanos (40%), los griegos (36%) y los irlandeses (34%) encabezan la lista de ciudadanos con más préstamos pendientes o que más han superado sus límites financieros en los últimos meses.

En el otro extremo, estarían Estonia (16%), Países Bajos (20%) y Letonia (20%), países cuyos encuestados han tenido menos apuros económicos en los últimos meses.

Desde el Instituto Nacional de Estadística (INE),  se indica que las familias españolas situaron su tasa de ahorro durante los primeros meses del año en el -0,8% de su renta disponible, registrando, así, su primera tasa negativa desde el primer trimestre de 2019. 

Ambos datos reflejan que una gran parte de la población española no pudo financiar con su ahorro la inversión que realizó. 

Un contexto que, de cara a estos meses de verano, podría agravarse por el incremento de los gastos que suponen las vacaciones y los planes extraordinarios que caracterizan a esta época.

Con el objetivo promover el consumo responsable durante los meses de verano, los expertos de ASNEF ofrece siete  consejos para llegar a la cuesta de septiembre sin deudas adicionales: 

1) Establecer previamente un presupuesto

Lo más importante es empezar realizando un balance inicial de ingresos y posibles gastos. 

Una vez se ha planificado qué cantidad se destinará a vacaciones y planes extraordinarios, habrá que dividir por actividades (ocio, viajes, hoteles, restaurantes, compras…) el cómputo económico reservado para este fin. 

También se recomienda calcular cuál será el gasto previsible en efectivo y en tarjeta, así como reservar una pequeña parte para imprevistos y caprichos.  

2) Escoger bien qué tipo de préstamo quieres: cuidado con las tarjetas revolving que pueden arruinarte

Si vas a dar el paso de contratar un préstamo, debes saber que hay muchos tipos de servicios de financiación. Cada uno tiene sus propias características, por lo que es importante escoger el que más se adecúe a tu situación.

Un ejemplo de esto es el crédito revolving, un tipo de producto diferente al préstamo al consumo tradicional. A diferencia de los préstamos tradicionales, el crédito revolving te proporciona una línea de crédito en la que solo pagas por el dinero que hayas utilizado. 

Vencido el crédito, éste se renueva de forma automática, salvo que no sea tu deseo. Así, es un producto muy flexible, pero es también importante hacer un uso responsable del mismo, ya que las tasas de interés suelen ser superiores a las de un préstamo tradicional.  Por la letra pequeña que tiene desaconsejamos que lo utilices. Te puede entrampar.

3) Fijarse bien en las condiciones del préstamo

Sea cual sea el tipo de préstamo que se haya elegido, es importante informarse exhaustivamente acerca de todas las condiciones del mismo. Hay que ser muy minucioso y conocer todas las características del producto que vas a contratar para asegurarte de que se adapta a tu nivel de capacidad de pago y así pagar el préstamo sin problema ni agobio.

Entre las condiciones que conviene tener muy presente están el TIN (que marca el porcentaje que se pactó como precio del dinero prestado) y el TAE (que engloba comisiones, TIN y otros gastos de la operación). 

Debido a ello, es importante prestar especial atención al TAE, pues engloba los costes totales de la operación y esto te permitirá comparar ofertas y también hacerte una idea más certera del total a pagar por el dinero solicitado.

También es importante tener claro el plazo de devolución y los intereses de demora a los que tendrás que hacer frente en caso de que te retrases en la devolución de las cuotas. Asimismo, pueden existir comisiones si se cancela o se devuelve un préstamo antes de tiempo, algo que también conviene evaluar.

Por ello, debemos asegurarnos de que el importe de las cuotas permita ir amortizando el pago de la deuda, con el objetivo de devolver el préstamo lo antes posible. Asimismo, recuerda que siempre puedes consultar con tu entidad las condiciones para cancelar anticipadamente el crédito.

4) Acudir a entidades supervisadas por el Banco de España

En España, hay numerosas entidades que ofrecen servicios de financiación y que están reguladas y supervisadas por el Banco de España. Estas compañías ofrecen mayor seguridad jurídica y ponen a tu disposición un servicio de atención al cliente, por lo que recurrir a ellas es siempre una garantía.

Sin embargo, hay compañías que ofrecen créditos y préstamos y que no están ni reguladas ni supervisadas por el Banco de España. Estas compañías pueden tener condiciones financieras desproporcionadas y una total falta de seguridad jurídica y de transparencia.

5) Si se va a viajar al extranjero, vigilar las comisiones en los cambios de moneda

En el caso de disfrutar de unos días fuera de las fronteras españolas es preciso evitar cambiar más moneda de la cuenta, tratar de que sea siempre en cantidades pequeñas y fuera de aeropuertos y casas de cambio situadas en zonas turísticas, y priorizar el pago con tarjeta, que siempre será más rentable.

Por lo tanto, es aconsejable informarse antes de los tipos de cambio frente nuestra moneda y si nuestra tarjeta de crédito cobra comisiones fuera de la Unión Europea. De lo contrario, es posible que te puedas llevar una desagradable sorpresa y gastar mucho más dinero de lo que tenías previsto.

6) Evaluar la contratación de un seguro de protección de pagos

A la hora de solicitar un crédito o un préstamo, debes saber que siempre existe la posibilidad de contratar un seguro de protección de pagos. Este tipo de seguros cubrirá el pago de las cuotas en el caso de que no puedas hacerte cargo de ellas por una baja laboral, enfermedad, accidente o desempleo.

De esta manera, son una herramienta muy útil de protección por si surge algún imprevisto que dificulte la devolución del préstamo.

7) Controla tus compras y revisa tu presupuesto: Se prudente 

Comprar con responsabilidad y vigilar el gasto durante las vacaciones es fundamental, ya que es cuando suelen incrementarse las compras extraordinarias y se tiende más a la adquisición de souvenirs.

En caso de que vayan a realizarse de forma imprevista, es preciso incluirlas en el presupuesto por si se debe reducir el gasto en alguna otra partida. 

Es recomendable tomarse unos minutos para comprobar si el presupuesto se ha cumplido. De haberse hecho algún gasto extra, hay que anotarlo. Lo mismo si ha sobrado algo. De este modo, será más fácil ajustarlo de cara al año que viene.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.

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Esta nueva ley pretende «ampliar los derechos de los consumidores» y acabar con los tiempos de espera «prácticamente infinitos». Propuesta por el Ministerio de Consumo, la norma será remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria como proyecto de ley.

El ministro de consumo, Alberto Garzón, explicó durante una rueda de prensa que esta nueva ley «es muy importante, con una gran incidencia social en la vida cotidiana de los ciudadanos». 

En referencia a los servicios de atención al cliente, ha declarado que son «servicios indispensables en las relaciones de consumo». Por lo tanto, se consolidan puntos que ya se habían considerado anteriormente: mayor personalización e inclusión.

Rosana Pérez Gurrea, abogada, profesora de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) y Vocal de la Subcomisión sobre Derechos de los Consumidores del CGAE, destaca que esta es una vieja reivindicación de los expertos en derecho de consumo.  

“La valoración de estas medidas es positiva, otra cosa es que a efectos prácticos se pongan en marcha medios adecuados para que esta normativa se impulse”, apunta.

“Esto va a obligar a las empresas, tanto públicas como privadas, que disponen de su servicio de atención al cliente a contar con profesionales bien formados y preparados y a crear protocolos claros para atender al cliente. Es bueno que las quejas de los consumidores vayan a estos departamentos”, aclara.

A este respecto, considera que “se abre un campo para los abogados expertos en derecho de consumo para asesorar a estas empresas en la gestión de estos servicios de acuerdo a lo que diga la ley. Es otro nicho de mercado ayudar a que las empresas diseñen sus servicios de atención al cliente siguiendo la futura normativa legal”. 

Por otro lado, las administraciones de consumo tienen que buscar sistemas de control del trabajo de estas compañías para saber realmente si cumplen con esta futura norma que viene a proteger mejor a los consumidores”.

Rosana cree que “en el periodo de alegaciones que se abrirá en breve sería bueno incluir una mención al arbitraje de consumo como método que ha funcionado para gestionar esas reclamaciones y que evita que el consumidor acuda a la vía judicial, costosa y lenta, en este tipo de asuntos”.

Para esta jurista experta en derecho de consumo  las  claves de la nueva Ley de Servicios de Atención al Cliente.

1- Reducción de los tiempos de espera: Una de las grandes novedades es que el tiempo de espera para ser atendido telefónicamente en servicios generales de información, reclamación y posventa se limitará a 3 minutos. 

Esta reducción de tiempos también se verá aplicada en las incidencias de las personas afectadas en servicios básicos de continuidad como la luz, el agua o el gas. “No debe redundar en que el servicio sea peor, al contrario debe mejorar la calidad del servicio, de ahí que sea importante formar a estos profesionales de cara a satisfacer a los consumidores”.

“Habrá que ver si se puede trabajar con estos escasos tiempos de espera. Ya las personas que trabajan en call center indican que para que sea posible debería suponer un aumento de las plantillas, con profesional preparado lo que puede suponer un coste elevado para este tipo de compañías”.

2- Gestión de las reclamaciones:

Respecto a los tiempos de resolución de reclamaciones del cliente, esta experta subraya que “se pasará de los 30 días hábiles actuales a 15 con el objetivo de agilizar los servicios que puede recortarse aún más en función de cada Comunidad Autónoma”.

Para Rosana “lo que no queda claro es si la empresa no resuelve esa reclamación en quince días, si está obligada a indemnizar al usuario, una de las cuestiones que queda pendiente”.

Además, “la interposición de una reclamación impedirá la suspensión del servicio si la causa de esta y su suspensión coinciden”.

Al mismo tiempo, todas las empresas deberán implementar un sistema de evaluación para comprobar que se cumplen los puntos de la nueva norma, que estará auditado por empresas externas acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación. 

3- Informar del problema: Otro punto relevante de esta normativa es que cuando entre en vigor la norma, las empresas de luz, agua o gas deberán informar al consumidor del motivo del problema y dar un tiempo estimado para la restauración del suministro en un plazo máximo de dos horas. 

“También tendrán que informar de cuáles son las medidas de ahorro y de eficiencia energética disponibles y dar una información adecuada al cliente. En el caso de la factura de la luz es muy complicado entender su composición y la potencia que hay contratada”.

Esta jurista señala que según estudios de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  (CNMC), electricidad y gas son los servicios peor valorados por los españoles a nivel de reclamaciones.  

4- Petición de indemnizaciones: Además, la normativa señala  que las personas afectadas por cortes de suministros podrán solicitar a través de estos servicios las indemnizaciones o descuentos en la factura que resulten de aplicación, como es el caso del sector eléctrico o de telecomunicaciones.

“Este es un tema importante. Habrá que esperar a la redacción final para saber realmente cuál es la cuantía de las indemnizaciones. Y habrá que establecer un protocolo sencillo para la gestión de la reclamación y el abono de las cantidades pactadas en la futura normativa que se apruebe”.

5- Ser atendido por personal especializado: Desde el Ministerio de Consumo confirman que otra novedad de la futura Ley de Servicios de Atención al Cliente es que los consumidores podrán solicitar que les atienda una persona con formación especializada, sin importar cómo se haya iniciado la resolución de la incidencia.

Si es el caso de que ha comenzado a través de contestadores automáticos o sistemas robotizados, si el cliente no está satisfecho con la atención recibida por estos medios podrá solicitar que le atienda una persona responsable superior.

Para esta experta “es fundamental que esta atención tenga en cuenta al interlocutor que tiene enfrente. Es importante que se tenga en cuenta la edad de la persona, sus competencias digitales para mejorar esa atención al cliente y que realmente funcione desde el punto de vista práctico”.

6- Servicio gratuito 24 horas del dia todo el año:

De esta forma, desde el Ministerio se pretende fomentar la personalización del servicio. Empresas como Movistar ya se adelantaron a esta nueva normativa. 

Para estas ocasiones y otros trámites, las empresas que ofrecen servicios de carácter básico e interés general tendrán que ofrecer un canal de atención gratuito a la clientela las 24 horas del día, 365 días al año. 

“Este escenario se plantea para la resolución de incidencias relacionadas con el suministro del servicio, detallando que no podrán derivar las llamadas a teléfonos que impliquen un coste”, destaca Rosana.

7- Mejorar la disponibilidad de servicio para cualquier colectivo:

Por otra parte, las personas con discapacidad auditiva tendrán que tener a su disposición un canal telefónico accesible que se complemente con un sistema alternativo de mensajería escrita instantánea o un sistema de vídeo que interprete la lengua de signos. En este aspecto, Samsung es una compañía líder.

Por parte de los servicios financieros, se destaca que tendrán que asegurar a la clientela la disponibilidad de canales presenciales, ya sean telefónicos, telemáticos, permanentes o intermitentes.

Según el Ministerio de Consumo, esta medida está destinada a «tener en cuenta la edad de la persona, dónde vive o su nivel de competencias digitales para evitar situaciones de exclusión financiera».

8- Multas importantes por las infracciones:

El último punto que destaca esta experta es que “el incumplimiento de los previsto en la norma será considerada una infracción leve que conllevará multas de 150 a 10.000 euros. En el caso de que se consideren infracciones graves porque afectan a personas vulnerables o son reincidentes, las sanciones pueden llegar a los 100.000 euros”.

“Es importante que existan sanciones disuasorias y que los procedimientos sancionadores si concluyen con una multa de este tipo, las empresas asuman dicha cuantía”, comenta.

“Al hilo de esto, habría que valorar hacer publicidad de esas sanciones como medio de presión para evitar este tipo de comportamientos irregulares, para evitar que vuelvan a repetirse este tipo de conductas. También habrá que ver qué pasa con la reincidencia en este tipo de conductas irregulares, que debería suponer un incremento de estas multas”.

Nuestra jurista  se hace la pregunta que nos hacemos todos los consumidores ”si habrá que ver si realmente se reduce la litigiosidad existente que existe a nivel de empresas financieras o de telecomunicaciones por poner un ejemplo que son las que más incumplimientos generan”.

“A su juicio, todo depende de la plasmación definitiva de la ley, cuando pase por el Parlamento y reciba las enmiendas de los distintos grupos políticos y luego cómo la interpretan las empresas en el día a día y que servicio de supervisión se desarrolla en todas las Comunidades Autónomas, donde las competencias de consumo están transferidas”.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.

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La última sentencia del TJUE que avala la devolución íntegra a los consumidores de lo cobrado por los bancos en concepto de cláusulas suelo, incluso si han cobrado ya una parte como señalaba la doctrina del Tribunal Supremo, ha vuelto a poner de actualidad el llamado derecho de consumo.

En España el Tribunal Supremo reconoció en mayo del 2013 la abusividad de las cláusulas suelo y ordenó devolver los importes cobrados, pero solo los pagados a partir de esa fecha de 2013, algo que ahora rebate el TJUE.

El Derecho de la Unión se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios y los circunscribe exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de una cláusula abusiva después del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró ese carácter abusivo”, afirma el TJUE en su sentencia sobre el asunto de Unicaja.

Para Rosana Pérez Gurrea, abogada con despacho propio en La Rioja, habrá que ver cómo se articula esta medida.  Desde el 2013 se le ha devuelto a las familias una media de 4.000 euros, pero es que a alguien con una hipoteca desde 2004 serían 15.000 euros para una hipoteca de 130.000 euros, así que le deben 10.000.

Desde su punto de vista, “hay que darse cuenta que el derecho de consumo siempre ha existido, lo que ocurre es que en los últimos años tiene más actualidad que nunca. El auge es mayor y deriva en una mayor protección de los consumidores y eso se articula de diferentes leyes, de la trasposición de distintas directivas así como de la jurisprudencia de los tribunales que marcan la pauta”.

El escenario es notable, “abogados y consumidores llevamos años luchando ante las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios; gastos hipotecarios que han afectado a muchos consumidores. El propio fenómeno del índice hipotecario IRPH sigue afectando a muchas familias. Ahí los fallos de los tribunales están siendo claves”.

Al mismo tiempo, nos señala que “el porcentaje de asuntos que ganamos los abogados es muy elevado en los tribunales. Muchas de ellas están basadas en la falta de información dada al consumidor por parte de las empresas. Sin esa información el consumidor no entiende realmente lo que firma. Esas cláusulas son abusivas y nulas de pleno derecho”.

Junto con este contexto “ha surgido otro provocado en los dos últimos años por la pandemia del Covid19 que agrupa cancelaciones de vuelo o las propias quejas ante los recibos de luz y el gas e incluso compra de productos defectuosos. Ahí es importante tener toda la información adecuada para saber realmente qué plazos hay para reclamar y de qué manera. Se trata de garantizar la protección del consumidor que señala el artículo 51 de la Constitución Española”.

Para esta jurista, “en este tipo de situaciones es importante que el consumidor tenga la información adecuada de cuáles son sus derechos. Creo que se ha avanzado bastante en ese sentido. El papel de las asociaciones de consumidores y del propio Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) está siendo importante. No obstante aún es necesario impulsar una buena educación financiera qué ayude a nuestras reclamaciones como consumidor”, destaca.

Evitar al juicio

Nuestra interlocutora reconoce que muchas de las consultas que recibe en su despacho tiene que ver con cómo ejercitar dicha reclamación “siempre les decimos lo mismo. Lo primero hay que intentar llegar a un acuerdo extrajudicial con la empresa en cuestión, usaremos las hojas de reclamación o los servicios de atención al cliente, en caso de no estar conforme podemos acudir al arbitraje de consumo, como mecanismo extrajudicial de conflictos antes de meternos en un juicio”.

En este contexto esta jurista destaca el papel de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) que informan gratuitamente de cómo se puede ejercer ese derecho a reclamar, si todo esto falla tendremos que ir a la vía judicial para defender nuestros derechos. Una vía muy sobrecargada de asuntos, lo que genera que muchos de estos temas se resuelvan de forma muy lenta”.

Rosana nos aclara que “si aquello que reclamamos no supera los 2000 euros no necesitamos ni abogado ni procurador, pero estamos ante la vía más lenta  y costosa porque un asunto de este tipo, contando con que la entidad financiera recurra puede durar varios años”.

Desde su punto de vista los fallos del TJUE últimos o los relacionados con las comisiones bancarias ponen de manifiesto la importancia de los fallos judiciales a este respecto.

Comisiones bancarias abusivas 

Hace unos días el Juzgado de lo Mercantil de Vitoria condenaba a BBVA a cesar el cobro de comisiones por ingreso en efectivo en ventanilla a terceros y por retirada de dinero en efectivo por parte del titular de la cuenta por un importe igual o inferior a 2000 euros. Así, considera esta acción “una práctica abusiva».

El fallo llega después de que la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca (EKA/ACUV) interpusiera una demanda contra la entidad bancaria. 

De esta forma, la condena obliga a la parte demandada a finalizar con la práctica indicada y “a eliminar de sus condiciones generales las cláusulas contractuales por la que impone el cobro de estas comisiones, absteniéndose de llevar a cabo la conducta y de utilizar las cláusulas señaladas en el futuro”.

Además, la sentencia señala que se impondrá una multa coercitiva de 1000 euros diarios a la demandada si no elimina la comisión prohibida en el plazo de 20 días desde la firmeza de la sentencia. No obstante, BBVA podrá sujetarse al derecho de impugnación, por el que podrá proceder a un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava.

La sentencia a BBVA para el cese del cobro de comisiones “abusivas” se suma a las de Bankinter y Kutxabank, ambas entidades financieras también fueron demandadas por la EKA/ACUV e interpusieron un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava, cuyo organismo tumbó sus recursos.

Nuestra interlocutora es vocal de la Subcomisión de Defensa de la Competencia y Derechos de los Consumidores del CGAE “trabajamos en una mejor protección de los consumidores. Ahora tenemos pendiente una celebración de una jornada de derecho de consumo con el CCU, con el que tenemos firmado un acuerdo de colaboración”.

Abogados especializados. 

El auge de esta actividad ha hecho que muchos abogados se hayan especializado en lo que se llama derechos de los consumidores . En ese escenario ha surgido la Asociación Española de Derecho de Consumo que celebrará su Congreso Anual los próximos 16 y 17 de junio en Burgos, que aglutina muchos de estos profesionales.

Para esta jurista “todo este movimiento de reclamaciones hipotecarias ha especializado a muchos abogados en este tipo de materias. En este tipo de asuntos de cierta complejidad es fundamental que el consumidor elija un abogado especializado que conozca bien este tipo de temas”.

Rosana nos destaca que “ahora con el Estatuto de la Abogacía vigente se refuerzan las obligaciones del abogado para con su cliente. Hay que ser leal y legal con el cliente. Se nos exige a los abogados mayor diligencia en cuanto al deber de información, la necesidad de la hoja de encargo para que sepa los servicios que contrata, el importe de la minuta y las obligaciones fiscales”.

Los consumidores ahora se encuentran inmersos en otro frente propiciado por el cambio injustificado por parte del Gobierno de las tarifas eléctricas. Las quejas se han incrementado y la CNMC parece que va a expedientar a alguna de estas empresas.  

En opinión de esta jurista “todo parte de un defecto de información. Muchos consumidores no saben si están en el mercado libre o regulado. Leer las facturas de la luz es complicado y tampoco hay una información de la potencia contratada, qué se está pagando por ello. Lo ideal sería encontrar una oferta que se ajustase a nuestras necesidades, pero no es tan sencillo lograrlo”.

Llegan las acciones colectivas

En cuanto a las reclamaciones de los consumidores, se observa que ya empiezan a utilizarse las acciones colectivas para determinados asuntos. 

Así hace unos días la OCU interponía una frente a Apple que afecta a más de 400.000 consumidores por los problemas con el Iphone 6. En opinión de esta experta “es posible que puedan tener una salida para determinados asuntos aunque necesita una mejor regulación. Esto supondrá ahorro de tiempo y costes para los propios consumidores”.

Ahora España tiene la oportunidad de integrar un mecanismo de acción colectiva opt-out mediante la trasposición de la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, cuyo plazo vence en diciembre de 2022, para su entrada en vigor en junio de 2023.

De esta forma, todos los afectados quedarían incluidos automáticamente en la acción de clase y mediante un único procedimiento judicial se sustanciarían todas las cuestiones en disputa, alcanzando una única decisión judicial aplicable a toda la clase representada. 

“Esto reduciría de forma drástica la multitud de procedimientos judiciales con un mismo objeto, que favorece el colapso de los juzgados. En otros países está funcionando, en nuestro país falta la trasposición”.

Esta experta señala que buen ejemplo de ello es el cártel de los camiones y los miles de pleitos que inundan actualmente los juzgados españoles, alcanzando, incluso, distintas indemnizaciones dependiendo del lugar del litigio, a pesar de que las posiciones procesales sean prácticamente idénticas.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.

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Algunas de estas modificaciones legislativas entraron  en vigor el 1 de enero de 2022, mientras que otras lo harán el próximo  28 de mayo de 2022.

Así, desde ese 28 de mayo, si cuando dirigimos una oferta a los consumidores, no acompañamos el precio rebajado del original o si, aunque lo hagamos, el precio original reflejado no es el más bajo de los últimos treinta días, nos exponemos a multas de entre 10.001 y 100.000 euros.

Desde esa fecha , el Ministerio de Consumo tendrá capacidad sancionadora en casos de infracciones que puedan afectar a la unidad del mercado y a la competencia, cuando sucedan en varios Estados de la UE o cuando el infractor no esté localizado en España si se trata de comercio electrónico.

Las sanciones máximas, que podrá imponer el Estado, podrán alcanzar hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en el caso de infracciones cometidas únicamente en España, y hasta el 4% del volumen de facturación de las compañías, cuando estas infracciones tengan lugar en varios Estados miembros.

Los cambios planteados por esta reforma legislativa, algunos de ellos incorporados como transposiciones de directivas europeas, suponen un reajuste de aspectos tales como la información precontractual, las garantías, las reparaciones, la calificación de infracciones.

Junto a ello también se observan  la modificación de sanciones, la consideración de consumidores vulnerables y, sobre todo, introduce aspectos sobre la información y la contratación de suministros de contenidos o servicios digitales.

La reforma tiene por objeto la transposición de la Directiva 2019/2161 para la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores.

En este contexto de adaptar la actividad de muchas empresas a la protección de los consumidores se ha centrado el trabajo de muchos despachos de abogados que asesoran a estas firmas para cumplir la normativa y evitar las sanciones que ahora se imponen, especialmente en los negocios online.

Información precontractual en contratos online

A partir del 28 de mayo de 2022 se incrementa la información que debe dar el proveedor del mercado online más conocido como venta online (artículo 97 bis de la Ley General para Defensa de los Consumidores).

De esta manera, además de informar sobre lo dispuesto en el artículo 97: la identidad del empresario, el precio, o el derecho de desistimiento, entre otros, deberán indicar si los productos que ofrecen en su página son ofrecidos o no, por empresarios.

En los casos en que no sea un empresario el que ofrezca los productos, deberá informar claramente de que la normativa de consumo no les será de aplicación. 

También deberán decir cuáles son las condiciones de garantía, los seguros o los métodos de resolución de conflictos que aplican.

Será el empresario el que debe probar que ha informado de todos estos requisitos a la persona consumidora.

Recordamos que la información precontractual que el vendedor debe ofrecer al consumidor incluye una referencia a la garantía legal de conformidad para los bienes, contenido digital o servicios digitales y, cuando proceda, la existencia de asistencia posventa al consumidor y usuario, servicios posventa y garantías comerciales, así como sus condiciones.

Por tanto, es tiempo de adaptar las condiciones de compra de las tiendas online y marketplace.

Si un empresario se pone en contacto telefónicamente con un consumidor, deberá indicar al principio de la conversación, su identidad, así como el objeto comercial de la llamada y facilitar la confirmación del contrato en un soporte duradero, siempre antes de que se entreguen los bienes o se inicie el servicio.

En cuanto al derecho de desistimiento, el artículo 102, que entrará en vigor el 28 de mayo de 2022, establece que, si el contrato se celebró a consecuencia de una visita no solicitada en el domicilio del consumidor, el plazo de desistimiento se amplía hasta los 30 días naturales.

Si una persona consumidora decide darse de baja en un contrato antes de que finalice el compromiso de permanencia, se le penalizará en el número proporcional de días no efectivos.

Esta consideración antes quedaba ligada al concepto de desistimiento, y se establecía en el artículo 74, mientras que ahora pasa a estar recogido en el artículo 62 que trata sobre los contratos.

Infracciones y sanciones

También a partir del 28 de mayo de 2022, entrará en vigor el artículo 47, donde se definen las infracciones en materia de defensa de los consumidores. 

Añadiendo como infracciones: el incumplimiento de las normas relativas a la información previa que debe suministrar el empresario antes de la contratación; la actuación discriminatoria contra personas vulnerables; la negativa a aceptar el pago en efectivo; el incumplimiento de las obligaciones de los Servicios de Atención al Cliente.

Junto a ellas el incumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas para poner fin a las infracciones y corregir sus efectos y la negativa u obstrucción al ejercicio del derecho de desistimiento, entre otras.

La nueva norma especifica la calificación y graduación de cada una de las infracciones, clasificándolas como leves y graves.

Pudiendo pasar a considerarse graves o muy graves en función de que concurran entre otras circunstancias, por ejemplo, el hecho de que hayan supuesto una alteración social grave, que el infractor sea reincidente o que se hayan cometido con incumplimiento total de los deberes impuestos, el resto de agravantes se definen en el artículo 48.3.

Por último,  también se han modificado las cuantías de sanción, de manera que las sanciones para infracciones leves pueden estar: entre los 150 y los 10.000 euros, para las graves entre los 10.001 y los 100.000 euros y para las muy graves pueden sobrepasarse estas cantidades hasta alcanzar entre 6 u 8 veces el beneficio ilícito obtenido.

A este respecto  en el artículo 51 define quiénes son los responsables de las infracciones de consumo y en el artículo 52 los plazos de prescripción y caducidad de las infracciones. 

Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las leves al año. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las impuestas por la comisión de infracciones graves a los tres años y las impuestas por infracciones leves al año.

Garantía de los bienes adquiridos

Uno de los cambios centrales, que entró  en vigor el 1 de enero de 2022, afectó al plazo de garantía de cualquier bien o servicio.

De tal forma que, cualquier producto que compremos, tiene ya una garantía de tres años en lugar de los dos años actuales, excepto los contenidos o servicios digitales, que tendrán dos años se garantía.

En los productos de segunda mano, el empresario y el consumidor ya pueden  pactar un plazo menor, que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

Se ha ampliado el periodo de carga de la prueba de seis meses a dos años. Lo que quiere decir que, si se detecta una falta de conformidad en el producto durante los dos primeros años, se entenderá que el defecto venía de origen y el empresario deberá atender la garantía a no ser que pueda demostrar que la avería no se debe a un defecto del producto (artículo 121.1).

En el caso de contenidos o servicios digitales que se suministren de manera continua, el empresario será responsable de cualquier falta de conformidad que se manifieste durante toda la vida del contrato.

La carga de la prueba en estos casos recaerá sobre el empresario (artículo 121.2).

Al igual que antes, mientras el empresario esté reparando el producto en garantía, se suspende el cómputo de plazos, es decir deja de correr el tiempo de garantía del producto, hasta que el empresario lo devuelva ya reparado.

Durante el año posterior a la entrega, el empresario responderá de las faltas de conformidad de esta reparación, siempre y cuando se trate del mismo problema (art 122).

También pasa de tres a cinco años el tiempo que tienen las personas consumidoras para reclamar la falta de conformidad de cualquier producto (art 124).

En cuanto a la garantía comercial, aclara que, si las condiciones anunciadas en la publicidad son más beneficiosas que las incluidas después en el documento de garantía, prevalecerán las condiciones publicitadas.

Reparación y servicios postventa

También, a partir de enero de 2022, cambió  el plazo durante el cual el productor debe garantizar un adecuado servicio técnico, así como el plazo durante el que debe suministrar repuestos, pasando de cinco a diez años (art. 127 bis). 

De esta manera, los productores deberán garantizar la existencia de un servicio técnico y de repuestos durante un plazo mínimo de diez años a partir de la fecha en la que el producto deje de fabricarse.

La legislación mantiene la prohibición de incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en las reparaciones, así como la obligación de exponer al público la lista de precios de los repuestos y del resto de servicios aparejados.

El derecho del consumidor a recuperar un producto entregado para su reparación también se modifica pasando de tres años a uno (art 127 bis).

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.

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La autora, abogada experta en privacidad, explica a lo largo de este artículo los requisitos que un startup, como empresa emergente, debe considerar para cumplir con la actual normativa de protección de datos tanto a nivel de LOPDGDD como del mismo Reglamento Europeo de Protección de Datos.” Ahora hay que ser más proactivo y demostrar en cualquier momento que estamos cumpliendo con el nuevo marco legal existente”.

Igual que definir un pacto de socios o tener clara cuál es nuestra política comercial, La protección de datos no se puede quedar atrás. Ahora es clave definirla antes de cualquier actividad, lo que los expertos señalan con el concepto de privacidad por el diseño o por defecto. 

1.- Conocer bien marco legislativo que nos concierne: (clientes, potenciales clientes, proveedores, trabajadores, usuarios, contactos, …) está sometida al cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (el RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y de garantía de derechos digitales (LOPDGDD) de obligado cumplimiento.

Según la Memoria de la AEPD, los ciudadanos plantearon 13.905 reclamaciones, un 35% más que en el 2020.  Cuestiones como a servicios de internet (16%), videovigilancia (12%), recepción de publicidad (excepto spam) (11%) e inserción indebida en ficheros de morosidad (9%).

 En cuanto a los procedimientos sancionadores, se finalizaron 585, un 49% más que en 2021. Las áreas más frecuentes en los procedimientos sancionadores son videovigilancia (25%), servicios de internet (22%), y publicidad a través de correo electrónico o teléfono móvil (9%).

2.-Gestión de los datos: Definir el Registro de Actividades de Tratamiento:

En un escenario tan proactivo como es el de la privacidad, existe la necesidad de gestionar los datos personales que se tengan, tanto de clientes, profesionales de la empresa, contactos o proveedores.  

Esto hace que se configure el Registro de Actividades de Tratamiento, un documento “vivo” que debe contener el tipo de datos que recoges, para qué son esos datos, con quién los compartes, cuánto tiempo los guardas, si basas el tratamiento en el consentimiento o en otras bases de legitimación (p.e. ejecución de contrato, obligación legal…) etc.

3.-Informar de la recogida de datos personales a terceros:  Ya sabes los datos que estás manejando o vas a manejar. Tienes que informar siempre que recojas datos: utilizarás propuestas comerciales, presupuestos, formularios, emails, cualquier fórmula para que tu nuevo cliente te facilite la información mínima para trabajar. Si estás en el mundo online lo pedirás vía formulario, pero cualquier vía será bienvenida.

En cuanto a la obligación de quién es el responsable del tratamiento (serás tú si eres autónomo o tu sociedad si la has constituido), lo que vas a hacer con los datos, en qué te basas para hacer tratamiento de datos, cuánto tiempo los conservarás, si los vas a compartir con alguien, donde se puede dirigir el titular del dato para pedir sus derechos o dónde puede reclamar. Se trata de ser muy muy transparente.

4.-Garantizar los Derechos de los titulares de los datos, en este caso interesados

Son la materialización del derecho a la protección de datos y son los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad.

Si un usuario te los pide tienes que contestar en el plazo de un mes y para ello tendrás que habilitar un medio de contacto fácil.

Para tenerlo claro cómo hacerlo y no meter la pata, lo mejor es tener un procedimiento de gestión de esos derechos para que tengas claro cómo actuar en cada caso y según cada derecho.

5.- Hay que implantar Medidas de seguridad: si vas a gestionar datos personales, la seguridad es imprescindible.

Cosas tan sencillas como trabajar con software original y actualizado, protegerse con antivirus, firewalls, utilizar VPNs, hacer copia de seguridad, cambiar las contraseñas (y evitar el 1234567) restringir los accesos, cifrar la información etc. están al alcance de cualquiera.

De esto hay mucha información en el INCIBE que tiene una línea 017 para resolver cuestiones de ciberseguridad o la herramienta Comunica-RGPD de la propia AEPD que guía al profesional en la gestión de esa brecha de seguridad

6.- Necesidad de un análisis de riesgos:

Según el RGPD la seguridad debe enfocarse siempre “desde el riesgo” lo que significa que debes analizar los riesgos que tiene tu actividad (no es lo mismo montar una web para vender ropa que una clínica estética donde seguramente vas a manejar hasta datos de salud, ni es lo mismo trabajar básicamente con empresas que por ejemplo con datos sensibles de personas “vip”).

Por eso hay que hacer un análisis de riesgos. Y a veces incluso una «Evaluación de Impacto» que es algo parecido sobre todo cuando se pone en marcha un nuevo tratamiento de datos que pueda implicar un alto riesgo.

Lo importante es identificar esos riesgos y los gestiones para que sepas dónde estás y a lo que tienes que dar prioridad. Por ejemplo: si se ha desarrollado una app, dale prioridad a la ciberseguridad pues tus vulnerabilidades te pueden venir por ejemplo de una mala configuración, del uso de otras herramientas no seguras o por ejemplo del entorno en el que desarrollas la app.

7.- Gestionar brecha de seguridad en 72 horas

Pese a todo puede haber un incidente de seguridad en la empresa. Ya sabes que no hay ninguna medida de seguridad infalible, pero si tienes un problema de seguridad que afecte a datos personales, tienes la obligación de ponerlo en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas.

Aunque hay matices y puede ser que el fallo de seguridad esté limitado, sin embargo, hay que darse cuenta que esta es una de las obligaciones que te exige la ley. Y habrá que gestionar la incidencia para contener sus efectos y adoptar medidas para que no se vuelva a repetir.

Lo importante es contar con un protocolo para gestionar este tipo de incidentes, de tal manera que se minimice los riesgos a todos los niveles. Una mala gestión de la brecha puede dañar la reputación corporativa de la entidad afectada

8.- Consolidar relaciones con terceros que manejen datos nuestros:

Desde una gestoría hasta un software de gestión o un hosting o incluso una plataforma de trabajo, implica que hay terceros que pueden acceder a los datos personales que gestionas y que son de tu responsabilidad.

Incluso es posible que quien te haya hecho la web tenga acceso a los datos de tus formularios de contacto. Todos ellos son “encargados de tratamiento”, es decir terceros que te prestan un servicio y para ello tienen que acceder a datos que tu gestionas.

Esta relación tendrá que estar formalizada en un contrato (el contrato de tratamiento de datos, «Data Processing Agreement», contrato de encargo de tratamiento etc.) Imprescindible el contrato: y esto es binario: o lo tienes o no lo tienes.

 Si el proveedor se equivoca el responsable eres tú (o tu empresa) por lo que en el contrato debe constar que tu proveedor también cumple con el RGPD.

9.- Objetivo> Crear cultura de privacidad y formación en la empresa

AL final de lo que se trata es que la empresa defina su cultura de privacidad, de forma proactiva, que se vea desde fuera como valor añadido y reputacional.

 Con el tiempo es muy gratificante ver como cuando alguien inicia un nuevo proyecto, una nueva web o una actividad que implique recoger y tratar datos se plantea desde el minuto uno, que la privacidad importa (es lo que conocemos como “privacidad desde el diseño y por defecto”) y de esta forma se incorpora el cumplimiento al desarrollo y todo es mucho más sencillo.

Cumplir con los principios establecidos en el RGPD: responsabilidad proactiva, minimización, limitación de la finalidad, limitación de la conservación de los datos, exactitud, etc. es una tarea que debe ir calando en la forma de trabajar.

Uno de los primeros pasos es el de formar en materia de privacidad a los profesionales de cada empresa. Una formación que es necesaria y debería ser periódica para poder refrescar conocimientos.

La mejor manera de evitar sorpresas desagradables, en cuanto a brechas de seguridad o requerimientos de terceros, es preventivamente forma a nuestro equipo de trabajo en estos temas Que sepan lo que pueden o no pueden hacer De esa manera se minimizarán los riesgos.

10.-Crear área de privacidad o contar con apoyo externo:

En esta tesitura que la privacidad es algo estratégico para las empresas, algunas empresas optan por contar con asesoramiento legal recurrente. A este respecto no es nada desdeñable contar con profesionales de la privacidad que nos puedan ayudar en determinados asuntos.

Al mismo tiempo hay que recordar que página web de la Agencia Española de Protección de Datos te ofrece cantidad de recursos, guías y herramientas), Junto a ello contar con ese experto puede ser una inversión amortizable rápido.

A la hora de elegir nuestro experto es bueno desconfiar de los que te ofrecen asesorarte gratuitamente a cambio de formación (es un fraude: una cosa es el asesoramiento y otra la formación), de los que no te dedican “horas” para escucharte, entender tu negocio y darte consejos a medida.

En función de la complejidad del negocio cada empresa necesita un asesoramiento específico en este terreno.

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Después de unos meses repletos de ruido mediático, ha llegado el momento de la verdad para muchos de los que adquirieron (y adquirimos) alguno de los aproximadamente 10 millones de vehículos afectados por el “Cártel de los Coches”. Este es  nombre con el que se conoce coloquialmente al grupo de fabricantes de automóviles (y dos compañías de servicios auxiliares) sancionados en julio de 2015 por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) en su expediente S/0482/13, en el que fueron impuestas multas por un total importe agregado de 171 millones de euros.

En el presente artículo Manel Espinosa, abogado que lidera una de las principales plataformas de reclamación a este cartel analiza analizamos los principales aspectos de la avalancha de reclamaciones que presumiblemente están a la vuelta de la esquina:

¿Por qué ahora?

Porque el próximo día 20 de abril se cumplirá un año desde que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictara la primera de las trece Sentencias[i] que han resuelto los catorce recursos de casación formulados por varios de los sujetos sancionados

En esta ocasión el resultado es que el 100% de dichas sentencias contrarias a los intereses de los integrantes del Cártel de los Coches, quienes han visto como el Alto Tribunal confirmaba sus respectivas sanciones a pesar de los ingentes esfuerzos que han realizado durante estos años para tratar de demostrar que los intercambios de información comercial llevados a cabo entre ellas entre febrero de 2006 y agosto de 2013 no supusieron una vulneración de la Ley de Defensa de la Competencia.

¿Porqué es importante el plazo de un año desde sentencia?

Porque la sanción de la CNMC fue dictada en julio de 2015, antes de que el Real Decreto-Ley 9/2017 transpusiera al ordenamiento jurídico español la Directiva de Daños (2014/104/UE), y por tanto no es de aplicación el plazo de prescripción de 5 años previsto en el artículo 74 de la Ley de Defensa de la Competencia en su actual redacción sino el plazo general de un año establecido en artículo 1.968 del Código Civil.

En consecuencia, cualquier damnificado por el Cártel de los Coches dispone de tan sólo UN año para efectuar su reclamación.

Pero ¿Un año desde cuándo?

El dies a quo, o fecha en la que se inicia el cómputo de un plazo en derecho, es (a juicio del que suscribe) una de las claves en las reclamaciones derivadas del Cártel de los Coches. No se trata de una cuestión pacífica entre la doctrina, existiendo multitud de planteamientos contradictorios en la actualidad[ii].

En este sentido, resulta indispensable recurrir al concepto de aptitud plena para reclamar, ampliamente desarrollado por el Tribunal Supremo en las últimas décadas.

En esencia, el Alto Tribunal establece que para que la acción nazca y la prescripción empiece a correr es necesario que el damnificado disponga de todos los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar su demanda.

 La más moderna doctrina jurisprudencial existente al respecto nos invita a fijar con cierta seguridad el dies a quo en la fecha en la que la sanción administrativa cobre firmeza[iii], lo que en el caso del Cártel de Coches nos va a remitir indefectiblemente al momento de ser dictadas las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo resolviendo los distintos recursos de casación formulados por los cartelistas (y en el caso de Mazda, por la propia CNMC) contra las Sentencias de la Audiencia Nacional (derivadas a su vez de recursos contencioso-administrativos interpuestos por los propios sancionados contra la resolución de la CNMC).

La anterior doctrina se enlaza perfectamente con el criterio configurado por el Tribunal Supremo hasta la fecha, en virtud del cual es imprescindible efectuar una aplicación restrictiva de la figura de la prescripción, al tratarse de una institución jurídica no sujeta a criterios estrictamente de justicia y que, llevada al extremo, puede dar lugar a situaciones totalmente contrarias al espíritu de las leyes.

Según el criterio jurídico de Allura & Peimondt sería razonable interpretar que, definiendo la resolución de la CNMC a la infracción del cártel como única y continuada, el plazo de prescripción de un año no comenzó a contar hasta que fue dictada la última de las sentencias del Tribunal Supremo; esto es, el 1 de diciembre de 2021, con la desestimación del recurso de casación formulado por TOYOTA ESPAÑA, S.L.U.

Ello, no obstante, y en aras al principio de prudencia que debe imperar este tipo de demandas, consideramos imprescindible la interrupción de la prescripción antes del 20 de abril de 2022, cuando se cumplirá un año de la primera de las sentencias del Alto Tribunal (Citroën y Peugeot), y continuar haciéndolo en la medida que resulte posible contra el resto de fabricantes antes de cumplirse un año de sus respectivas sentencias.

Finalmente, es oportuno mencionar lo establecido por el Tribunal de Justicia de la unión Europea en su sentencia de 13 de julio de 2006, en la que establece que “corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si una norma nacional con arreglo a la cual el plazo de prescripción de la acción de indemnización del perjuicio causado por un acuerdo o práctica prohibidas por el artículo 81 CE se computa a partir del día en que comienzan el acuerdo o la práctica prohibida, hace imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio del derecho de solicitar reparación del perjuicio causado, en particular cuando dicha norma nacional establece un plazo de prescripción breve”, con la clara voluntad de evitar aquellas situaciones en las que los plazos de prescripción excesivamente cortos hagan excesivamente difícil para los damnificados ejercitar las acciones tendentes al resarcimiento de los daños ocasionados.

Todo cuanto antecede debe ser interpretado de forma conjunta e inseparable con el artículo 101 del Tratado Fundacional de la Unión Europea (TFUE), que prohíbe y declara nulos de pleno derecho los acuerdos entre asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan restringir o falsear el jurgo de la competencia, para dar lugar a la plena restitución de los daños ocasionados a las víctimas del Cártel de los Coches.

Allura & Peimondt ha lanzado la página web www.cartelcoches.org, y en la actualidad contamos con miles de afectados entre nuestros clientes.

[i] Las 13 sentencias pueden consultarse íntegramente en la web de la CNMC https://www.cnmc.es/expedientes/vs048213. El siguiente cuadro resumen puede resultar de utilidad:

[ii] Vid. profesor Francisco Marcos en Almacén de Derecho (https://almacendederecho.org/estan-prescritas-las-acciones-de-danos-por-el-cartel-de-coches).

[iii] SSTS de 25 de noviembre de 2016, 20 de octubre de 2015 y 20 de enero de 2009, por todas, SAP Valencia 16 de septiembre de 2019, SAP de Madrid, sección 28, de 3 de julio de 2017, SSJM núm. 3 de Barcelona, de 6 de junio, 5 y 10 de septiembre de 2018 y, por aplicable al Cártel de Coches, 27 de diciembre de 2021.

@Luisjasanchez , Periodista Juridico

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Uno de los efectos positivos de pasar una pandemia mundial es que la salud emocional ha ocupado titulares y conversaciones y, previsiblemente, sea menos ignorada a partir de ahora. En el sector legal, este interés se ha trasladado a múltiples debates y encuentros sobre la existencia (o no) y la idoneidad (o no) de sensibilidad y políticas de bienestar dentro de los despachos de abogados.

Y ¿por qué no empezamos por el principio? ¿por qué no aprendemos a identificar los entornos o prácticas poco saludables para erradicarlas y luego construimos hábitats de crecimiento y cuidado personal y profesional? ¿Sabes si tu despacho encaja en la definición de empresa tóxica?

Una vez leí que trabajar en una empresa tóxica es como vivir en un Día de la Marmota continuo en el que se repite continuamente ese mal día en el trabajo que querrías olvidar, ese día en el que se dieron todas o la mayoría de las siguientes situaciones, que recogen los marcos teóricos sobre toxicidad en el entorno laboral.

1.La Comunicación brilla por su poca claridad. Ya sabemos que es imposible no comunicar, y que la comunicación ambigua y confusa daña gravemente las relaciones sociales y laborales es. Este es uno de los síntomas más rápidos a identificar en un despacho tóxico.

Puede implicar dobles mensajes, mensajes confusos, falta de escucha de los recursos necesarios y, con demasiada frecuencia, comunicación pasivo-agresiva. Esto lleva, no solo a poca eficacia, a la duplicación de tareas, a no preguntar para evitar reproches y a muchos conflictos que, en ocasiones, no tendrían ni que haberse iniciado.

2. Ambigüedad y poca claridad en las definiciones de los roles de trabajo. Cuando falta claridad con respecto a las expectativas que los socios o el despacho tiene de un miembro del equipo, se incrementa la incertidumbre y la sensación de poco control. Ninguno de ellos ayuda a desarrollar el trabajo y la profesión con iniciativa, confianza o creatividad.

Y es curioso porque, aunque pueden alcanzarse resultados a corto plazo o lo que yo denomino, sobrevivir como abogado, las mencionadas aptitudes son necesarias para sobresalir y dar lo mejor de uno a la Firma y a los clientes.  

3. Relaciones interpersonales conflictivas. En los despachos poco saludables es muy fácil tropezar con un ambiente enrarecido y con relaciones – entre compañeros, con clientes y con superiores – distantes y conflictivas.

 Este es uno de los principales estresores laborales y que motiva aislamiento, acoso y todo tipo de conflictos. Esto es particularmente grave en el momento actual en el que la colaboración es necesaria para afrontar la complejidad de las demandas de los clientes, ya que el individualismo encuentra una pared para ofrecer lo que se espera del despacho.

4. Ausencia o ambigüedad en el feedback. La toxicidad puede estar en la gestión y organización del despacho, pero también en sus clientes o en el talento contratado. Por eso es tan importante dar información sobre el desempeño del trabajo a fin de reencauzar las malas prácticas y reforzar las buenas.

 En una Firma tóxica, el feedback no está como aliado de la competitividad y la mejora personal y profesional. Puede no estar o ser ambiguo por lo que contribuye a más confusión y a que el equipo siga en caminos indeseables.  Los motivos para esta falta de feedback son muchos, pero ya detectar que no se está utilizando es buen punto de partida.

5. El equipo no se identifica con la Firma. Esto es entendible ya que parece el resultado de una situación en la que las necesidades del equipo no se recogen por la empresa, la motivación no parece la más adecuada para conectar a largo plazo con el proyecto y dónde la confusión y la ambigüedad se convierten en obstáculos para la identificación con la Firma.

 No es posible confiar en quien o en lo que no terminamos de conocer.

6. Se dan en el equipo indeseables y sostenidos niveles de estrés. La exposición prolongada a estresores en el ámbito laboral puede derivar en el conocido como síndrome del quemado o burn-out que se identifica por tres síntomas principales: agotamiento emocional (“no puedo dar más de mí”), cinismo y distanciamiento en las relaciones personales (y puede afectar a los clientes) y reducido nivel de competencia y logro con respecto al trabajo. Se deduce fácilmente que es una situación indeseable para los individuos y para la Firma.

En resumen, se puede identificar porque las demandas que se plantean no se corresponden con los recursos – profesionales, materiales, procedimentales – adjudicados que se necesitan para afrontar las demandas.

¿A quién afecta la toxicidad?  Por supuesto a los profesionales, que suelen llevarse las sensaciones tóxicas a casa, a sus relaciones personales, a su ocio… intoxicándolo toco como si de una mancha de chapapote se tratara y extendiéndose a través de su malestar. Pero, también afecta a la Firma ya que tienen índices de rotación no deseados, mayores índices de bajas laborales, altos niveles de estrés (malo) y casos de burn-out, además de ver reducida la creatividad, la implicación y la colaboración.

En los despachos de abogados es frecuente que el ambiente cambie de un departamento a otro. Pueden coexistir departamentos más tóxicos y más saludables en la misma Firma, ya que, por lo general, los socios gozan de autonomía e independencia para gestionar sus equipos y porque existe un alto impacto de las características – positivas y negativas – de los líderes en el clima y en los procedimientos.

Si tu Firma reúne todas o casi todas las características mencionadas en este artículo, qué vas a hacer?

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Bajo el lema ‘Shape the future’, South Summit se reinventa manteniendo su formato con lo mejor del mundo físico y el digital, pero invitando a sumarse a la transformación verde. South Summit no solo asegura una producción neutral en carbono y certificandose como “Green Festival” sino comprometiéndose como empresa a Net Zero Pledge y haciendo una llamada a todo el ecosistema a ser parte de este compromiso global.  

La ciudad de Madrid adquiere gran protagonismo en esta edición al atraer a referentes mundiales del mundo de los negocios y la inversión, que participarán en encuentros exclusivos celebrados en lugares emblemáticos de la ciudad en paralelo al encuentro. 

Además, en South Summit 2021 van a participar los ‘South Summit’s Shapers of the future’, grandes nombres que ya contribuyen a dar forma al cambio verde: Christopher Gavigan, cofundador de The Honest Company; Gunter Pauli, creador del concepto ‘The Blue Economy’; Marco Lambertini, Director General WWF; Sebastian Siemiatkowski, cofundador y CEO de Klarna; Bisila Bokoko, fundadora y CEO de BBES International; Marcelo Claure, CEO de Softbank, o Francis X. Suarez, alcalde de Miami*.

La próxima semana se anunciarán los 100 proyectos más disruptivos a nivel mundial seleccionadas en la Startup, elegidos entre los más de 3.800 presentados, procedentes de más de 124 países, con un 75% de startups de origen internacional.

La nueva edición de South Summit 2021 se presentó esta semana  en el Real Jardín Botánico de Madrid, en un acto presidido por José Luis Martínez-Almeida, Alcalde de Madrid, que contó  también con la presencia Begoña Villacís, Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid; Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial; Javier Fernández-Lasquetty, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, y María Benjumea, Fundadora y CEO de South Summit.

En esta presentación oficial se han desvelado las novedades de South Summit 2021, que bajo el lema ‘Shape the future’, invita al ecosistema global de innovación a ser parte de la transformación hacia el futuro, que se construye desde los pilares de South Summit: Sostenibilidad, Conexión, Innovación y Negocio. 

“Parece que salimos de una crisis que ha modificado radicalmente nuestra realidad. En South Summit somos apasionados del cambio, y creemos que tenemos que transformar las crisis en oportunidades, deseamos que esta sea la oportunidad de crear el mundo que queremos. Creemos firmemente que el emprendimiento y la innovación son el camino para crear un futuro mejor, un futuro que tiene que ser verde o que no será. Desde South Summit queremos apostar por promover la sostenibilidad, puesto que estamos convencidos de que no sólo es el futuro de los negocios sino también la única transformación a la que como sociedad tenemos que llegar. 

Por ello, nos reinventamos nosotros mismos, en un proceso de aprendizaje continuo para ser el referente global de producción sostenible, y hacer un llamado a todo nuestro ecosistema para que se sume al Compromiso Net Zero 2030, inspirados por grandes líderes que participarán en South Summit. La innovación es un arma poderosa con la que juntos podemos imaginar el futuro y hacerlo realidad.”, ha asegurado María Benjumea durante la presentación.

Con esta gran apuesta, South Summit 2021 -powered by IE University en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y co-organizado por el Ayuntamiento de Madrid– se celebrará del 5 al 7 de octubre en Madrid. La capital va a ser el escenario de este encuentro en el que van a tener un gran protagonismo los ‘South Summit’s Shapers of the future’, 

Es decir, grandes nombres que ya contribuyen a dar forma al cambio verde y que han confirmado su asistencia en esta edición, entre los que se encuentran: Christopher Gavigan, cofundador junto a la actriz Jessica Alba de The Honest Company, una empresa de cosmética, productos para bebés y limpieza del hogar que apuesta por el cuidado del medio ambiente y cotiza en el Nasdaq; Gunter Pauli, creador del concepto ‘The Blue Economy’, que busca ir más allá del término de «economía verde» basándose en el emprendimiento y la creación de riqueza aprendiendo de la naturaleza; Sebastian Siemiatkowski, cofundador y CEO de Klarna, la fintech europea más valorada y la primera en sumarse al Climate Pledge por el que se compromete a llegar al Net Zero antes de los 2040.

Junto a ellos  Bisila Bokoko, Global Leadership & Diversity Expert, una de las diez mujeres españolas más influyentes en el mundo de los negocios en América, además de fundadora y CEO de BBES International; Marcelo Claure, CEO de Softbank, el gigante de inversión japonés que está detrás de casi todos los unicornios y líder del fondo de venture capital más importante del mundo, Vision Fund, o Francis X. Suarez*, Alcalde de Miami.

A lo largo de las ediciones de este South Summit cada vez más internacional se ha hecho cada vez más frecuente la presencia de despachos de abogados que han terminado por abrir línea de negocio y asesorar a todos estos proyectos de emprendimiento a nivel jurídico. Firmas como Garrigues, Perez-Llorca, Cuatrecasas, entre otras han formado parte de alguna de estas ediciones y han sido ponentes en algunos de los paneles que se pusieron en marcha.

Durante el South Summit se atraerán a Madrid también a grandes referentes mundiales del mundo de los negocios y la inversión, que se sumarán al encuentro y a las experiencias exclusivas de ‘Leaders Forum’ lideradas por el excepcional empresario y visionario Martín Varsavsky. Estas experiencias tendrán lugar en paralelo al encuentro en los lugares más emblemáticos de la capital. De esta manera, se visibiliza el altísimo potencial del talento español atrayendo a grandes inversores y líderes de corporaciones a generar conexiones con el ecosistema local. 

Además, South Summit 2021 quiere reafirmar su compromiso con la sostenibilidad, transformándose también por dentro, maximizando su impacto ecológico positivo, al apostar por una producción neutral en carbono, con materiales circulares y en crecimiento continuo, estando en proceso para conseguir la certificación Green Festival.

 Spain Startup South Summit es firmante del SME Climate Commitment y está trabajando para lograr Net Zero emisiones para el año 2030, 20 años antes del acuerdo de Paris. Con este compromiso, South Summit no sólo se compromete a ser parte del cambio hacia un futuro verde. Además, usa su plataforma para invitar a sus partners, colaboradores, startups e instituciones, y a todo el ecosistema a acompañarlos y comprometerse a reducir sus emisiones a Net Zero.

El compromiso por el cambio también pretende llevarse a las nuevas generaciones, por ello en alianza con IE University South Summit lanza la competición ‘Next Gen’, para jóvenes promesas del emprendimiento de entre 14 y 17 años, quienes podrán participar en la competición de proyectos, hacer su pitch ante inversores y corporaciones de alto nivel e inspirarse con las charlas de expertos y emprendedores de éxito, para prepararse para su futuro y ser parte del mismo como emprendedores.

Como en anteriores ediciones, South Summit 2021 acogerá a las 100 mejores startups del ecosistema mundial y nacional, elegidas entre los más de 3.800 proyectos presentados a la Startup Competition de esta edición, el 75% de origen internacional, procedentes de más de 124 países, entre los que destacan: España, EE.UU., Reino Unido, Nigeria, Alemania, India, México, Colombia, Israel, Francia o Argentina. 

En un arduo proceso se han seleccionada a las mejores y más innovadoras startups del mundo, que serán anunciadas la próxima semana, representando a industrias líderes, como Fintech, Educación, Healthcare, Software y Desarrollo, E-commerce, Impacto Social, AgriTech, Data & Analytics, Green & Clean Tech Solutions o Logística. Las cien seleccionadas harán su pitch en directo en South Summit, una oportunidad clave para posicionarse y lograr conexiones de altísimo nivel con corporaciones, inversores y líderes del ecosistema. 

South Summit es la plataforma global con foco en innovación que conecta al mundo de la innovación desde España, por ello en 2021 Madrid no será el único encuentro, la apuesta por el cambio y las oportunidades continuarán con la celebración en noviembre de un encuentro en Valencia y otro en Bilbao en enero.

Durante el cierre de su intervención, la fundadora de South Summit ha asegurado que “los cambios suceden constantemente, tan rápido que a veces nos cuesta darnos cuenta. Este año ofrecemos la oportunidad de vivir el cambio dónde y cuándo acontece. En esta edición ofrecemos la oportunidad de vivir un nuevo comienzo, la oportunidad de ser parte del cambio, ser dueños del futuro: South Summit shape the future”.

Por su parte, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha recordado que “Madrid está trabajando y quiere ser una ciudad líder en el ámbito global, gracias a las palancas de la digitalización y el conocimiento”. En esta línea, Begoña Villacís, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, ha destacado que “la innovación lo es todo y en Madrid esa puesta de largo de la innovación se llama South Summit”. 

También ha participado en el acto Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, quien ha apuntado que “South Summit es un ecosistema de colaboración para fomentar la innovación, que posiciona a España en el lugar que se merece en el mundo”.  La edición de South Summit 2020, celebrada en octubre del año pasado en Madrid, reunió a más de 52.000 espectadores, el 44% de ellos de procedencia internacional, y a más de 30.000 usuarios activos en su plataforma digital, que hicieron más de 12.100 contactos. Por si fuera poco, las startups finalistas de anteriores ediciones han logrado más de 6.150 millones de dólares en inversión, además de cerrar multitud de acuerdos con corporaciones de los diferentes sectores productivos.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico

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