Aunque todavía se encuentra en una fase temprana y emergente, las empresas ya deben empezar a generar valor a partir de los conceptos y tecnologías del metaverso. 

Un experto como  Duncan Roberts, Senior Manager de Cognizant, sugiere cuatro escenarios sobre cómo el metaverso podría beneficiar a las operaciones de las empresas:

1. Construir relaciones más sólidas con los clientes

Gartner estima que, para 2026, alrededor del 25% de las personas pasará al menos una hora al día en el metaverso.

Esto supone una oportunidad para que las empresas conecten con estos posibles nuevos clientes en estas plataformas.

Con el uso de la realidad virtual (VR)/ realidad aumentada (AR), los usuarios se hacen una idea concreta del tacto, la sensación y el tamaño del producto. 

Por ejemplo, las empresas de coches de segunda mano están introduciendo a los compradores potenciales en su metaverso para que puedan ver el coche que les interesa «de cerca» en lugar de simplemente en 2D. El metaverso convierte el descubrimiento de nuevos productos en una experiencia tridimensional. 

2. Mostrar la sostenibilidad con AR

Otra cuestión que plantea este experto es que las empresas quieren ser más sostenibles y socialmente responsables, pero mostrar ese tipo de información puede ser complicado. 

Gracias al metaverso, la información sobre el origen de los productos y la huella de carbono puede presentarse visualmente, por ejemplo, haciendo que los usuarios escaneen los productos en el metaverso.

 De este modo, las empresas pueden mostrar qué pasos están dando y presentarse como líderes medioambientales y sociales.

3. Mejorar el teletrabajo

Para los empleados que trabajan desde casa, el metaverso también puede ser muy útil. Las empresas pueden apoyar a su personal a distancia con formación e interacción social.

El teletrabajo que ya ha entrado en nuestras vidas como compañero habitual, tras la pandemia del Covid19 y que en muchos casos ha derivado hacia un modelo híbrido también podrá beneficiarse del desarrollo de este entorno virtual

Así Roberts destaca que, por ejemplo, los empleados del metaverso pueden experimentar con gemelos digitales, una representación virtual de un objeto o sistema, y aplicar ese conocimiento en el mundo físico. 

También abre la puerta a la colaboración con otros empleados y clientes para desarrollar y configurar nuevos proyectos sin tener que estar en el mismo lugar al mismo tiempo. 

4. Nuevos niveles de mantenimiento

También este experto destaca que la visualización de datos in situ y el acceso a la información mejoran la productividad. 

Por ejemplo, el uso de gemelos digitales puede facilitar, a alguien que tiene que ayudar a distancia a otro, ver qué es lo que falla en el equipo. De este modo, el usuario puede obtener instrucciones inmediatas sobre cómo solucionarlo.

Las empresas de servicios públicos, por ejemplo, pueden utilizar el metaverso para trabajar en la infraestructura que hay que desarrollar y probar las renovaciones o modificaciones necesarias a distancia antes de hacerlas realidad.

En este escenario, lo importante es saber por dónde empezar. Para ello, es conveniente tener en cuenta los siguientes consejos:

1. Identificar qué problemas podría resolver o qué beneficios podría obtener mediante el despliegue de experiencias de realidad aumentada inmersiva.

2. Evitar las soluciones aisladas y aprovechar los ecosistemas y plataformas existentes.

3. Pensar en la escalabilidad y en cómo cada componente del metaverso va a funcionar con los demás componentes para crear las mismas experiencias que quieres ofrecer como empresa.

4. Y sobre todo, mantener el más alto nivel de privacidad, seguridad y ética. El metaverso está todavía en sus inicios y en esta fase temprana es el momento perfecto para prestar mayor atención adicional a estos temas.

Metaverso y su desarrollo

Otro experto como Joaquin Matinero, es abogado en Roca Junyent en el departamento bancario financiero de la firma. Aporta amplia experiencia en derecho bancario y derecho financiero, así como asesora a empresas y proyectos de los sectores Fintech, Blockchain y los eSports.

Su visión del futuro del metaverso no puede ser más clara “al igual que la aparición de Facebook Instagram y Amazon empezaron a desarrollarse diferentes negocios de Ecommerce que dieron valor a Internet, o el ejemplo más claro de las criptomonedas donde el hecho que de que empresas o clubes de futbol quieran aceptar esa moneda para hacer operaciones o Master y Visa genera la seguridad jurídica suficiente para que se pueda invertir”.

Desde esa perspectiva, “hay que encontrar un punto de conexión de este tipo que realmente sea útil y aporte valor para el desarrollo del metaverso».

A su juicio, es importante que las obligaciones derivadas del metaverso tengan eficacia en el mundo real.” La clave de su desarrollo es su interoperabilidad de ambos mundos, físico y virtual para que pueda ir escalando. Lo importante de este entorno es aportar valor y nuevas soluciones que hasta la fecha es hacerlo en el mundo físico”.

Matinero cree que los planteamientos de Roberts “si se alcanzan realmente será el éxito rotundo del metaverso a medio plazo. Así en cuanto al tema del teletrabajo con equipo de distintas partes del mundo el reto es que se puedan dar soporte al otro”.

Sobre el teletrabajo este jurista cree que “si el desarrollo es como señala Roberts las empresas tendrán que crear nuevas formas de control o flexibilizar las relaciones laborales, de tal forma que el trabajador cumpla sus horas sin que haya un horario de 9 a 3 como existe ahora”.

A este respecto, este jurista se pregunta por el futuro de los accidentes laborales in itinere “habrá que ver cómo se gestionan esos accidentes en el metaverso y si realmente pueden producirse en este nuevo entorno y que son habituales en una relación laboral habitual”.

En este contexto “es previsible que haya un cambio a nivel regulatorio y normativo a nivel europeo. Estos cambios legales serán clave para facilitar este nuevo tipo de negocio que impulsa este mundo virtual”.

Desde su punto de vista la cuestión de la privacidad “es uno de los retos más importantes porque si se gestionan bien los datos se podrán evitar cualquier tipo de filtraciones que suceda en el metaverso y se podrán aprovechar de esa forma los datos económicos”.

En este punto hay ya un debate abierto sobre si el metaverso debe contar con un régimen jurídico propio “habrá que ver realmente que se hace. Pero con tecnologías disruptivas como en su día fue Internet, nunca hubo una ley para regularlo, no existe una ley blockchain o criptomonedas en genérico”.

Sin embargo cree que “habrá leyes que tengan que adaptarse a este entorno virtual para dar cobertura a estos nuevos modelos de negocio o formas de interaccionar como sucedió en el año 2002 con los contratos click de comercio electrónico. Es previsible cierta modificación del Código Civil en este nuevo entorno virtual”.

Para este jurista como último aspecto “que sería el que tendría mucha importancia, es que se podrán ofrecer soluciones para empresas multinacionales las 24 horas al día los siete días de la semana. De esa forma se podría asemejar lo presencial con lo virtual”.

Metaverso y su uso real

Este jurista es consciente que el desarrollo de metaverso está siendo incipiente en estos momentos “empieza a haber algún prototipo en la actualidad interesante, pero el cambio no vendrá de la noche a la mañana. Los cambios se tienen que hacer con cabeza y sobre todo deben aportar valor. Habrá algunos que aporten valor y otros serán una actividad de marketing”.

En su opinión, “se trata de dotar al metaverso de proyectos con valor de uso que solucionan eficiencias de escala. Así en lo relacionado con el teletrabajo, que permite que no tengas que desplazarte a tu centro de trabajo, permite que sea más cognitivo y un tipo de trabajo más remunerado, el metaverso puede tener su espacio de uso”.

Desde su punto de vista “hay que darse cuenta que el uso de estas tecnologías disruptivas no será necesario para todo el mundo. Es lo que está sucediendo con la evolución del blockchain. Por ahora, no se ven casos de uso que todo el mundo necesite implementar en el metaverso”.

En el caso de las pymes que hagan negocio en el metaverso, “supondrá una diferenciación respecto a su competencia. Es posible que haya necesidades que vayan surgiendo. Por ahora es un campo por explorar con muchas oportunidades, pero no hay de momento un modelo de negocio preestablecido”.

Matinero es consciente que se este cambio se va a realizar de forma activa “todavía no existe un caso de uso destacado que nos pueda indicar que el metaverso tiene un uso específico. Es un proyecto que pueda ayudar al ahorro de costes pero no tenemos aún una aplicación práctica». 

Este experto subraya que no se puede olvidar que “ el metaverso de Meta ha tenido unas pérdidas notables, su desarrollo es enorme pero aún no ha enganchado a un número importante de usuarios ni tampoco se ve un uso a nivel empresarial”.

Sobre el uso que las pymes puedan hacer del metaverso, Joaquín Matinero insiste en señalar que “las empresas deben testear y aprender antes de crear cualquier modelo de negocio en el metaverso deben entender qué tecnología están usando y qué es lo que puede aportar de diferente en este contexto nuevo”.

Junto a ello, “hay que ser consciente de la inversión que se puede realizar para impulsar nuestra actividad empresarial en el metaverso. Debe ser una inversión que realmente compense y que además habrá que tener claro cuáles son las potencialidades que se derivan de estar en el metaverso”.

Desde su punto de vista “estar en el metaverso puede hacer que aceptemos Bizum y otras formas de pago electrónico que son más ágiles si nuestro negocio tiene la innovación e inmediatez que requiere este tipo de entornos».

En su opinión, “las empresas con un componente digital en su negocio podrán tener más sencillo acceder al metaverso y adaptarse a este escenario con un tiempo de aprendizaje menor que otras actividades más convencionales”.

Por @LuisjaSanchez, periodista jurídico, Duncan Roberts, Senior Manager de Cognizant y Joaquín Matinero, abogado experto en Derecho Bancario y Financiero.

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Foto de julien Tromeur en Unsplash

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En nuestro país, desde el 2015 se viene trabajando con esta Segunda Oportunidad que ha ayudado a exonerar las deudas a muchos profesionales y empresarios.

Esta reforma configura un procedimiento de segunda oportunidad más eficaz, ampliando la relación de deudas exonerables e introduciendo la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos, permitiendo así que éste conserve su vivienda habitual y sus activos empresariales.

El nuevo sistema, además, basa la exoneración por mérito en el que cualquier deudor, sea o no empresario, siempre que satisfaga el estándar de buena fe, puede llegar a exonerar todas sus deudas, salvo aquellas que, de forma excepcional y por su especial naturaleza, se consideran legalmente no exonerables.

Ana Martin experta en insolvencias de la startup Debify, indica que “que una de las partes positivas de la reforma normativa es que finalmente incluye la figura del abogado y procurador era necesaria porque cualquier fallo en la presentación de escritos y en la documentación tenido un final trágico para el cliente. Se trata de ofrecer seguridad jurídica”.

Para esta jurista “la nueva normativa es un cambio sustancial, es difícil hacer que una ley sea justa. El escenario es la cancelación de las deudas. Ahora se habla que es un derecho del cliente y no un beneficio. Debemos olvidar el ya antiguo BEPI. Ahora hablaremos de EPI”.

Al mismo tiempo impulsa un sistema de exoneración por méritos “hay que cumplir los requisitos de la buena fe, salvo aquellas que por sus características no va a ser posible como la deuda pública”.

Tampoco son deudas exonerables las del profesional que interviene del proceso “pensión de alimentos ni deudas por ilícito penal y por responsabilidad extracontractual. Todo eso tendrá que pagarlo”.

Para esta jurista “se gana en tiempo porque se elimina la figura de notario y mediador concursal en su fase preliminar, aunque en múltiples ocasiones gracias a esta fase se cerraban acuerdos extrajudiciales, sin tener la necesidad de acudir a la vía judicial. Cierto es que, si hablamos de hacer un concurso sin masa, será más rápido y menos costoso”.

Ahora el camino a seguir para cancelar la deuda “es la exoneración por masa activa y el plan de pagos. Se puede alternar uno a otro. Al mismo tiempo las deudas contraídas por uno de los cónyuges no son extensibles, se debe concursar a la pareja”.

La importancia de los planes de pagos 

Otra cuestión es que se habla que la revocación del EPI que va a estar en tres años y no cinco como antes “se puede revocar por sí tiene cambio sustancial en la situación económica como por ejemplo un golpe de suerte en juegos de azar, a su vez, si esa mejoría se considera como parcial puede tener una revisión en un tanto por ciento”.

En cuanto a los planes de pagos, ahora el legislador lo convierte de tres a cinco años “habrá que ver qué argumentos jurídicos se establece para consolidarlo. Para un plan de pagos hay que llegar a un acuerdo con unas quitas La ley no nos da esas quitas ni una pauta a seguir. Según el acreedor esa quita será menor o insuficiente”.

Para esta experta este plan de pagos “tiene que contemplar un detalle de los ingresos y de los recursos del cliente. Habrá que presentar los balances de manera minuciosa. El plan lo revisa su señoría y le da traslado a los acreedores para que le den su aprobación o argumenten lo que estimen conveniente. Habrá que ver el papel de las entidades bancarias que seguramente planteen una negociación más agresiva ya que tendrán un mayor control”.

También hay que ver qué pasará con los ICO, “muchos autónomos habrán pedido ICO durante estos años. Estos créditos derivados del aval público tienen la consideración de créditos financieros. Los representantes de las entidades de crédito deben tener una comunicación directa con la Administración, entonces, si no hay autorización o aprobación de la Administración, podría ser un inconveniente para poder llegar a una negociación en relación a la Segunda Oportunidad”.

Desde su punto de vista “no se tiene en cuenta que el plan de reestructuración puede ser infructuoso. Si no tengo un parámetro justo de la Administración, este plan es posible que no se pueda dar. Se tenía que haber puntualizado más para impulsar estos planes de reestructuración que deben ayudar a salir de la insolvencia y del estado pre concursal”.

Dudas que surgen de la Segunda Oportunidad 

Sobre las dudas que generan los cambios que se han introducido en el mecanismo de la Segunda Oportunidad “tienen que ver con la condonación de las deudas, la protección de la vivienda, o la eliminación del acuerdo extrajudicial de pagos son algunas de las consultas que están teniendo las empresas”.

“Desde Debify estamos animando a las personas que tengan deuda pública importante que se acoja a la exoneración que hay en estos momentos, ya que con la reforma, no va a ser posible” “Se trata de que estos profesionales puedan reanudar su vida y emprender negocio en el futuro”.

Esta experta reconoce que se ha endurecido el acceso a la Segunda Oportunidad “requisitos de buena fe, transparencia… ¿deudor de buena o mala fe? ¿temeridad? Con estas restricciones se acota el acceso a este mecanismo de la exoneración”.

Estas restricciones pueden generar “personas que acaben en la economía sumergida porque no pueden exonerar todo su pasivo. Habrá que ver cómo se gestiona caso por caso. Creo que sería necesario contar con una visión más abierta del derecho para poder incorporar a estos profesionales y consumidores al mecanismo de Segunda Oportunidad”.

En este contexto “el papel de los jueces va a ser más importante. Habrá mucho control por parte de los acreedores. El juez tendrá que mirar el expediente a fondo y cotejar datos y balances. No serán expedientes fáciles en muchos casos. En este punto habrá participación por parte de sus señorías ante una mayor participación de los acreedores”.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico y Ana Martin, Abogada Experta en Derecho Concursal.

Foto de Kelly Sikkema en Unsplash.

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Sin embargo, conviene saber realmente cuál es su aplicación práctica en estos momentos. De ahí que esta conversación con Ricardo Oliva, socio director de la boutique jurídica Algoritmo legal, sea interesante para centrar el tema y saber realmente de qué estamos hablando.

“Aun no se ha logrado un uso generalizado de estos contratos inteligentes como se cree que se podrá logar en los próximos cinco años. Habrá que ver como se adapta con las formalidades notariales y registrales que existen. El debate está en si se podría sustituir al notario por una blockchain. Su papel de fé publica por el momento ahora es insustituible”.

A juicio de este experto “un smart contract ni es un contrato ni es inteligente técnicamente. Estamos hablando de un código informático que representa un contrato que previamente se ha acordado por las partes. Una vez que se ha acordado, se representa de forma digital y virtual en una blockchain”.

De las blockchain que existen a día de hoy “la que permite mayores aplicaciones es Ethereum para que el smart contract funcione bien.”

Las aplicaciones actuales se centran en el sector del seguro “donde ya hay alguna compañía que lo que hace para tema de siniestros, compras un seguro para un viaje y por determinadas circunstancias se retrasa, en la póliza se incorpora ese smart contract y unas condiciones que dejan claro que si hay ese problema, el asegurado recibe su indemnización”.

“Eso significa que ya no tiene que hacer reclamaciones ni llamar a la atención al cliente, sino que automáticamente a esa cuenta bancaria del contrato inteligente se produce la transferencia sin ningún impedimento”.

También ha visto su aplicación en las ICO y en los crowdfunding, en este sistema de búsqueda de financiación “hay una plataforma que es el soporte de las aportaciones de interesados a ese proyecto. Así se recolecta ese dinero para luego entregarlo al inversor asegurando al anunciante que se recibido el dinero. El smart contract permite estas transacciones y que se paguen algunas comisiones en criptoactivos al titular del proyecto”.

Ora aplicación de estos contratos inteligentes se observa en las ICO “es una forma de financiarse que tienen las empresas. Estuvo de moda hace un par de años. Se trata que el publico financie esa operación. La inversión mínima es uno o dos bitcoins. Toda esta operación se hace vía smart contract que garantiza que se está haciendo”.

Oliva aclara que “de momento lo podemos utilizar para operaciones de tracto sucesivo, se paga y hay una contraprestación. Tiene todo el sentido del mundo, pero sobre todo se emplea para la entrega de bienes y suma de dinero”.

Este experto recuerda que “a nivel de derecho de consumo cuando se compra un bien tienes el derecho de desistimiento que son catorce días. Ahora ya se habla de la aplicación de los smart contracts, pero habría que garantizar ese derecho y que se puede programar realmente en el futuro”.

Aplicaciones de los contratos inteligentes

Para este jurista queda un trecho para su implementación masiva. En su opinión este tipo de contratos ayudarán a almacenar  y mantenimiento de registros. Por ejemplo, los millones de historiales médicos confidenciales de los pacientes que deben almacenarse y actualizarse de forma segura.

También es posible que los dispositivos del Internet de las Cosas podrán utilizarse en toda la cadena de suministro para registrar cada paso que da un producto y mejorar su trazabilidad. De este modo, podrán eliminarse errores, robos y extravíos.

En el futuro a nivel hipotecario se espera que las transacciones hipotecarias basadas en contratos inteligentes serán más baratas, rápidas y seguras. Esto permitirá a los compradores acceder antes a la propiedad y actualizar los registros automáticamente.

También es previsible que los contratos inteligentes pueden utilizarse para registrar la propiedad de los inmuebles de forma más eficiente. Además, su uso puede extenderse más allá de pisos, edificios o terrenos y registrar todo tipo de bienes.

Otra aplicación que se espera es en el campo de los Recursos humanos- El uso de contratos inteligentes que registren los títulos académicos, los certificados y la experiencia de una persona puede evitar el fraude en los currículum y facilitar así la contratación de personas, también de empresas, de cara a la prestación de un servicio.

También en el terreno de la propiedad intelectual, donde muchas empresas se ven arrastradas a años de disputas en los tribunales por el uso de patentes en el desarrollo de proyectos. Los contratos inteligentes pueden mantener el registro de qué parte pertenece a cada compañía.

En el plano de salud, además del registro de los datos sanitarios mencionado anteriormente, su aplicación en este sector puede ir desde la trazabilidad de los medicamentos hasta la gestión de la cadena del frío, el pasaporte sanitario o la investigación clínica.

Otra aplicación de estos contratos inteligentes se va a ver en el campo electoral. Se trata de evitar el fraude en cualquier elección. Según algunos expertos los contratos inteligentes permiten validar la identidad de un votante y registrar su voto de forma fehaciente.

Mayor transparencia desde el blockchain

Para este experto jurídico “los contratos inteligentes prometen reforzar la confianza, la seguridad y la transparencia entre las partes”.

También destaca que estos contratos inteligentes se ejecutan en blockchain, lo que implica que los términos se almacenan en una base de datos distribuida y no pueden modificarse. Las transacciones también son procesadas en blockchain, lo que automatiza pagos y contrapartidas.

 A partir de la aparición de la moneda digital Ethereum, se simplificó la creación y ejecución de smart contracts, ya que en su protocolo se pueden programar transacciones complejas.

En cuanto al funcionamiento de un contrato inteligente es similar al de otras transferencias en blockchain. Estos son los pasos necesarios:

1. Un usuario inicia una transacción desde su monedero en blockchain.

2. La transacción llega a la base de datos distribuida, donde se confirma la identidad.

3. Se aprueba la transacción, que puede ser una transferencia de fondos.

4. La transacción incluye el código que define qué tipo de transacción debe ejecutarse.

5. Las transacciones se añaden como un bloque dentro del blockchain.

6. Cualquier cambio en el estado del contrato sigue el mismo proceso para actualizarse.

Sobre los beneficios de su uso, Oliva destaca varias ventajas a las partes implicadas como son

Independencia: los participantes realizan las gestiones por sí mismos, es decir, se puede prescindir de la participación de los intermediarios.

Fiabilidad: el contrato se almacena de forma segura en una red distribuida y es virtualmente imposible de alterar o falsificar.

Seguridad: al estar en una red distribuida, el contrato se encuentra duplicado en todos los nodos de la red y no puede perderse.

Ahorro: al prescindir de intermediarios y de comisiones, se produce una reducción de los costes para todos los implicados.

Precisión: este tipo de contratos reducen a cero la posibilidad de que se produzcan errores en los términos o en la tramitación.

Sostenibilidad: los contratos eliminan el uso de papel en oficinas, notarios y registros, y al minimizar los desplazamientos se reduce la contaminación.

Desde su punto de vista el mayor uso de estos contratos inteligentes “pasa por un mayor conocimiento de la tecnología blockchain que aún no es tan sencilla de entender. Para tener un contrato inteligente te lo tiene que programar alguien y hay que utilizar ciertos estándares técnicos lo que hace más complejo.”

En su opinión, “es previsible que en un escenario de tres años se reduzcan la posibilidad de errores en estos contratos inteligentes. Si hay un error en la programación podría generarse un problema judicial innecesario”.

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La norma, pendiente de su tramitación parlamentaria y de enmiendas del resto de grupos parlamentarios, fue aprobada el pasado diciembre por el Consejo de ministros y simplifica los trámites para la creación de estas nuevas empresas y establece incentivos para atraer emprendedores y empleados de alta cualificación.

Al igual que la puesta en marcha de la Autoridad Independiente para proteger al Cliente financiero de las reclamaciones masivas de los bancos se perfila esta normativa para convertir a nuestro país en uno de los hubs de emprendimiento frente a Londres, Alemania o Francia

La norma fue acogida con satisfacción por el ecosistema emprendedor español, aunque reclamó algunas mejoras.

“Entre las novedades que incluye está la exención fiscal sobre las stock options, que pasará de los 12.000 a los 50.000 euros anuales, y una reducción del Impuesto de Sociedades de hasta el 15% para las empresas emergentes durante sus primeros cuatro años de vida”, comenta Joaquim Matinero, abogado experto en temas financiero y de blockchain en Roca Junyent.

Este experto cree que ahora es un buen momento para invertir y convertirse en emprendedor tecnológico. “Lo importante es que esos negocios tengan una aplicación práctica en sectores en crecimiento y a nivel interno proteger al emprendedor para que el negocio no sea del inversor que apuesta su dinero en dicha actividad”.

A su juicio algunas de las claves para que este tipo de negocios cuajen tienen que ver con “antes principalmente era el equipo, hoy cada vez más interesa si esa solución innovadora es escalable, si tiene una aplicación directa que lo hace viable y pocos problemas regulatorios, es lo que más interesa a potenciales fondos de inversión”.

Y es que la amplitud de inversores que existe es notable en estos momentos “desde el inversor tradicional hasta los venture capital y ahora también tenemos gente que vendió su negocio y creó su vehículo de inversión que ya está devolviendo el dinero de la venta de su startup que lo invierte en otro proyecto empresarial. Al mismo tiempo los hay que solo aportan dinero y otros que entran en el negocio directamente”.

Este despacho español ha sido uno de los primeros en crear un área de emprendimiento y startups para estos profesionales. “Los abogados somos un mal necesario y buscamos que se negocio siga adelante cumpliendo toda la normativa legal a la que está sujeto”.

Calviño también comentó que, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, «que es el más ambicioso de toda Europa», en el PERTE de mayor dotación presupuestaria (12.250 millones de euros hasta 2027) es el de los chips, que incluye un fondo dotado inicialmente con 200 millones para financiar startups y scaleups (startups en fase de crecimiento) del sector de los semiconductores español y afianzar su posición en el mercado nacional y europeo.

España, hub de emprendimiento tecnológico

 “Este es un Gobierno que está dispuesto a apoyar el ecosistema de los startups, pero no solo para que se creen en España, sino para que crezcan y sirvan de tractoras para impulsar la innovación y la economía digital”, comentó la Vicepresidenta española

Calviño indicó que se han alcanzado dos acuerdos por 170 millones de euros para el fondo Next Tech, un fondo de fondos de capital riesgo lanzado por el Ejecutivo en junio del año pasado y que tiene como propósito impulsar el crecimiento de empresas tecnológicas y la inversión de proyectos tecnológicos de alto impacto.

 El Gobierno ya informó que destinarían 2.000 millones de euros públicos al proyecto y que esperaban movilizar otros 2.000 del sector privado. Calviño, que también ha citado el programa Kit Digital, con 3.067 millones de inversión para la digitalización de las pymes, se ha mostrado “bastante convencida” de que se alcanzará ese objetivo de movilizar 4.000 millones de euros, en un periodo de cuatro años.

Matinero cree que la Ley de Startups es necesaria “el anteproyecto ha sido aprobado por todos los grupos políticos hay que llegar hasta al final. Necesitamos una ley que sea interesante, aplicable y no tenga muchas interpretaciones para que realmente sea útil”.

Pare este abogado “el gen del emprendimiento ha llegado para quedarse y todo es cuestión de tiempo. Se trata de que esta Ley de Startups sea el soporte legal para que cualquier emprendedor nacional o extranjero le dé las pautas para montar su empresa en nuestro país”

Desde su punto de vista “i la ley reduce burocracia, nuestro país ya tiene muchos alicientes para emprender, entre ello su buena conexión a nivel internacional con otros países como Reino Unido, Paris, EEUU y Latinoamérica. AL final lograremos crear empleo y riqueza que es de lo que se trata en estos momentos. Hay que seguir el modelo de EEUU que siempre ha sabido captar talento extranjero para generar nuevas empresas e industrias”.

A su juicio “el nuevo movimiento de startups rompe la imagen romántica de dos jóvenes emprendedores en un garaje. Ahora hay profesionales de mediana edad, ya situados, que dejan su actividad para desarrollar ideas innovadoras a través de estas empresas tecnológicas. Se trata de hablar de la nueva empresa innovadora con un corte disruptivo porque impulsan una solución que puede revolucionar cualquier negocio”.

Este experto reconoce que “una parte importante de estos emprendedores son profesionales de sectores tradicionales que han visto la posibilidad de innovar y se dedican a ello creando su propio negocio. Es lo mismo que paso en EEUU en los años 50 y 60, gente que salía de IBM o Hewlett Packard o los grandes bancos montaban su empresa porque creen que pueden dar un servicio mejor y obtener una eficiencia”.

Romper con la inercia sedentaria

El desarrollo de estos modelos de emprendimiento tecnológico “supone romper con la inercia habitual de los funcionarios y de aquel planteamiento que señalaba que tener un trabajo era el único para toda la vida. Ahora todo cambia y eso ayudará a España como país a tener mayor crecimiento y potencial que antaño”.

En esta última década, Madrid y Barcelona se han convertido en focos del emprendimiento tecnológico “a ellos tras el fin de pandemia se puede asociar la ciudad de Málaga, que quiere convertirse como el Unicornio de Europa. Ahí se ha instalado una parte de Facebook, al igual que Google. Junto con el desarrollo inmobiliario hay muchas empresas vinculadas a pagos. Igual pasa con Malta que está creando un hub tecnológico de startups potente. Veremos si puede competir en el futuro con otras ciudades”.

En este escenario, estas empresas necesitan de un apoyo legal importante “los abogados somos la ITV que les ayuda a validar sus negocios. Hay que darse cuenta que esto es clave para que el inversor se decida a invertir porque realmente ese negocio tiene seguridad jurídica”.

Matinero reconoce que “en las primeras fases cuesta que el emprendedor nos vea como una inversión, salvo los nuevos negocios que quieren irrumpir en el mundo financiero o sectores regulados como a nivel de energía y seguros, ahí es casi obligatorio nuestra presencia. Se trata de que esos desarrollos de negocio estén siempre dentro del marco legal que les corresponde”.

Estar bien asesorado es clave

Cuestiones como “blanqueo de capitales, protección de datos o prevención en temas de ciberseguridad, además de los aspectos regulatorios, si es necesario que las empresas encuentren un partner jurídico que conozca bien su negocio y les de ese apoyo legal que necesita su negocio para ser viable. Se trata de crecer sin problemas y estar bien asesorados ante posibles inversores”.

A este respecto recuerda que “en ocasiones grandes proyectos ven peligrar su viabilidad ante la entrada de un gran inversor. Se trata de cuidar bien esa inversión y no perder en próximas rondas de financiación su situación en la empresa como socios estratégicos de ese negocio”.

En este contexto “la relación entre los abogados y estos emprendedores debe ser bastante estrecha. Esta es una de las claves para que el negocio vaya realmente creciendo sin ninguna traba legal. Los abogados que nos dedicamos a esto nos podemos adaptar a cualquier entorno, lo importante es que haya la confianza suficiente para que podamos trabajar conjuntamente”.

Los problemas legales que surgen en estos negocios son muy parecidos en todas las empresas que deben de contar con un equipo equilibrado a nivel interno “ahora surgen a mas velocidad por la irrupción de la tecnología en los negocios. Las tecnologías ayudan mucho. Sabemos que lo importante es levantar capital, pero hay que entender ese marco legal y cumplirlo para ser realmente competitivo y poder operar en mercados cada vez más sofisticados”.

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En estos asuntos se pretende que el consumidor acuda sin letrado, lo que ha generado las críticas de algunos colectivos relacionados con el mundo de la abogacía que señalan la necesidad de un abogado especializado para asesorar a los clientes en estos temas.

A este respecto, contar con un asesoramiento independiente y especializado previo a la contratación es fundamental. Con ello sí que se evitarán mayores costes y quebraderos de cabeza para los propios clientes.

Recuerda que en LExGOApp puedes encontrar con abogados expertos en reclamaciones bancarias que te ayuden en tu reclamación

Hasta la fecha, los intentos de solventar la resolución de las controversias existentes entre los clientes financieros y las entidades bancarias, había pasado tanto por la creación de sistemas de resolución alternativa, como es el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo; como por la creación de juzgados especializados en materia de cláusulas abusivas que no han funcionado bien.

En esta situación, la creación de esta nueva Autoridad Financiera se recibe con recelo, aunque con buenos ojos, la pretensión del Gobierno de potenciar la resolución extrajudicial de conflictos y evitar la excesiva judicialización de conflictos en el ámbito financiero que han tenido lugar en los últimos años.

La nueva figura unificará los servicios de reclamaciones que existen del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) para aumentar la eficiencia en el funcionamiento de estas entidades de resolución de conflictos.

Junto con esta medida, algunos expertos creen que ha llegado el momento que el Gobierno potencie, la educación financiera de los consumidores, una necesidad clara que ayudaría a medio plazo a reducir las reclamaciones de clientes a las entidades financieras porque podrían evitar que fueran engañados en muchos momentos.

Ese límite de los 20.000 euros puede ser suficiente para las reclamaciones de los consumidores finales de crédito, pero no para las personas consumidoras contratantes de seguros o instrumentos de ahorro e inversión, por lo que se prefiere que no se pusiera límite cuantitativo a la reclamación.

Casi cinco años de estudios

El Consejo de ministros aprobaba el anteproyecto de ley que previsiblemente se adoptará en la segunda mitad de 2022. Esta iniciativa fue planteada por el Gobierno del Partido Popular y el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la recogió en 2018 con la intención de ponerla en práctica en 2019

Ahora queda la tramitación parlamentaria de una iniciativa que ha tenido un periodo de consultas para su mejora y que ha generado cierto escepticismo entre las organizaciones de consumidores.

Los litigios contra la banca han sido notables, cláusulas suelo, gastos hipotecarios y aún queda el IRPH sin resolver. Miles de asuntos han llegado a los tribunales y a esos juzgados especializados que tuvo que crear el Gobierno, algunos de los cuales se colapsaron por el aluvión de demandas.

Ahora según nos explica un abogado experto en estos temas podríamos hablar de obligaciones. subordinadas o swaps; cláusulas abusivas de todo tipo: suelo, gastos hipotecarios, intereses de demora, vencimiento anticipado, multidivisa, redondeo al alza,

A las que habría que añadir reclamaciones por comisión de apertura, de posiciones deudoras; operaciones bursátiles irregulares como las de Bankia o Banco Popular; o los crecientes casos de phishing sobre los que se desentienden las propias entidades suplantadas por la debilidad de sus sistemas de seguridad suman cientos de miles de afectados.

En principio de lo que se conoce es que esta entidad estará adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Además, contará con un Comité Consultivo del que formarán parte representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, de las patronales sectoriales del ámbito financiero y de las Comunidades Autónomas.

Al parecer su financiación se basará en una dotación presupuestaria anual del Gobierno, pero dependerá también de las tasas a abonar por las mismas entidades financieras.

Resoluciones vinculantes

Uno de los avances de esta Autoridad Financiera Independiente es que sus resoluciones serán de carácter vinculante una exigencia elemental de la tutela pública de los intereses de los usuarios financieros que hasta el momento eran “toreados” por las entidades bancarias en muchas ocasiones.

Se establece un plazo máximo de 90 días para la resolución de estos asuntos, aunque no queda claro si son días naturales o hábiles, que parece razonable aunque debería acortarse ofrecer tutelar la defensa de los consumidores, como preconiza el art. 51 de la Constitución al referirse a “procedimientos eficaces”

Lo que algunos expertos en consumo han reclamando es que se pudiera poner en marcha un sistema de daños punitivos en nuestro país para los supuestos de conductas dolosas generalizadas frente a los consumidores, que la experiencia constata siguen saliendo rentables a las entidades desleales

La iniciativa de estar esta Autoridad Independiente que proteja al consumidor financiero es una iniciativa que las asociaciones de consumidores y el propio Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) habían pedido hace años atrás. El proyecto es complejo y otra cuestión es que se defina bien para que no choque con otros reguladores ya existentes como Banco de España o CNMV

Para otro jurista serie bueno que se establezca un procedimiento para unificar criterios que permitirá que las reclamaciones masivas se simplifiquen. En el supuesto que haya reclamaciones reiteradas, se establecerá un criterio igual que se adopte en todas las reclamaciones que se reciben del mismo tema.

En cuanto a las mejoras del procedimiento no se menciona para nada el sistema arbitral de consumo, ni a la circunstancia que los bancos no se adhieren a ese sistema. En ese aspecto, este sistema para ser obligatorio para los bancos vendría a suplir las carencias del sistema arbitral de consumo

Un dato que preocupa a los expertos es que el someterse a la actuación de dicha autoridad a una prejudicialidad, supone que debe hacer una previa declaración de nulidad en sentencia firme, una cuestión que podría ir contra la jurisprudencia del Supremo que en una sentencia de 21 de mayo del 2019 recuerda que las autoridades administrativas pueden ver la abusividad de la cláusula sin sentencia previa.

Si esta medida se mantuviera, reduciría bastante la actuación de esta Autoridad Independiente que quiere ponerse en marcha antes de que acabe este año.

Desde el CCU que preside Carlos Ballugera se recuerda que en cuanto a los  principios que regula el procedimiento se señalan una serie de principios de que la actuación de la autoridad debe ser independiente, objetiva e imparcial, pero se olvida que esta autoridad está sujeta al principio de protección de los consumidores de los artículos 9,2 y 50 de la Constitución Española.

“Debe ser imparcial, pero actúa en un mercado desigual, por eso debe ser proconsumidora”.

Otra mejora que alguna entidad de consumo ha planteado en el periodo de alegaciones es que la citada Autoridad Independiente actúe de oficio frente a las cláusulas abusivas. Lo contrario podría ser restrictivo y contrario a la jurisprudencia del TJUE que se diga que los vocales y la autoridad solo podrán entrar en asuntos sometidos expresamente a su resolución.

De alguna manera la puesta en marcha de esta Autoridad Financiera pretende complementar el sistema actual de resolución de reclamaciones en el ámbito financiero, que está articulado actualmente en distintas fases: los servicios de atención al cliente de las propias entidades financieras; los servicios de reclamaciones de los organismos supervisores; y, finalmente los órganos judiciales.

La eficacia ultra partes

A nivel de criticas a esta iniciativa se insiste en resolver los problemas individuales cuando afectan a una pluralidad de clientes de manera parecida no puede hacerse caso por caso, sin intervención de oficio, sin eficacia «ultra partes» de las resoluciones, sin ejecuciones sencillas de resoluciones favorables al cliente.

De hecho, se echa en falta que la resolución favorable al cliente, cuando la misma se base en una infracción de las buenas prácticas no obligue al banco a cesar en su conducta no sólo respecto del reclamante sino respecto de los demás clientes que estén en la misma situación.

Tampoco se entiende que cuando la resolución favorable se funde en la existencia de una cláusula abusiva no se obligue (en el dicho sentido de obligación contractual) a la entidad a retirar la cláusula no sólo del contrato del reclamante sino también del de los demás clientes que tengan una cláusula semejante.

Si esto no se dice respecto del reclamado, menos aún se dice respecto de otras empresas que hacen lo mismo que el banco condenado.

Tenemos delante un anteproyecto con sus déficits y con sus remedios, un anteproyecto lleno de buenos propósitos, pero también de contradicciones.

Los expertos en derecho de consumo quieren que ese anteproyecto salga adelante para ello serán necesarios distintos medios humanos y técnicos para ponerlo en marcha.

De ello depende que puedan frenar los abusos de las entidades financieras que llenan el mercado y siguen perjudicando a sus clientes en esa relación desigual existente.

Luisja Sánchez

Periodista Jurídico

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Es el momento de, si tienes un proyecto disruptivo que puede generar valor en la economía, presentar esta solicitud y, durante seis a nueve meses, que ese proyecto empresarial, en fase beta, tenga un desarrollo controlado.

Joaquim Matinero, uno de los abogados españoles que mejor entiende la tecnología desde el despacho Roca Junyent, aporta amplia experiencia en derecho bancario y derecho financiero, así como asesora a empresas y proyectos de los sectores Fintech, Blockchain y los eSport, nos ayuda a entender lo qué es un sandbox. 

“El sandbox fue una repuesta acertada después del Brexit en el Reino Unido, Habría que crear uno en Europa y España se movió rápido en un proyecto en el que unieron fuera la Dirección General del Tesoro, la CNMV y la Dirección General de Seguros y el Banco de España para poner en marcha este laboratorio de pruebas para proyectos innovadores”, comenta.

“Estos proyectos innovadores aún regulatoriamente no tienen una normativa, pero pueden trabajar con el regulador y encontrar esos puntos de conexión o para que los propios reguladores entienden que con cierta tecnología se pueden encontrar eficiencias”.

Nuestro interlocutor aclara que hay tres requisitos que deben tener esos proyectos empresariales “el primero de ellos que aporten una innovación de base tecnológica aplicable al sistema financiero”.

Al mismo tiempo “que se encuentren suficientemente avanzados para probarse, es decir, que presenten al menos un producto mínimo viable para comprobar su utilidad y viabilidad futura”.

Por último se pide que  aporten valor añadido sobre los usos ya existentes en alguno o varios de los siguientes aspectos: (i) cumplimiento normativo; (ii) beneficios de los usuarios de servicios financieros; (iii) aumento de la eficiencia de las entidades o mercados financieros; y/o (iv) creación de mecanismos para la mejora de la regulación o la supervisión financiera”.

Matinero nos aclara que “son proyectos que estén en una fase beta y que estén ya desarrollados y testeados y que las empresas acepten estar en dicho banco de pruebas y hacer su testeo”.

Este jurista reconoce que ha habido una evolución en estas tres ediciones por el momento celebradas del sandbox. “En la primera se presentaron muchas solicitudes de los que al final entraron 18 proyectos, todos estos han ido saliendo de este entorno desregulado con más o menos acierto”.

En esta convocatoria destaca el caso de Vottum-Intercompany “ tiene el sello del Banco de España como primera plataforma blockchain certificada por ellos”.

Por su parte en la segunda convocatoria entraron cinco “se solicitaban que fueran proyectos más serios y en esta última convocatoria entraron otros tres proyectos  “En esta última entró Security Size, plataforma de tokenización y de instrumentos de valores que opera en EEUU bajo la dirección de Carlos Domingo de Telefónica y que a partir de su estancia en el sandbox español entrará en Europa”.

Consejos para participar

Este jurista recomienda a todas estas iniciativas empresariales “que sean proyectos disruptivos, no solo en blockchain sino también que estén basados en innovación tecnológica como así lo hacen algunas Fintech. Se trata de que no tengan una regulación que se adapte a este proyecto o que quieran testar con el regulador”.

Desde aquí “se trata que tengan la plataforma tecnológica a nivel protección de datos y prevención de blanqueo de capitales en el terreno del cumplimiento y sobre todo que sean serios. Tendrán que firmar un protocolo con el Banco de España y el resto de reguladores. Y a partir de ahí se inician las pruebas”.

Sobre ese periodo de pruebas, este abogado destaca que “se trata de ver cómo funciona la plataforma tecnológica, que beneficios conlleva ese proyecto y qué modificaciones habría que hacer en esa normativa. Al final se hace un memorándum donde quedan expuestos los resultados de ese proyecto disruptivo en su propio sandbox”.

Matinero recuerda que “entrar en el sandbox, sin embargo, tiene un punto en contra y es que la empresa que entra en este entorno desregulado no puede estar operativa en el mercado y estar vendiendo a tus clientes. Por eso se pide que sean empresas que tengan en cuenta que estarán en un proceso de formato beta y que no van a poder comercializar nada”.

El proceso de estancia en este laboratorio de pruebas puede ascender de seis a nueve meses “al final el regulador debe entender el modelo de negocio y ver cómo cada participante ha hecho estas pruebas y puedan certificar que es una innovación tecnológica, contenido en costes y que aporta una solución pese a que la regulación no tiene una clasificación para ello”.

Cuarta edición en marcha

Respecto a esta nueva convocatoria, este experto explica que “es previsible que entren proyectos muy en formato nicho, proyectos que necesiten ir con el regulador y que funcionen entre seis y nueve meses sin facturar un duro. Serán proyectos más profesionalizados, algunos es previsible que funcionen en Latinoamérica y Norteamérica u otras partes de Europa y quieren entrar en España y tener el sello de nuestros reguladores”.

De hecho “la presencia de proyectos no españolas ha sido un elemento a tener en cuenta desde la primera convocatoria donde hubo dos proyectos, uno israelí y otro canadiense que se presentaron, y ahora en esta tercera edición Security Size es una empresa americana. Constituirá una sociedad española para operar en el sandbox español”.

Desde su punto de vista “la puesta en marcha del sandbox español que costó seis años ponerlo en marcha no ha querido perder la estela que tenía el sandbox en el Reino Unido por el Brexit, eso ha hecho que se ha posicionado como puerta de entrada de pruebas a nivel europeo. Junto con proyectos nacionales como Onyze o Renta 4 ahora con Security Size tenemos un primer player a nivel internacional que accede a Europa vía España”.

Respecto a que mejores podrían introducirse para que el sandbox funcione mejor, nuestro interlocutor aclara que “está funcionando bien, pero el problema es que tenemos un regulador que no acostumbra a ser proactivo, pese a la buena labor del departamento Fintech de CNMV y Banco de España, pero tienen el personal limitado. Es posible que necesiten más personal para estudiar estos proyectos más a fondo”.

A su juicio “están haciendo un gran trabajo con el personal que tienen y lo que falta son recursos. El sandbox está muy bien posicionado pero el problema es que estas empresas muy innovadoras se encuentran por vez primera con un alto grado de cumplimiento que CNMV, Banco de España y la Dirección General de Seguros reclaman. Es un choque que existe y que deberían ser más flexibles en sus planteamientos”.

Requisitos estrictos de cumplimiento

Matinero recuerda que en las primeras convocatorias “se presentaron proyectos muy iniciales, después los requisitos cuestan de cumplir. A este respecto la necesidad del cumplimiento en las políticas de protección de datos, ahora avalada por el RGPD europeo fue un elemento que pesó en la primera convocatoria. Se pedía el cumplimiento total, ahora se pide una declaración donde se diga que se cumple”, aclara.

Otra cuestión importante a tener en cuenta “tiene que ver con la supervisión que el SEPBLAC, órgano de prevención de blanqueo de capitales del Ministerio de Hacienda, reclama a las empresas que participan en este entorno desregulado. Se trata de que tengan implementados todos los procedimientos necesarios”.

Hay que darse cuenta que el SEPBLAC, organismo independiente de la Dirección Gnal del Tesoro, CNMV o Banco de España y Dirección General de Seguros “tiene un papel clave. Si ellos no ven que  la empresa cuenta con todos los procedimientos adaptados, ya no entran en la posibilidad de que puedan entrar en el sandbox”.

Ahora mismo es el requisito más importante para que cualquier proyecto disruptivo pueda formar del sandbox en esta cuarta y sucesivas ediciones.

Matinero recuerda el carácter pionero del sandbox español “hay intentos de poner en marcha otros, pero por el momento no están operativos. Ahora España tiene el liderazgo, a la espera que Francia y Alemania pongan en marcha sus propias iniciativas empresariales”.

Este experto nos avanza que “a nivel europeo se ve ya la creación de un sandbox con todo el tema de la regulación MICA para el entorno de criptomonedas y de la digitalización del sector financiero. Eso significa que cada vez más veremos como los sandbox van apareciendo porque todos los países van a apostar por la innovación”.

A este respecto recuerda que “una figura de este tipo es básica para testar proyectos de innovación empresariales de este tipo. Cada vez más todo lo relacionado con la inversión, qué se hace con los robo advisor o los robo training, como algoritmos. Al mismo tiempo tenemos Inteligencia Artificial (IA) aplicada y hay mil fórmulas de compras vinculadas con el ecommerce”.

En este contexto “el regulador necesita tener esa visión de innovación y poner en marcha estos laboratorios de prueba donde la tecnología siempre va cuatro o cinco pasos por delante de la regulación jurídica”.

Asesorarte bien para entrar en el sandbox

Este jurista explica a LEXGOApp cómo situar nuestro proyecto empresarial en este entorno desregulado “principalmente se presentan aplicaciones de minimización de costes, ya sea de remesas de facturas o control de gastos. También el tema de pagos o microseguros pueden generar soluciones tecnológicas que tengan su cabida en el sandbox”.

Al final “de lo que se trata es que la nueva normativa se adapte a estas nuevas realidades. Y si hay una solución tecnológica que hace cuatro pasos en uno, debe implementarse para ver realmente lo que aportan”.

En cuanto a la adaptación de estos proyectos empresariales a la actividad económica, una vez concluido el sandbox, Matinero indica que “es el segundo paso importante. Se trata de que con posterioridad a este testeo, el proyecto sea interesante para el sector privado. Por el momento, los proyectos que salen del sandbox están teniendo una buena acogida”.

En este contexto, el papel de abogados como Matinero supone “revisar que el proyecto a nivel legal mantiene los cumplimientos que se demandan para entrar en el sandbox, revisar la solicitud de entrada y estar presente en la negociación con el regulador. Cuando está todo si buscan inversores crear un marco legal de protección a nivel de pacto de socios o acuerdos de inversión que garanticen la supervivencia del negocio”.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico y Joaquín Matinero, Abogado Experto en Derecho Bancario y financiero.

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La previsión de gastos es esencial en verano. Para ello, se recomienda fijar un presupuesto en el que se establezca previamente la cantidad económica que se va a destinar a viajes, hoteles, actividades de ocio, restaurantes o compras.

El fin de las restricciones, unido al fuerte aumento de la inflación y la ralentización en la evolución de los ingresos, están ocasionando que el consumo de los hogares se acerque cada vez más a los niveles pre pandemia y que, por primera vez en tres años, la tasa de ahorro de los españoles se sitúe en negativo.

En una época como verán, en la que previsiblemente el gasto familiar en ocio y viajes aumentará de manera considerable, estos factores podrían estar retrasando la estabilización económica de aquellas familias que todavía no se han recuperado del impacto de la crisis sanitaria, llegando, incluso, a asumir altos niveles de endeudamiento. 

Es muy importante que te asesores con abogados relacionados del mundo financiero que te aconsejen de qué gastos puedes hacer y qué tipo de tarjetas o créditos puedes cerrar.  

Al mismo tiempo, también  encontrarás en plataformas como LEXGOApp, abogados que te ayuden a recuperar ese dinero que te deben terceros.  

Según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, ya sea por el aumento del gasto en bienes de consumo o por el crecimiento de los precios, el 21% de los españoles afirma tener más deudas ahora que nunca. 

De hecho, tal y como muestra este estudio, el 28% de los encuestados ha tenido que pedir dinero prestado o ha incrementado el límite de su tarjeta de crédito al menos una vez en los últimos meses. 

Un porcentaje que, comparado con los otros 23 países europeos analizados por la firma de servicios de gestión de crédito y activos, sitúa a España ligeramente por encima de la media europea (26%). 

En concreto, la población española ocuparía el octavo puesto, por encima de países como Francia y Alemania, ambos con un 27%. Por su parte, los rumanos (40%), los griegos (36%) y los irlandeses (34%) encabezan la lista de ciudadanos con más préstamos pendientes o que más han superado sus límites financieros en los últimos meses.

En el otro extremo, estarían Estonia (16%), Países Bajos (20%) y Letonia (20%), países cuyos encuestados han tenido menos apuros económicos en los últimos meses.

Desde el Instituto Nacional de Estadística (INE),  se indica que las familias españolas situaron su tasa de ahorro durante los primeros meses del año en el -0,8% de su renta disponible, registrando, así, su primera tasa negativa desde el primer trimestre de 2019. 

Ambos datos reflejan que una gran parte de la población española no pudo financiar con su ahorro la inversión que realizó. 

Un contexto que, de cara a estos meses de verano, podría agravarse por el incremento de los gastos que suponen las vacaciones y los planes extraordinarios que caracterizan a esta época.

Con el objetivo promover el consumo responsable durante los meses de verano, los expertos de ASNEF ofrece siete  consejos para llegar a la cuesta de septiembre sin deudas adicionales: 

1) Establecer previamente un presupuesto

Lo más importante es empezar realizando un balance inicial de ingresos y posibles gastos. 

Una vez se ha planificado qué cantidad se destinará a vacaciones y planes extraordinarios, habrá que dividir por actividades (ocio, viajes, hoteles, restaurantes, compras…) el cómputo económico reservado para este fin. 

También se recomienda calcular cuál será el gasto previsible en efectivo y en tarjeta, así como reservar una pequeña parte para imprevistos y caprichos.  

2) Escoger bien qué tipo de préstamo quieres: cuidado con las tarjetas revolving que pueden arruinarte

Si vas a dar el paso de contratar un préstamo, debes saber que hay muchos tipos de servicios de financiación. Cada uno tiene sus propias características, por lo que es importante escoger el que más se adecúe a tu situación.

Un ejemplo de esto es el crédito revolving, un tipo de producto diferente al préstamo al consumo tradicional. A diferencia de los préstamos tradicionales, el crédito revolving te proporciona una línea de crédito en la que solo pagas por el dinero que hayas utilizado. 

Vencido el crédito, éste se renueva de forma automática, salvo que no sea tu deseo. Así, es un producto muy flexible, pero es también importante hacer un uso responsable del mismo, ya que las tasas de interés suelen ser superiores a las de un préstamo tradicional.  Por la letra pequeña que tiene desaconsejamos que lo utilices. Te puede entrampar.

3) Fijarse bien en las condiciones del préstamo

Sea cual sea el tipo de préstamo que se haya elegido, es importante informarse exhaustivamente acerca de todas las condiciones del mismo. Hay que ser muy minucioso y conocer todas las características del producto que vas a contratar para asegurarte de que se adapta a tu nivel de capacidad de pago y así pagar el préstamo sin problema ni agobio.

Entre las condiciones que conviene tener muy presente están el TIN (que marca el porcentaje que se pactó como precio del dinero prestado) y el TAE (que engloba comisiones, TIN y otros gastos de la operación). 

Debido a ello, es importante prestar especial atención al TAE, pues engloba los costes totales de la operación y esto te permitirá comparar ofertas y también hacerte una idea más certera del total a pagar por el dinero solicitado.

También es importante tener claro el plazo de devolución y los intereses de demora a los que tendrás que hacer frente en caso de que te retrases en la devolución de las cuotas. Asimismo, pueden existir comisiones si se cancela o se devuelve un préstamo antes de tiempo, algo que también conviene evaluar.

Por ello, debemos asegurarnos de que el importe de las cuotas permita ir amortizando el pago de la deuda, con el objetivo de devolver el préstamo lo antes posible. Asimismo, recuerda que siempre puedes consultar con tu entidad las condiciones para cancelar anticipadamente el crédito.

4) Acudir a entidades supervisadas por el Banco de España

En España, hay numerosas entidades que ofrecen servicios de financiación y que están reguladas y supervisadas por el Banco de España. Estas compañías ofrecen mayor seguridad jurídica y ponen a tu disposición un servicio de atención al cliente, por lo que recurrir a ellas es siempre una garantía.

Sin embargo, hay compañías que ofrecen créditos y préstamos y que no están ni reguladas ni supervisadas por el Banco de España. Estas compañías pueden tener condiciones financieras desproporcionadas y una total falta de seguridad jurídica y de transparencia.

5) Si se va a viajar al extranjero, vigilar las comisiones en los cambios de moneda

En el caso de disfrutar de unos días fuera de las fronteras españolas es preciso evitar cambiar más moneda de la cuenta, tratar de que sea siempre en cantidades pequeñas y fuera de aeropuertos y casas de cambio situadas en zonas turísticas, y priorizar el pago con tarjeta, que siempre será más rentable.

Por lo tanto, es aconsejable informarse antes de los tipos de cambio frente nuestra moneda y si nuestra tarjeta de crédito cobra comisiones fuera de la Unión Europea. De lo contrario, es posible que te puedas llevar una desagradable sorpresa y gastar mucho más dinero de lo que tenías previsto.

6) Evaluar la contratación de un seguro de protección de pagos

A la hora de solicitar un crédito o un préstamo, debes saber que siempre existe la posibilidad de contratar un seguro de protección de pagos. Este tipo de seguros cubrirá el pago de las cuotas en el caso de que no puedas hacerte cargo de ellas por una baja laboral, enfermedad, accidente o desempleo.

De esta manera, son una herramienta muy útil de protección por si surge algún imprevisto que dificulte la devolución del préstamo.

7) Controla tus compras y revisa tu presupuesto: Se prudente 

Comprar con responsabilidad y vigilar el gasto durante las vacaciones es fundamental, ya que es cuando suelen incrementarse las compras extraordinarias y se tiende más a la adquisición de souvenirs.

En caso de que vayan a realizarse de forma imprevista, es preciso incluirlas en el presupuesto por si se debe reducir el gasto en alguna otra partida. 

Es recomendable tomarse unos minutos para comprobar si el presupuesto se ha cumplido. De haberse hecho algún gasto extra, hay que anotarlo. Lo mismo si ha sobrado algo. De este modo, será más fácil ajustarlo de cara al año que viene.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.

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Las criptomonedas son un imán para el dinero. Con los márgenes de beneficios altos (y bajos) provocados por la volatilidad del sector, el volumen de transacciones con este tipo de activos se disparó en 2021. 

Solo en España, movió 60.000 millones de euros, lo que equivale a unos 1.275 euros por habitante. O lo que es lo mismo: supusieron un 4,8% del PIB y un 2,7% de todos los activos financieros que se firmaron el pasado año.

Sin embargo, expertos como Joaquim Matinero, abogado en Roca Junyent en el departamento bancario financiero de la firma, aporta amplia experiencia en derecho bancario y derecho financiero, así como asesora a empresas y proyectos de los sectores Fintech, Blockchain y los eSports, nos pide que seamos prudentes con esas inversiones.

La semana pasada hubo bastante incertidumbre entre los alrededores de 100.000 clientes de la plataforma cripto 2gether en España, luego de que esta anunciara su cierre de cuentas.  

Tras cinco años de operaciones, la plataforma informó a sus usuarios que debía cerrar puertas porque “la falta de recursos y el invierno ‘cripto’ nos impiden dar el servicio con la calidad y las garantías con que otros proveedores cercanos lo están haciendo”.

Pero ahora llegó una propuesta para los clientes afectados. El exchange Bit2Me, que fue la primera empresa reconocida por el Banco de España como proveedor de servicios de moneda virtual, llegó a un acuerdo ayer con la plataforma en problemas para que los clientes de 2gether puedan seguir operando con sus criptomonedas en Bit2Me sin que esto les genere ningún tipo de gasto o molestia adicional.

Según informa Bit2Me “los usuarios de 2gether que trasladen sus saldos a Bit2Me podrán continuar comprando y vendiendo criptomonedas sin vender sus posiciones y podrán seguir operando en la plataforma del exchange”.

Asimismo, Bit2Me reembolsará el coste de la comisión de mantenimiento cripto de EUR $20 (20 euros, equivalentes a USD $20) cobrada por 2gether en julio a los usuarios que sigan operando con sus fondos actuales a través de su plataforma. Esta, por cierto, había sido una queja importante de los usuarios afectados.

Leif Ferreira, CEO y cofundador de Bit2Me, afirma que el exchange español está comprometido por desarrollar este mercado de la forma más transparente.

Inversiones de alto riesgo

Para Matinero “hay que darse cuenta que las inversiones en criptomonedas son de muy alto riesgo. Desde la CNMV se pide prudencia a los inversores, sobre todo si no son profesionales y tras su circulación de publicidad se obliga a incluir a los Exchange el mensaje de la peligrosidad de las criptomonedas.  

Este jurista nos advierte que en este tipo de inversiones de alta volatilidad “no todo el monte es orégano y nadie da duros a cuatro pesetas. Igual pasa si inviertes en bolsa  o en oro. Hay que desconfiar de los mensajes que señalan que tendremos un rendimiento inmediato o que te harás multimillonario”.

Desde su punto de vista “aquel timo de la estampita de la postguerra se ha ido actualizando, lo hemos visto con monedas, también con sellos, en los casos de Afinsa y Fórum Filatélico. Eso hace que alguien se aproveche de la situación”.

A su juicio “lo primero que debe uno hacerse es asesorarse y preguntar a alguien experto en la materia y que sepa como funciona el mercado. Hay que darse cuenta que no siempre vamos a ganar en las inversiones”.

En segundo lugar, ve conveniente “investigar sobre tu inversión y conocer cuáles son los miembros de tu equipo. Si son gente con reputada experiencia y si realmente existen como profesionales”.

Al mismo tiempo recuerda que “los proveedores de criptoactivos más solventes se dan de alta de forma obligatoria en el Registro del Banco de España. Ese será un aval de que son empresas legales. Luego tendremos que comprobar que tienen actividad en el mercado y clientes. No han aparecido de la noche a la mañana”.

Nuestro interlocutor recuerda que “siempre que haces inversiones en alguna empresa, sea las que sean lo haces porque has visto que la compañía tiene un futuro y unos proyectos de interés. En el mundo de las criptomonedas es lo mismo, se trata de ver que potencial de crecimiento tiene ese proyecto”.

Como cuarto  elemento “es clave ver si tienen un token propio o white paper, documento de emisión del token que realmente esté totalmente completo y tenga unas proyecciones lógicas y explique realmente para qué sirve y si realmente está funcionando la aplicación”.

“Es muy importante tener en cuenta todos estos detalles que ayudarán a que nuestra inversión sea rentable y lógica. A este respecto el papel de las comunidades es clave, tenemos alguna de ellas con grupos unidos por telegram o discord donde si hay cualquier actuación falsa, la comunidad reacciona y te pone en preaviso sobre cualquier irregularidad”.

Respecto a la cantidad de cuánto invertir “todo depende del perfil del inversor de criptomonedas, no es lo mismo un inversor profesional que invierte más dinero que otro inversor ocasional. La CNMV hizo un estudio hace poco del perfil del inversor en criptomonedas. La percepción es que todo el mundo gana en esos mercados y no es verdad”.

¿Qué hacer si perdemos dinero?

En cuanto a las pérdidas, este experto recomienda que hay que saber retirarse lo antes posible y no invertir todo nuestro dinero.  “Hay que ser responsables desde ese punto de vista y no seguir tirando el dinero. Apostar por los ojos cerrados ya tenemos los juegos de azar o el propio casino cuando vamos alguna vez”.

Al mismo tiempo “pueden surgir problemas técnicos que nos impidan recuperar el dinero o que realmente donde hemos invertido nuestro token no evolucione como pensábamos y caiga su valor de forma notable”.

“Las pérdidas no las afronta igual un inversor profesional que puede tener margen de aguantar que otro doméstico o pequeño inversor que acaba de realizar su primera inversión”.

Para Matinero, “en un escenario como el actual con una guerra como la de Ucrania o la inflación desatada, los expertos recomiendan invertir porque en las crisis hay oportunidades. Los profesionales pueden ver que las inversiones se hacen a buen precio con descuento. Es el equilibrio de invertir o no y de qué cantidad podemos dedicarla a estas inversiones”.

En el caso de que seamos víctimas de un supuesto de potencial estafa o sabemos que hemos tenido información falsa, ahí tenemos la opción de iniciar los mecanismos judiciales, ya sea por vía civil, reclamación civil o por vía penal. De hecho aún hay algunos casos mediáticos de estafas que se dirimen en sede judicial.  

A nivel judicial “la vía penal siempre se utiliza cuando hay un engaño de por medio, a veces crees que has invertido en bitcoin, pero realmente esa inversión no se produjo”, destaca.

En su opinión, “cogieron tu dinero y no te lo devolvieron. Son procedimientos penales que pueden durar algo más de un año aunque aún no hemos tenido ningún proceso judicial finalizado a nivel de criptoactivos.

Este abogado recuerda que todas las criptomonedas fluctúan “salvo las stablecoins que son monedas estables y valores refugios. Siempre hay que enterarse bien de la volatilidad de cada moneda, para ello consultar a profesionales y asesorarse bien para entender bien en que vamos a invertir”.

Hay dos maneras de operar con criptomonedas:

Adquirir un monedero virtual y operar en plataformas

Como los criptoactivos son digitales, el primer paso para invertir en ellos es adquirir un monedero virtual, más conocido como ‘wallet’. Para poder cambiar las divisas tradicionales por criptomonedas existen las empresas de cambio.

Hay casi 600 ‘exchanges’ en todo el mundo: hay centralizados y descentralizados, sitios de compra P2P (entre usuarios) y cajeros automáticos. Funcionan como las casas de cambio de las monedas físicas: se pueden comprar y se pueden intercambiar. También marcan un margen de beneficio y cobran por los gastos de gestión.

En este sentido, hay que tener en cuenta que las criptomonedas y el ‘blockchain’ están al alza porque se basa en un sistema descentralizado. Es decir, no hay ningún banco detrás que regule su valor.

Por eso, en un entorno de proveedores no regulados los precios de las monedas y su cambio pueden variar mucho o, incluso, ofrecer valores fraudulentos.

Una vez se tienen criptomonedas, solo queda ir a una plataforma de monedas digitales y comenzar a operar.

Otra manera de invertir: a través de ‘brokers’

Que el mundo de las criptomonedas sea relativamente nuevo (tiene una década) y que el ‘blockchain’ sea un sistema descentralizado, no significa que no haya cogido ‘tics’ del sector bancario clásico.

Las operaciones con activos digitales también se pueden hacer mediante los ‘brokers’ de toda la vida, es decir, a través de agentes autorizados para intermediar con estos productos financieros.

En este caso, el usuario no invierte en el activo en sí mismo, sino en un contrato en el que existe una relación contractual y, por tanto, la seguridad es mayor. 

En concreto, hay el llamado contrato por diferencia (CFD): acuerdos donde se intercambia la diferencia de valor de un activo entre el momento de la apertura y el cierre del contrato.

Mirando al futuro recuerda Joaquim Matinero que “las criptomonedas han venido para quedarse. Habrá que ver con la futura regulación de MiCA qué proyectos irán para adelante y cuáles otros se abortarán”.

En este contexto más regulado “es previsible que algunas criptomonedas desaparezcan, no den más de así y otras tengan asociadas otro tipo de funcionalidades con lo cual es posible que tengan más valor. Es posible que la volatilidad de esos valores se controle en parte”.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico y Joaquim Matinero, Abogado especialista en Derecho Bancario y Financiero.

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En principio tendrían que concluir sus trabajos antes del 30 de junio, como se indicó a la Comisión Europea en el Plan de Recuperación que se envió a Bruselas. Ahí hay pendiente recibir cerca de 10.000 millones de euros en Fondos Next Generation.

Los cambios de nuestra normativa concursal han sido notables en los últimos veinte años. Desde que se publicó la ley 22/2003 Concursal se han generado treinta modificaciones de dicha norma. 

Sin embargo, hasta la fecha salvo un leve porcentaje, la mayor parte acabó en concurso de acreedores y liquidación.

José María Puelles, abogado y administrador concursal,   resalta que dicha reforma concursal puede tener también un efecto claro en la exoneración de las deudas de las personas físicas a través del mecanismo de Segunda Oportunidad.

Para este jurista  “es muy importante que el proyecto de ley se cambie en tres aspectos, uno las restricciones al acceso, que permite a las personas que intenten exonerar sus deudas y no se pongan requisitos de admisión”.

En segundo lugar, “la excesiva protección del crédito público, tanto deuda no exonerable como lo comentado antes de las sanciones administrativas impide acceder a la exoneración”.

“Y un tercer problema, que es grave, hay una disposición transitoria que señala que a la hora de pedir el BEPI, las normas no serán las que estén vigentes en el momento de solicitar el concurso, sino que las normas de la exoneración serán las existentes en el momento de pedirla.

Desde esta perspectiva, “la  norma de la reforma es más restrictiva que la actual con lo cual estamos dando  un efecto retroactivo a una norma que es restrictiva en materia de derechos. Y eso te lo prohíbe la Constitución. Es un problema importante que podría derivar en que la norma fuera inconstitucional”. 

A nivel de Segunda Oportunidad, nos explica que la situación es más complicada “afrontamos un cambio legislativo con el proyecto de ley que se discute en el Congreso. La nueva reforma establece más posibilidades de acceso; en primer lugar, un procedimiento sin liquidación de patrimonios con un Plan de Pagos y otra opción, afrontar la liquidación de todos los bienes”.

Sin embargo, para este jurista “se establecen unos requisitos de acceso restrictivos, para aquellos que tengan sanciones administrativas graves en los últimos diez años, se le priva el acceso, aunque reuniera los requisitos para la exoneración de sus deudas”.

Sanciones administrativas, podrían ser infracciones de Seguridad  Social o de Hacienda,  “eso hace equiparar este tipo de situaciones a otras donde el concurso se haya declarado culpable que también le priva del acceso a la Segunda Oportunidad. Creemos que es grave dicha comparación”.

Este jurista señala que a la hora de presentar la documentación para lograr la exoneración de las deudas , o esperar hasta después de la reforma, “hay que ver cada caso específico. No hay reglas generales.  Las que tengan sanciones de este tipo pueden esperar a la nueva ley y afrontar un plan de pago a tres años. Por el contrario, habrá algunos otros que liquiden su patrimonio, son menos requisitos y pueden acceder a la Segunda Oportunidad”.

Restricciones al acceso en proyecto de ley

Sobre el acceso a este mecanismo de exoneración de deuda , Puelles señala las restricciones que plantea el proyecto de ley “que no haya sido condenado en sentencia firme en delitos contra el patrimonio y otros similares que ya estaba en la ley actual, que no haya sido sancionado en los diez últimos años por resolución administrativa firme”.

Junto con ello también se tiene en cuenta en dicho acceso “que en esos diez años anteriores haya sido afectada como persona con la calificación concursal en un concurso que no sea el propio. Esa afectación impide acceder a ese mecanismo de Segunda Oportunidad.

También se habla de que “el incumplimiento de los deberes de colaboración e información respecto del juez del concurso y del administrador concursal. Esta cuestión ya implicaba la culpabilidad del concurso pero se puede apreciar de nuevo a la hora de resolver sobre la exoneración.  No debería haber un doble trámite para apreciar unos mismos hechos. Si uno se escapa de la culpabilidad del concurso  se le coge por segunda vez en la exoneración de sus deudas”.

Otra cuestión que impide el acceso “es cuando haya proporcionado información falsa y engañosa y se haya comportado de forma temeraria y negligente en su endeudamiento, sin que ello haya generado la calificación del concurso como culpable. Debería ser culpabilidad concursal  y no establecer un segundo requisito. Ahora esta cuestión será valorada por el propio juez”.

Junto con este escenario, Puelles recuerda que hay una serie de deudas que no se van a exonerar si se mantiene en la reforma la protección del crédito público “la protección se observa tanto a nivel de acceso, en cuanto a las sanciones administrativas y las derivaciones cuando haya habido dolo, pero también se dice en el artículo 489 que hay una serie de deudas que no prescriben, entre ellas las sanciones administrativas y el crédito público”.

En la normativa este experto destaca que “se habla que hay una exoneración parcial de 1000 euro de deudas s por la Agencia Tributaria y otros 1000 deudas por la Seguridad Social, solo en la primera exoneración del pasivo insatisfecho no siendo exonerable en otras sucesivas que pueda tener este deudor”.

Para este experto “la exoneración que se plantea es ridícula. A esta persona le darán el BEPI si cumple todos los requisitos. Pero ese BEPI  no incluirá las deudas de crédito público, con lo cual seguirá teniendo deudas. Será una exoneración relativa, pese a que la Directiva de Reestructuración habla de exoneración plena y que cualquier restricción debe justificarse”.

Puelles subraya que “leyendo con calma el proyecto de ley de reforma concursal no hay justificación a la no exoneración del crédito público. Eso ha llevado a muchos tribunales a permitir la exoneración de dichas deudas”.

Empresas y moratoria concursal

Expertos como Puelles dan por hecho que el final de la moratoria concursal coincidiría con la aprobación de la reforma. De hecho en principio ambas iniciativas tienen fecha de 30 junio. 

Esta normativa concursal se viene prorrogando desde abril del 2020 por el Covid y ha permitido a muchas empresas retrasar su concurso de acreedores. “Ahora la situación se ha agravado por la guerra de Ucrania, la crisis energética y el repunte inflacionista”, aclara este experto.

Es previsible que en esta semana sepamos el futuro de ambas iniciativas “no podemos descartar que la moratoria se extienda hasta septiembre, esto podría condicionar la aprobación de la reforma concursal”.

Para este jurista, “en un momento como el actual de mayor recesión, seguimos insistiendo en que las empresas viables no deben esperar a que acabe la moratoria. Tiene que afrontar su situación cuanto antes para lograr que sea reflotada y evitar responsabilidades de los rectores de la sociedad como señala la Ley de Sociedades de Capital ante el concurso culposo que se produce”.

“Una cosa es que una empresa no tenga que presentar concurso en estos momentos y otra es que arrastre pérdidas de años anteriores y sea aconsejable presentarlo”, advierte este experto.

En este tipo de situaciones “lo primero es abrir un proceso de negociación con sus acreedores, un procedimiento de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos donde llegue a un acuerdo con ellos. Son medidas que se hacen para ser atractivos a acreedores y proveedores y me ayuden a refinanciar. Eso se puede hacer antes o después del concurso, según la normativa actual”, subraya.

«Estamos hablando de aplazar deudas dando garantías o hacer pactos de no reclamar durante un tiempo».

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.

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La Ley de Segunda Oportunidad, regulada en la Ley 25/2015, de 28 de julio, es la herramienta que ofrece el ordenamiento jurídico mediante la que se puede renegociar una deuda o eliminarla de forma total o parcial cuando no es posible hacer frente al pago.   

Protege tanto al deudor como al acreedor, de tal modo que el deudor obtiene una «segunda oportunidad» para cumplir la obligación de pago y el acreedor sigue viendo satisfecho su derecho de cobro.

Así ha pasado hace unos días en el  Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla ha exonerado a una autónoma  de las deudas por más de 500.000 euros, incluidos 10.000 euros a Hacienda. La mujer cayó en bancarrota tras el fracaso de un negocio familiar de restauración. 

La exoneración, técnicamente denominada «beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos» o «BEPI», ha sido concedida aplicando la Ley de Segunda Oportunidad, de 2015.

El negocio que puso en marcha esta profesional con su marido en el 2005 no funcionó lo que generó que esta pareja no pudiera atender los préstamos con entidades financieras y los impuestos que gravan el negocio.

Esta situación desencadenó una cascada de reclamaciones administrativas y judiciales que hundió a la familia en la ruina. Desde entonces y hasta esta sentencia han vivido en una situación extrema, sin ingresos y con embargos y ejecuciones que les impedían volver a empezar.

A finales de 2021, el matrimonio inició un procedimiento de Segunda Oportunidad, que en un tiempo récord de cinco meses ha culminado en la concesión de la exoneración de deudas. 

Gracias a ello, el matrimonio ha podido empezar de nuevo y ahora, sin deudas ni embargos, regenta un floreciente negocio de comida para llevar. La exoneración se ha extendido también a más de la mitad de las deudas que el matrimonio tenía con Hacienda.

Una práctica en crecimiento

Los datos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial sobre los concursos de personas físicas señalan que de enero a marzo de 2022 se han presentado un total de 4.032 concursos de persona física, de los cuales 1.220 han sido de persona física empresaria y 2.812 han sido de persona física no empresaria. 

Cifras superiores a los 3.503 concursos con los que se cerró el mismo primer trimestre de 2021, que significa un crecimiento de un 11% sobre ese periodo.

Asimismo, las cifras de este primer trimestre del 2022 han superado los 3.699 concursos de acreedores de personas físicas con las que se cerró el cuarto trimestre de 2021, lo que ha significado un aumento del 9%.

Es relevante el incremento del 46% de los concursos de persona física no empresaria, que han crecido un 8% respecto al cuarto trimestre del 2021. 

A su vez los concursos de empresarios autónomos han aumentado un 11%, confirmando la necesidad de disponer de una herramienta efectiva, que permite dar una solución al tejido empresarial de las personas emprendedoras.

Se trata que puedan  iniciar nuevos proyectos y actividades exonerando la totalidad de las deudas, o bien, sometiendo el pago de los créditos públicos y los créditos privilegiados a través de un plan de pagos sostenido en base a la capacidad de generar ingresos del emprendedor. 

Por Comunidades autónomas, Cataluña concentra el 30% de los procedimientos de Segunda Oportunidad de personas físicas empresarias, seguido por el 16% de Madrid y el 12% de Andalucía y Comunidad Valenciana.

Desde el Observatorio de la Insolvencia, entidad creada por el Colegio de Barcelona  adscrito a su Comisión de Normativa, sigue muy de cerca estos datos y ha presentado distintas propuestas de mejora para modificar la normativa que se tramita ahora en el Congreso de los Diputados.

La idea de nuestro legislador es que esta reforma concursal esté concluida antes del 30 de junio, como compromiso con Europa y sus Fondos Europeos. Una reforma que podría coincidir con el final de la moratoria concursal, periodo de tiempo en el que no es obligatorio que empresas o particulares planteen su situación de concurso.

Habrá que ver cuál es el escenario con el que nos encontramos a partir de dicha fecha y si realmente se van a disparar los concursos de acreedores de empresas al igual que los de personas físicas.

Necesidad de reforma

Para estos expertos, este mes de junio será clave para el futuro de la Segunda Oportunidad, la aprobación de la nueva ley concursal puede ser clave para el desarrollo de este procedimiento.

Desde distintas entidades, como administradores concursales, autónomos o colectivos de abogados se han presentado cientos de enmiendas para lograr la exoneración del crédito público, deudas con Seguridad Social y Hacienda, uno de los problemas de esta norma.

La limitación que supone este proyecto de ley  de no exoneración del crédito público por encima de 1.000 euros, así como la restricción al acceso por el hecho de haber sido sancionado administrativamente hacen pensar en un retroceso en el mecanismo de la segunda oportunidad, puesto que será cuestionada su eficacia y por lo tanto dejará de ser percibido como una verdadera y eficaz solución.

Para una experta como Elisa Escola, miembro del Grupo de Segunda Oportunidad de la Comisión de Normativa Colegio de la Abogacía de Barcelona-Consejo de la Abogacía Catalana y abogada de BDO, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, resaltó que es necesario eliminar las sanciones administrativas que podrían evitar que muchos deudores pudieran beneficiarse de la Segunda Oportunidad.

A su juicio es un límite que no tiene sentido. Una cosa es que no se exonere crédito público y otra que no puedas exonerarte de ningún crédito si estás en esta situación. Eso beneficia a los fondos que compran deuda o créditos a bancos. No siempre que hay ese tipo de sanción es que el deudor haya actuado por dolo.

Quitar trabas de acceso

Para esta experta poner barreras de entrada en una trasposición de la Directiva que busca la plena exoneración del deudor puede generar es que muchos deudores queden fuera al borde la exclusión y dentro de la economía sumergida.

En el caso de los empresarios autónomos, el mecanismo ha de seguir ofreciendo una solución al sobreendeudamiento basándose en los parámetros esenciales que actualmente permiten la exoneración del crédito público dentro de un plan de pagos. 

Este extremo debe ser considerado como una clara oportunidad para poder rehacer proyectos empresariales y personales que permitan salir del ostracismo y de las limitaciones a que da lugar mantener deudas no solucionables a lo largo de la vida.

Los expertos que han pasado por el Congreso de los Diputados han visto con agrado como nuestros políticos han recibido con interés los cambios planteados tanto en la reforma concursal como en el procedimiento de Segunda Oportunidad. 

Se trata de asegurar que nuestro país siga garantizado el derecho de los ciudadanos y los empresarios a una verdadera Segunda Oportunidad de acuerdo con la normativa europea. 

Pronto saldremos de dudas si el legislador mantiene sus tesis de impulsar este mecanismo de exoneración de deudas, tan necesario para que muchos profesionales puedan rehacer su vida sin dichas deudas.

Por @LuisjaSanchez, Periodista Jurídico.

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